LA PROSCRIPCIÓN POLÍTICA

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina) : El trabajo de Carlos Zamorano es un testimonio de las luchas contra la proscripción política durante el último gobierno militar. Junto a las decisivas luchas populares que culminaron con la convocatoria a elecciones y el restablecimiento de las instituciones democráticas, se libraron también las batallas legales que reivindican el valor de la ley aun frente a regímenes dictatoriales que, como el argentino, ni siquiera respetaba la propia legislación represiva que dictaba. Este libro es un capítulo de esa dura y difícil batalla legal.

La proscripción política tiene una larga tradición en la historia argentina. Desde fines del siglo pasado el Radicalismo se convirtió en intérprete de la voluntad popular en su lucha por la libertad del sufragio. Las revoluciones del 90,93 y 1905 y la abstención revolucionaria del Radicalismo expresaron la decisión soberana del pueblo de sostener sus derechos políticos frente a las minorías oligárquicas que ocupaban el poder. La sanción de la ley electoral de 1912 de voto universal, secreto y obligatorio fue la culminación de esas luchas en defensa de las libertades políticas.

La posibilidad de que la oligarquía perdiera parte del aparato estatal que controlaba, en particular el Senado de la Nación, originaron el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, con sus consecuencias represivas contra todos los sectores populares. Fueron anuladas las elecciones del 5 de abril de 1931, se vetó la fórmula presidencial del Radicalismo, se volvió a la época del fraude.

Los intentos por establecer el “delito de opinión” no tuvieron éxito hasta la década del 50, aunque si existieron fallos judiciales discriminatorios. Al debatirse en 1902 la llamada ley de residencia (ley Nº 4144), algunos legisladores expusieron su posición favorable a penar la doctrina anarquista como tal, con independencia de cualquier acto que estuviese tipificado en el Código Penal. La norma dictada no fue esa, aunque en los hechos la ley de residencia funcionó como una pena que se aplicaba a aquellos militantes sindicales que opinaban de manera divergente a la de los sectores gobernantes y entonces eran expulsados del país.

En 1933 el Senado debatió un proyecto de ley que creaba el delito de “propaganda comunista”, que fue rechazado (Diario de Sesiones del Senado de la Nación, 20 de junio de 1933). El mismo proyecto volvió a debatirse en 1936 con idéntico resultado (Diario de Sesiones del Senado de la Nación, 22 de diciembre de 1936).

La Reforma Constitucional de 1949 contenía cláusulas como las del artículo 15 que merecen ser objetadas desde el punto de vista de las libertades políticas. Establecía que: “el estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad”; principio que abría el camino a discriminaciones ideológicas según las leyes que se dictasen.

EI golpe de estado de 1955 retomó la práctica de la proscripción política al declarar disuelto al Partido Peronista (decreto-ley 3855/55) y transferir sus bienes al estado. También proscribió al Partido Socialista de la Revolución Nacional (decreto-ley 4072/55).

Pero la verdadera innovación del golpe del 55 fue la tipificación del ‘‘delito de opinión”. El decreto-ley 4.161/56 establecía en su artículo 1º “Queda prohibido en todo el territorio de la Nación: la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, por cualquier persona ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinarias, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidos por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “tercera posición”, la abreviatura, “p.p”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita capitana” o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos” (B.O. 9/3/56 ). Para quienes infringieran estas disposiciones se establecía la pena de 30 días a 6 años de prisión y, además, multa.

El mismo sentido tuvo la creación de la llamada Junta de Defensa de la Democracia por decreto-ley 18.767/56 que decía: ” Toda organización que con arreglo al procedimiento establecido en el presente decreto-ley sea calificado como “comunista”, “cripto-comunista”, “con infiltración comunista” o tan solo “totalitaria” está obligada a agregar a su nombre, respectivamente la expresión “Organización comunista”, “Organización cripto-comunista”, “Organización con infiltración comunista ” u “Organización totalitaria” , en toda su documentación, correspondencia, publicaciones, propaganda, y, en general, a usar ese aditamento a su denominación en toda la actividad que desarrolle” (B. O. 16/10/56).

La proscripción política del peronismo se mantuvo en años posteriores mediante decisiones directas o a través del Estatuto de los Partidos Políticos que le impedían acceder a la legalidad. Cuando a través de las listas abiertas por otros partidos el peronismo triunfó en las elecciones del 18 de marzo de 1962, las elecciones fueron anuladas. En 1963 se volvió a proscribir la fórmula presidencial levantada por el peronismo a través de un frente electoral.

El Estatuto de la llamada Revolución Argentina resolvió en su artículo 5º “disolver todos los partidos políticos del país” (B.O. 8/7/66). Era ésta una actitud proscriptiva mayor a las adoptadas con anterioridad ya que estaba referida a la totalidad de los partidos políticos. En particular se tipificó el “delito de opinión ” mediante la ley 17.401 de represión a las actividades comunistas.

Con tales antecedentes y dentro del conjunto de las medidas represivas tomadas por la dictadura militar, cuyo fundamento ideológico fue la doctrina de la seguridad nacional, se dictó el decreto 6/76 que suspendió “la actividad política y de los partidos políticos en jurisdicción nacional, provincial, y municipal”. El decreto fue complementado por las leyes 21.322 y 21.325 que proscribió a organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, estableciendo penas de prisión a las personas que “de cualquier modo realizare o interviniese en actividades relacionadas o vinculadas con las organizaciones o agrupaciones comprendidas en esta ley”. Otra norma complementaria fue la ley 21.323 que establecía la pena de un mes a tres años de prisión a quien ”realizare actividades políticas” en los casos de los partidos políticos cuya actividad estaba “suspendida”.

Este libro se refiere a las consecuencias legales del decreto 6/76 y de la ley 21.323. A lo largo de sus páginas se observará las condiciones en las cuales un abogado debió desarrollar su actividad en defensa de las libertades políticas, y la digna actitud de un militante político en un momento en que toda actividad política estaba proscripta. Los hechos que se relatan, las normas legales que se citan, los dictámenes y resoluciones judiciales y las declaraciones de los funcionarios de gobierno, resultarían incomprensibles en un sistema democrático consolidado en el que se respetasen las garantías constitucionales. Pero tales hechos constituyen la realidad que deben enfrentar los pueblos de países que, como el nuestro, sufrieron o sufren las consecuencias de regímenes dictatoriales.

El restablecimiento de la democracia y la vigencia de las garantías constitucionales, eliminan la posibilidad de la proscripción política. Pero debe advertirse que aún en un estado democrático se podría llegar a limitar la plena libertad política si se dictan normas que permitan el control de los partidos políticos a organismos ajenos a los propios partidos. Por ejemplo, a través de normas que reglamentan su régimen interno o que propicien la interferencia de la propia justicia electoral en su funcionamiento. De ahí que una futura reforma constitucional debería garantizar la actividad de los partidos políticos sin ningún tipo de discriminación ideológica ni interferencia estatal, tomando como base el principio de que el único juez de un partido político es el pueblo a través de sus pronunciamientos electorales.

En este sentido, el presente trabajo es también un aporte a las luchas por las libertades políticas.

(Prólogo al libro de Carlos Zamorano La Proscripción política. Buenos Aires, Cartago, 1985)

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