UN GENOCIDIO LEGALIZADO

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): La impunidad en las violaciones a los derechos humanos ha sido una constante en las llamadas transiciones a la democracia y en las luchas del colonialismo por mantener el sistema colonial. El ejército francés practicó con total impunidad su estrategia contrainsurgente en Indochina y Argelia, que implicaba el asesinato de los combatientes anticolonialistas y la sistematización de la tortura. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos llevaron adelante su política genocida contra el pueblo de Vietnam con un único proceso por el incendio de una aldea y la matanza de sus habitantes, que en definitiva quedó impune. La misma política represiva, de abiertas violaciones a los derechos humanos, se aplica hoy contra los pueblos hermanos de El Salvador y Guatemala, con el asesoramiento y apoyo del ejército norteamericano.

Al término de la Segunda Guerra Mundial el tribunal de Núremberg juzgó a los principales responsables de los crímenes contra la humanidad del régimen nazi. Se elaboraron, en este proceso, principios que son la base del Derecho Penal Internacional, pero el número de personas condenadas en éste y otros procesos que le siguieron resultan ínfimos en comparación con los millones de víctimas del genocidio nazi.

Si observamos la realidad de América Latina en estos últimos años de democracias limitadas veríamos que, siguiendo esa tendencia hacia la constante impunidad, se han dictado leyes como la de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en Uruguay y de amnistía en Brasil, El Salvador y Guatemala.

La historia demuestra que el sistema político garantiza la impunidad a quienes contribuyen al mantenimiento del sistema y que únicamente las revoluciones triunfantes juzgan y sancionan los delitos por violaciones a los derechos humanos cometidos con anterioridad. Un sistema político puede cuestionar parcialmente ciertas metodologías, pero en definitiva reivindica el mantenimiento del sistema.

La lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina y por la sanción a los autores de crímenes contra la humanidad ha sido distinta, entonces, a la del resto de los países en sus llamadas transiciones a la democracia. En algún momento, como consecuencia de las luchas del pueblo y de las organizaciones de derechos humanos, se llegó al procesamiento de unas mil quinientas personas por violaciones a los derechos humanos. Para restablecer la “normalidad” de la impunidad, el sistema político debió dictar sucesivas leyes y decretos: ley de punto final, ley de obediencia debida, primer indulto, segundo indulto. Todo ello duró siete años. En otros países, el tránsito al sistema constitucional significó que quedara terminado desde el punto de vista legal (no en su significado político e histórico) el tema de las violaciones a los derechos humanos producidas con anterioridad.

La atipicidad argentina al haber efectuado procesos por violaciones a los derechos humanos durante siete años es el triunfo del pueblo argentino. Lejos estamos, entonces, de una derrota.

Pero si la impunidad es la norma, esa impunidad es de hecho y no de derecho, en el caso de delitos contra la humanidad. No existe ninguna ley francesa que diga que es lícito torturar o asesinar indochinos o argelinos. Ningún legislador norteamericano proyectó una ley de amnistía por el genocidio de Vietnam. Los criminales de guerra nazis pueden ser juzgados por los tribunales de Alemania o de los países que ocuparon. Las amnistías de El Salvador y Guatemala equivalen ala auto amnistía de la última etapa de la dictadura argentina.

Por eso hay también en nuestro país una segunda atipicidad. Argentina es el primer país del mundo que “legaliza” el genocidio. Ningún otro país ha indultado a genocidas. La impunidad ha sido un hecho pero no un derecho.

Triste privilegio el nuestro, que es una digna continuidad de una sistemática política represiva de desapariciones de personas, asesinatos y torturas.

(Publicado en Página 12, La Plata, 5 de enero de 1991)

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