PLEBISCITO Y REFORMA CONSTITUCIONAL

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): El Senado de la Nación por el voto de los dos tercios de sus miembros ha declarado la necesidad de la reforma parcial de la Consti¬tución de 1853, con sus reformas de 1860,1866, 1898 y 1957. Si la Cámara de Diputados aprueba esta declaración, se convocará a una Convención Constituyente que discutirá esas modificaciones.

El Senado declara que es necesario convocar a la Convención Constituyente para modificar los artículos de la Constitución que se refieren a los siguientes temas:

1º) Juicio político (articulo 45).
2º) Sesiones de las cámaras (articulo 55).
3º) Atribuciones del Congreso (articulo 67, incisos, 6,23 y 26).
4º) Tramites referentes a la sanción de las leyes (artículos 68, 69,70, 71 y 72).
5º) Requisitos para ser elegido Presidente (articulo 76).
6º) Duración del mandato presidencial y prohibición de su reelección (artículos 77 y 78).
7º) Formula del juramentó del Presidente al asumir su cargo (articulo 80).
8º) Elección del Presidente.
9º) Atribuciones del Poder Ejecutivo(articulo 86,incisos 2, 3, 4, 11, 15, 19 y 21).
10º) Ministros del Poder Ejecutivo(articulo 87).

Declara, también, la necesidad de suprimir los siguientes artículos:

1º) Atribuciones del Congreso para admitir otras órdenes re¬ligiosas (articulo 67, inciso 2).
2º) Atribuciones del Poder Ejecutivo referidas al derecho de patronato (articulo 86, incisos 8 y 9).

La declaración del Senado prevé la incorporación de nuevos capítulos que llama “Otros derechos y garantías” y “De los órganos de consulta y control” que incluye los siguientes temas:

1º) Preservación del medio ambiente.
2º) Formas de democracia semidirecta.
3°) Sistema de enmienda de un solo artículo de la Constitución Nacional.
4º) Fomento de la integración internacional.
5º) Protección de la salud.
6°) Consagración del habeas corpus y del amparo.
7°) Defensa de la competencia, del usuario y del consumidor.
8º) Intervención federal a las provincias.
9º) Auditoría Genera1 de la Nación.
10°) Defensor del Pueblo.
11º) Consejo Económico Social.

Sancionada esta declaración por el Senado, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el que se convoca a una consulta popular no vinculante para que el pueblo exprese si está o no de acuerdo con la reforma de la Constitución.

Este decreto y la consulta popular a la que se convoca tienen como finalidad forzar la decisión de los diputados que han manifestado su oposición a la reforma de la constitución, para lograr así el voto de los dos tercios
de los miembros de la Cámara tal como lo exige el articulo 30 de la Constitución y que hasta ahora el Gobierno no ha podido alcanzar.

El plebiscito, como expresión de la voluntad popular, no está expresamente contemplado en la Constitución, pero bien puede considerarse como uno de los derechos implícitos que reconoce el artículo 33 de la Cons¬titución “que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

En nuestra historia existen varios antecedentes de expresión de la voluntad popular, entre ellos el que ratificó en la ciudad de Buenos Aires la decisión de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires de otorgarle a Rosas la suma del poder público en 1835,1a consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo el 1984 relativa al acuerdo con Chile sobre el canal de Beagle y el plebiscito que en la Provincia de Bue¬nos Aires rechazó la reforma de la Constitución de la Provincia en 1990.

El plebiscito, el referéndum y la consulta popular son formas de expresión de la voluntad popular y oponerse a ellos en nombre de la democracia representativa constituye un retroceso histérico propio de políticas conservadoras y elitistas. Pero cuando se trata de la reforma de varios artículos de una Constitución, una consulta popular desvirtúa la voluntad popular, porque la consulta debería estar referida a cada uno de los artí¬culos que se trata de reformar lo que resulta imposible. Entonces se va a votar a favor o en contra de una reforma que no sabemos en que consiste salvo que pueden reformarse varios artículos de la Constitución y agregarse otros.

Las constituciones que establecen el referéndum para la aprobación de reformas a la Constitución hablan de enmiendas o sea la reforma de un articulo que es debatido previamente y entonces si se sabe que se vota. En cambio la consulta popular a la que se nos convoca nos obliga a aprobar o rechazar la modificación de varios artí¬culos y la incorporación de otro en su totalidad, sin que el elector pueda discriminar con que artículos está de acuerdo en modificar y con cuales no, y cual será el contenido de los mismos que en definiti¬va sancionará la Convención Constituyente.

Pero el intento del Gobierno es mas grave si tomamos en cuenta el contenido de la reforma ya que la misma aparece limitada a aspectos secundarios, con omisión de importantes temas que podrían llevar a una efectiva modernización de la Constitución, con posibles graves consecuencias para la democracia en lo relativo a la sanción de las leyes y que tiene como único objetivo autorizar la reelección presidencial.

La Constitución vigente es ilegítima porque es producto de la derogación por decreto de la Constitución de 1949 y de la incorporación de modificaciones sancionadas por una Convención Constituyente convo¬cada por un gobierno de facto en 1957,que proscribió a la mayoría del pueblo argentino que se expresó mayoritariamente mediante el voto en blanco. Si se convoca a una Convención Constituyente no soberana, para hacer reformas limitadas al texto vigente, se estaría legitimando los actos políticos tomados por una dictadura en contra del pueblo.

La ilegitimidad de la Constitución se subsana con una nueva Constitución aprobada por una convención constituyente soberana. No es este el camino que sigue la declaración aprobada por el Senado.

La reforma constitucidna1 que se intenta deja subsistente instituciones anacrónicas como el Colegio Electoral y la elección indirecta de los senadores. No prevé la incorporación de clausulas económicas y derechos sociales como lo establecía la Constitución de 1949. No se consideran normas referentes a la modernización del poder Judicial, con la incorporación, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura. No incorpora los principios que establecen los compromisos internacionales contraídos por el Estado en materia de Derechos Humanos, como los que surgen del Pacto de San José de Costa Rica o la Convención sobre Derechos del Niño, ni soluciona los conflicto entre los Tratados y el derecho interno que ha dado lugar a resoluciones contradictorias por parte de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las únicas concesiones a principios constitucionales actuales son las referidas a la protección del medio ambiente y la incorporación de formas de democracia semidirecta.

La reforma constitucional propuesta sería, en definitiva, 1a primera Constitución que se reforma después de la Segunda Guerra Mundial que no incorpora los principios del constitucionalismo social. Sería el primer texto constitucional que corresponde al nuevo orden internacional, sin clausulas económicas que protejan el patrimonio de la Nación, ni clausulas sociales que consagren los derechos del pueblo.

En tales condiciones se desvirtúa el objetivo de una autentica reforma a la Constitución por una Convención Constituyente Soberana, que recoja v profundice los principios de la Constitución do 1949. Se subordinan esos objetivos estratégicos de la Nación al único objetivo de posibilitar la reelección presidencial.

(Publicado en Retruco, Nº 22, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1993.)

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