UNA NUEVA CONSTITUCION

por Cátedra

Por Ramón Torres Molina: En 1983, al restablecerse el sistema democrático, el consenso de la sociedad tomó a la Constitución de 1853, con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, como el instrumento legal que permitiría la consolidación de la democracia. Se dejaba de lado, en el entusiasmo por esa restauración democrática, la ilegitimidad del texto constitucional cuya vigencia deriva de la derogación por decreto de la Constitución de 1949 y de la convocatoria a una Convención Constituyente por un gobierno de facto.
En diez años el sistema democrático se consolidó. Tenemos elecciones cada dos años, como lo establece la Constitución, y no se reprime a la población por razones políticas. Pero estos diez años de democracia política no han tenido su correlato en lo que se refiere a los derechos sociales, que aparecen cada vez más restringidos.
El Estado ha desertado de su función reguladora de la economía y los grandes intereses trasnacionales imponen su ley. El patrimonio de ía Nación ha sido dilapidado y el mercado margina del sistema productivo a importantes sectores sociales. Se ha consolidado la democracia, paro a un importante sector de la población esa democracia le otorga el derecho a votar y nada más. Ello constituye una grave amenaza para la soberanía de la Nación y para la existencia del Estado.
Una democracia presupone una Constitución que cuente con el consenso de la mayoría de la población, aun cuando pueda discreparse con muchos puntos de esa Constitución. Ese consenso únicamente lo puede dar un profundo debate de toda la población sobre los puntos que deben ser incorporados en la reforma.
Ese amplio debate presupone una Convención Constituyente soberana, que supere el origen ilegítimo del texto que nos rige.
En esa Convención Constituyente soberana se deben discutirlas normas que incorporen a nuestro texto constitucional los principios del constitucionalismo social recogidos por la mayor parte de los textos constitucionales sancionados después de la segunda guerra mundial. Se deben incorporar las cláusulas económicas que protejan el patrimonio de la Nación, porque este es un problema de soberanía. Se debe discutirla la jerarquía que en el ordenamiento jurídico tendrán los pactos de derechos humanos ratificados por el país. La crisis del sistema político, caracterizada por la irrepresentatividad de los partidos políticos, debe ser superada mediante la incorporación de formas de democracia semidirecta como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa y la revocatoria de mandatos. Muy pocos de estos temas se encuentran en debate. Si la Convención Constituyente modifica únicamente la parte orgánica de la Constitución, sin la incorporación de nuevos derechos, se estará haciendo una Constitución para el nuevo orden internacional, pero no una Constitución para el siglo XXI, con grave riesgo para la soberanía y para la subsistencia del Estado.
(Publicado en Revista Acción Nº 655, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1993).

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