LA REFORMA DE LA CONSTITUCION Y EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina) La constitución vigente, sigue los lineamientos ideológicos del constitucionalismo clásico que deriva de las constituciones norteamericana y francesas, cuyo marco teórico liberal se fundaba en el reconocimiento de los derechos individuales (incluido el derecho de propiedad) y la di¬visión de poderes. Este constitucionalismo clásico o liberal fue la ex¬presión legal del triunfo de las revoluciones burguesas que a diferencia de los sistemas legales anteriores establecieron la igualdad formal del hombre ante la ley.

Frente a ese constitucionalismo liberal, como reconocimiento a las desigualdades de hecho, pese a la igualdad formal del hombre ante la ley, surgió el Constitucionalismo Social en las propias sociedades capitalistas, tendientes a atenuar esas desigualdades sociales, aunque sin alterar las relaciones de producción capitalistas vigentes.

El Constitucionalismo Social recibió diversas influencias ideológicas, principalmente las de la social democracia europea, el social cristianismo, el nacionalismo del Tercer Mundo y el constitucionalismo socialista.

El Constitucionalismo Social, reconociendo las desigualdades de las distintas clases sociales, intenta disminuir esas desigualdades sin suprimirlas.

El Constitucionalismo socialista es producto de las revoluciones socialistas y constituye la expresión legal de relaciones de producción que no son capitalistas ya que éstas fueron alteradas por el hecho revolu¬cionario.

El Constitucionalismo Social tuvo su origen en la Constitución Mexicana de 1917 que otorgó jerarquía constitucional a las reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana. El artículo 27 de la constitución se refería al régimen de la tierra, propugnando su distribución, y el artículo 123 a las condiciones de trabajo (contrato de trabajo, jornada de trabajo, salario mínimo y derecho de huelga). Los minerales, según la constitución mexicana, eran propiedad de la nación.

Entre los principios del Constitucionalismo Social que fueron se¬guidos en Europa por la constitución de Weimar de 1919 figuran:

a) el uso de la propiedad constituye un servicio del más alto interés común;
b) conversión en propiedad colectiva de las empresas económicas aptas para la socialización;
c) libertad de sindicalización;
d) creación de un Consejo Supremo de Economía.

Con posterioridad, diversos textos constitucionales reconocieron los principios del Constitucionalismo Social, entre ellos la Constitución Española de 1931, la Constitución Peruana de 1933, los textos constitucionales uruguayos de 1934, 1939 y 1942, la Constitución Cubana de 1941 y la Constitución de Brasil de 1946.

Todas esas Constituciones tuvieron un tiempo limitado de vigencia por haberse revertido el proceso político que les diera origen. Ese he¬cho nos coloca en presencia de uno de los problemas claves del Constitucionalismo Social en los países del Tercer Mundo: mientras no se resuelva el problema del poder político, es decir que el pueblo conquiste el poder, el Constitucionalismo Social constituye una etapa transitoria, que permite el avance del pueblo en sus objetivos históricos, pero que no llega a consolidarse en la medida en que no se solucione la cuestión del poder político. Las constituciones que contienen cláusulas económicas y sociales quedan entonces derogadas, al ser derrotado el movimiento popular que les diera origen. Cuando se resuelve el problema del poder político y la revolución se consolida, nos encontramos enton¬ces en presencia de otro tipo de constitucionalismo, el constitucionalismo socialista, cuyas normas constitucionales acompañan el proceso de transición al socialismo.

En los países europeos, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pudo consolidarse el Constitucionalismo Social el que mantiene aún su vigencia. Por ejemplo, la Constitución Francesa de octubre de 1946 establecía en su preámbulo: “Todo trabajador participa, por intermedio de sus de¬legados, en la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, así como en la gestión de las empresas. Todo bien, toda empresa, cuya explotación adquiera los caracteres de un servicio público nacional, o de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la colectividad”.

En sentido similar, la Constitución Italiana de 1948 establece en su artículo 3: “Es misión de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país”.

Las razones para que se mantenga en vigencia el Constitucionalismo Social en los países europeos después de la Segunda Guerra Mun¬dial, a diferencia de lo ocurrido en los países del Tercer Mundo, serían las siguientes:

a) Los países europeos vivieron la experiencia política del fascismo y de la ocupación nazi y esa experiencia política fue creadora de una conciencia democrática que dificulta la alteración del orden constitucional y en consecuencia, de las cláusulas sociales y económicas que han establecido sus constituciones. Ningún país ha vuelto a repetir una experiencia fascista.

b) Por tratarse de países de desarrollo capitalista avanzado, no so¬metidos a la dominación de las economías imperialistas, cuyas economías se benefician con la explotación de los países del Tercer Mundo, es posible una redistribución parcial de la renta interna, favoreciendo a los sectores populares, sin las alteraciones que ese hecho provoca en los países de economía subdesarrollada.

El Derecho Público Provincial argentino recogió los principios del Constitucionalismo Social en la Constitución de San Juan de 1927 que entre otras cosas estableció el límite de la jornada de trabajo, el salario mínimo, el seguro social y el reconocimiento de los sindicatos.

La Constitución de 1949 fue, en nuestro país, la máxima expresión del Constitucionalismo Social al reconocer los derechos del trabajador y establecer cláusulas económicas, de profundo contenido nacionalista, como el artículo 40 que establecía la propiedad nacional de los minera¬les, de los yacimientos de petróleo, carbón y gas, la nacionalización de los servicios públicos y el monopolio estatal del comercio exterior. Tales cláusulas económicas, unidas al principio de la función social de la pro¬piedad que establecía el artículo 38, impedían el funcionamiento de una economía dependiente de los grandes centros de poder y constituían un instrumento de lucha del pueblo por la liberación.

En el ámbito provincial la expresión más avanzada de las reformas constitucionales de 1949 fue la Constitución Riojana que en su artículo 59 establecía que “el capital tiene por principal objeto el bienestar social y debe estar al servicio de la economía del estado”. Se abría así la po¬sibilidad de la creación de un área social de la economía, bajo control del estado popular.

Siguiendo la misma tendencia de las restantes constituciones sociales de los países del Tercer Mundo, la Constitución Argentina de 1949 fue derogada por Proclama del Gobierno Provisional, el 27 de abril de 1956. Lo mismo ocurrió con las constituciones provinciales.

Posteriormente, la Convención Constituyente de 1957 convocada por el gobierno de facto, incorporó algunos principios del Constitucio¬nalismo Social en el artículo 14 bis, sin ninguna cláusula de tipo eco¬nómico como las que contenía la constitución de 1949.

Al debatirse sobre el carácter de la futura constitución y teniendo en cuenta la actual etapa histórica, debemos intentar incorporar plenamente los principios del Constitucionalismo Social, incluyendo cláu¬sulas económicas como las de la constitución de 1949 en el texto cons¬titucional. Aún cuando las condiciones reales de nuestro país impiden la aplicación de muchas de las normas que podrían ser incorporadas, sin que exista una significativa alteración en la estructura de poder, la presencia de los principios del Constitucionalismo Social en el texto constitucional se transforman en definiciones programáticas por cuya plena vigencia y efectivo cumplimiento debe lucharse.

Y, si a ese texto constitucional se le incorporan cláusulas económi¬cas como las de la constitución de 1949, se estaría cuestionando las bases mismas de la dominación imperialista en favor de la liberación nacional.


(Publicado en Retruco Nº 0, Buenos Aires, marzo de 1988).

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