LA ILEGITIMIDAD DE LA CONSTITUCION

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): Una constitución puede ser el resultado del consenso de distintos sectores sociales y políticos que acuerdan que en un momento histórico determinado es necesario sancionar o reformar una constitución (aun cuando exista disidencia con respecto al contenido del texto que se sanciona o se modifica), o de la imposición de un sector al resto de la sociedad.

La Constitución de 1853 fue producto del acuerdo de los sectores con poder de decisión en la política de la Confederación, sin partici¬pación popular, con la exclusión de la Provincia de Buenos Aires, se¬parada, en esa época, de la Confederación.

La Constitución de 1853 fue modificada por cinco convenciones constituyentes. La primera de esta reforma fue la de 1860 que permitió la reincorporación de la Provincia de Buenos Aires (entonces Estado de Buenos Aires) a la Confederación como consecuencia del Pacto de San José de Flores. Si bien, en este caso, se siguieron los procedimientos establecidos en el texto constitucional para su reforma, no se res¬petó, por razones políticas, la norma que prohibía su reforma durante diez años (art. 30). Por esa razón, la mayoría de los constitucionalistas hablan del texto constitucional de 1853-60 como constitución originaria.

Con posterioridad, la constitución fue reformada en aspectos parciales por las Convenciones Constituyentes de 1866 y 1898.

La reforma Constitucional de 1949, modificó las bases ideológicas de la Constitución de 1853, incorporando los principios del constitucionalismo social.

Esta reforma fue cuestionada, en su legalidad, por los opositores al peronismo por dos razones: a) porque la necesidad de su reforma no había sido votada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso; b) porque la necesidad de su reforma fue dispuesta por ley y no por declaración del Congreso.

Arturo Sampay dio respuesta a esas objeciones en la Convención Constituyente.

Pero el cuestionamiento a la Constitución de 1949 era de fondo. Los grandes intereses internacionales no podían admitir los principios nacionalistas establecidos por el art. 40 de la Constitución.

Producido el Golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 (la “Revolución Libertadora”) la reforma constitucional de 1949 resultaba incompatible con el sistema político que se estableció.

Por proclama del 27 de Abril de 1956 el Gobierno Provisional derogó la reforma constitucional de 1949, declarando vigente la Constitución sancionada en 1853 con las reformas de 1860, 1863 y 1898.

Para legitimar tal acto, el Gobierno de facto convocó a la Conven¬ción Constituyente que se reunió en Santa Fe en 1957 que únicamente pudo incorporar al texto constitucional el artículo 14 bis y modificar el artículo 67, inc. 11. Por supuesto, en la convocatoria a la Convención Constituyente no se cumplieron con !os procedimientos formales establecidos para la reforma de la constitución, porque no había Congreso que declarara la necesidad de la reforma.

La elección para la Convención Constituyente, se efectuó con la proscripción del peronismo, que cuestionó la legalidad de la convención constituyente, oponiéndose desde !a clandestinidad, a la convocatoria que efectuó el gobierno de facto. La mayoría del pueblo se opuso a esta constituyente; en las elecciones triunfó el voto en blanco opuesto a la convocatoria.

El principal bloque de convencionales constituyentes, el de la Unión Cívica Radical Intransigente, impugnó la constituyente y se retiró de las sesiones. De manera que la Convención Constituyente de 1957 fue una reunión de minorías, con la oposición del pueblo, en lucha contra la dictadura libertadora.

De esos hechos surge la ilegitimidad de la constitución vigente.

La constitución que nos rige es producto de la derogación de la reforma constitucional de 1949, que fue la expresión más avanzada de los textos constitucionales argentinos.

La convención constituyente de 1957 fue convocada por un gobierno de facto y rechazada en su legitimidad por la mayoría del pueblo según lo expresó en el resultado de las elecciones.

En consecuencia, el texto constitucional carece de la legitimidad que otorga el consenso de la mayoría de la población.

Tal ilegitimidad plantea, como una consecuencia necesaria, que la primer convención constituyente que se reúna deba declararse soberana, sin que pueda estar limitada por el Congreso en cuanto a los puntos que deben ser materia de reforma.

(Publicado en Retruco Nº 1, Buenos Aires, Mayo de 1988).

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