JUSTICIA TRANSNACIONAL

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina) La Constitución Nacional reformada en 1994 ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados y declaraciones sobre derechos humanos que menciona el artículo 75, inciso 22, que consagran un conjunto de derechos complementarios de los que anteriormente habían sido establecidos por la Constitución y las leyes.

Uno de esos tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, reglamenta el funcionamiento de órganos I de control que determinan si un Estado cumple o no con los compromisos que ha contraído en el respeto al derecho de las personas.

Desde que Argentina ratificó en 1984 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las resoluciones de la justicia argentina están sujetas al control de los órganos del sistema interamericano, que pueden condenar al Estado Argentino por la violación de los tratados.

Desde 1994 este sistema tiene jerarquía constitucional. De esta forma un juicio no termina hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En determinados casos, cuando se discute acerca de los derechos de la persona humana (no de las personas jurídicas) y se considera que lo resuelto por los órganos de justicia del Estado han violado los Tratados en vigencia, es posible efectuar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez, después de los procedimientos que le fijan su Estatuto y Reglamento, puede establecer la responsabilidad del Estado y elevar el caso a la Corte Interamericana que es un verdadero organismo jurisdiccional, que puede dictar sentencias condenatorias al Estado que éste se encuentra en la obligación de cumplir.

Para que pueda ser declarada admisible una denuncia efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos es necesario, entre otros requisitos, haber agotado los recursos de jurisdicción interna, es decir que el caso halla sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese principio tiene excepciones. Por ejemplo si no se pueden agotar los recursos, por la no vigencia del Estado de Derecho en el país denunciado, o por injustificadas demoras en el trámite del juicio que implican privación de justicia.

Desde 1984 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tratado y resuelto diversos casos relacionados con Argentina. Por ejemplo declaró que la colegiación obligatoria de abogados no violaba el Pacto de San José de Costa Rica, estableció las condiciones en las cuales procede la libertad de una persona detenida que no tiene sentencia firme y declaró, en ciertos casos, que el Estado había violado el debido proceso en juicios penales al no respetarse las garantías establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica.

Mediante el procedimiento de solución amistosa (autorizado por su reglamento), la Comisión acordó con el Estado argentino la indemnización a personas que habían estado a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura y la derogación del delito de desacato contemplado en el Código Penal.

La resolución más importante de la Comisión en casos que tuvo a su consideración relacionados con Argentina, fue la condena al Estado Argentino por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, y por los decretos de indulto (octubre de 1992) como consecuencia de la cual el Estado de vio en la obligación de sancionar diversas leyes, entre ellas la ley que indemniza a los familiares de personas desaparecidas.

La Comisión Interamericana elevó tres casos relacionados con Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El primero de ellos se refería a medidas provisionales sobre la guarda de menores, a los que el Estado dio cumplimiento, a través de los órganos de justicia, cuando el caso fue presentado a la Corte.

En el segundo se denunció la violación al derecho a la doble instancia que tiene toda persona procesada. Cuando el caso llegó a. la Corte Interamericana el Poder Ejecutivo indultó a la persona que había sido condenada, sin que la sentencia fuese revisada por un tribunal superior.

En el tercer caso, referido a personas desaparecidas en Mendoza durante el gobierno Constitucional, el Estado reconoció su responsabilidad ante la Corte.

Al darse jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos se han establecido derechos y garantías que en algunos casos modifican leyes internas argentinas, que encuentran su adecuada protección en el sistema interamericano de derechos humanos, que ha obligado al Estado argentino a reparar las consecuencias de esas violaciones.

(Publicado en La Opinión, Pergamino, 20 de agosto de 1996).

Anuncios