Historia Constitucional Argentina

Cátedra II de Historia Constitucional. Profesor Títular Ramón Torres Molina. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata

Mes: diciembre, 2012

LEGISLACIÓN ARGENTINA Y SUJECIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Por Ramón Torres Molina: Los tratados de Derechos Humanos tienen importancia muy en la legislación interna argentina porque inciden en ella con el dictado de nuevas normas y a la vez por su aplicación directa en el ordenamiento interno de nuestro país.

Muchas veces no advertimos la influencia que tienen la sanción de estas leyes y tampoco las posibilidades de su aplicación en el derecho interno. Leer el resto de esta entrada »

PLEBISCITO Y REFORMA CONSTITUCIONAL

(Por Ramón Torres Molina): El Senado de la Nación por el voto de los dos tercios de sus miembros ha declarado la necesidad de la reforma parcial de la Consti¬tución de 1853, con sus reformas de 1860,1866, 1898 y 1957. Si la Cámara de Diputados aprueba esta declaración, se convocará a una Convención Constituyente que discutirá esas modificaciones. Leer el resto de esta entrada »

UNA NUEVA CONSTITUCION

Por Ramón Torres Molina: En 1983, al restablecerse el sistema democrático, el consenso de la sociedad tomó a la Constitución de 1853, con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, como el instrumento legal que permitiría la consolidación de la democracia. Se dejaba de lado, en el entusiasmo por esa restauración democrática, la ilegitimidad del texto constitucional cuya vigencia deriva de la derogación por decreto de la Constitución de 1949 y de la convocatoria a una Convención Constituyente por un gobierno de facto.
En diez años el sistema democrático se consolidó. Tenemos elecciones cada dos años, como lo establece la Constitución, y no se reprime a la población por razones políticas. Pero estos diez años de democracia política no han tenido su correlato en lo que se refiere a los derechos sociales, que aparecen cada vez más restringidos. Leer el resto de esta entrada »

UN CAMBIO POLÍTICO: LA ELECCIÓN DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

(Por Ramón Torres Molina): El resultado de las elecciones del 10 de abril señala un profundo cambio en la realidad política del país. La disminución en el porcentaje de votos de los partidos firmantes del Pacto de Olivos y el aumento de los votos opositores, que triunfaron en distintos lugares del país, es un serio llamado de atención a los políticos que reemplazaron las decisiones populares por acuerdos de dirigentes que sólo tuvieron en cuenta sus propios intereses y no los del conjunto de la sociedad. La crisis de los partidos mayoritarios es la crisis de la que se autodenomina “clase política”, de los políticos que hacen de lo que debería ser una actitud al servicio del país una profesión privilegiada con la que se enriquecen capturando para sí los bienes del Estado, o participando en las ganancias de los contratos que firman como funcionarios. Tal deformación de la democracia representativa, en la que los elegidos se consideran dueños de los cargos, sin obligación alguna de rendir cuentas al pueblo, ha recibido un serio cuestionamiento de los electores. El 10 de abril se votó por la ética, contra la corrupción, por un profundo cambio en los métodos de hacer política; se votó por aquellos que fueron consecuentes en sus principios.
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FACULTADES DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

(Por Ramón Torres Molina): 1-Las alteraciones Institucionales vividas en el país colocan a la Convención Constituyente en el ejercicio de un poder constituyente abierto complementarlo del poder constituyente ejercido por las Convenciones Constituyentes que se reunieron con anterioridad, que no puede estar limitado en cuento a tratamiento de tremas, por la ley que declaró la necesidad de la reforma. Leer el resto de esta entrada »

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. (PROYECTOS Y DISCURSOS).

Damos a publicidad los proyectos y discursos que recogen la labor desarrollada por Ramón Torres Molina ante la Convención Constituyente reunida en Santa Fe, entre mayo y agosto de 1994.

Los tres primeros proyectos se encuentran con los correspondientes fundamentos por permitirlo así el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación que se aplicó en las primeras sesiones de la Convención Constituyente antes de que aprobara su propio reglamento.
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Los principios propuestos en algunos proyectos como los referidos a los tratados internacionales, sobre protección al orden constitucional y en el proyecto de declaración sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sud se encuentran recogidos en el texto constitucional aprobado. Otros proyectos fueron sostenidos en los despachos de minoría. Otros, como los referidos a la salud o al derecho a réplica no fueron considerados. Y finalmente la Convención Constituyente siguió un criterio opuesto al proyecto referido a la propiedad de los recursos naturales estratégicos, al aprobar que los mismos son propiedad de las provincias, siendo el proyecto de Torres Molina el único presentado ante la Convención Constituyente que sigue los principios del artículo 40 de la Constitución de 1949.

Torres Molina integró las Comisiones de Coincidencias Básicas y de Tratados Internacionales y en tal carácter informó el despacho de minoría referido a Decretos de Necesidad y Urgencia.

Colaboraron con Ramón Torres Molina como asesores Inés Larramendy y Aldo Strada.

Publicamos estos trabajos como una contribución a la interpretación del texto constitucional aprobado por la Convención Constituyente.

Quilmes, 1994.

Centro de Estudios Laborales y Sociales.

(Acceda al material completo en PDF):
Reforma de la Constitución. Proyectos y Discursos_RTM

JUSTICIA TRANSNACIONAL

(Por Ramón Torres Molina) La Constitución Nacional reformada en 1994 ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados y declaraciones sobre derechos humanos que menciona el artículo 75, inciso 22, que consagran un conjunto de derechos complementarios de los que anteriormente habían sido establecidos por la Constitución y las leyes.

Uno de esos tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, reglamenta el funcionamiento de órganos I de control que determinan si un Estado cumple o no con los compromisos que ha contraído en el respeto al derecho de las personas.
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