LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ha sancionado un proyecto de reforma constitucional que contempla la modificación de 98 artículos que deberá ser sometido a plebiscito según el procedimiento establecido por el art 192, inciso b del texto vigente. No se ha optado por el procedimiento que también establece la Constitución de convocar a una Convención Constituyente, que implicaba un amplio debate sobre la reforma de la Constitución.

Se ha dejado de lado así, la opinión de los constitucionalistas y la recomendación del Primer Congreso Bonaerense de Derecho Público Provincial “Juan Bautista Alberdi” reunido en La Plata, en noviembre de 1984, convocado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para estudiar la reforma de la Constitución, que propuso que la reforma se hiciese por medio de una convención constituyente.

La Constitución de 1934 vigente tiene una doble ilegitimidad. Es producto del fraude conservador que llevó al radicalismo, el partido mayoritario de esa época, a la abstención revolucionaria. Está vigente, además, por haber sido derogada la Constitución Provincial de 1949, por decreto 7.565 de la intervención federal, del día 16 de mayo de 1956.

Frente a esa ilegitimidad correspondía que una Asamblea Constituyente Soberana, sin ningún tipo de condicionamientos, sancionara una nueva Constitución —no la reforma de un texto ilegítimo- previamente discutida por el pueblo, que reivindicara y profundizara principios de la Constitución de 1949. En cambio la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires pretende legitimar la fraudulenta y conservadora Constitución de 1934 al reformar su texto, dejando subsistentes sus instituciones fundamentales.

El punto de partida de toda reforma constitucional, en Argentina, debe ser la Constitución de 1949. Se puede mejorar su texto, pero no se puede retroceder en sus principios. Esto último es lo que ocurre con la reforma propuesta.

Existen en la reforma artículos que quieren tener un contenido progresista o social que constituyen simples enunciados teóricos, porque se tratan de facultades delegadas por las provincias al gobierno central, sobre las cuales las provincias no pueden legislar. Decir, por ejemplo, que la Provincia de Buenos Aires “constituye un Estado social y democrático de derecho” (art. 1º), que “la actividad económica y el capital deben estar al servicio del hombre, y cumplir una función social” (art. 27), o que “la propiedad privada es inviolable en el marco de su función social” (art. 27), son enunciados abstractos, si no se crea en el ámbito estatal de la provincia una economía social.

El régimen legal de la propiedad está legislado por la Constitución Nacional (es una de las facultades delegadas). Entonces, una provincia si efectivamente quiere establecer un régimen de propiedad social lo puede hacer dentro de su economía estatal, pero no en el plano general de la economía, mientras no se modifique la Constitución Nacional.

Aunque no se modifique la Constitución Nacional la Constitución de la Provincia podría establecer un régimen estatal para los servicios públicos, como lo hacía la Constitución de 1949 en su articulé 34. Esta norma decía:

; “Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la Provincia o a las Municipalidades, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos a la Provincia o a las Municipalidades, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley lo determine.”

Estos principios, que podrían ser incluidos en el texto constitucional, contribuirían a la formación de un área social en la economía de la Provincia pero no han sido incluidos en la reforma proyectada.

El artículo 3º de la reforma sostiene que los recursos naturales son propiedad de la Provincia. Este principio contradice el texto del artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 que establecía la propiedad nacional, pero sigue el criterio de parte de la doctrina con respecto a la propiedad de los recursos naturales según el texto de la Constitución de 1853.

Al proyectar el texto para la reforma de la Constitución Nacional sosteniendo el principio de que los recursos naturales son propiedad de las provincias, el Consejo para la Consolidación de la Democracia advertía que dicha norma podría afectar la soberanía de la Nación y su integridad territorial. Según este criterio cada provincia puede disponer, como lo considere conveniente, de sus recursos naturales. Es decir, los puede entregar para su explotación a las empresas transnacionales.

Si una reforma de la Constitución Nacional no establece con claridad los mismos principios del art. 40 de la Constitución de 1949, las constituciones de las provincias, en resguardo de la soberanía, deberían establecer que, mientras ello no ocurra, si los recursos naturales son considerados propiedad de las provincias, su explotación correspondería exclusivamente al Estado con exclusión de los particulares.
El art; 27 de la reforma establece que “la expropiación por causa de utilidad pública procederá previa calificación por ley y pago de una indemnización justa”. En cambio, en lo referente a la expropiación de los servicios públicos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1949 decía en su artículo 34:

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.

Arturo Sampay estableció con toda claridad, en la Convención Constituyente de 1949, las diferencias entre el valor de reposición y valor de costo en la expropiación. Se modificaron, en ese sentido, los principios de la Constitución de 1853. Mientras no se reforme la Constitución Nacional no se podría establecer, en una Constitución provincial, los mismos principios de la Constitución de 1949 porque se estaría afectando el derecho de propiedad (facultad delegada). Pero en cuanto a expropiación, la reforma no sólo retrocede con respecto a la Constitución de 1949, sino también con respecto a la Constitución conservadora de 1934. Mientras el texto vigente establece en su artículo 27 que la expropiación debe ser previamente indemnizada, la reforma propuesta establece el pago de una indemnización justa.

En el actual sistema se expropia, se toma la posesión del bien y se discute posteriormente la indemnización. Con la reforma se va a discutir la expropiación y la posesión hasta tanto una sentencia diga que la indemnización es justa.

El artículo 33 de la Constitución de 1949 establecía que “el Banco de la Provincia no podrá constituirse, en ningún caso, como entidad mixta con capitales privados”. La reforma no contiene ninguna disposición similar.

Los postulados esenciales de la Constitución de 1949 han sido abandonados en la reforma que se propone. El principio de construir una nación soberana, que garantice los derechos del pueblo trabajador, no está presente en la reforma constitucional. Se ha tergiversado el significado de una “enmienda”, que es claro en el derecho constitucional, para proponer al pueblo de la Provincia de Buenos Aires una reforma compleja, que no ha sido discutida y que el pueblo no conoce.

Se pretende encubrir el retroceso de la reforma en relación con la Constitución de 1949 con enunciados teóricos, o con los innegables avances del derecho constitucional de los últimos cincuenta años (que cualquier constitución, incluso la más reaccionaria, debe contener) que ahora se incorporan a la reforma.
Pero la estructura institucional de la Constitución de 1934 es la misma. Se conserva el Senado de la Provincia que no tiene el menor sentido político, que es producto de la historia del Estado de Buenos Aires, separado de la Confederación en 1854, cuando se sancionó la primera Constitución de la Provincia. Se conserva la anacrónica Junta Electoral, o las Secciones Electorales, que posibilitan que se burle el principio de representación en base a la población, en favor del interior de la Provincia con menor población, para controlar así las decisiones de los trabajadores del Conurbano bonaerense que constituyen la mayoría de la población de la Provincia.

El rechazo de la reforma posibilitaría una nueva Constitución, que sea discutida por el pueblo, que no legitime a la Constitución fraudulenta de 1934, que incorpore los principios del constitucionalismo social y que consagre formas de participación popular que posibiliten la presencia protagónica de pueblo en el gobierno de la Provincia. Que reivindique la soberanía de la Nación como lo hacía la Constitución de 1949.

(Publicado en Retruco Nº 12, Buenos Aires, julio-agosto de 1990)

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