PRESUNCION DE INOCENCIA Y EXCARCELACION

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina) El artículo 18 de la Constitución Nacional establece, a contrario sensu, la presunción de inocencia de toda persona sometida a proceso. No se puede imponer una pena sin previa declaración de culpabilidad fundada en ley anterior al hecho del proceso. Las declaraciones y pactos internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) consagran expresamente esa presunción de inocencia (artículo 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14, inciso 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).

¿Como se compatibiliza esa presunción de inocencia con la detención de una persona durante el proceso? Si observamos las normas contenidas en las declaraciones y pactos sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional vemos que admiten la detención de una persona durante el proceso aunque éste debe ser resuelto en un tiempo razonable o la persona debe recuperar la libertad. El carácter restrictivo de la detención durante el proceso está expresamente establecido por el artículo 9, inciso 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que dice: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

También, las Declaraciones y Pactos sobre Derechos Humanos consagran el derecho a la libertad personal.

Nuestro viejo texto constitucional admite la detención de una persona según se desprende del artículo 69 que se refiere al arresto de un legislador en el caso de ser sorprendido in fraganti en la comisión de un delito grave, Si un legislador puede ser arrestado en esas circunstancias también puede ser detenida otra persona en las mismas circunstancias.

La detención de una persona, en los hechos, significa la imposición de una pena, en contra de las expresas disposiciones constitucionales.

Cuando el Preámbulo de la Constitución consagra el objetivo de “afianzar la justicia” admite la detención de una persona con el objetivo de conservar la prueba, someter a la persona al proceso y eventualmente al cumplimiento de la pena que se fije en el proceso que se le sigue. Se protege así el efectivo descubrimiento de la verdad y la realización del proceso. Cuando los Códigos Procesales establecen que no corresponde la excarcelación cuando existe una imputación por un delito o por varios delitos que superen una determinada escala penal no se afectan las garantías constitucionales ya que la gravedad de la imputación puede poner en peligro los fines del proceso como consecuencia de la actitud que puede asumir el imputado ante el riesgo de una sentencia condenatoria, Pero ello no ocurre cuando las leyes procesales impiden la excarcelación cuando existe la imputación de un delito determinado, con independencia de la pena que pudiese corresponder. Tales supuestos han sido criticados por la doctrina y en muchos casos, las normas que impedían la excarcelación, fueron declaradas inconstitucionales.

Un caso especial lo constituye la restricción a la excarcelación cuando la persona a la que se imputa un delito ya se encuentra excarcelada en una causa anterior por la imputación de otro delito, Cuando se proponen este tipo de normas se lo hace con el propósito de evitar que continúe una conducta delictiva creándose así, a través de una norma procesal, criterios sobre peligrosidad propios de la legislación de fondo y no de los Códigos de Procedimientos. Tal norma sería inconstitucional porque afecta la presunción de inocencia y las atribuciones del Congreso Nacional para dictar la legislación de fondo, entre ellas el Código Penal (artículo 75, inciso 12 de la Constitución). Pero no existirían objeciones constitucionales si las normas procesales consideraran la nueva imputación dentro del régimen del concurso de delitos para analizar la procedencia o no de la excarcelación. Una persona que se encuentra excarcelada y a la que se le imputa un nuevo delito podría no ser excarcelada si en razón de las normas del concurso las imputaciones superan la pena máxima que autoriza la excarcelación.

Razones de política criminal aconsejan no denegar la excarcelación en los casos en que pudiese corresponder pena de ejecución condicional. Así lo admiten la generalidad de los Códigos Procesales. Por eso, una norma adecuada a los principios constitucionales y a la política criminal es la que establece artículo 300 del Código de Procedimientos de Salta que establece: “El juez ordenará la prisión preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento cuando al delito o al concurso de delitos que se le atribuya corresponda pena privativa de libertad y además se estime que no procederé condena de ejecución condicional. Si no concurrieren estas dos condiciones, lo dejará en libertad provisoria.”

La prisión preventiva, o detención, o arresto, tiene entonces como finalidad asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso, Sí se impone en forma encubierta una pena o una medida de seguridad se contradicen las normas constitucionales que garantizan la libertad individual y la presunción de inocencia.

(Publicado en Tiempo Sur, Río Gallegos, 17 de agosto de 1999).

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