EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha modificado principios fundamentales de otras ramas del derecho. Mientras el Derecho Internacional Público tradicional estudia las relaciones entre estados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce la titularidad de derechos en las personas individuales. Mediante este reconocimiento, una persona puede presentarse ante los órganos creados por los pactos internacionales cuando considera que sus derechos han sido vulnerados, reclamando por el reestablecimiento de esos derechos. La cosa juzgada, que para el Derecho Procesal constituía la verdad jurídica, sin posibilidades de revisión (salvo excepciones específicas), constituye, para él Derechos Internacional de los Derechos Humanos, la condición que permite el acceso a la jurisdicción internacional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) es el instrumento jurídico más importante del sistema Interamericano; para aquellos países que no la ratificaron se aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana reunida en Bogotá en 1948, y es anterior a la declaración Universal de Derechos Humanos, también de I948 (1). Los derechos protegidos por la Declaración son de aplicación para todos los países que forman parte del sistema interamericano.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue firmada el 22 de noviembre de 1969 por veinte estados reunidos en San José de Costa Rica en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (2). Entró en vigencia el 18 de julio de 1978 al ser ratificada por once estados según lo establece el artículo 72, inc.2. Fue firmada por Argentina el 2 de febrero de 1984 y aprobada por ley 23.054 el 1° de marzo de 1984.

Los derechos reconocidos por el Pacto son similares a los de la Declaración.

En algunos casos estos derechos pueden contradecir normas de derecho interno, que los estados se han comprometido a modificar para hacer efectivos los derechos y libertades que consagra el Pacto. (artículo 2°).

En particular, tomando en cuenta el derecho argentino, los siguientes derechos protegidos por el Pacto pueden entrar en contradicción con el derecho interno Argentino.

a) Derecho de rectificación o respuesta (artículo 14).

b) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior (articulo 8 inciso 2-h).

c) Libertad del procesado “en plazo razonable” si no se dicta sentencia (artículo 7, inciso 5).

d) Libre comunicación de la persona detenida con el abogado defensor. (artículo 8°- inciso 2,e.).

La falta de reglamentación del derecho de réplica (o de rectificación o respuesta) fue considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a resolver la operatividad de las normas de un tratado, aun cuando no existan leyes internas reglamentarias. Se rectificó así la jurisprudencia que invariablemente había sostenido la corte con anterioridad (3).

El derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior contradice la jurisprudencia de la Corte que sostiene que la instancia única no es violatoria del derecho de defensa en juicio. En el caso de que una persona no pudiese recurrir una sentencia dictada por un tribunal de única instancia por no darse en el caso los supuestos procesales para la concesión del recurso, se estaría violando el principio establecido por el artículo 8° inciso h del Pacto. Más discutible es el caso de un recurso que permitiera la intervención de un tribunal superior para considerar aspectos limitados de la sentencia (Recurso de Casación o Recurso Extraordinario).

El principio que protege la libertad individual exige una sentencia “en plazo razonable” ha sido recogido por parte de los Códigos de Procedimientos en materia penal. En algunos casos estos principios aparecen limitados por excepciones relativas a los recursos extraordinarios, a la acción de la defensa, o a las condiciones personales de la persona procesada. En todos los casos en que no se disponga la libertad de la persona procesada después de transcurrido un plazo prudencial sin que se dicte sentencia, se están violando los principios del Pacto.

La libre comunicación de una persona detenida con su defensor no existe cuando la incomunicación se extiende a la persona del abogado defensor.

El Pacto de San José de Costa Rica ha creado dos órganos de aplicación. Ellos son:

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada con anterioridad al Pacto. La Carta de la Organización de los Estados Americanos establecía la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51, inciso e). Sus funciones serían las de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y actuar como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (artículo 112).

Se preveía, en la Carta, una convención americana sobre derechos humanos para determinar su estructura, competencia, procedimientos y otros órganos a crearse, con competencia en materia de derechos humanos (artículo 112), (4).

De acuerdo con las prescripciones de la Carta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en la Sexta Reunión Consultiva de Cancilleres reunida en Santiago, Chile, en 1959.

Con posterioridad, al entrar en vigencia el Pacto, se aprobó un nuevo Estatuto con el que culminó la transición entre la Comisión creada en 1959 y la nueva Comisión creada por el Pacto (5).

La Comisión tiene la facultad de dictar su propio reglamento (6).

La Comisión tiene las siguientes funciones:

a) Promover la vigencia de los Derechos Humanos en América.

b) Asesorar en materia de Derechos Humanos.

c) Entender en casos individuales en los que se denuncian violaciones a los Derechos Humanos.

d) Elaborar informes sobre la situación de los Derechos Humanos en los países de América (7).

Las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos pueden ser efectuadas por cualquier persona, grupo de personas, o entidades no gubernamentales reconocidas legalmente (artículo 44). Deben haberse agotado los recursos de jurisdicción interna, presentarse la denuncia dentro del plazo de seis meses a partir de la decisión definitiva que da origen a la lesión de los derechos protegidos por el Pacto, y no debe existir pendiente otro procedimiento internacional (artículo 46, inciso 2°).

El procedimiento que se sigue ante la Comisión está previsto por los artículos 46 a 50 del Pacto, por el Estatuto de la Comisión y por el Reglamento.

En la práctica, se siguen los siguientes pasos:

a) Denuncia.

b) Informe del Gobierno.

c) Contestación del informe.

d) Observaciones finales.

Durante el trámite, la Comisión puede pedir informes, recibir pruebas, tomar audiencias y ponerse a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa. Si no se llega a esa solución, la Comisión redactará un informe en el que puede formular proposiciones y recomendaciones.

En el plazo de tres meses a partir de la remisión al estado denunciado del informe, la Comisión puede someter el caso a la Corte que actuará como órgano jurisdiccional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por el Pacto y comenzó su labor en 1979. Sus funciones son:

a) Función consultiva.

b) Jurisdicción contenciosa.

Los estados que ratifican el Pacto pueden aceptar la competencia de la Corte en casos relativos a la interpretación o aplicación del pacto (8).

La función consultiva está referida a la interpretación del Pacto o de otros Tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los estados americanos. Cualquier estado miembro puede consultar a la Corte sobre tal interpretación. Igual derecho tienen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los demás órganos enumerados en el capitulo X de la Carta de la Organización de Estados Americanos. (9)

Para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción contenciosa es necesario que el caso sea planteado por los estados partes del Pacto o por la Comisión, cuando ya fueron agotados los procedimientos previstos por los artículos 46 a 50 en la Comisión. Ni las personas individuales, ni las organizaciones no gubernamentales tienen ese derecho. El procedimiento previo ante la Comisión es irrenunciable por parte de los Estados.

Desde su constitución, la Corte ha dictado tres sentencias referentes a casos de Honduras (10), y una medida provisional (11), sobre un caso de Perú. En la actualidad la Comisión ha elevado casos referentes a Perú, Surinam y Colombia.

Como se observa, hay una desproporción entre los casos tratados por la Comisión y los que llegan a la Corte. El sistema Interamericano de Derechos Humanos se diferencia, en este aspecto, del sistema europeo, cuya amplitud en el tratamiento de casos por parte de de la Corte Europea de Derechos Humanos ha permitido la elaboración de una jurisprudencia con notoria influencia en el derecho interno. Este es uno de los problemas que el sistema interamericano debe resolver.

(1) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Los Derechos Humanos en el sistema Interamericano: Recopilación de instrumentos básicos. IIDH, Costa Rica, 198, p. 125.
(2) Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ob.cit.p.49.
(3) Ekmekdjian Miguel Angel c/Sofovich Gerardo y otros, 7 de julio de 1992.
(4) Carta de la Organización de los Estados Americanos. en ob.cit.p.3.
(5) Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en.ob, cit.p.143.
(6) Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ob.cit.p.151.
(7) La comisión ha elaborado informes sobre Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam y Uruguay.
(8) Catorce estados han reconocido la competencia de la Corte.
(9) La Corte ha elaborado doce opiniones consultivas.
(10) Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resoluciones y Sentencias, N° 4, Costa Rica, 1988, caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resoluciones y Sentencias, N°5, Costa Rica, 1989; y caso Fairen Garbi y Solis Corrales, sentencia N° 6, Costa Rica, 1989, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resoluciones y Sentencias, N° 6, Costa Rica, 1989.
(11) Resolución del 8 de agosto de 1990 en el caso Bustios-Rojas.

(Publicado en Documentos de Trabajo Nº 5, SERPAJ-AL, Buenos Aires, octubre de 1992).

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