LAS CLAUSULAS ECONOMICAS DE LA CONSTITUCION DE 1949

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): La Constitución de 1853 limitaba la participación del estado en la economía al objetivo teórico de garantizar la libre concurrencia y dictar leyes y reglamentos que promovieran la actividad privada y las inversiones extranjeras. El optimismo liberal de la oligarquía gobernante sistematizado por Alberdi, consideraba que el equilibrio de la economía a través de la oferta y la demanda llevaría al progreso del país y al bienestar de sus habitantes. Decía Alberdi que la doctrina económica de la Constitución pertenecía “a la escuela de la libertad”, que derivaba de las doctrinas de Adam Smith que, para Alberdi, era la tradición política de la Revolución de Mayo.

La sanción de la Constitución que era un objetivo nacional, que contribuía a afirmar el Estado Nacional y por lo tanto el principio de soberanía, propio de todo estado nacional, resultaba contradictorio con la doctrina económica que formulaba ya que se recurría a capitales extranjeros y se limitaba la intervención del estado a una simple tarea de control.

Escribía Alberdi que toda intervención exclusiva del Estado en un área determinada de la economía era contrario a la libertad, y por lo tanto a la Constitución. La actividad económica debía estar exclusiva¬mente en manos privadas.

Este criterio restrictivo sobre la participación del estado en la economía hizo que la Constitución únicamente prevea como recursos con los que se forma el tesoro nacional, los impuestos, las ventas o alquiler de tierras y las rentas del correo.

La consecuencia de esa política económica cuya expresión legal es la constitución de 1853, fue la formación de un estado con una economía dependiente de los centros exteriores de poder, que lesiona la soberanía política obtenida en las guerras por nuestra independencia.

Tal estado no intervencionista pudo mantenerse como tal en la época de auge de la economía primaria exportadora cuando en los mercados exteriores existía una creciente demanda de la producción agropecuaria argentina. Pero la crisis económica de 1929 modificó los criterios sobre el papel del estado en la economía, que mantuvieron vigencia hasta entonces. La oligarquía nuevamente en el gobierno inició una política intervencionista en la economía, en su propio beneficio, como sector social dominante, aunque sin alterar la dependencia que nos ligaba a los países imperialistas. Modificaba lo que Alberdi consideraba como la doctrina de la Constitución.

La Constitución de 1949 modificó totalmente la doctrina económica de la Constitución de 1853 estableciendo explícitamente la intervención del estado en la economía con un sentido antiimperialista que era coherente con la política de nacionalizaciones iniciada desde 1946.

Para la Constitución de 1949 la propiedad tenía una “función social”. Según el artículo 38 el estado debía “fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad”.

Según el artículo 39 el capital debía estar al servicio de la economía nacional.

Pero las cláusulas económicas más importantes eran las legisladas en el artículo 40, que establecía:

a) El Estado podía monopolizar determinada actividad.
b) La importación y la exportación serían monopolizadas por el estado.
c) “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”.
d) Los servicios públicos pertenecen al estado.

La Constitución establecía que los servicios públicos que se encontraban en poder de particulares serían transferidos al estado mediante compra directa o expropiación cuando una ley nacional lo determine. El precio de la expropiación sería el del costo de origen menos las sumas que se hubiesen amortizado; se trata de un sistema distinto al vigente en la actualidad en el cual el precio de la expropiación es el valor de reposición, o sea el valor del bien en el momento en que es expropiado.

Entre las facultades del Congreso Nacional, el artículo 68 inciso 59, la Constitución de 1949 establecía que debía legislar sobre los bancos oficiales que “en ningún caso podrían ser entidades mixtas o particulares”.

Como consecuencia del papel del estado en la economía, para la Constitución de 1949 el tesoro nacional se formaba con los recursos de la propia actividad económica del estado, de los servicios que preste y de la enajenación o locación de bienes del Estado Nacional.

Desde el punto de vista económico, los principios de la Constitución de 1949 eran opuestos a los de la Constitución de 1853. La intervención del estado en la economía, la propiedad nacional de los recursos naturales, el monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de los servicios públicos eran un instrumento de una política antiimperialista, que defendía el principio de soberanía del estado nacional.

Frente a la política modernizante y eficientista que en la actualidad pretenda un retorno a los principios liberales de hace más de un siglo, se hace necesario, una vez más reivindicar los principios nacionalistas de la Constitución de 1949.

Los anteproyectos referentes a la reforma de la Constitución se refieren, en general, a la incorporación de cláusulas sociales al perfeccionamiento del sistema de derechos y garantías, o a la modificación de la parte orgánica, pero omiten las cláusulas que definen una política antiimperialista para la economía del país.

Frente a esa política que acentúa la dependencia del país y que afecta la soberanía política resulta necesario reivindicar los principios económicos de la Constitución de 1949 para incluirlos en la Constitución que se sancione.

(Publicado en Retruco Nº3, Buenos Aires, septiembre de 1988).

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