POLÍTICA LEGISLATIVA PARA UN PAÍS SOBERANO

por Cátedra

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Prólogo.

La presente publicación reúne los proyectos de ley, de resolución y de declaración que presenté ante la Cámara de Diputados de la Nación en el periodo parlamentario 1997-1999. Se han incorporado también los discursos sobre la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y sobre la aprobación del Tratado sobre Hielos Continentales Patagónicos e intervenciones en la Comisión de Defensa referidas a la venta ilegal de armas y a la política de defensa sostenida por el Poder Ejecutivo.
Se han excluido los proyectos de autoría conjunta con otros diputados y los fundamentos del pedido de juicio político al presidente de la Nación que tiene una extensión de 54 páginas en la edición de Trámite Parlamentario (martes 27 de abril de 1999), publicado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Los proyectos de ley no fueron considerados por la Cámara. Varios proyectos de declaración o de resolución fueron aprobados.
El proyecto de juicio político al presidente de la Nación fue tratado en la comisión respectiva. Ante un empate registrado en la votación el presidente de la comisión definió con su voto el rechazo del proyecto, dictamen que no trató la Cámara a pesar de estar en condiciones de hacerlo durante varias sesiones.
La difusión de la labor parlamentaria es una obligación del legislador para dar cuenta así del ejercicio del mandato que le fuera conferido por el pueblo.

R.T.M.

I

I-POLITICA INTERNACIONAL

-Tratado sobre Hielos Continentales Patagónicos
–Declaración contra la exclusión de Cuba de la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos (proyecto de declaración)
-Solidaridad con el pueblo de Puerto Rico al cumplirse cien año de la ocupación norteamericana (proyecto de declaración).
-Condena a las operaciones militares de la OTAN en Yugoslavia (proyecto de declaración)
-Rechazo de la posición argentina en el comité de Derechos Humanos de la ONU en contra de Cuba (proyecto de declaración)
-Condena por asesinatos de dirigentes en Guatemala (proyecto de declaración)
-Condena a la justicia turca por sentenciar a muerte a un dirigente político (proyecto de declaración)
-Expresiones del presidente de la Nación de no concurrir a la Cumbre Iberoamericana de Cuba en noviembre de 1999 (proyecto de. declaración)
-Condena a la actitud del presidente de la Nación por no asistir a la Cumbre Iberoamericana (proyecto de declaración)

Discurso sobre el Tratado sobre Hielos Continentales Patagónicos.

Señor presidente:
En defensa de la integridad territorial de la Nación considero que el tratado firmado el 16 de diciembre do 199H entre los presidentes de Chile y Argentina no debe ser aprobado.
El acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet contradice los principios establecidos por el tratado de 1881 y el protocolo adicional de 1893. Es contrario también a la declaración votada por esta Cámara que fijaba criterios para la demarcación del límite en la zona de Hielos Continentales.
El Tratado de 1881 dice que la línea fronteriza entre Argentina y Chile está fijada por las altas cumbres divisorias de aguas y el Protocolo Adicional de 1893 establece que se tendrán “… a perpetuidad, como propiedad y dominio absoluto de la República Argentina, todas las tierras, y todas las aguas a saber: lagos, lagunas, ríos y partes de ríos, arroyos, vertientes que se hallen al oriente de la línea de las más elevadas cumbres de la cordillera de los Andes, que dividan las aguas…”. Dice también el Protocolo que “Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico’’.
La declaración votada por esta Cámara decía que la línea de frontera correrá por las cumbres más elevadas que dividen aguas.
Cuando se firmó el Tratado de 1991 se quiso trazar una línea intermedia entre lo que se llamó la pretensión chilena y la pretensión argentina. La pretensión chilena nunca existió y fue inventada para trazar esta línea divisoria con la que se quería poner fin a los conflictos limítrofes con Chile. La errónea política de la Cancillería dio origen a pretensiones reales chilenas, que se observan en la prensa chilena y en las declaraciones de su canciller, con el pleno acceso al cerro Fitz Roy o Chaltén y el alejamiento de Argentina de los fiordos chilenos.
El tratado que estamos considerando reconoce esas pretensiones chilenas.
El laudo de 1902 de Eduardo VII fijó como límite entre los dos países el monte Fitz Roy y dijo: “Desde el monte Fitz Roy, hasta el monte Stokes la línea de frontera ha sido determinada”
El cerro Chaltén, llamado en los documentos internacionales Fitz Roy, se encuentra dentro de la divisoria continental de aguas, pero es un limite que ya no puede ser modificado.
Corresponde, entonces, determinar un punto al noroeste del lago Viedma, que se encuentre en altas cumbres divisorias de aguas, para seguir desde allí con la demarcación de los límites según lo establecido por el Tratado de 1881.
¿Cómo lo hizo la poligonal? Fijó una línea que partía 500 metros al sur del Chaltén. ¿Cómo lo hace el tratado que estamos considerando? Fija un punto que está 600 metros al sur del Chaltén; desde allí la línea se dirige a otro punto que está al sudoeste y desde este punto sigue el paralelo del lugar hacia occidente, donde encontrará las altas cumbres divisorias de aguas en el cordón Moreno. La consecuencia de este trazado es que corta el glaciar Viedma. Por ley de gravedad el Glaciar Viedma deriva hacia el Atlántico y forma parte de la cuenca del Río Santa Cruz. Es, por ello, en su totalidad argentino y eso no está reconocido por el tratado en consideración. Se debió haber trazado, desde el Chaltén, un corredor de corrección lo más al noroeste posible, para respetar como límite las altas cumbres divisorias de aguas, según lo establecen los tratados vigentes.
La sección A del tratado en consideración, que establece los límites desde el Cerro Murallón hasta Cerro Daudet, nos dice que el límite queda determinado desde el Murallón hasta el Spegazzini por la línea que sigue la divisoria de aguas, enumerando varios cerros, entre ellos algunos que coinciden con la poligonal.
No se advierte cuál es la razón por la que se nombran distintos cerros, que podrían no encontrarse en la línea de altas cumbres divisorias de aguas, cuando el principio general establece que el límite corre por la divisoria de aguas. En el caso de que los cerros que se identifican no se encuentren en la divisoria de aguas, el límite lo constituirán esos cerros y no la divisoria de aguas.
A partir del Cerro Spegazzini el límite sale, en varios puntos, de la divisoria de aguas. El límite se aleja así, en contra de lo establecido por los tratados vigentes, de los fiordos chilenos.
Al llegar al Cerro Stokes, que estaría en las aguas que desaguan en el Pacífico, el límite busca al cerro Daudet mediante un corredor correctivo, que es lo que debió haberse hecho en el Chaltén.
Obsérvese que desde el Chaltén la línea limítrofe que se fijó busca la divisoria de aguas en dirección sudeste, con lo que se resguarda el territorio chileno. La línea limítrofe que se fija entre el cerro Stokes y Daudet corre en dirección nordeste, con lo que también se resguarda el territorio chileno.
En el informe que el representante de la Cancillería hizo en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa se nos dijo que ante el fracaso de la poligonal, se creó, hace un año, un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo efectuó una labor muy precisa para lograr la firma del tratado y para comprometer a esta Cámara en la política de la Cancillería. Por ejemplo el proyecto de declaración que aprobaron las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa dice: “Todas las aguas que fluyen en la cuenca del Río Santa Cruz sean considerados como recurso hídrico propio de la República Argentina”, lo que implica que esos recursos hídricos deberán encontrarse en el territorio nacional
En el tratado que estamos considerando se establece otro principio, por cierto muy original. Dice el artículo III del tratado: “todas las aguas que fluyen hacia y desaguan por el Rio Santa Cruz serán consideradas a todos los efectos como recurso hídrico propio a la República Argentina. Asimismo, serán consideradas a todos los efectos como recurso hídrico propio de la República de Chile las aguas que fluyen hacia los fiordos oceánicos”.
De esta forma se establece el principio de que aguas que se encuentran en el territorio de un Estado son consideradas como recursos hídricos de otro Estado. Esto será fuente de conflictos en el futuro.
Pero donde hay una notable imprecisión por parte de la Cancillería es en la geografía de la zona de los Hielos Continentales ya que se fijan puntos geográficos y no se acompaña un mapa que los apoye.
Con tales imprecisiones no se puede aprobar un tratado.
Existe en este momento un debilitamiento de los estados nacionales que es producto de diversos factores, entre ellos las políticas de integración y los regionalismos. Se establecen límites a la soberanía ya que los estados, mediante tratados, otorgan competencia a órganos supranacionales. Pero esas políticas de integración no implican que los estados declinen su soberanía territorial.
Entonces, en defensa de la soberanía de la patria, esta Cámara no debe aprobar el tratado que estamos considerando.

(Sesión del 29/12/98).
Declaración contra la exclusión de Cuba de la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos.

Proyecto de declaración.
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Expresar su preocupación por la votación efectuada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay solicitando se excluya de la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos a la representación de la República de Cuba.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo se realizará en Montevideo. Uruguay, la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos.
Los Presidentes de la Cámara del Parlamento Uruguayo cursaron la correspondiente invitación al Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, pero con posterioridad la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, con una votación de 4 a 2, resolvió solicitar al cuerpo que no se invite a la representación de Cuba.
La votación efectuada por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados constituye un intento de excluir a la República de Cuba de una reunión de todos los Presidentes de los parlamentos iberoamericanos que se agrega a las constantes agresiones contra Cuba, entre ellas, el bloqueo que dispusiera el gobierno de los Estados Unidos.
Nuestro país siguiendo su histórica política de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y de defensa de la unidad de los pueblos de nuestro continente, debe defender la participación del representante de la República de Cuba en la reunión de la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos.

(Presentado el 12/3/98. Exp. 709-D- 98.

Solidaridad con el pueblo de Puerto Rico al cumplirse cien años de la ocupación norteamericana.

Proyecto de declaración.
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
AI cumplirse cien años de la ocupación norteamericana de Puerto Rico, la Cámara de Diputados de la Nación expresa su solidaridad con el pueblo puertorriqueño en sus aspiraciones de reafirmar su identidad política y cultural y su derecho a la independencia.

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El proceso de independencia de las antiguas colonias españolas en América se vio interrumpido, en el caso de Puerto Rico, por la cesión de esa isla por España a los Estados Unidos en el contexto de una guerra internacional que determinó una transferencia de esferas de influencia en diversas regiones en Asia y América.
La isla fue invadida por el ejército de los Estados Unidos en julio de 1989. El 12 de agosto del mismo año los españoles se rindieron.
El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el tratado de paz que ponía fin a la guerra hispanoamericana. Por ese tratado, España cedía las islas de Filipinas, Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos y renunciaba a la dominación de Cuba, que pasaba a ser un protectorado estadounidense.
Las esperanzas de los patriotas puertorriqueños de lograr su independencia se vieron frustradas por la instauración por parte de los Estados Unidos de un gobierno militar.
El status legal de Puerto Rico fue evolucionando hasta dictarse en 1952 la Constitución de este país que crea el Estado Libre Asociado, que no le reconoce la soberanía, subordinándolo a los Estados Unidos.
La lucha por la independencia de Puerto Rico movilizó a sucesivas generaciones de patriotas entre los que se destacara Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista en 1930, líder revolucionario arrestado en 1936 acusado de conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos y condenado a prisión donde pasó casi 20 años de su vida.
En el centenario de la ocupación de los Estados Unidos a Puerto Rico, reiteramos la necesidad de que se apliquen en su caso las resoluciones de las Naciones Unidas que establecen el derecho de los pueblos a su independencia y al ejercicio pleno de su soberanía.

Presentado el 13/8/98 Exp. 5032-D.-98

Condena a las operaciones militares de la OTAN en Yugoslavia.

Proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más enérgica condena a las operaciones militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la República Federativa de Yugoslavia violatorias de la Carta de las Naciones Unidas que agravan el conflicto armado existente en la región y afectan la soberanía de un estado miembro de Naciones Unidas.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

La OTAN está desarrollando acciones militares contra la República Federativa de Yugoslavia agravando en conflicto armado que existía entre el Estado y los grupos separatistas albanokosovares con grave riesgo para la paz de la región. Estas acciones resultan violatorias de los artículos 53 y 54 de la Carta de las Naciones Unidas ya que no son medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad ni constituyen una legítima defensa colectiva de la organización regional.
Las acciones son también violatorias de la resolución 1.203 de octubre de 1998 que promueve una solución política a la crisis con la participación de todos los sectores interesados.

El Poder Ejecutivo de nuestro país -continuando con su errónea política exterior en la región- ha manifestado su apoyo a las acciones de la OTAN, en abierta contradicción con los sentimientos y distintas expresiones del pueblo argentino. Esta situación se agrava por la presencia de fuerzas de la Gendarmería Argentina bajo el control de la OTAN en la zona de Bosnia – Herzegovina que pueden verse involucradas en el conflicto.
El Poder Ejecutivo argentino reitera con su actitud sus violaciones a los principios del derecho internacional al enviar armas a los grupos separatistas croatas en contra del embargo dispuesto por Naciones Unidas y al ser uno de los primeros Estados en reconocer la independencia de Croacia. La política exterior argentina no tuvo en cuenta, en esa oportunidad que los principios del derecho internacional referidos a las relaciones entre Estados, aprobados por las Naciones Unidas, establecen que en primer lugar debe respetarse la integridad territorial de los Estados y subordinado a ese principio se encuentra el principio de autodeterminación de los pueblos.

Siguiendo la política de los grandes centros de poder tendientes a la desmembración de la República Federativa de Yugoslavia, la política exterior argentina armó a Croacia y reconoció su independencia sosteniendo principios que contradicen las normas del derecho internacional que sostenemos en nuestra reivindicación de soberanía sobre las islas Malvinas.
La permanente »subordinación de la política exterior argentina a la política norteamericana puede llevamos ahora, como aliada extra-OTAN de los Estados Unidos, a participar en el conflicto.
La Argentina, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, organismo reconocido como árbitro de conflictos y garante de la paz, seguridad y autodeterminación de los pueblos, debe abstenerse de ser protagonista de la violación del derecho internacional y, en particular, de la resolución 1.203 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ‘
Alarman declaraciones del señor presidente de la República en el sentido que, como aliado extra-OTAN, la Argentina no ha recibido aún requerimiento de envío de tropas pero está apoyando la acción multilateral de la OTAN . Esto parece dejar abierta la posibilidad, en un futuro próximo, del envío de tropas argentinas bajo el mando de esa organización o la utilización del centenar de miembros de la Gendarmería Nacional que están estacionados en proximidades del teatro de operaciones, en acciones de combate o de seguridad bajo el mando de la OTAN, si ello fuere requerido por esa organización.
Debe tenerse presente que la Argentina no ha asumido ningún compromiso explícito con los países miembros de la OTAN en el sentido de empleo de fuerzas en conflictos armados.
Los Estados Unidos, país hegemónico de la OTAN, posibilitaron con su ayuda logística, informática y electrónica, una victoria segura de la fuerza aeronaval y terrestre de Gran Bretaña (su principal aliado de la OTAN) en la guerra de las Malvinas. Fuerzas argentinas que eventualmente fuesen enviadas a los Balcanes por requerimiento y bajo el mando de la OTAN, participarían, paradójicamente, en la partición por la fuerza del territorio soberano de una nación débil, con la declarada intención de instalar un protectorado previo a la independencia de Kosovo bajo la hegemonía política occidental.
Existe una serie de medidas coercitivas con las que la comunidad internacional puede sancionar a un país violador de los derechos humanos. El camino para un acuerdo propuesto por la Federación Rusa, con la participación de los principales países protagonistas y afectados por el conflicto y la de los propios albano- kosovares, debe ser apoyado por nuestro país, junto con la ayuda humanitaria bajo coordinación no bélica y la recepción solidaria de refugiados.
Esta posición mantendría la tradición argentina de no intervenir en conflictos armados cuyos propósitos se declaran como nobles pero cuyos métodos agravan los sufrimientos de las poblaciones civiles de Serbia y Kosovo
Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón en situaciones similares, dejaron sentada la conducta de un país con vocación pacífica y una digna política exterior respetuosa de la soberanía de las naciones.

Presentado el 7/4/99. Exp. 1.614-U.-99.

Rechazo a la posición argentina en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en contra de Cuba.

Proyecto de declaración.
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su rechazo al voto del delegado argentino en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra de la República de Cuba.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de abril se reunió en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para tratar la situación de los derechos humanos en Cuba.
Los representantes de la República Checa y Polonia, siguiendo los objetivos de la política norteamericana, presentaron un proyecto de condena a Cuba que obtuvo veintiún votos a favor, veinte en contra y doce abstenciones. En 1998 la posición de Estados Unidos fue derrotada por la mayoría de la Comisión.
El representante argentino en la Comisión, como lo había hecho en años anteriores, votó en contra de la posición cubana, separándose así del voto de los representantes de países latinoamericanos como Venezuela, Perú y México que mantuvieron una posición solidaria con la República de Cuba.
Según las informaciones periodísticas Estados Unidos destacó cuarenta y siete funcionarios en el plenario de la Comisión para lograr que se votara la condena a Cuba, aunque no logró el nombramiento de un relator especial.
La subordinación del gobierno argentino a la política norteamericana lleva a que se adopten posiciones como la que se ha tomado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aíslan al gobierno argentino de los restantes países latinoamericanos en contra de la opinión mayoritaria del pueblo argentino.
Presentado el 12/5/99. Exp. 2.440-D.-99.

Condena por asesinatos de dirigentes en Guatemala.

Proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Su condena por los asesinatos del secretario general adjunto de la filial de la ciudad de Guatemala del Frente Democrático Nueva Guatemala, Roberto González, y de la dirigente indígena guatemalteca Juana Lucía, solicitando que las autoridades guatemaltecas investiguen ambos hechos y sancionen a sus responsables.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los asesinatos cometidos los días 12 y 13 de mayo de 1999 por personas aún desconocidas y que costaron la vida, en dos episodios separados por sólo algunas horas, al secretario general adjunto de la filial de la ciudad de Guatemala del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG),Roberto González, y a la dirigente indígena guatemalteca Juana Lucía, conocida como “Mama” Lucía, merecen nuestra condena y han causado consternación entre todos los pueblos latinoamericanos.
Ambos crímenes nos recuerdan la fragilidad del proceso de paz que transita Guatemala y obliga al resto de los países de América Latina a mantener una actitud vigilante y atenta, a la vez que solidaria con ese país hermano.
Roberto González se encontraba, al momento de su asesinato, llevando a cabo una fuerte campaña por el voto positivo en el referéndum sobre las reformas constitucionales que finalmente se llevó a cabo el 16 de mayo. Las reformas propuestas impulsaban la ampliación de las libertades civiles y la protección de los derechos humanos y la cultura indígena.
El dirigente del FDNG salió de su hogar, en la llamada Colonia 4 de Febrero, el jueves 13 de mayo por la mañana, cuando fue atacado a balazos por tres desconocidos. El hijo de la víctima informó que su padre había recibido amenazas desde el martes 11, cuando se encontraba en la sede partidaria. También había recibido anónimos, que no fueron hechos públicos por orden de la policía.
La dirigente indígena Juana Lucía, de 71 años, conocida como “Mama” Lucía, fue asesinada el 12 de mayo en la aldea Tambayal Tamahú, en Alta Verapaz, por un grupo de personas que se cubrían con pasamontañas. Testigos presenciales indicaron que “Mama” Lucía fue secuestrada y luego se encontró su cadáver a dos kilómetro de distancia del lugar del secuestro. Su cuerpo presentaba señales de tortura y cortes producidos con machete.
Lucía fue acusada en 1984, en plena guerra civil, de pertenecer a la guerrilla, por defender los derechos de los indígenas. Luchó infructuosamente para que su aldea de Tambayal fuera organizada como cooperativa, pero le fue denegada la inscripción legal con argumentos formales. Dicha aldea está habitada por 3.200 indígenas que hablan la lengua q‘eqchi‘, y se dedican al cultivo de café, maíz y cardamomo.
Ambos crímenes se han cometido en un contexto en el que hay, según denuncia Amnistía Internacional, múltiples amenazas contra dirigentes sindicales y contra el procurador de derechos humanos.
Al mismo tiempo familias enteras comienzan a huir de zonas como Güiscol, Iztapa y Escuintla, donde voluntarios de la Iglesia Católica han informado sobre unos treinta asesinatos ocurridos en los últimos doce meses.
El proceso de paz en Guatemala es de interés común de la comunidad latinoamericana de naciones, por lo que no podemos permanecer indiferentes ante hechos como los que aquí condenamos, que se suman al asesinato del obispo de Guatemala, Juan Gerardi, que todavía no fue aclarado.
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Presentado el 25/6/99. Exp. 3.477-D.-99.

Condena a la justicia turca por sentenciar a muerte a un dirigente político.

Proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su condena a la decisión de la justicia turca, de sentenciar al dirigente kurdo Abdullah Ocalan a la muerte por la horca y exhorta a que las aspiraciones del pueblo kurdo a la autodeterminación encuentren su solución a través de negociaciones pacíficas entre el gobierno de la República de Turquía y las fuerzas representativas de la población kurda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo kurdo agrupa aproximadamente a veinte millones de personas, distribuidas entre Turquía, Irán, Irak, Siria y, en menor número, en Armenia y Azerbaijan. La identidad kurda tiene una rica tradición, que se remonta en la historia hasta el antiguo reino de Media (años 700-550 a.J.C.). No obstante, en el conflictivo proceso que llevó a la constitución de los Estados modernos, al pueblo kurdo le fue negada la posibilidad de concretar su unidad nacional y su independencia, siendo su territorio repartido entre los Estados limítrofes.
Los esfuerzos de la población kurda por afirmar su identidad cultural, alcanzar su autodeterminación y restaurar su unidad nacional se prolongaron a lo largo de los siglos, siendo reiteradamente reprimidos por los Estados que se apropiaron de su territorio.
Tras la descomposición del Imperio Otomano y la proclamación de la República Turca por Ataturk, las aspiraciones nacionales de la población kurda localizada en el sudeste de Turquía se vieron obstaculizadas por la unificación cultural y política impuestas por las nuevas autoridades. El proyecto gobernante -todavía vigente- consistió en forzar la consolidación de la identidad nacional turca homogeneizando a la población en el marco de su cultura hegemónica. Esto implica el desconocimiento de la identidad de las minorías, de las cuales la más visiblemente afectada, por su número y por su presencia mayoritaria en el sudeste del país, es la de los kurdos.
Así es como el idioma kurdo fue durante muchos años oficialmente prohibido. Aún hoy, ni el idioma ni los demás rasgos de la cultura kurda gozan en Turquía del status propio de un pueblo diferenciado, pese a encontrarse fuertemente adherido a sus tradiciones y ser de gran significación dentro de la república.
Desde los años ochenta, los anhelos nacionales políticos, sociales y culturales del pueblo kurdo en Turquía se expresaron a través del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y del Movimiento Nacional de Liberación del Kurdistán encabezado por Abdullah Ocalan. Esta lucha legítima por recuperar el ejercicio de su identidad nacional trajo como consecuencia una respuesta particularmente feroz por parte de la policía y el ejército turco dirigida en forma brutal y selectiva contra los militantes del PKK y en forma masiva contra la población kurda que lo apoya, la que es considerada indiscriminadamente por las autoridades turcas, como base de sustento del “accionar subversivo”. Este proceso de persecución sistemática y de sangrienta represión ordenada por las autoridades turcas, llevó a que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) haya asumido en forma combinada acciones armadas en apoyo a sus anhelos políticos, sociales y culturales.
Hoy, culminando esta espiral de violencia que parte del desconocimiento de los legítimos derechos del pueblo kurdo a su identidad nacional, la justicia turca condena a Ocalan pretendiendo responsabilizarlo por la vida de 35.000 víctimas perdidas en el contexto de esa lucha. La mayoría de esas muertes ocurridas en el conflicto del Kurdistán turco fueron ocasionadas por el accionar de las fuerzas represivas.
La brutal represión sistemática ha ocultado también que el PKK a través de su líder Abdullah Ocalan, ha formulado en forma reiterada propuestas de negociación para poner fin al conflicto armado -como el cese unilateral del accionar armado en 1993- sin encontrar respuesta alguna por parte del gobierno turco.
Como continuidad de la estrategia de supresión violenta por parte del gobierno turco de las reivindicaciones del pueblo kurdo Ocalan fue detenido en Kcnya en una operación de los servicios secretos violatoria de las normas del derecho internacional.
Su condena a muerte, objetada por los principales gobiernos europeos, revela la decisión de continuar la política intransigente y brutal de exclusión del pueblo kurdo de sus derechos nacionales. Esta violencia represiva sin duda traerá consecuencias de destrucción y muerte no sólo en territorio turco sino que se extenderá a diversos países europeos donde miles de inmigrantes kurdos han hecho sentir, con multitudinarias manifestaciones, su absoluto rechazo a la condena de su líder.

Presentado el 12/7/99. Exp. 3.H16-D.-99.

Expresiones del presidente de la Nación sobre su no concurrencia a la Cumbre Iberoamericana de Cuba en noviembre de 1.999

Proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
.Su preocupación por las declaraciones del señor presidente de la Nación expresando su decisión de no concurrir a la Cumbre Iberoamericana que se reunirá en Cuba en noviembre de 1999, en apoyo al gobierno de Chile en su disputa con el Estado español por el proceso que se sigue en Madrid por violaciones a los derechos humanos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación ha manifestado públicamente que no concurrirá a la Cumbre Iberoamericana que se reunirá en Cuba en noviembre del corriente año en la que participarán los jefes de gobierno de los países iberoamericanos.
Estas declaraciones del señor presidente fueron corroboradas por otros funcionarios.
La resolución, según las manifestaciones del presidente, está fundada en el apoyo que el gobierno argentino presta al gobierno de Chile con motivo del juicio que se sigue en Madrid por violaciones a los derechos humanos, como consecuencia del cual se encuentra detenido en Londres el ex dictador y actual senador vitalicio del país hermano.
Actitudes como la expuesta contribuyen a separar aún más la política exterior argentina de los países del continente y de países como España y Portugal. Con sus pueblos nos une una historia común que hizo posible que en las reuniones de la Cumbre Iberoamericana se estrecharan vínculos y se estableciesen objetivos comunes.
En el caso de que el señor presidente de la Nación mantuviese la decisión que ha expresado, la representación del pueblo argentino en la Cumbre Iberoamericana debería ser asumida por el presidente que resulte electo en las elecciones de octubre de 1999, para mantener así los vínculos que nos unen con los pueblos hermanos.

Presentado el 7/9/99 Exp. 4.947-D.-99.

Condena a la actitud del presidente de la Nación por no asistir a la Cumbre Iberoamericana.
Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su condena a la actitud del señor presidente de la Nación de no concurrir a la Cumbre Iberoamericana, rompiendo así la tradicional política argentina de fortalecer la unidad y acción común con los pueblos del continente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1991 se reúne anualmente la Cumbre Iberoamericana con la presencia de los jefes de Estado y de gobierno de los países de América, España y Portugal. Estas reuniones, propias de países que tienen una historia común, han posibilitado la discusión de temas como los de la deuda externa, las vías para la unión de los países iberoamericanos, la consolidación de las democracias, las desigualdades económicas existentes en nuestras sociedades o el bloqueo económico impuesto unilateralmente a Cuba por los Estados Unidos.
En la reunión convocada en La Habana que deberá discutir temas importantes relacionados con la situación económico-social de la región, nuestro país no estará representado por su presidente, como sí lo estarán otros dieciocho países que participarán en la Cumbre. El fundamento de la inasistencia del presidente es el apoyo al gobierno de Chile, contrario al principio de extraterritorialidad de la ley en materia de derechos humanos, aplicado por el Reino de España. Y en forma encubierta el gobierno argentino, al no asistir representado por su presidente a la Cumbre Iberoamericana de La Habana, mantiene su subordinación a la política exterior norteamericana, intentando hacer fracasar una reunión que se realiza en un país al que los Estados Unidos le ha impuesto en forma unilateral un bloqueo económico que es rechazado por toda la comunidad internacional.
Se da así la paradoja de que un presidente que entregó toda la riqueza del país a grupos internacionales y que intervino en conflictos que afectaron la soberanía de las naciones como la guerra del Golfo, subordinando la política exterior argentina a la política hegemónica de los Estados Unidos, no concurre a una reunión internacional amparándose en la “defensa de la soberanía”, desconociéndose que en materia de derechos humanos rige el principio de extraterritorialidad de la ley, tal como lo reconoce nuestra propia Constitución Nacional.
Un tema de esta gravedad exige el pronunciamiento de la Cámara de Diputados de la Nación.
Presentado el 15/11/99 Exp. 6.081-D.-99.

II-DEFENSA

-Venta ilegal de armas
-Política de defensa
-Pedido de informes sobre el retiro voluntario de pilotos de las fuerzas armadas (proyecto de resolución)
-Pedido de informes sobre la situación de los ex guardiamarinas que participaron en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en 1972 (proyecto de resolución)
-Participación de las fuerzas armadas en tareas de represión al narcotráfico y al delito organizado (proyecto de resolución)
-Pedido de informes sobre ejercicios conjuntos con el ejército norteamericano en Misiones (proyecto de resolución)
-Reincorporación del personal de la Armada que participó en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en 1972 (proyecto de ley)
-Pedido de informes sobre el decreto 858/99 que reglamenta el diseño de la Bandera Oficial de la Nación (proyecto de resolución)
-Devolución de condecoraciones entregadas por el ex dictador chileno (proyecto de resolución)
-Diseño y proporciones de la Bandera Oficial de la Nación (proyecto de ley)

Venta ilegal de armas
Intervención en la reunión conjunta de las comisiones de Juicio Político, Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional con el ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre la venta ilegal de armas.

Señor presidente:
En primer lugar debo aclarar, ante las manifestaciones del señor diputado, que nuestra presencia en esta reunión tiende a esclarecer los hechos acontecidos en el tema de las armas.
Con esta finalidad estamos aquí presentes y hemos solicitado las interpelaciones correspondientes. Asimismo hemos participado en el informe que hizo el jefe de Estado Mayor sobre la venta de armas ante la Comisión de Defensa de esta Cámara. Reitero que nuestra intención es el esclarecimiento de los hechos, sin preconceptos de ninguna naturaleza.
Efectuadas estas aclaraciones, quiero referirme a temas que ha tocado el señor ministro, aunque parcialmente. Me refiero a los dos decretos de venta de amias a Panamá.
Después de las afirmaciones del señor ministro quedó flotando la idea de que a partir de 1994 Panamá no tiene ejército. Lo que hace la norma constitucional de 1994 es reconocer una realidad, pero Panamá no tenía ejército desde antes. Tradicionalmente, Panamá ha tenido una guardia civil, que podríamos equiparar con un ejército en la época anterior a la invasión norteamericana, cuando se llamaban Fuerzas de Defensa.
Tal como dijo el señor ministro, producida la invasión norteamericana en 1989 se disuelven las Fuerzas de Defensa y son reemplazadas por lo que se denomina Fuerza Pública.
Lo que no explicó el señor ministro es que esa Fuerza Pública se compone de tres organismos: la Policía Nacional, el Servicio de Protección Presidencial y el Servicio Aéreo Nacional.
De manera tal que en el momento en que se dictan los dos decretos de venta de armas a Panamá se le entrega a esa Policía Nacional entre otras cosas, 125 morteros de 81 milímetros, 71 morteros de 120 milímetros, 3.450 minas terrestres, 2.300 minas terrestres antitanques, 54.050 granadas de mano y 2.243 cargas huecas. Ese material no es apto o no es usado habitualmente por fuerzas policiales, sino que forma parte de lo que tradicionalmente utilizan las fuerzas armadas o algunas fuerzas de seguridad, pero nunca una policía como la que existía en ese momento en Panamá.
Es así que si observamos el número de pistolas contempladas en esos dos decretos, veremos que estamos hablando de 20.000 pistolas, 31.500 pistolas ametralladoras y 44.800 fusiles FAL; todo ese material para una fuerza policial que en ese momento tenía aproximadamente 11.400 hombres. De estos datos se puede concluir que se proponía la venta de cuatro fusiles, dos pistolas y tres pistolas ametralladoras para cada hombre de la fuerza policial de Panamá.
Mi pregunta es: ¿si estos hechos fueron tenidos en cuenta al sancionarse los decretos?

Reunión de comisiones del 16/10/98.

Política de defensa
Intervención en la reunión de la Comisión de Defensa Nacional con el ministro de Defensa
Señor presidente:
Terminado el lema de radarización, quiero preguntar al señor ministro acerca de algunas cuestiones que han sido motivo de preocupación de los integrantes de la Comisión de Defensa.
En primer lugar, voy a hacer mención a determinados hechos que me llevan a formular las preguntas que quisiera que el señor ministro responda.
El 8 de junio de 1999 se reunió la Asamblea General de la OEA, y según la información periodística recogida, hubo funcionarios del gobierno argentino que propusieron entre otras cosas la participación de las fuerzas armadas en la represión del narcotráfico y del delito organizado. Eso, por supuesto, significa una modificación de la legislación vigente en relación con el papel de las fuerzas armadas.
El segundo hecho que quiero mencionar es que el Poder Ejecutivo argentino propuso el ingreso a la OTAN en condiciones no previstas por dicho tratado, solicitud que fue rechazada por la propia organización. Se trata de una medida que debería haber sido considerada por el Parlamento.
Esa propuesta se hizo fuera del contexto de defensa regional y en el marco del nuevo concepto estratégico de la OTAN que expresamente consagra el derecho a la intervención en terceros países, en los que estaría incluida América Latina. Además, reemplaza funciones de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz, es decir que ese nuevo concepto estratégico implica la actuación de la OTAN al margen de las Naciones Unidas.
En tercer lugar, existieron declaraciones contradictorias de miembros del Poder Ejecutivo con relación a la posible intervención en Colombia. Las expresiones del señor ministro fueron muy claras en el sentido de negar la posible participación argentina en Colombia, situación que también debería ser considerada por el Parlamento.
El cuarto hecho que quiero mencionar es que esta Comisión de Defensa Nacional fue informada sobre la presencia de miembros de la Gendarmería argentina bajo el control operacional de la OTAN en Bosnia.
Todos estos hechos relacionados entre sí me llevan a formular al señor ministro las siguientes preguntas. En primer lugar: ¿si existe algún estudio o propuesta sobre el cambio de papel de las fuerzas armadas para que participen en tarcas de seguridad interna? Segundo: ¿si existe alguna hipótesis de conflicto por la que el Ministerio de Defensa considere la posible intervención de las fuerzas armadas argentinas en Colombia? La tercera pregunta es si existe la posibilidad del envío de fuerzas armadas argentinas a Kosovo bajo el control operacional de la OTAN. Por último: ¿si existe en este momento en la sede central de la OTAN u otro organismo dependiente de ese tratado algún representante del Ministerio de Defensa o de las fuerzas armadas argentinas y, en el caso de que así fuera, cuáles son las funciones que cumple?

Reunión de comisión del 5/8/99.

Pedido de informes sobre el retiro voluntario de pilotos de las fuerzas armadas.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
Iº – Cantidad de pilotos de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército que han pasado a situación de retiro para trabajar en líneas aéreas privadas en los últimos seis años.
2º – Si han disminuido las horas de vuelo de los pilotos de las fuerzas armadas en comparación con las horas de vuelo en años anteriores.
3º – Si existe un cálculo sobre el costo que significa para el Estado la formación de un piloto.
4º – En caso de que hayan disminuido las horas de vuelo de los pilotos de las fuerzas armadas, si ello no incide en su nivel profesional.
5º- Si la disminución del número de pilotos en las Fuerzas Armadas puede afectar la defensa nacional.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
Informaciones periodísticas e informaciones que provienen de las fuerzas armadas indican que un número significativo de pilotos de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército han presentado su solicitud de retiro para trabajar en líneas aéreas privadas. De confirmarse estas informaciones, nos encontraríamos en presencia de hechos que pueden afectar la defensa nacional.
Las restricciones presupuestarias a las que se ven sometidas las fuerzas armadas influyen en los bajos sueldos de su personal, tema éste que exige una solución adecuada y seguramente como consecuencia de esas restricciones, han disminuido las horas de vuelo de los pilotos, por lo que resultaría afectado así el nivel profesional.
El alto nivel profesional de los pilotos de las fuerzas armadas quedó demostrado durante la guerra de las Malvinas y es ese nivel profesional el que no debe perderse por restricciones presupuestarias que pueden llegar a afectar la defensa de la Nación.
Solicitamos por ello la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 27/8/98. Exp. 5.366-D.-98.

Pedido de informes sobre la situación de los ex guardiamarinas que participaron en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en 1972.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
Iº- Si el Poder Ejecutivo ha tomado alguna resolución relacionada con la propuesta de solución amistosa en el caso 11.708 que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se propone se les otorgue el grado de teniente de fragata en situación de retiro a los ex guardiamarinas Aníbal Acosta, Ricardo Luis Hirsch, Julio César Urien y Mario Luis Actis.
2º- Si el Poder Ejecutivo no considera que la demora en resolver sobre la propuesta efectuada puede llevar a la sanción del Estado argentino por violación a normas del Pacto de San José de Costa Rica.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1972 se produjo una sublevación en la Escuela de Mecánica de la Armada en apoyo al arribo a la Argentina del teniente general Perón. Esa sublevación fue encabezada por el guardiamarina Julio César Urien, participando de ellas oficiales, suboficiales y conscriptos que cumplían con el servicio militar obligatorio.
Como consecuencia de esta sublevación se procedió a la detención de un grupo de oficiales, quienes tenían directa relación con el movimiento militar o con la Juventud Peronista, siendo sometidos a Consejo de Guerra.
Restablecido el orden constitucional se sancionó la ley 20.058 que alcanzó al personal de la Armada detenido como consecuencia de las acciones del 17 de noviembre de 1972, por lo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resolvió aplicar la Ley de Amnistía teniendo en cuenta la motivación política de esa sublevación.
Los oficiales comprendidos en la resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fueron reincorporados a la Armada, pero puestos en disponibilidad y posteriormente, por decreto 281/74 fueron dados de baja como consecuencia de su participación en la sublevación del 17 de noviembre de 1972, en abierta contradicción con la ley 20.058 que expresamente establecía que aquellas situaciones contempladas en la ley no podían motivar ninguna persecución ni sanción posterior.
A raíz de esta situación el ex guardiamarina Juan Carlos Bagnat promovió una demanda contra el Estado nacional, resolviendo en definitiva la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en septiembre Je 1988, la reincorporación de Bagnat con el grado de teniente de fragata en situación de retiro.
En abril de 1989, los ex guardiamarinas Aníbal Acosta, Ricardo Luis Hirsch, Julio César Urien y Mario Luis Actis promovieron demandas similares contra el Estado nacional, tomando en consideración lo anteriormente resuelto con relación a Bagnat por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, pero la Corte Suprema resolvió, en sucesivos pronunciamientos, rechazar los recursos extraordinarios que se interpusieron contra las resoluciones de la cámara que declaraba prescripta la acción, según lo establecido por el artículo 25 del decreto ley 19.594.
Con motivo de estas resoluciones de la Corte Suprema se efectuó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Argentino, ya que se consideró que como consecuencia de los hechos expuestos se habían violado, entre otros, los artículos 8º, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y normas de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El caso lleva el número 11.708.
De acuerdo a las normas del Pacto de San José de Costa Rica las partes convinieron por nota elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 30 de septiembre de 1997 seguir el trámite de solución amistosa previsto por el articulo 48.1 f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proponiendo los denunciantes, por nota del 4 de marzo de 1998, que se les reconozca el grado de teniente de fragata, en situación de retiro.
A pesar del tiempo transcurrido el Estado argentino no ha solucionado el caso, lo que motiva el presente pedido de informes.
Presentado el 4/3/99. Exp. 3S4-D.-99.

Participación de las fuerzas armadas en tareas de represión al narcotráfico y al delito organizado.
Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través del organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos:
Iº – Si representantes del Estado han propuesto ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la creación de un comité interamericano contra el terrorismo.
2º- Si representantes del Estado han propuesto en la citada reunión la participación de las fuerzas armadas en tarcas de represión al narcotráfico o al delito organizado.
3° – Si existe en el Ministerio de Defensa o en algún otro organismo del Estado nacional algún estudio tendiente a modificar las funciones de la fuerzas armadas según está establecido por la ley 23.554, para que participen en tarcas de seguridad.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
El día 8 de junio de 1999 se reunió en Guatemala la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la que, según las informaciones periodísticas, la delegación argentina propuso la creación de un Comité Interamericano contra el Terrorismo y la participación de las Fuerzas Armadas en la represión al “terrorismo”, el narcotráfico y el delito organizado.
La pretensión de hacer participar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad contradice la ley 23.559 sobre Defensa Nacional cuyo Titulo II, Finalidad del Sistema, establece las orientaciones que debe seguir el sistema de defensa nacional. No se prevé, en las normas que organizan el sistema de defensa argentino, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como las que la representación argentina ha propuesto para las Fuerzas Armadas. Tales tareas son propias de las fuerzas policiales y de seguridad.
Si bien la ley de Defensa Nacional puede ser modificada por otra ley, resulta inconveniente que mientras una ley se mantiene vigente, con principios claros que prohíben la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interior, se propongan en organismos internacionales como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, principios distintos a los que sostienen las leyes internas del Estado.
La experiencia latinoamericana referida a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad dio lugar a los regímenes dictatoriales que apoyaron su accionar en la doctrina de la seguridad nacional. Tal doctrina sustituyó las funciones propias de la Defensa Nacional por acciones represivas, con las ¿raves consecuencias que aún hoy se advierten en distintos países de nuestro continente.
Parecería que ahora los funcionarios del Estado Argentino proponen una nueva versión de la doctrina de la seguridad nacional sustituyendo las hipótesis de conflicto propias de la defensa nacional por tareas de seguridad interna que se les asignaría a las Fuerzas Armadas, en contra de las leyes que nos rigen.
Solicito, por las razones expuestas, la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 15/6/99. Exp. 3181-D.-99.

Pedido de informes sobre ejercicios conjuntos con el Ejército norteamericano en Misiones.

Provecto de resolución.

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
1º – Si desde 1992 se efectúan en la provincia de Misiones ejercicios conjuntos de fuerzas del Comando Sur de los EE.UU. con efectivos de la XII Brigada de Infantería y de la Gendarmería Nacional.
2° – Si el Gobierno de la Nación ha prestado su consentimiento para la instalación en la Provincia de Misiones de una base permanente de entrenamiento de efectivos de los Estados Unidos dependientes del Comando Sur.
3° – Si militares argentinos pertenecientes a la XII Brigada han participado en entrenamientos en zonas selváticas en el área de ocupación norteamericana del Canal de Panamá.
4º- Cuál es el programa acordado con el gobierno de los Estados Unidos bajo el cual tienen lugar tales actividades conjuntas.

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
Según informaciones periodísticas, el Comando Sur del Ejercito de los Estados Unidos proyectaría instalar en la selva misionera una base regular de entrenamiento para sus efectivos.
Este paso, que requeriría necesariamente el acuerdo del gobierno de la República Argentina, se daría en continuidad con actividades con juntas que desde 1992 se habrían realizado en esa provincia con la participación de efectivos norteamericanos y tropas argentinas de infantería de monte de la XII Brigada de Infantería pertenecientes a los regimientos con asiento en Apóstoles, San Javier, Santo Tomé, Iguazú. Curuzú Cuatiá y Formosa y fuerzas especiales de la Gendarmería.
Asimismo efectivos argentinos de la XII Brigada habrían participado en entrenamientos similares que tuvieron lugar en la zona del Canal de Panamá bajo la conducción del Comando Sur estadounidense.
En nuestro país los ejercicios habrían tenido lugar en San Javier, Bernardo de Irigoyen e Iguazú, zonas limítrofes con Brasil y en el último caso también con Paraguay.
Según la información los efectivos estadounidenses ingresan con sus equipos y permanecen en el monte misionero aplicando tácticas de supervivencia. Con la instalación de su base en la misma zona, superarían un problema logístico que hasta ahora limita la expansión de sus actividades.
De confirmarse esta información, también cobraría fuerza la versión que atribuye al Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas la intención de reemplazar sus bases operativas en la zona del Canal de Panamá, que deberá desalojar a fin del presente año, por bases similares distribuidas en distintos países latinoamericanos, entre los que se encontraría la República Argentina.
Un proyecto que intenta instalar una base militar extranjera en el territorio de nuestro país afecta nuestra soberanía y dificulta una estrategia de defensa común con los países limítrofes.
Por todo ello solicitamos de la Honorable Cámara la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 15/6/99. Exp. 3181-D.-99.

Reincorporación del personal de la Armada que participó de la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en 1972.
Proyecto de ley.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reincorporase en situación de retiro al personal de la Armada que participó en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada el 17 de noviembre de 1972, o que fue sometido a Consejo de Guerra con motivo de esa sublevación y que fuera dado de baja.
Art. 2° – Se asciende dos grados, con relación a la situación de revista existente al 17 de noviembre de 1972, a los oficiales y personal subalterno comprendido en el artículo Iº.
Art. 3º – El personal comprendido en la presente ley deberá presentar su solicitud de reincorporación ante el Ministerio de Defensa en el plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.
Ar. 4º – En caso de fallecimiento y/o desaparición forzada la solicitud de reincorporación podrá ser presentada por los herederos.
Art.5º – La reincorporación no dará lugar a remuneración alguna correspondiente al período comprendido desde la fecha en que se hizo efectiva la baja y el comienzo de la vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1972 se sublevaron en la Escuela de Mecánica de la Armada oficiales, suboficiales y conscriptos, en apoyo al regreso al país del Teniente General Perón. Grupos sublevados alcanzaron a salir de esa unidad de la Armada con armamentos que fueron llevados a Lomas de Zamora con intención de ser distribuidos en la población.
Como consecuencia de esa sublevación se detuvo a oficiales y suboficiales que participaron en forma directa en el levantamiento y a oficiales que distribuidos en distintas unidades de la Armada pertenecían a la Juventud Peronista y propugnaban el restablecimiento del orden constitucional a través de la convocatoria a elecciones libres sin proscripciones. El levantamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada tenía como objetivo la consolidación de ese proceso.
Oficiales y suboficiales que participaron en ese levantamiento fueron sometidos a Consejo de Guerra y, con el restablecimiento del orden constitucional y la sanción de la lev de amnistía N° 20.508, mantuvieron su grado permaneciendo en disponibilidad. A partir del Iº de julio de 1974, en forma sucesiva, los oficiales fueron dados de baja por haber participado en el levantamiento de la Escuda de Mecánica de la Armada, en contra de las expresas disposiciones de la ley de amnistía.
La ley 20.508 en su artículo 5º establecía que ‘’la presente amnistía extingue en todos los casos no solamente las consecuencias penales de los hechos a que se refiere, sino también otras sanciones que correspondieran a los mismos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento para efectuar las reincorporaciones y restitución de derechos, dejando sin efecto las bajas dictadas en virtud de los artículos 175 y 178 del Código de Justicia Militar cuando correspondiere”.
El artículo 8º en su inciso e) establecía que “en las causas concernientes a militares, en trámite ante los tribunales castrenses o sentenciados por éstos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas” debía resolver sobre la aplicación de la ley de amnistía. En cumplimiento de esta norma el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas amnistió a quienes participaron en el levantamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Pero en contradicción con las normas vigentes en ese momento el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 281/74 que dispuso la baja de oficiales de la Armada por haber participado en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada.
A lo largo de nuestra historia han sido varias las leyes de amnistía que se sancionaron como consecuencia de los conflictos políticos que se vivieron. En todas ellas estuvo incluido el personal militar.
Desde 1955 se sancionaron las siguientes leyes o decretos leyes:
-Decreto Ley 63/55 – 26/9/1955.
-Decreto Ley 3433/55 – 21/11/1955.
-Decreto Ley 6009/56 – 4/4/1956.
-Ley 14.436 – 23/5/1958.
-Decreto Ley 7602/63 – 12/9/1963.
-Decreto Lev 7603/63 – 12/9/1963.
-Decreto Ley 7604/63 – 12/9/1963.
-Decreto Ley 18.325 – 29/8/1969.
-Decreto Ley 18.393 – 15/10/1969.
-Decreto 1332/73 – 21/9/1973.
-Ley 20.508 – 28/5/1973.
-Ley 21.230 – 28/10/75.
-Ley 22.962 – 4/11/1983.
-Ley 23.040 -29/12/1983.
Específicamente, la situación del personal militar estuvo considerada por las siguientes normas:
-Decreto Ley 690/55 – 21/10/1955.
-Decreto Ley 6913/55 – 13/10/1956.
-Decreto Ley 375/57 – 15/2/1957.
-Decreto Ley 379/57 – 25/1/1957.
-^Decreto Ley 380/57 – 25/1/1957.
-Decreto Ley 7358/57 – 22/7/1957.
-Decreto Ley 12.861/57 – 19/11/1957.
-Decreto Ley 7390/57.
-Decreto 64/65.
-Decreto Ley 17.576 – 29/12/1967.
-Ley 23.223 – 11/9/1985.
-Ley 24.110 – 1/9/1992.
Se observa, en consecuencia, que a lo largo de nuestra historia se contempló la situación del personal militar sancionado o dado de baja por razones políticas. En la mayoría de las normas se los restituyó en el grado en situación de retiro, o se los ascendió uno o dos grados.
La excepción está referida al caso que motiva el presente proyecto de ley. Quienes participaron en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada fueron dados de baja, en contra de la ley de amnistía 20.508 permaneciendo hasta hoy, pese al tiempo transcurrido y a leyes posteriores que también contemplaron la situación del personal militar, sin haber sido reincorporados a la Armada.
El proyecto que someto a consideración de la Cámara es un acto de reparación histórica, pero también una exigencia legal.
Uno de los oficiales dado de baja que en 1972 tenía el grado de Guardiamarina efectuó la correspondiente reclamación judicial obteniendo una sentencia favorable que declaró la nulidad del decreto que dispuso su baja y ordenó su incorporación con el grado de Teniente de Fragata en situación de retiro.
Por decreto 936/89 se dio cumplimiento a resolución judicial. En los considerandos del decreto se lee: “ (…) Que, con fecha 3 de noviembre de 1988 la sala N° 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 10 de marzo de dicho año, falló, en dicha causa, declarando la nulidad del Decreto 281/74, en lo que atañe al actor; corresponde abonarle los haberes caídos desde cinco años anteriores a la fecha de promoción de la demanda, en razón del plazo de prescripción previsto en el artículo 4027 del Código Civil, debidamente actualizados conforme lo disponen las Leyes 22.328 y 22.948, así como otorgarle dos grados más en retiro al que ostentaba, o sea el de Teniente de Fragata, reconociéndole, a los efectos del haber de retiro, en la situación del artículo 78 inciso Io apartado a) de la Ley 19.101 (arts. 4 y 11 incisos b) y J) del Decreto 1332/73).”
Tomando en cuenta este antecedente un grupo de ex guardiamarinas efectuó ante la justicia un reclamo similar pero por aplicación de las normas del derecho interno argentino se resolvió que la acción estaba proscripta. Esa resolución motivó que se efectuara la correspondiente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -caso 11.708- que actualmente se encuentra en trámite. Un intento de las partes por llegar a un acuerdo amistoso según lo establecido por el artículo 48.1 f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha prosperado, por la oposición del Estado Argentino.
Por lo tanto nos encontramos ante la posibilidad cierta de que el Estado Argentino sea sancionado por los organismos del sistema interamericano de Derechos Humanos por violación del Pacto de San José de Costa Rica ya que no se reconocería un plazo de prescripción durante un gobierno de facto en el que no rigió el estado de derecho.
En el presente proyecto se propone el reconocimiento de dos grados superiores en relación a la situación en la que revistaba el personal de la Armada el día 17 de noviembre de 1972. Se establece también que la reincorporación no dará lugar al cobro de remuneraciones en forma retroactiva, la que sí tendrá lugar a partir del momento en que entre en vigencia la ley para las personas que efectúen ante el Ministerio de Defensa la solicitud de reincorporación.
En definitiva, el presenta proyecto de ley es un reconocimiento a quienes fueron protagonistas de un hecho histórico que en su momento tuvo su reconocimiento popular pero que no han sido reincorporados a la fuerza a la que pertenecían.

Presentado el 15/9/99. Exp. 5.124-D.-99.

Pedido de informes sobre el decreto 858/99 que reglamenta el diseño de la Bandera Oficial de la Nación.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
Iº-Razones que ha tenido el Poder Ejecutivo para determinar las características de las telas con las que debe confeccionarse la Bandera Oficial de la Nación según el decreto 858/99.
2º- Razones por las cuales el Poder Ejecutivo ha fijado como fecha para que dejen de usarse las banderas que no reúnen las especificaciones técnicas establecidas por el decreto 858/99 el 20 de junio del año 2000.
3º- Si el Poder Ejecutivo ha efectuado el cálculo de los gastos que deberá efectuar el Estado para cambiar la totalidad de las banderas actualmente en uso.
4º- Si el costo de cada bandera confeccionada con el tipo paño exigido por el decreto 858/99 es por lo menos cinco veces mayor que las confeccionadas con los paños que actualmente se usan.
5º – Si existe una única empresa -Antártida Argentina- en condiciones de fabricar las banderas con las especificaciones técnicas exigidas por el decreto 858/99.
6º- Si existe un único proveedor del colorante que se exige en el decreto que seria una empresa alemana Internacional BASF.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo con fecha 9 de septiembre de 1999 (B.O. 12/8/99), sancionó el decreto 858/99 que establece las condiciones, especificaciones técnicas v códigos químicos correspondientes a los colores y materiales de la Bandera Oficial de la Nación, de la Bandera de Ceremonia y de la Escarapela Nacional.
En el artículo 3º del decreto se establece la obligatoriedad de las normas del decreto a partir de su sanción y otorga un plazo hasta el 20 de junio del año 2000 para reemplazar en los organismos nacionales y provinciales la bandera actualmente en uso.
La sanción del decreto 858/99 significa el cambio de las banderas en uso, sin que se adviertan las razones para establecer un plazo -breve para esa renovación, sin esperar el desgaste de las que se encuentran en uso en un plazo más amplio.
Pero más allá de las especificaciones técnicas referentes al color y formato de la bandera, pareciera que mediante la exigencia de un tipo determinado de paños y el colorante que debería utilizarse se establece un virtual monopolio para la confección de las banderas ya que sería una sola la empresa en condiciones de fabricarlas y una empresa extranjera la única en condiciones de proveer los colorantes.
Las exigencias técnicas que establece el decreto 858/99 significan al Estado un gasto difícil de calcular. Una bandera de 0.90 x l,50mts. en poliamida de nailon puede costar $ 9,00. En cambio, con el material poliéster que exige el decreto, el Ministerio de Cultura y Educación, según licitación 1/97, expediente 7.291-5-96, cuya apertura se efectuó el 3/1/97, se compraron mil banderas a $84,00 cada una. Es decir, según las exigencias del decreto, el precio de la bandera aumentaría más de ocho veces. El Congreso de la Nación, a través de la Dirección de Ayuda Social para el Personal, según contratación directa 15/99, habría recibido la misma cotización.
También las exigencias del decreto presentan dificultades en la impresión del sol, al establecer que debe estar estampado a ambos lados “de manera que sus dieciséis rayos flamígeros estén orientados en el sentido que giran las agujas del reloj, sea cual fuere el lado de que se la observe, ya que el símbolo de que se trata no tiene anverso ni reverso” (Anexo al decreto 858/99. Normas aclaratorias sobre el Sol de la Bandera Oficial de la Nación). Con el tipo de tela que se exige deben hacerse dos impresiones con rayos en igual sentido, mientras que en la actualidad se hace una sola impresión.
En definitiva, parecería que a través del decreto se pretende establecer un monopolio que beneficia a una empresa argentina y a un proveedor extranjero y que exige tanto al estado nacional como a las provincias efectuar gastos que resultan injustificados.
Presentado el 22/9/99. Exp. 5.295-11-99.

Devolución de condecoraciones entregadas por el ex dictador chileno.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que se dirija a los miembros de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa o de cualquier otro organismo del Estado que en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas hubiesen recibido condecoraciones, medallas o diplomas firmadas o entregadas por el ex dictador chileno, cuando se desempeñaba como Presidente de facto de la República de Chile o como Comandante en Jefe de sus Fuerzas Armadas para solicitarles que. teniendo en cuenta la colaboración prestada por el general Pinochet a las Fuerzas de Tarcas Británicas durante la guerra de Malvinas, consideren la conveniencia de devolver dichas condecoraciones, medallas o diplomas al Congreso de la República de Chile, expresando el deseo de recibir esas distinciones de los representantes del pueblo chileno si ellos lo consideran oportuno.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

Informaciones periodísticas recientes dan cuenta de un discurso pronunciado por la ex primer ministro de Gran Bretaña reivindicando la ayuda militar brindada a su país durante la guerra de Malvinas por el gobierno de Chile. En esta oportunidad hizo mención a un hecho significativo que destaca la importancia estratégica y táctica que representó para la fuerza aeronaval y de desembarco británica esa ayuda y su papel fundamental para facilitar la derrota argentina.
La ex primer ministro británica recordó una de las victorias tácticas más importantes de la Fuerza Aérea Argentina, el 8 de junio de 1982. Ese día, aviones argentinos averiaron, incendiaron y hundieron buques ingleses de transporte de tropas y apoyo logístico en Bahía Agradable, provocando el mayor número de bajas inglesas de toda la campaña en un solo ataque.
Se dio a conocer por vez primera que dicha acción fue posible porque el sistema chileno de inteligencia electrónica instalado en la región austral, cuyos radares controlaban la salida de las misiones de ataque aéreo argentino hacia Malvinas, dejó de operar ese 8 de junio por necesidades de mantenimiento.
Anteriores ataques argentinos habían sido advertidos con anticipación por el dispositivo de radares chilenos al mando ingles, provocando bajas argentinas que fueron muy altas en pilotos de aviones derribados.
La ex primer ministro británica agregó que no revelaría otros servicios de apoyo brindados por el ex dictador durante la guerra de Malvinas, pero aseguró que fueron fundamentales para garantizar la victoria inglesa y salvar vidas de soldados, pilotos y marinos británicos.
A pesar de que no es la primera vez que la ex primer ministro se refiere a la activa participación del Gobierno chileno a favor de Gran Bretaña durante el conflicto de Malvinas, nunca había revelado secretos de Estado sobre la modalidad específica de esa participación. Resulta altamente agraviante para la memoria de los ex combatientes argentinos caídos o heridos en acción, saber que el arrojo con que se comportaron en combate fuera traicionado por quien había declarado la posición de su ilegítimo gobierno como “neutral” frente al conflicto que se vivía.
Promover la devolución de condecoraciones, medallas o diplomas entregados o firmados por el ex dictador chileno, con el eventual fin de que sean nuevamente entregados por decisión de los representantes del pueblo chileno, tiene como finalidad afirmar la amistad, solidaridad e integración entre los pueblos chileno y argentino.

Presentado el 13/10/99. Exp. 5.670-D.-99.

Diseño y proporciones de la Bandera Oficial de la Nación.

Proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo Iº – La Bandera de la Nación Argentina creada por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, aprobada por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816 y, reunido en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818, tendrá los colores y proporciones que se establecen en la presente ley.
Art. 2º – Tendrá tres franjas horizontales de igual tamaño, dos celestes y una blanca en el medio.
Art. 3º – En el centro de la franja blanca se reproducirá el sol pintado que se encuentra grabado en la primera moneda argentina acuñada por ley de la Asamblea Constituyente del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en la moneda de oro de 8 escudos y de plata de 8 reales.
Art. 4º -Los colores corresponderán a las normas que a continuación se indican:
a) Celeste: 1RAM azul 040 (08- x -040)
b) Amarillo: IRAM amarillo 070 (05- x -070) será el color del sol y de sus rayos.
c) Castaño: IRAM castaño 060, para los rasgos, circunferencia de la cara del sol, eje de los rayos y contorno externo de estos.
Art. 5o – La bandera deberá mantener las siguientes proporciones:
a)El largo de la bandera será: L= 1,6 x a
b)El ancho de cada franja será: F= a h- 3
c)El diámetro interno del sol será: D= a 9
d)El diámetro para fijar la longitud de los rayos del sol o diámetro externo será: D=2,5.d
Art. 6º-Las banderas de ceremonia de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, instituciones nacionales y provinciales para uso en tierra, tendrán las siguientes características:
a)Se confeccionarán en género de seda, en paños dobles.
b)El sol irá bordado en ambos lados de la bandera, en relieve y con hilo de oro.
c)Sus medidas serán: ancho 0,90 ni., largo 1,44 m.; sol: diámetro interno (d) 0,10 m., diámetro externo (D) 0,25 m.
Las banderas de combate de los buques de la Armada Nacional, consideradas de ceremonia para uso naval, ajustarán sus medidas a las proporciones establecidas en el artículo 5º.
Art. 7º – Las banderas de ceremonia serán reemplazadas sin límite de tiempo y como consecuencia de su desgaste natural, debiendo las nuevas reunir las condiciones que se establecen en la presente ley. Las banderas que no son de ceremonia y que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley podrán ser utilizadas hasta el 20 de junio del año 2003.
Art. 8º – Tendrán derecho a usar la Bandera de la Nación Argentina el Gobierno Nacional, los Gobiernos de las Provincias y los particulares.
Art. 9º – : Quedan derogados el decreto 858/99 y toda norma que se oponga a la presente ley
Art.10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

Ei 8 de agosto de 1999 el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 858/99 (B.O. 12/8/99) que establece las condiciones, especificaciones técnicas y códigos químicos, correspondientes a los colores de la Bandera Oficial de la Nación, la Bandera de Ceremonia de la Nación y de la Escarapela Nacional.
En los considerandos del decreto se menciona al decreto 10.302/44 (B.O. 10/ 5/44) que estableció los patrones de los símbolos nacionales, Bandera, Banda Presidencial. Escudo Argentino e Himno Nacional, que es la norma vigente que con mayor sistematicidad reglamenta los colores y las proporciones de la bandera. El decreto 858/99 es complementario del decreto 10.302/44 , conteniendo mayores especificaciones técnicas en el Anexo que acompaña el decreto.
Ciertas condiciones exigidas por el decreto 858/99 y la falta de determinación exacta de las proporciones de la bandera aconsejan la derogación de la referida norma y el establecimiento, por ley, de los colores y las proporciones que definen a la Bandera de la Nación Argentina,
El 27 de febrero de 1812 Belgrano creó la Bandera Nacional con los colores celeste y blanco: “Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola la mandé hacer blanca v celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de V.E.”. (Mitre. Bartolomé. Historia de Belgrano y la independencia argentina. Buenos Aires, EUDEBA. 1968. T” II. p. 31).
Previamente el Triunvirato, el 18 de febrero de 1812 había declarado obligatorio el uso de la escarapela “blanca y azul celeste”:
“En acuerdo de hoy se ha resuelto que desde esta fecha en adelante se haga, reconozca y use por las tropas de la patria, la escarapela que se declara nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata y deberá componerse de los dos colores blanco y azul celeste, quedando abolida la vieja con que antiguamente se distinguían” (Registro Oficial de la República Argentina. Buenos Aires. Imprenta de la República, 1879, T° I. p. 139).
Estos colores fueron ratificados por el Congreso de Tucumán en su sesión del 25 de julio de 1816 resolvió:
“DECRETO:
“Elevadas las Provincias Unidas de Sud América al rango de una nación, después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente, y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Francisco Narciso de Laprida, Diputado Presidente. Juan José Paso, Diputado Secretario” (Ravignani Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas 1813-1898 , T° I , p. 238).
Trasladado a Buenos Aires, el Congreso aprobó nuevamente la bandera en su sesión del 25 de febrero de 1818:
“El señor Chorroarin comisionado para abrir dictamen sobre las notas del P.E. en orden a la diferencia de las banderas nacionales, y a la divisa de los Generales en campaña, expuso sobre lo primero, que era de parecer que sirviendo para toda nacional los dos colores blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrada fuese distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio de ella: cuyo proyecto, adoptado por la sala después de algunas reflexiones, quedó aprobado”. (Ravignani Emilio, ob. cit.. Tº, p. 345.)
Diversos estudios históricos han tratado de determinar la tonalidad del azul de nuestra bandera, que en las palabras de Belgrano y los documentos del Congreso de Tucumán aparecen como celeste.
El celeste es uno de los tonos del azul, por lo que también podría hablarse de color azul, tono celeste. Por ello cuando distintos documentos históricos se refieren al azul de la bandera, puede interpretarse que están hablando del color y no del tono, que sería el celeste.
Este tono celeste, o color azul, tono celeste, es el establecido por los decretos y reglamentos sancionados después de la organización nacional.
El decreto 943 del 9 de agosto de 1895 establece: “Sus colores son azul-celeste y blanco, como lo dispone la ley de su creación” (Registro Nacional, 1895 T° II p. 315).
El decreto del 24 de marzo de 1907 reitera: “La Bandera Nacional será usada con los colores celeste y blanco ordenados por la lev del 20 de julio de 1816 sancionada por el Congreso de Tucumán’’ (Registro Nacional 1907, Tº II, p. 315).
El decreto 10.302/44, recoge en sus considerandos los antecedentes históricos de nuestra bandera:
“La Bandera Oficial de la Nación es la bandera con sol, aprobada por el Congreso de Tucumán, reunido en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818. Se formará según lo resuelto por el mismo congreso el 20 de julio de 1816, con los colores ‘celeste y blanco’ con que el general Belgrano creó, el 27 de febrero de 1812, la primera enseña patria. Los colores estarán distribuidos en tres fajas horizontales, de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca en el medio. Se reproducirá en el centro de la faja blanca de la bandera oficial el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y de la de plata de ocho reales que se encuentra grabado en la primera moneda argentina, por ley de la Soberana Asamblea General Constituyente del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas. El color del Sol será el amarillo del oro” (Boletín Oficial, 15/5/44).
Estos antecedentes históricos y legales concuerdan con el cuadro realizado en Londres en 1815 por el pintor François Casimir Carbonier donde aparece la bandera celeste y blanca pintada con esos colores por indicación de Belgrano.
No hay dudas, entonces, que nuestra bandera es celeste y no azul, y toda referencia al azul, que pueda encontrarse en documentos históricos, esta referida al color y no al tono que es el celeste.
El decreto 858/99, cuya derogación se propone en el presente proyecto de ley, establece un tipo determinado de tela para la confección de la Bandera. El código químico de los colores continúan siendo celeste y blanco.
El provecto establece los colores y las proporciones de la bandera y elimina las dos banderas que aún subsisten, la “bandera oficial”, o “bandera mayor” o “bandera de guerra” con sol y la bandera sin el sol. Según el artículo 3º del decreto 10.303/44 los particulares podían utilizar “solamente los colores nacionales en forma de bandera, sin sol, de escarapela o de estandarte”. Este artículo fue derogado por la ley 23.208 que autorizó el uso de la bandera oficial también a particulares.
No se justifica, entonces, la subsistencia de dos banderas cuando han perdido vigencia las razones históricas que llevaron a esa diferencia y los particulares están autorizados a usar indistintamente las dos banderas. Se propone, en consecuencia, que la única Bandera de la Nación Argentina será la que luce el sol radiante.
En el presente proyecto para fijar los colores y las proporciones de la bandera se han tomado en cuenta los estudios que desde hace varios años viene realizando el capitán de Ultramar Jorge A. Messmer, que fueron tomados por la Prefectura Naval Argentina en la Ordenanza Marítima N° 5 del 12 de junio de 1987.
A diferencia del decreto 858/99, no se establece una tela determinada para la confección de las banderas y se fija un plazo amplio, el 20 de junio del año 2003, para la sustitución de las banderas actualmente en uso. Mientras tanto, a medida que se produzca su desgaste natural, las banderas deberán ser sustituidas de acuerdo a las normas que se establecen en el proyecto.
Mientras el decreto 858/99 admite la posibilidad de distintas proporciones entre el ancho y el largo de la bandera (de uno por uno y medio a uno por dos), el presente proyecto establece una sola proporción 1: 1,6. La proporción 1: 1,5 autorizada por el decreto para la Bandera Oficial de la Nación es la que corresponde a un estandarte y no a una bandera. Para el establecimiento de la proporción se han tomado nuestros antecedentes históricos y la legislación de otros países.
Los colores están definidos según las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
Aproximándonos al ciento ochenta aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano y como un homenaje a su memoria, solicito a esta Cámara la aprobación del presente proyecto de ley que unifica el diseño de la bandera por el creada.

Presentado el 19/10/99. Exp. 5761-D.-99.

III-ASUNTOS CONSTITUCIONALES.

-Creación de la Comisión Bicameral Permanente para el Control de Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos Delegados y Promulgación Parcial de las Leyes (proyecto de ley).

-Pedido de juicio político al presidente de la Nación (proyecto de resolución).

Creación de la Comisión Bicameral Permanente para el control de decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y promulgación parcial de las leyes.

Proyecto de ley. El Senado y Cámara de Diputados,…

I. Comisión Bicameral Permanente.

Art. I – Integración. La Comisión Bicameral Permanente prevista por los artículos 99, inciso 3 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional estará integrada por diez diputados y diez senadores. En su composición se respetará la proporción de los representantes políticos de cada Cámara.
En la renovación legislativa de cada Cámara se designarán los miembros que la integrarán. En caso de producirse alguna vacante, la Cámara correspondiente designará al reemplazante para completar el mandato. El mandato de los legisladores puede ser revocado por la Cámara.
Art. 2 – Atribuciones. La Comisión Bicameral Permanente tendrá las siguientes atribuciones:
Iº- Control de legalidad, oportunidad y conveniencia de los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional).
2º – Control de legalidad de los decretos delegados (artículo 100, inciso 12 y 76 de la Constitución Nacional).
3º – Control de legalidad del veto y promulgación parcial de las leyes (artículo 100, inciso 13 y 80 de la Constitución Nacional).
Art. 3 -Reglamento. La Comisión dictará su propio reglamento, aplicándose supletoriamente los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
Art. 4 – Quórum. Sesionará con la mitad más uno de los miembros que la integran. En caso de no reunir quórum podrá emitir despachos en minoría.
Art.5- Funcionamiento. La Comisión Bicameral Permanente continuará funcionando durante el receso del Congreso.

II. Decretos de necesidad y urgencia
Art. 6- Despacho de la Comisión. Sometido a la consideración del Congreso un decreto de necesidad y urgencia, la Comisión Bicameral Permanente procederá, en el plazo de diez días, a emitir despacho en el que se considere su legalidad, oportunidad y conveniencia. Vencido el plazo, exista o no dictamen, deberá ser tratado por las Cámaras, las que deberán expedirse expresamente sobre su aprobación o rechazo.
Art. 7 – No tratamiento por las Cámaras. Transcurridos cuarenta días desde la sanción del decreto de necesidad y urgencia sin que ambas Cámaras lo aprueben, el decreto se considerará no ratificado.
Art. 8 – No aprobación por una de las Cámaras. La no aprobación por una de las Cámaras deberá entenderse como la no ratificación del decreto de necesidad y urgencia.
Art. 9 – Simultaneidad. Las Cámaras podrán pronunciarse en forma simultánea sobre la aprobación o no del decreto de necesidad y urgencia.
Art. 10. – Modificaciones. Las Cámaras no podrán introducir modificaciones al texto del decreto de necesidad y urgencia, debiendo aprobarlo o rechazarlo.
Art. 11. – Receso. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la sanción de un decreto de necesidad y urgencia se considerará como convocatoria automática al Congreso para su consideración.
Art. 12. – Avocamiento. Sí el decreto de necesidad y urgencia no fuera remitido a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los plazos constitucionales previstos, la Comisión deberá avocarse a su tratamiento.

III. Decretos delegados.
Art. 13. – Dictamen. Los decretos delegados sometidos a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente deberán ser analizados en su legalidad en el plazo de diez días. El dictamen de la Comisión será remitido al conocimiento de las Cámaras.
Art. 14. – No aprobación. En el caso que se considere, según dictamen mayoritario de la Comisión, que el decreto delegado ha excedido los límites de la delegación, el acto delegado se tendrá por no aprobado y el decreto delegado perderá vigencia.
Art. 15. – Omisión de dictamen. Si la Comisión no emitiere dictamen en el plazo de diez días, el decreto delegado se considerará aprobado.
Art. 16. – No remisión al Congreso. Todo decreto delegado no remitido al Congreso para su consideración dentro de los plazos constitucionales se considerará no aprobado.

IV. Veto y promulgación parcial de las leyes.

Art. 17. – Dictamen. Los decretos por los que se veta y promulga parcialmente una ley sometidos a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente serán analizados en su legalidad en el plazo de diez días. El dictamen de la comisión será sometido al conocimiento de las Cámaras. Las Cámaras podrán seguir el trámite previsto por el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Art. 18. -No remisión al Congreso. Si el decreto por el que se veta y promulga parcialmente una ley no fuere remitido al Congreso dentro de los plazos constitucionales, la comisión podrá abocarse a su tratamiento.

V. Disposiciones complementarias.

Art. 19. – Decretos de necesidad y urgencia anteriores. Los decretos de necesidad y urgencia sancionados con anterioridad a la constitución de la Comisión Bicameral Permanente que no fueren aprobados dentro de los cuarenta días se considerarán no ratificados.
Art. 20. – Decretos delegados anteriores. La Comisión Bicameral Permanente dictaminará en el plazo de cuarenta días sobre la aprobación o no de los decretos delegados sancionados con anterioridad a su constitución. El Congreso deberá determinar los efectos jurídicos de los decretos delegados no aprobados.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

La reforma constitucional de 1994 autorizó al Poder Ejecutivo a sancionar decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3º de la Constitución), admitió las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo (artículo 76 de la Constitución) y autorizó la promulgación de las leyes parcialmente vetadas (artículo 80 de la Constitución). Para el control del ejercicio de esta competencia legislativa la Constitución prevé la formación de la Comisión Bicameral Permanente con la exigencia de que en su composición se deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara (artículo 99, inciso 3º de la Constitución).
El texto constitucional pudo haber reglamentado las funciones de la Comisión Bicameral Permanente, pero las referencias a la misma se hacen en las normas referidas a los decretos de necesidad y urgencia y al jefe del Gabinete de Ministros. Pudo habérsele otorgado también otras funciones durante el receso del Congreso, tal como está previsto en otros textos constitucionales, perdiéndose, al no hacerlo, una verdadera oportunidad histórica.
Del texto constitucional surge que la Comisión Bicameral Permanente tiene una doble función: a) la de asesoramiento en materia de decretos de necesidad y urgencia; b) la de control de la legalidad en el caso de los decretos delegados y del veto y promulgación parcial de las leyes.
La finalidad de la inclusión de estas normas en la Constitución fue la de limitar el poder presidencial. Pero el reconocimiento expreso de facultades que con anterioridad no le eran reconocidas al Poder Ejecutivo por gran parte de la doctrina y el no funcionamiento del órgano encargado de controlar su competencia legislativa alteraron el principio de división de poderes, propio de un sistema presidencialista como el nuestro, en favor del Poder Ejecutivo y en detrimento de los poderes Legislativo y Judicial.
Con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, que con anterioridad no tenían reconocimiento constitucional, se intentó poner límites a la práctica adoptada por el Poder Ejecutivo de reemplazar las atribuciones legislativas del Congreso por la sanción de decretos de necesidad y urgencia. Esta práctica alcanzó a partir de 1989 niveles desmesurados.
Si observamos nuestra historia constitucional, vemos que desde J853 hasta 1983 se sancionaron aproximadamente 18 decretos de necesidad y urgencia. Desde 1983 hasta 1989 se sancionaron unos 10. Un estudio publicado poco antes de la Reforma Constitucional de 1994 indicaba que a partir de julio de 1989 se habían sancionado 308 decretos de necesidad y urgencia (Ferreira Rubio Delia y Goretti Matteo, Gobierno por decreto en Argentina (1989-1993), “El Derecho”, 27/6/94). Aun cuando los datos indicados pueden incluir decretos delegados, por lo que el número de decretos de necesidad y urgencia disminuiría, las cifras demuestran la ruptura del principio de división de poderes, con grave alteración del sistema constitucional.
Las limitaciones impuestas al Poder Ejecutivo en materia de decretos de necesidad y urgencia por la reforma constitucional de 1994 no lograron el efecto deseado. Desde la Reforma Constitucional de 1994 hasta septiembre de 1997 se habían sancionado unos 41 decretos de necesidad y urgencia (Dos años de decretos de necesidad y urgencia, Nidia Fariña Cicero, “La Ley”, Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 31 de mayo de 1997 y El ejercicio de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo, Ramón Torres Molina, “La Ley”, 22 de julio de 1997). En todos los casos no se cumplió con las exigencias constitucionales, ya que no existían las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes (artículo 99, inciso 3o de la Constitución).
El Poder Ejecutivo reemplazó la voluntad del Congreso alterando así el principio de división de poderes.
Con anterioridad a la Reforma Constitucional de 1994 y aún cuando una parte importante de la doctrina los consideraba inconstitucionales, los decretos de necesidad y urgencia tuvieron convalidación judicial en el caso Peralta, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para determinar su constitucionalidad, consideró la existencia de una situación de emergencia y la ratificación presunta del Congreso, si este no se expedía en sentido contrario al decreto (CS, 27 de diciembre de 1990, “La Ley”, 1991, p. 141).
La doctrina sustentada por la Corte en el caso “Peralta” no es de aplicación después de la reforma constitucional de 1994. Una situación de emergencia debe ser acompañada por la imposibilidad de seguir los trámites para la sanción de las leyes, según lo establece ahora el texto constitucional. Tampoco puede considerarse la existencia de una voluntad presunta del Congreso, ya que el artículo 82 de la Constitución prohíbe la aprobación ficta de las leyes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también convalidó las decisiones del Poder Ejecutivo que promulgaban leyes parcialmente vetadas y estableció los criterios jurisprudenciales para que las delegaciones legislativas pudieran considerarse constitucionales (delegación impropia); la reforma constitucional de 1994 fijó principios generales contrarios a las delegaciones legislativas (“se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”) y a la promulgación de las leyes parcialmente vetadas (“los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante”) en los artículos 76 y 80 de la Constitución Nacional, pero a continuación admitió las excepciones. En el caso de los decretos delegados la norma constitucional establece que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente y en lo relativo a la promulgación de las leyes parcialmente vetadas dice que será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
El proyecto que se somete a la consideración del Congreso se refiere en primer lugar a la constitución y funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente. Fija la norma de procedimiento para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y promulgación de leyes parcialmente vetadas, pero, a diferencia de otros proyectos que fueron presentados a las Cámaras, no se refiere a las materias que pueden o no ser objeto de decretos de necesidad y urgencia o decretos delegados, o al contenido de las promulgaciones de leyes parcialmente vetadas, ya que tales temas están expresamente previstos por la Constitución, no pudiendo el legislador ni ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo, ni restringirlas.
Tal como surge del texto constitucional, la Comisión Bicameral Permanente tiene una función de asesoramiento a ambas Cámaras con relación a los decretos de necesidad y urgencia y de contralor en lo referido a los decretos delegados y al veto y promulgación parcial de las leyes.
En lo referido a los decretos de necesidad y urgencia, el texto que se propone establece que la Comisión debe emitir un despacho en el plazo de diez días, pero que si ese despacho no se produce, el decreto podrá ser considerado por la Cámara.
Si transcurren cuarenta días desde que el decreto fue sancionado, sin ser aprobado por ambas Cámaras, el decreto se considerará como no ratificado.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, excluyéndose la sanción tácita o ficta, y teniendo en cuenta el procedimiento constitucional para la sanción de las leyes, que implica la voluntad coincidente de ambas Cámaras, se propone que la no aprobación por una de las Cámaras implique la no aprobación del decreto de necesidad y urgencia, por lo que las Cámaras pueden pronunciarse en forma simultánea sobre el decreto de necesidad y urgencia.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los decretos de necesidad y urgencia, se considera en el proyecto que las Cámaras no puedan introducirles modificaciones, debiendo aprobarlos o no. Cualquier modificación de las normas establecidas por el decreto de necesidad y urgencia constituye otro acto legislativo, que debe seguir el trámite establecido por la Constitución para la formación y sanción de las leyes.
La sanción por parte del Poder Ejecutivo de un decreto de necesidad y urgencia implica la convocatoria automática del Congreso, si éste estuviere en receso, para su consideración (artículo 11 del proyecto), pudiendo la Cámara abocarse a su tratamiento, en caso de que el Poder Ejecutivo omitiera remitirlo a la Comisión Bicameral Permanente.
En lo relacionado con los decretos delegados, puesto que las bases de la delegación ya han sido dadas en la ley sancionada por el Congreso, se proponen para la Comisión facultades de control de legalidad, es decir analizar si el Poder Ejecutivo no se ha excedido en los límites de la delegación, facultando a la Comisión, por mayoría, declararlo así, en cuyo caso el decreto delegado perderá vigencia. En caso de que la Comisión no emita dictamen, el decreto delegado se considerará aprobado.
Habiendo sido previa la intervención del Congreso a la sanción del decreto delegado (a diferencia del caso de los decretos de necesidad y urgencia), el silencio de la Comisión se entiende como aprobación.
En el caso del veto y promulgación parcial de las leyes, la Comisión Bicameral Permanente producirá dictamen, debiendo la Cámara seguir el procedimiento establecido por el artículo 83 de la Constitución.
Finalmente, en el proyecto se propone el trámite a seguir con los decretos de necesidad y urgencia y con los decretos delegados sancionados con anterioridad a la constitución de la Comisión Bicameral Permanente.
Trámite Parlamentario Nº222. Período Parlamentario 1997. Reproducido el 4/3/99. Exp. 358-D.-99.

Pedido de juicio político al presidente de la Nación.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Promover juicio político al señor presidente de la Nación por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nacional, por usurpar funciones propias del Poder Legislativo en la sanción de decretos de necesidad y urgencia.

Presentado el 2 7/4/99. Exp. 1.973-1).-99.

IV-LEGISLACION PENAL.

-Modificación a la ley 23.077 de defensa del orden constitucional (proyecto de ley).

– Observaciones al proyecto de ley sobre portación y tenencia de armas.

Modificación a la ley 23.077 de defensa del orden constitucional.

Proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…

DEROGASE EL TITULO II DE LA LEY 23.077.

Artículo 1° – Derogase el título II de la lev 23.077.
Art. 2º – Las personas condenadas en juicios en los que se aplicó el procedimiento establecido por el título II de la ley 23.077 y en los que no tomó intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tratamiento del recurso extraordinario, podrán interponer recurso de casación dentro de los treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
En el año 1984 el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.077 que derogó la legislación represiva, modificó artículos del Código Penal, incorporó tipos penales que penaban los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática y estableció normas de competencia y procedimiento para el juzgamiento de estos delitos.
La ley sancionada por el Congreso siguió los lineamientos del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo el 13 de diciembre de 1983 al que se le introdujeron modificaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado.
El proyecto que se somete a consideración del Congreso propone la derogación de las normas de competencia y procedimiento que se establecieron para el juzgamiento de los delitos de atentados contra el orden constitucional y a la vida democrática y en cumplimiento de las normas constitucionales y resguardo de la doble instancia se habilita a las personas que fueron condenadas en juicios en los que se siguió el procedimiento establecido por la ley que se deroga y en los que no intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a interponer el recurso de casación contemplado por nuestra ley procesal.
Cuando el Poder Ejecutivo elevó a la Cámara de Diputados el proyecto que posteriormente fue sancionado, se señalaban los inconvenientes de establecer para un determinado tipo de delitos un procedimiento especial de aplicación parcial.
Decía el Poder Ejecutivo en esa oportunidad:
“…las leyes de excepción, en materia tan delicada como la persecución penal, siempre han creado hostilidades y diferencias para uno y otro lado de la balanza, y han sido criticadas con éxito, tanto creando argumentos aparentes cuanto serios.
”Es por ello que lo recomendable en la materia es el estudio profundo de una modificación sustancial en la organización judicial y en el sistema de administrar la justicia penal.
’’Ello, sin embargo, requiere tiempo y dedicación, y en un estado verdaderamente republicano, discusión parlamentaria previa y profunda de los proyectos preparados. Esta circunstancia representa un inconveniente frente a la necesidad de contar rápidamente con una herramienta eficaz para la protección de las instituciones democráticas, y autoriza a pensar en la posibilidad de habilitar un procedimiento moderno, de aplicación específica a las infracciones que se han mencionado anteriormente, debiéndose prevenir el riesgo del fracaso por utilizar una organización judicial deficiente para encarar estos casos.
’’Según se dijo anteriormente es preciso contar con una ley procesal penal que permita cierta efectividad en la persecución de los delitos mencionados, a la par de asegurar para los imputados las garantías republicanas del debido proceso legal”. (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, febrero de 1984, página 1101.)
Casi quince años después, las razones que el Poder Ejecutivo invocaba para establecer normas procesales especiales de aplicación parcial han desaparecido. La ley 23.984 sancionada en 1991 que aprobó el Código Procesal Penal de la Nación, establece el enjuiciamiento de los delitos mediante un debate oral, público, contradictorio y continuo, por lo que no se justifica que continúe en vigencia el título II de la ley 23.077.
Ya en 1984 el dictamen de la minoría de la Cámara de Diputados no aceptaba el procedimiento especial y proponía que para el juzgamiento de estos delitos fuese competente el juez federal con jurisdicción en el lugar del hecho. (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, febrero de 1994, pág. 1097.) Los diputados que firmaban el despacho de minoría decían en sus fundamentos: “En cuanto al procedimiento, hemos discrepado in totum con el dictamen de la comisión en mayoría, insistimos en nuestra postura de evitar los procedimientos especiales que -en el caso de nuestro país- podemos afirmar, son de triste memoria” (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, febrero de 1984, pág. 1098).
Habiéndose modificado los presupuestos legales que llevaron a la sanción del título II de la ley 23.077 se propone su derogación.
El artículo 87 de la ley 23.077 establece que contra la sentencia que se dicte como consecuencia del procedimiento especial, sólo se podrá interponer el recurso previsto por el artículo 14 de la ley 48. Es decir, el proceso previsto por la ley 23.077 juzga en instancia única y sólo procede el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta norma, por la naturaleza restrictiva del recurso extraordinario, contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por ley 23.054, que en su artículo 8o, inciso h) consagra como garantía judicial el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.
La contradicción entre el derecho interno argentino y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a partir de la reforma constitucional de 1994 se convirtió en norma de derecho interno con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución), fue advertida por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, cuya Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana, la condena del Estado argentino.
Decía la Comisión:
“Que declare que el Estado argentino está obligado a establecer un mecanismo ordinario que garantice la doble instancia en el procedimiento establecido por la ley 23.077 con el fin de lograr la compatibilidad de dicha norma con la Convención Americana de acuerdo a lo establecido por su artículo 2º” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Maqueda”, resolución del 17 de enero de 1995, pág. 2).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tuvo oportunidad de pronunciarse en el caso que fue sometido a su consideración por cuanto el Estado argentino conmutó la pena del condenado en única instancia, que no había tenido acceso a un tribunal superior.
En este momento se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso 11.137, en el cual se elaboró el informe 55/97 que fue dado a publicidad en el que se considera que el Estado argentino ha violado el artículo 8.2. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dice la Comisión en el informe:
“La Comisión observa que el artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. En este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder contra toda sentencia de primera instancia, con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación, de normas de derecho que determinen la parte resolutiva de la sentencia. La comisión considera, además, que para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan producido nulidad insanable o» provocado indefensión, así como la interpretación de normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas.
”De lo expuesto surge que el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes. Dicha revisión resulta especialmente relevante respecto a las resoluciones que puedan causar indefensión o daño irreparable por la sentencia definitiva, incluyendo la legalidad de la prueba. El recurso debería constituir igualmente un medio relativamente sencillo para que el tribunal de revisión pueda examinar la validez de la sentencia recurrida en general, e igualmente controlar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso.
“Por lo tanto, la comisión debe examinar la naturaleza del recurso extraordinario previsto en la ley 48, el único disponible en el procedimiento previsto por la ley 23.077, a fin de determinar si el mismo constituye un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención Americana.
“En el ordenamiento jurídico argentino, el recurso extraordinario es excepcional y se limita al fuero federal. Como tal, no es una instancia que se añade a toados los juicios, sino que funciona como una instancia nueva pero reducida y parcial, que se limita a la materia federal, frente a las sentencias arbitrarias. En última instancia, el recurso extraordinario existe para asegurar la supremacía constitucional.
”En general, la Corte Suprema de Justicia argentina interpreta de manera restringida la aplicación del recurso extraordinario. En su denegación del recurso de hecho presentado por los defensores de la causa ‘Abella’. la Corte Suprema sostuvo:
” ’5°) Que, según doctrina de este Tribunal, para satisfacer el requisito de fundamentación autónoma que exige el artículo 15 de la ley 48, el recurso extraordinario debe contener una enunciación clara y precisa de los hechos de la causa que permitan vincular a ellos las cuestiones que, como de naturaleza federal, se intenta someter a conocimiento de la Corte…
” ’6o) Que la exigencia de la fundamentación suficiente tiene por mira conocer los concretos agravios de naturaleza federal que puedan justificar la intervención del Tribunal para revisar una sentencia que ha puesto fin al proceso, y que sólo puede ser revisada en los casos específicos que marca la lev…’.
”E1 recurso extraordinario de la causa ‘Abella’ se fundó en la presunta nulidad de las actuaciones debido a irregularidades en su sustanciación, en la interpretación del artículo 21 de la Constitución Nacional, en la calificación legal de los hechos, y por último, en la valoración de las pruebas, que la defensa consideró arbitrarias. En tal sentido, cabe mencionar que en su sentencia del caso ‘Maqueda’, emitida en la misma fecha que la anterior, la Corte Suprema explicó que:
” ‘Por lo demás, lo relativo a la valoración de las pruebas y la existencia del dolo en la conducta de Maqueda constituyen acciones de hecho, derecho común y procesal, que han sido resueltas por el a quo con suficientes fundamentos de tal naturaleza, sin que corresponda al Tribunal analizar esas discrepancias dado el carácter restringido del recurso’.
”En el sistema legal argentino, la arbitrariedad de la sentencia es considerada materia federal, y por ende susceptible de revisión sólo por recurso extraordinario. Cabe notar, como ya se ha dicho, que este recurso es interpretado restrictivamente, y como consecuencia, no se considera la arbitrariedad de la sentencia porque sea errónea, o pueda discutirse en sus fundamentos.
“La Cámara Federal explicó lo siguiente en su denegación del recurso extraordinario presentado por el señor Maqueda:
” ‘..la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia. Lo contrario importará abrir una tercera instancia ordinaria en los casos en que las partes consideran equivocadas o desacertadas las resoluciones de los jueces de la causa, lo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso o en situaciones que se vinculen con la selección e interpretación de las pruebas y la aplicación del derecho que hubiese hecho de alzada… por ello este instituto sólo queda expedito en aquellas hipótesis en que la decisión, por carecer de fundamentos, merezca ser descalificada como acto judicial’.
”De lo expuesto, se entiende que el recurso extraordinario no tiene por objeto remediar decisiones supuestamente erróneas, sino sólo omisiones o desaciertos de gravedad extrema. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostiene que el recurso extraordinario no abarca la revisión del procedimiento, y que la doctrina de la arbitrariedad impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia, en la práctica, el recurso extraordinario no permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la prueba, ni permite examinar la validez de la sentencia recurrida con relativa sencillez. Es un recurso de extensión, limitado y extraordinario, de restringida procedencia, por lo que no satisface la garantía del inculpado a impugnar la sentencia”.
La contradicción entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la legislación interna argentina llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a declarar la inconstitucionalidad del artículo 459 del Código Procesal Penal de la Nación en los supuestos que impide la apelación ante el tribunal superior (ver por ejemplo, “La Ley”, 1996, A-877; “La Ley”, 1996,A-878;“La Ley”, 1996,A-887; “La Ley”, 1996, A-889, entre otros). Se resguarda así la doble instancia exigida por el Pacto de San José de Costa Rica.
El proyecto que se presenta a la consideración del Congreso incorporando el derecho a interponer el recurso de casación a aquellas personas que fueron condenadas en instancia única, sin poder ejercer el derecho de apelar la sentencia ante un juez o tribunal superior, tiene como finalidad evitar la condena del Estado argentino por los organismos internacionales por no respetarse los compromisos internacionales que fueran contraídos.
En definitiva, se propone la derogación de normas de competencia y procedimiento ya que, en nuestra legislación, existen normas de procedimiento adecuadas para juzgar la generalidad de los delitos y se posibilita, mediante este provecto, la interposición de un recurso en los casos de las personas condenadas en instancia única cuando no intervino la Corte Suprema en el tratamiento de un recurso extraordinario.

Presentado el 18/6/98. Exp. 3.889-D.-99.

Observaciones al proyecto de ley sobre portación y tenencia de armas.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
S/D.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados vengo a formular observaciones al dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, Orden del Día N° 1.781, que introduce modificaciones al decreto-ley nacional de armas y explosivos 20.429, al artículo 189 bis del Código Penal, incorpora un nuevo artículo en el Código Penal y establece un plazo para el registro de armas de uso civil en el RENAR.
Las modificaciones que se proponen introducir a la ley vigente son las siguientes:
a) Se pena con multa o arresto la simple tenencia de arma de fuego de uso civil o de uso civil condicionado sin la debida autorización.
b) Se crea el delito de portación de armas de fuego.
c) Se establece una distinción con relación a la pena que corresponde en los casos de tenencia y portación de armas de guerra, contemplados con una misma escala penal en la norma vigente.
d) Se agrava el mínimo de la pena en los casos de acopio de armas.
e) Se crea el delito de venta ilegal de armas.
El artículo 189 bis del Código Penal, que el proyecto que se observa propone modificar, fue incorporado en la legislación penal por decreto-ley 17.567 que entró en vigencia el Io de abril de 1968. Por decreto-ley 18.953 se incorporó al tipo penal la tenencia y acopio de munición de guerra. Las normas perdieron vigencia el 5 de junio de 1973 cuando por ley 20.509 el Congreso de la Nación derogó lo que se consideraban leyes represivas. Recuperaron su vigencia, con modificaciones, por ley 20.642 (Boletín Oficial del 29 de enero de 1974), precedidas por serias observaciones efectuadas por distintos sectores sociales y por los bloques de la oposición en el Senado (Diario de Sesiones, 54a reunión, 6a sesión extraordinaria, 20 de diciembre de 1973, pág. 2921) y en la Cámara de Diputados (Diario de Sesiones, 58a reunión, continuación de la 2a sesión extraordinaria [especial], 24 y 25 de enero de 1974, pág. 5491).
El artículo Iº del proyecto de ley incorpora al decreto-ley 20.429 (que el proyecto llama Ley Nacional de Armas y Explosivos) el artículo 42 bis que pena con multa o arresto “la simple tenencia de arma de fuego de uso civil o uso civil condicional sin la debida autorización” y establece la competencia para el juzgamiento de lo que llama infracción al juez nacional del lugar del hecho.
En primer término debo señalar la inconveniencia de establecer reformas al decreto-ley 20.429 sobre armas y explosivos, ya que el mismo debería ser totalmente reformulado, cuyas penas de multa y arresto, por tratarse de un decreto- ley, son inconstitucionales. Este decreto-ley fue impuesto por el gobierno de facto al gobierno constitucional que lo siguió: fue sancionado y promulgado el 21 de mayo de 1973, cuatro días antes de la entrega del gobierno.
No se advierte tampoco la razón por la cual para lo que se denomina “infracción” se establece la competencia del “juez nacional”, que en las provincias son los jueces federales. El decreto-ley 20.429, en su artículo 4º establece que las infracciones al decreto-ley se sustanciarán ante la “autoridad de fiscalización que corresponda”, las que, según los artículos 4º y 20, en las provincias, son las policías locales. La apelación se hace ante el “juez nacional”. De acuerdo al proyecto existiría entonces un tratamiento para la generalidad de las infracciones y otro distinto para la tenencia de armas de uso civil. En este caso, sin ningún criterio de razonabilidad, intervendría “en forma exclusiva y excluyente el juez nacional con competencia en el lugar del hecho”. No se advierte la razón de la exclusión de las provincias en el juzgamiento de lo que el proyecto llama infracciones.
En cuanto a la creación del delito de portación de armas de uso civil, debe advertirse que los códigos de faltas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires contemplan esa portación (en algunos casos la simple tenencia), pero con penas muy diferentes a las contempladas en el proyecto que se observa.
Por ejemplo, el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires establece en los artículos 42 a 45 penas de multa y arresto de hasta 30 días a quienes portasen armas que no estuviesen comprendidas en los alcances de la ley 20.429. El artículo 43 prevé el decomiso de las armas.
El Código de Faltas de Catamarca en el capítulo IV, faltas contra la seguridad pública, establece penas de multa para la portación de armas sin licencia y su secuestro.
El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba (ley 8.431) en su artículo 77 contempla la sanción de arresto de hasta veinte días y decomiso a quien portase armas sin contar con la correspondiente autorización.
El Código de Faltas de la Provincia del Chaco (ley 4.209) en su artículo 37 establece la pena de 15 días de arresto por la portación de armas, sanción que se deberá duplicar en los casos de portación de armas en lugares donde se reúnan personas.
El Código Contravencional de la Provincia de Chubut (ley 4.445) establece en el libro segundo, título I, “Contravenciones contra la seguridad individual”, penas de hasta 45 días de arresto en distintos supuestos de portación de armas. El artículo 64 contempla la portación de armas fuera del domicilio. En caso de concurrencia armada a una reunión de personas el arresto puede extenderse hasta 60 días.
La Ley Orgánica de la Policía de Entre Ríos (ley 3.085) contempla en su artículo 46 como una infracción la portación de armas. El artículo 48 establece que el uso del arma se penará con multa o arresto y el secuestro del arma.
El Código de Faltas de Formosa (ley 2.117) en su artículo 104 considera falta contra la seguridad personal la portación de armas. Esta falta es penada con arresto de cinco a veinte días. Constituye agravante, que eleva la pena de un tercio a la mitad, llevar un arma a una reunión de personas o la condena anterior del infractor por delitos contra las personas, atentado o resistencia a la autoridad, o delitos contra la propiedad agravados por el empleo de armas.
La ley 1.123 de la provincia de La Pampa en el título V, artículo 91, pena con multa o arresto de hasta 15 días a quien en lugares habitados o en sus proximidades dispare armas de fuego.
El Código de Faltas de la Provincia de Mendoza (lev 3.365) considera en el título X falta contra la seguridad e integridad personal la portación abusiva de armas. La portación de armas sin licencia es penada con multa. En caso de portación de armas en lugares donde se reúnen personas, o si el infractor fue condenado con anterioridad por delitos contra las personas, o la propiedad, o por atentado o resistencia a la autoridad, la pena puede llegar hasta los sesenta días de arresto.
El Código de Faltas de Misiones pena en su artículo 62 con multa o arresto de hasta 10 días la exhibición de armas. El artículo 63 pena con multa o arresto de hasta 30 días la venta ilegal de armas.
La lev 2.053 de la provincia del Neuquen legisla sobre la adquisición de armas de uso civil y la habilitación como legítimos usuarios o tenedores de las mismas. Los infractores a las normas de la ley ‘’serán sancionados de acuerdo a las previsiones de las normas que rijan la materia’’.
La Norma de Procedimientos, Aranceles, Servicios y Multas del Registro Provincial de Armas de la Provincia de Río Negro, aprobada por decreto 1.532/ 85. reglamenta el procedimiento para el cobro de las multas por infracciones a la Lev Nacional de Armas y Explosivos y su decreto reglamentario.
La ley 6.141 de la provincia de San Juan establece en su artículo 155 pena de multa o arresto por la portación abusiva de armas.
El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (ley 10) contempla la portación de arma propia (artículo 39), la entrega indebida de amia (artículo 39 bis) y el uso indebido de armas (artículo 39 ter).
Se observa, por lo expuesto, que conductas que las provincias consideran contravenciones y que sancionan con diferentes penas de acuerdo con las particularidades regionales de nuestro país, que en los casos más graves pueden llegar, con agravantes, hasta 90 días de arresto, se transforman en delitos con penas de seis meses a tres años que, aunque no se indica en el texto que se observa, serían de prisión.
Tampoco se advierte la razón por la que se establecen distintas penas con relación a la tenencia de armas de guerra y su portación, cuando el texto vigente en su tercer párrafo contempla ambos supuestos con relación a los cuales el Tribunal puede imponer diferente pena teniendo en cuenta las particularidades del caso (tres a seis años de prisión).
En cuanto al aumento del mínimo de la pena en los casos de acopio de armas el proyecto tiende, en contra de todas las tendencias de la moderna criminología y al principio de inocencia al que se le ha otorgado jerarquía constitucional (artículo 8º inciso 2º del Pacto de San José de Costa Rica), a dificultar la excarcelación de los procesados.
No efectúo observación alguna al artículo 3º del proyecto, que incorpora el artículo 189 ter al Código Penal.
El artículo 189 bis del Código Penal ha merecido serias críticas de la doctrina.
Núñez decía sobre la tenencia de armas de guerra y explosivos: “Este hecho es científicamente una contravención, porque sólo implica violaciones de una lev de policía administradora de la tenencia de dichos objetos. Su inclusión en el Código lo convierte en un delito de estructura puramente legal. Esto no impide que se pueda señalar que, olvidándose el principio seguido en los dos primeros párrafos del artículo 180 bis, se ha prescindido del elemento subjetivo que vincula este tipo de infracciones a la seguridad común” (Núñez, Ricardo C., Derecho Penal Argentino, tomo VI, Hermes Editores, Córdoba, 1975, pág. 69). De aprobarse el provecto, una conducta que con mayor razón que las consideraciones que efectuara Núñez con relación a las armas de guerra o explosivos puede ser considerada una contravención, como es la portación de armas de uso civil, se convierte en delito, sin tenerse en cuenta las particularidades regionales contempladas en los códigos contravencionales de las provincias.
No se corrige tampoco el carácter de ley penal en blanco del artículo 189 bis del Código Penal en lo relacionado con la definición de arma de guerra que nos remite a los decretos reglamentarios que pueden modificarse según el criterio del Poder Ejecutivo. Es decir, la ley penal cambia de acuerdo a las decisiones del Ejecutivo. Tampoco se modifican los tipos penales amplios contenidos en la norma (“con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común” o “sabiendo o debiendo saber”) ni expresiones no técnicas, como “bombas” que no aparecen definidas en la ley 24.429 y que constituyen “materias explosivas” contempladas en la norma.
Erróneos criterios de política criminal que consisten en considerar que la creación de nuevos tipos penales o el aumento de las penas pueden solucionar la situación de inseguridad que se vive en el país han llevado a la formulación del proyecto que se observa. Se responde así a los efectos y no a las causas de la violencia que se vive en nuestra sociedad. La adopción de esos criterios erróneos se agrava cuando se dejan subsistentes tipos penales que fueron seriamente objetados al ser incorporados al Código Penal, sin que se efectúen las debidas correcciones.
Considero, por lo expuesto, que las reformas propuestas no deben ser aprobadas.

Presentado el 14/12/98. Orden del Día N° 1.781.

V-DERECHOS HUMANOS.

-Discurso sobre la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final
-Jerarquía constitucional de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (proyecto de ley)
– Creación de la Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos (proyecto de resolución)
-Pedido de informes sobre malos tratos en la alcaldía de Melincué, provincia de Santa Fe (proyecto de resolución)
-Reconocimiento por la presentación del informe “Guatemala. Memoria del silencio ” sobre derechos humanos (proyecto de resolución)
-Traslado ilegal de un niño cubano de Estados Unidos (proyecto de declaración)

Discurso sobre la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.

Señor presidente:

A veintidós años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 venimos a esta Cámara a votar la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
En diciembre de 1986 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Punto Final, que tenía como objetivo limitar el juzgamiento de las personas que habían violado los derechos humanos. En los fundamentos del proyecto elevado, el Poder Ejecutivo se refería a la ‘’pacificación de los espíritus” y al “afianzamiento del encuentro de los argentinos”. Surgía de ellos que esa norma era una amnistía encubierta: por lo tanto contradecía lo dispuesto por el inciso 17 del artículo 67 del antiguo texto de la Constitución Nacional, que señalaba que las amnistías debían ser generales; y lo establecido por el artículo 16, es decir, el principio de igualdad ante la ley.
La Ley de Punto Final se refiere a determinadas personas, y una amnistía no puede estar dirigida a un número limitado de ellas. Tampoco hace alusión a delitos determinados, salvo la exclusión que hacía la norma en su artículo 5º.
Por otra parte, los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país fueron consecuencia del ejercicio de la suma del poder público. Por lo tanto, tales delitos no eran susceptibles de ser amnistiados por vía legislativa.
En junio de 1987 se sancionó la Ley de Obediencia Debida. Esta norma alteró el sistema vigente en relación con el principio de obediencia debida establecido en los códigos de Justicia Militar y Penal, referido a actos de servicio con apariencia de legalidad. El artículo Iº de dicha norma presume la obediencia debida sin admitir prueba en contrario. La justicia, con la aplicación de esta ley, cumplía un acto mecánico, alterándose el principio de división de los poderes.
En definitiva, según esta norma, torturar, asesinar o hacer desaparecer personas, para una determinada categoría de personas y en cierta época, no significaba un delito, sino un acto legal.
La impunidad en nuestro país finalmente alcanzó su punto máximo con los decretos de indulto dictados en 1989 y 1990. El indulto a procesados también fue un acto inconstitucional. Erróneamente, como antecedente de nuestra norma jurídica que autoriza al Poder Ejecutivo a dictar indultos, se tomó en consideración la Constitución norteamericana, que permitía indultar a procesados. Nuestra Carta Magna tiene como antecedentes las Constituciones de 1826 y 1819, que se remiten a los proyectos constitucionales de l813 y a la Constitución de Cádiz, de 1812.
Como abogado de los organismos defensores de los derechos humanos cuestioné en todas las instancias la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y los decretos de indulto. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de las normas que consagraban la impunidad en nuestro país.
También como abogado de los organismos defensores de los derechos humanos presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 1987 y enero de 1988, las dos primeras denuncias referidas a la violación del Pacto de San José de Costa Rica a raíz de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los indultos. En definitiva, luego del largo trámite a que fueron sometidas tales denuncias por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de octubre de 1992 se resolvió:
“Primero, que las leyes 23.492 y 23.521 y el decreto 1.002 de 1989 son incompatibles con los artículos 18, sobre el derecho a la justicia, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Iº, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
’’Segundo, recomendar al gobierno de la República Argentina que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el párrafo precedente.
’’Tercero, recomendar al gobierno la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.
’’Cuarto, disponer la publicación del presente informe.”
Estas causas se mantienen abiertas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, mediante la derogación de estas leyes estamos cumpliendo en parte con lo que fuera dispuesto por esa comisión.
En el análisis de lo que se ha dado en llamar “transiciones a la democracia” y su relación con las violaciones a los derechos humanos, se observa en América la siguiente realidad.
Existen auto amnistías sancionadas por diversos Estados. Como ejemplo podemos citar a Chile, que en 1978 sancionó una ley que excluyó el caso Letelier, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte en 1990. En la Argentina por medio del decreto-ley 22.924 se aplicó una autoamnistía que luego fue declarada nula por este Congreso e inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
En diferentes países de América ha habido impunidad como consecuencia de las exigencias militares. Por ejemplo, en Honduras, en 1981, mediante la sanción de una norma de parte de la Asamblea Constituyente; en la Argentina, por medio de las leyes que estamos analizando y de los decretos de indulto; en Uruguay, por la ley 15.848, que fuera fruto de un acuerdo entre los partidos políticos y las fuerzas armadas en 1984. En 1988 la Corte uruguaya resolvió la constitucionalidad de la citada ley, y en 1989, a raíz de un referéndum, el pueblo uruguayo la ratificó por pocos votos de diferencia. En Surinam existieron normas similares en 1989, aunque excluían los crímenes de lesa humanidad.
También hubo amnistía como consecuencia de los acuerdos de Esquipulas II, que afectaron a todos los países de Centroamérica. En 1987 Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua sancionaron normas de paz, pero en este último país no se aplicaron. Respeto de Nicaragua una comisión interamericana de seguimiento tuvo por objeto verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los países limítrofes, de no utilizar su territorio en contra de ese país; sí se aplicó una amnistía, por acuerdo, en los años 1988, 1989 y 1990.
Las normas de impunidad consagradas en América no deben confundirse con las amnistías que recogen el verdadero sentido del reclamo popular. Hubo amnistías que en Brasil y Uruguay favorecieron a opositores políticos de las dictaduras en 1979 y 1995, respectivamente. Esas amnistías se entroncan con algo que ha sido tradición en nuestro país: cuando se sancionaron amnistías que legitimaron hechos que tenían trascendencia histórica, como lo fueron la revo-lución de 1890, la de 1893, la de 1905 o las amnistías sancionadas en 1958 y 1963, que amnistiaron las acciones de la resistencia peronista.
Si observamos el ejemplo de otros países, también vemos que la impunidad ha sido la constante. En Francia no hubo condenas por la represión de los franceses sobre Argelia. En Estados Unidos, durante el genocidio contra el pueblo vietnamita, únicamente existió un proceso como consecuencia del exterminio de la aldea de My Lai, cuyos responsables fueron condenados a penas leves y enseguida indultados.
De Argelia y de los Estados Unidos proviene la Doctrina de la Seguridad Nacional, que es la que se aplicó en nuestro país para fundamentar los actos de terrorismo de estado y la represión de la cual fue víctima el pueblo argentino.
Únicamente los vencedores en las guerras o en las revoluciones triunfantes fueron los que sancionaron las violaciones a los derechos humanos que se habían producido con anterioridad.
Si vemos la situación de nuestro país y tenemos en cuenta los procesos que se hicieron en las juntas militares y a la policía de la provincia de Buenos Aires, observamos la diferencia fundamental que existe entre la impunidad en nuestro país y en los restantes países de América. Mientras la impunidad en los restantes países de América fue inmediata, producto de una ley o de sucesivas leyes y no hubo procesos por violaciones a los derechos humanos, en nuestro país hubo un proceso de siete años. Que llevó a través de diversas normas, a consagrar la impunidad que se había establecido en otros Estados en forma inmediata. Pero la impunidad en nuestro país no ha finalizado.
Hay una lucha contra la impunidad, y esa duración de siete años que demandó el proceso de impunidad en la Argentina fue producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, por un lado, y de todo el pueblo argentino, que reclamaba la sanción a aquellas personas que habían violado los derechos humanos en nuestro país.
Pero la lucha contra la impunidad sigue siendo algo vigente. En la actualidad se han iniciado juicios en Italia y España, se proyectan enjuiciamientos en Alemania y existen condenas en Francia y también, de naturaleza civil, en los Estados Unidos.
La derogación de las leves de Obediencia Debida y Punto Final forma parte de esa lucha contra la impunidad.
El genocidio argentino fue un crimen contra la humanidad. Hoy, al derogar la leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Cámara remueve obstáculos para que la Justicia aplique principios constitucionales: ley más benigna, irretroactividad de la lev penal y principios establecidos por la Convención contra la Prescripción de los Delitos de Lesa Humanidad.
Las violaciones a los derechos humanos han llevado en el campo internacional a dos tipos de respuesta. Una de ellas ha sido la creación de los tribunales penales internacionales, como se lha hecho con Yugoslavia y Ruanda. Si nuestro país hoy hubiese violado los derechos humanos como lo hizo hace veinte años, sin duda se habría creado en los ámbitos internacionales un tribunal penal internacional para entender sobre los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
Diversos Estados también han creado -siguiendo la experiencia argentina de la Conadep- comisiones de la verdad. Se han creado comisiones de esta naturaleza oficiales y no oficiales. Lo hizo Chile en 1990, El Salvador en 1991, Perú en 1983 y 1986, Bolivia en 1982 y Guatemala en 1997. Se crearon comisiones no oficiales en Bolivia, Brasil y Paraguay.
Frente a las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en nuestro país debe ser el Estado el que esclarezca los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. La derogación de esta norma contribuye a ello, y diversos proyectos que están siendo analizados por la Honorable Cámara -entre otros, el referido a una comisión de la verdad- contribuirán al esclarecimiento de esos delitos.
Por lo expuesto esperamos que no sean otros Estados los que resuelvan problemas pendientes de la sociedad argentina.

Sesión de 24/3/98

Jerarquía constitucional de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.

Proyecto de ley.

Art. Iº – Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (ley 24.584).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

El 26 de diciembre de 1968 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la que quedó abierta a la firma, aprobación y ratificación de los Estados. En 1995 la Convención fue aprobada por el Congreso por ley 24.584.
En la década del 50 el Estado argentino ratificó distintos tratados de derechos humanos o relacionados con los derechos humanos, como la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (decreto-ley 6.286 del 9/4/56), Convención de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (decreto-ley 14.442, del 9/8/56), Convención para la Supresión de la Trata de Personas (decreto-ley 11.925/57), Convención sobre los derechos políticos de la mujer (ley 15.786 del 7/12/60), Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (decreto-ley 7.672 del 19/9/63) y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (decreto-ley 17.722 del 26/4/68).
Estos tratados definieron la política de adhesión del Estado argentino a las normas protectoras de los derechos humanos, pero estos principios, en esa época, estaban referidos a problemas surgidos en la Segunda Guerra Mundial, que tenían una relación directa con la situación que vivían los Estados europeos y sólo una vinculación indirecta con los problemas del país.
Esa política se vio interrumpida por los gobiernos de facto que alteraron el orden constitucional. Las dictaduras que violaban los derechos humanos no podían adherir a los tratados cuya finalidad era la protección de esos derechos.
Al restablecerse el sistema constitucional en 1983, se retomó la política de adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos, pero como consecuencia de la represión y la violación a los derechos humanos que se produjeron en el país, la ratificación de los tratados tuvo directa relación con la situación de estos derechos en Argentina.
Se aprobaron en forma sucesiva: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054 del 1/3/84), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.174 del 8/5/85), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ley 23.313 del 17/4/86), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 23.313 del 17/4/86), la Convención contra la Tortura (ley 23.338 del 30/7/86), los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (ley 23.379 del 26/5/87) y la Convención sobre Derechos del Niño (ley 23.849 del 27/9/90).
La reforma constitucional de 1994 adoptó un criterio que no tiene antecedentes en el derecho constitucional comparado enumerando taxativamente las declaraciones y tratados sobre derechos humanos a los que se les otorga jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), declarándose abierta la posibilidad de que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos alcancen jerarquía constitucional por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso.
Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 el Congreso aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ley 24.546 promulgada el 11 de octubre de 1995), a la que se le otorgó jerarquía constitucional por ley 24.820 (promulgada el 26 de mayo de 1997).
El sistema de protección de los derechos humanos que establece responsabilidad del Estado ha creado órganos internacionales de control que verifican el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció como órganos competentes para controlar esos compromisos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia fue expresamente reconocida por la Argentina.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo establecen la competencia del Comité de Derechos Humanos para el control de las obligaciones establecidas por el Pacto.
La Convención contra la Tortura constituyó un Comité contra la Tortura. La Convención sobre Derechos del Niño creó el Comité de los Derechos del Niño.
Los compromisos contraídos por la Argentina hacen que los actos del Estado relacionados con los derechos humanos estén sometidos al control de organismos internacionales y obligan al Estado a promover los derechos humanos, adaptando la legislación interna a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
En cumplimiento de esa obligación del Estado de promover los derechos humanos se propone otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad que fue aprobada por el Congreso por ley 24.584, de acuerdo al procedimiento establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad considera imprescriptibles los siguientes delitos:
a)Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg del 8 de agosto de 1945 confirmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por las resoluciones 3 del 13 de febrero de 1946 y 95 del 11 de diciembre de 1946 y las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
b) Los crímenes de lesa humanidad según la definición del Estatuto del Tribunal de Nüremberg, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas citadas, que se refieren a la expulsión por ataque armado u ocupación, los actos inhumanos debidos al apartheid y el delito de genocidio definido por la Convención de 1948.
El Estatuto del Tribunal de Nüremberg considera crímenes de lesa humanidad los homicidios, el exterminio de grupos humanos, la reducción a la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos.
En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946 referida al crimen de genocidio se afirma “que el genocidio es un crimen del derecho internacional que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cómplices deberán ser castigados, ya sean estos individuos particulares, funcionarios públicos o estadistas y el crimen que hayan cometido sea por motivos religiosos, raciales o políticos, o de cualquier otra naturaleza”. Según esta declaración, estos crímenes han ocurrido “cuando grupos raciales, religiosos o políticos han sido destruidos parcial o totalmente”.
A su vez, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada el 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, define al genocidio como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal (artículo 2º).
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, referidos al trato del personal militar y civil en tiempos de guerra, definen como “infracciones graves” “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, causar deliberadamente grandes sufrimientos, atentar gravemente contra la integridad física o la salud de las personas”.
Los principios de los Convenios de Ginebra de 1949 fueron ampliados por los Protocolos Adicionales, aprobados el 10 de junio de 1977, referidos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo Adicional I) y a la de las víctimas de los conflictos armados internos (Protocolo Adicional II).
Las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la Argentina constituyen delitos de lesa humanidad, según los instrumentos internacionales a los que nos remite la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad para definir esos delitos.
Los delitos de lesa humanidad son ya imprescriptibles en el derecho argentino como consecuencia de la jerarquía superior a las leyes que tiene la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).
Para evitar conflictos con tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, cumpliendo el deber del Estado de promover los derechos humanos que establecen los instrumentos internacionales que fueron ratificados y a los veinte años de aprobada esta Convención por la Organización de las Naciones Unidas, se propone que a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se le otorgue jerarquía constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.

Presentado el 4/3/98 Exp. 307-D.-98.

Creación de la Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUF.LVE:
1° – Crear en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una Comisión de la Verdad integrada por diez diputados destinada a investigar las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el país.
2º – Los miembros de la Comisión de la Verdad serán designados por el presidente de la Cámara de Diputados respetando la representación política del cuerpo.
3º – Se formará una comisión asesora integrada por miembros de los organismos de derechos humanos.
4º – Serán objetivos de la Comisión de la Verdad investigar los siguientes hechos:
a) Privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas de personas.
b) Centros clandestinos de detención.
c) Destino de las personas víctimas de desapariciones forzadas.
d) Torturas.
e) Determinación de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
J) Recopilación de la documentación relacionada con las violaciones a los derechos humanos.
5º — En cumplimiento de su función, la Comisión de la Verdad tendrá las siguientes facultades:
a) Requerir de los organismos estatales, incluyendo fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia, la información que estime necesaria.
b) Recibir denuncias e informaciones.
c) Citar a las personas que considere necesario.
6º – La Comisión de la Verdad deberá elaborar un informe en el plazo de un año, el que será considerado por la Cámara.
7º – El presidente de la Cámara de Diputados afectará el personal necesario para el funcionamiento de la comisión.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

El 2 de octubre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó y dispuso la publicación del informe referido a los casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262 y 10.311, en el que se consideró la incompatibilidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y decretos de indulto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía:
“1) Concluye que las leyes 23.492 y 23.521 y el decreto 1.002/89 son incompatibles con el artículo 18 (Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos Io, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
”2) Recomienda que el gobierno de la Argentina otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el párrafo precedente.
”3) Recomienda al gobierno de la Argentina la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.
”4) Dispone la publicación del presente Informe.”
La recomendación efectuada en el punto 3 no ha sido cumplida por el Estado argentino.
Al restablecerse la democracia se avanzó parcialmente en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos a través de la labor cumplida por la CONADEP y los juicios que se instruyeron por violaciones a los derechos humanos. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los decretos de indulto paralizaron la tarea de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y de sanción a los responsables.
Con posterioridad se publicó el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos que aún se mantienen abiertos, sin que el Estado haya dado cumplimiento a la recomendación efectuada en el punto 3.
Pese a esta omisión del Estado argentino, la lucha por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos se ha mantenido de diversas maneras. La labor del equipo argentino de Antropología Forense ha permitido la identificación de personas desaparecidas enterradas en forma clandestina. La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires interroga a personas que participaron en la violación a los derechos humanos, muchas de las cuales fueron procesadas con anterioridad, con la finalidad de establecer el lugar en el que se encuentran los cuerpos de personas desaparecidas. La impunidad creada por el Estado argentino ha hecho que otros Estados, aplicando principios como los de protección a los nacionales o de jurisdicción universal, hayan iniciado juicios por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la Argentina o han fijado indemnizaciones por esas violaciones. Eso ha ocurrido en Italia, España, Francia, Estados Unidos y se está preparando un juicio en Alemania.
Es decir que la falta de esclarecimiento por parte del Estado argentino de las violaciones a los derechos humanos es reemplazada por la acción de otros Estados, que hacen lo que nosotros deberíamos hacer.
Es por ello que se propone la creación de una comisión investigadora en el ámbito de esta Cámara que tiene por finalidad avanzar sobre la tarea que cumplió la CONADEP y la Justicia en los juicios que se instruyeron, dándose cumplimiento así a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los siguientes son los antecedentes de las comisiones de la Verdad en América latina que siguieron los pasos de la CONADEP.
A. COMISIONES OFICIALES.
1- Chile.
Mediante el decreto 355 del 24 de abril de 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de “contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos”.
En el informe final de la comisión, después de una relación de los hechos violatorios de los derechos humanos y de la recomendación de formas de reparación, se realiza una reseña biográfica de 2.279 personas respecto de las cuales la comisión considera que murieron o desaparecieron como víctimas de las violaciones a los derechos humanos, entre ellas 132 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
2- El Salvador.
La comisión surgió como resultado de los acuerdos de paz de El Salvador, negociados a lo largo de más de tres años (1989-1992) entre el gobierno de El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El acuerdo final de paz se firmó en Chapultepec el 16 de enero de 1992.
Los acuerdos que definen las funciones y facultades de la Comisión de la Verdad se firmaron en Ciudad de México el 27 de abril de 1991. Por el artículo 5º del Acuerdo de Paz de Chapultepec, titulado “Superación de la impunidad”, se amplió la autoridad de la comisión. Su mandato quedó definido de la siguiente manera: “La comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”.
La Comisión de la Verdad elaboró el informe titulado “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”.
3- Perú.
Comisión Investigadora de la Muerte de los Periodistas en Uchuraccay
Esta comisión se constituyó por el asesinato de ocho periodistas y un guía campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay (Ayacucho), que se hallaba en estado de emergencia bajo control militar.
Mediante la Resolución Suprema del 27 de enero de 1983, el Presidente de la República creó la Comisión Investigadora de la Muerte de los Periodistas en Uchuraccay, con el fin de “contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo”.
La comisión llegó a la siguiente conclusión: “La comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición”.
El Tribunal de Ayacucho, por el contrario, consideró que “los campesinos de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por presión de las fuerzas armadas. Los comandantes militares y policiales actuaron como instigadores del crimen”. Este tribunal identificó a veintisiete comuneros como autores materiales de la masacre, y al jefe del comando político militar de Ayacucho, junto con cinco oficiales de la policía y uno de la Marina, como sus autores intelectuales.
La actuación de la comisión investigadora demoró el inicio de un proceso legal por la muerte de los periodistas, entorpeciendo el trabajo del Poder Judicial que denunció el avasallamiento de su competencia por parte del Poder Ejecutivo
Comisión investigadora de los penales.
La muerte de más de 250 prisioneros políticos en dos cárceles peruanas, los días 18 y 19 de junio de 1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra del Perú, originó la creación de una comisión investigadora a nivel parlamentario.
Los parlamentarios del oficialismo trataron de impedir el esclarecimiento de los hechos. Finalmente la mayoría aprobó un informe suscripto por los legisladores del partido del gobierno y sus aliados, mientras que el presidente de la comisión y legisladores opositores suscribieron un informe en minoría, responsabilizando de los hechos a autoridades del Estado.
4- Bolivia.
El presidente de la república firmó el 28 de octubre de 1982 el Decreto Supremo 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos. Esta comisión investigó, hasta abril de 1983, el asesinato de 14 prisioneros políticos por el gobierno de Banzer y la desaparición de 22 personas en el período del general García Meza.
5- Guatemala.
En el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se contempló la situación de los derechos humanos en el Acuerdo Global del 29 de marzo de 1994. Con posterioridad, se firmó en Oslo, el 29 de junio de 1994, el acuerdo sobre el establecimiento de una comisión que tenía como finalidad esclarecer las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que se produjeron desde el comienzo del enfrentamiento armado.
La comisión comenzó a funcionar el 31 de julio de 1997 y su mandato conduje el 31 de mayo de 1998.

B. COMISIONES NO OFICIALES.

1- Bolivia
El Comité Impulsor del Juicio contra García Meza analizó la represión perpetrada por distintas dictaduras militares. Según sus cifras, durante el régimen del general Hugo Banzer Suárez, se registró la detención ilegal de 14.000 personas que en muchos casos fueron torturadas y la desaparición forzada de más de 70 personas.
El comité Impulsor sostiene que durante la dictadura del coronel Alberto Natusch Busch agentes del gobierno de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron 140 personas y resultaron gravemente heridas otras 204. Durante la presentación de pruebas en el Juicio de Responsabilidades, se señaló que el régimen de García Meza es responsable de la desaparición de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La Asofamd denunció en mayo de 1990 que en Bolivia habían desaparecido 156 personas. De ellas, 76 corresponden al período del general Banzcr, 34 al del general Alfredo Ovando Candía, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto Natusch Busch y 4 al de René Barrientos.
Impulsado por organismos civiles, se inició un Juicio de Responsabilidades contra García Meza y 55 de sus principales colaboradores, que tuvo lugar en febrero de 1984 en el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. Pero una decisión del Congreso del 25 de febrero de 1986 excluyó la investigación de hechos ocurridos antes del golpe de García Meza.
Luego de más de seis años de juicio, la justicia boliviana condenó en 1992 al general Luis García Meza y a su antiguo ministro del Interior a 30 años de prisión. Otros cincuenta implicados recibieron condenas menores.
El Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades fue una Comisión de la Verdad no creada por mandato legal, que logró comprometer a la mayor parte de los organismos del país en la búsqueda de la verdad sobre esta etapa de su historia.
2- Brasil
Las investigaciones para conocer las violaciones de los derechos humanos fueron dirigidas por miembros de la Arquidiócesis de Sao Paulo.
La investigación comenzó en agosto de 1979 y concluyó en marzo de 1985. En ese período se logró obtener y sistematizar informaciones contenidas en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto, una característica del Informe es que se basa, fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos judiciales llevados adelante por los Tribunales militares contra opositores políticos.
El resultado del trabajo se difundió con el título Brasil Nunca Mais. Allí se reunió información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar en el período de 1964 a 1979. Incluye testimonios acerca de la labor de agentes de la CIA de los Estados Unidos que entrenaron a agentes militares y policiales brasileños.
El libro Brasil Nunca Mais, además de describir las formas degradantes de los castigos y las torturas, presenta datos históricos sobre el origen de los regímenes militares y el desarrollo de los aparatos represivos.
Se indica que en el período 1964 a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos.
En 1984, la Asembleia Legislativa del Estado de Rio Grande do Sul, publicó un informe del Comité Brasileño por la Amnistía, en el cual indicó que “pasados más de quince años de dictadura militar, el número de muertos y desaparecidos suma más de trescientos, y ese número tiende a aumentar porque el aparato continúa intacto y activo”.
3- Paraguay.
Desde su creación en 1976, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), con el apoyo de varios organismos internacionales, desarrolló un trabajo de registro y documentación de los hechos de violencia en el país.
El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el título de Paraguay: Nunca más. Allí se exponen casos de violación de los derechos humanos. En el tomo I se indica que 360.000 personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las cárceles. Se estima también en un millón y medio el número de paraguayos obligados a salir al exilio.
Otro trabajo de documentación de las violaciones a los derechos humanos fue producido por la Iglesia Católica de Misiones bajo el título Koága Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio campesino de la represión en Misiones, 1976- 1978. En este libro se expone la brutalidad policial y militar contra miembros de las Ligas Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Cristiana, entre otras organizaciones. Además de describir en detalle numerosos casos de tortura y asesinato de dirigentes campesinos, el trabajo identifica a cientos de personas que colaboraron con la represión.
Siguiendo esos antecedentes y de acuerdo con las facultades del Congreso de la Nación, para crear comisiones investigadoras reconocidas por la doctrina y la práctica parlamentarias, se propone en el ámbito de esta Cámara la constitución de la Comisión de la Verdad, para que continúe la tarea que anteriormente fue desarrollada por la Conadep y la justicia y se cumpla así con una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Presentado el 4/3/98 Expediente 308-D.-98 Reproducido por expediente 352-D.-99 del 4/3/99

Pedido de informes sobre malos tratos en la alcaldía de Melincué, Provincia de Santa Fe.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
Iº – Si el Ministerio de Justicia de la Nación ha tomado conocimiento de las denuncias sobre malos tratos a los que habrían sido sometidas personas detenidas en la alcaldía de Melincué, provincia de Santa Fe.
2º – Si los organismos competentes del Estado nacional tienen conocimiento sobre el estado de las causas penales instruidas por esas denuncias.
3° – Si se ha adoptado alguna medida tendiente a prevenir hechos como los que han sido denunciados.
4º- Si se ha separado de sus cargos o sancionado a personal policial perteneciente a la Unidad Regional VIII de la Provincia de Santa Fe.

FUNDAMENTOS.
Señor presidente:

Durante el mes de mayo de 1998 personas detenidas en la alcaldía de la ciudad de Melincué, provincia de Santa Fe, hicieron llegar a los medios de comunicación, a autoridades nacionales y de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires el relato sobre los malos tratos a los que habrían sido sometidas en el momento de su detención.
En una carta firmada por diez personas detenidas, se refieren a la aplicación de torturas por parte de personal policial, dando los nombres de los autores de esos hechos.
En carias individuales, las personas detenidas manifiestan haber sido sometidas a distintos tipos de torturas, como golpes, simulacros de fusilamiento o “submarino seco”.
En julio de este año, dieciocho presos de la alcaldía iniciaron una huelga de hambre, reclamando por diversas irregularidades.
La Asamblea de 1813 por ley del 28 de majo de ese año prohibió la aplicación de tormentos y mandó quemar por mano de verdugo, en la plaza pública, los instrumentos de tortura.
Hasta ese momento, según la legislación española, el tormento era un medio de prueba para obtener la verdad, que entre otras normas estaba reglamentado por la ley de Siete Partidas de Alfonso el Sabio, vigente desde el siglo XIII. Estudios efectuados sobre la aplicación del tormento en el Río de la Plata señalan que a pesar de ser un medio de prueba legal, sólo se aplicó en muy pocas ocasiones, entre ellas el llamado “complot de los franceses”.
Escribía Jofré refiriéndose al tormento:
“… La tortura o prueba de tormento para averiguar los delitos ocultos, adoptada por los godos, pero desconocida en toda la legislación castellana desde la restauración de la monarquía hasta que se compilaron las partidas, parece que volvió a tener uso en el reinado de Don Alfonso el Sabio, y que se introdujo y propagó por la autoridad de su código. En una ley de las cortes de Zamora, del año 1274, se supone el uso de esa prueba judicial cuando se dice: No den tormento nin pena a ningún home en viernes. ”E1 Fuero de Vizcaya prohibía también el tormento e igual cosa ocurrió durante Felipe II en lo que se refiere a Valencia.
”En cuanto a nosotros, el deán Funes recuerda que a Gonzalo de Abren, gobernador de Tucumán, le fue aplicado el tormento. En Montevideo era costumbre azotar a los vagos y ladrones flagelándoles en público en la Plaza del Cabildo y el 28 de febrero de 1792, sin los requisitos de sumario y previa defensa, se mandó a azotar a varios individuos. Súpolo la Audiencia de Buenos Aires al asesorarse de los autos en apelación y dictó la siguiente sentencia: Vistos: Declarase atentado el castigo de azotes por las calles públicas dados a los reos Juan Pablo Romero, José Ximenez, Diego Navarro, Pedro Pablo Villalba, Ignacio Pérez, Cristóbal Ríos y Manuel Francisco de Refalada, el 28 de febrero último…
“En los procesos existentes en el archivo de los tribunales que hemos revisado, solamente en un caso se aplicó el tormento á los acusados. Publicamos en extracto la causa que se siguió con motivo de la supuesta conspiración de los franceses en 1797 y en la cual aparece que el alcalde don Martín de Álzaga aplicó ese bárbaro método de investigación a los acusados. Sin embargo, la medida debió ser repugnante al espíritu público, no solamente por lo que se desprende de la sentencia transcripta de la Real Audiencia de Buenos Aires citada, sino por la exposición que hizo el abogado defensor de los acusados y las disculpas que formuló el alcalde Álzaga”. (Jofré, Tomás. Introducción. Causas Instruidas en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII. – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 1913. Pág. XVIII a XXI.
Es decir, que a pesar del procedimiento penal inquisitivo español, el tormento no formaba parte de nuestra cultura.
Durante las llamadas guerras civiles argentinas el derecho a la vida no fue respetado, siendo común el fusilamiento de prisioneros. Pero sí se respetaba la dignidad de la persona
Y cuando existieron hechos que afectaban esa dignidad fueron condenados por la sociedad. Ello ocurrió, por ejemplo, cuando las fuerzas colombianas al mando del coronel López Matute, desertor del ejército de Sucre y al servicio del gobierno de Salta aplicaron el “cepo colombiano”. Tal método fue rechazado por la población como lo recuerda la abundante documentación sobre el tema, entre otras, las Memorias del General Aráoz de La Madrid (Aráoz de La Madrid, Gregorio. Memorias, Buenos Aires, EUDEBA, 1968).
Por eso, cuando a lo largo de nuestra historia aparecieron hechos de esta naturaleza, recibieron la condena social. En 1888 con motivo de la aplicación de torturas, se lee en “La Prensa”: “En la República Argentina hemos tenido tiranos, caudillos sanguinarios, autoridades extraviadas, funcionarios desleales, pero viles inquisidores ¡Jamás!” (“La Prensa”, 7 de octubre de 1888).
Después del golpe militar del 6 de setiembre de 1930, se creó en jurisdicción de la Policía Federal la sección Orden Político, después transformada en la Sección Especial que, rompiendo con la tradición de nuestro país, comenzó a utilizar la tortura contra los enemigos políticos del gobierno. Tiempo después el diario Crítica informaba sobre una persona que había sido sometida a torturas con una máquina eléctrica. En Argentina se había inventado la picana eléctrica.
Durante la vigencia del Plan Conintes contra la resistencia peronista se aplicó en forma sistemática la tortura con picana eléctrica, método de tortura que también se utilizó, en forma generalizada, contra los detenidos por delitos comunes.
La doctrina de la seguridad nacional, basada en experiencias contrainsurgentes de Francia y Estados Unidos dio fundamento teórico a la aplicación de la tortura durante las últimas dictaduras.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su visita a Argentina en 1979, expresa sobre la tortura:
“Apremios ilegales y torturas;
”1.- Con anterioridad a la observación in loco y durante el desarrollo de la misma, la Comisión recibió informes, testimonios y declaraciones que señalan la práctica de apremios ilegales y torturas en Argentina, en abierta violación de los derechos fundamentales de la persona humana, de las disposiciones constitucionales y de los propósitos enunciados por la junta militar de gobierno, de dar vigencia a los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino.
’’Los apremios físicos y las torturas se habrían llevado a cabo principalmente en la etapa de los interrogatorios, como se deduce de las denuncias presentadas a la Comisión; relativas tanto a detenidos en las cárceles argentinas como a personas desaparecidas o secuestradas cuya situación ha podido trascender.
”2.- Muchos son los medios que para la aplicación de apremios ilegales y para la ejecución de la tortura tanto física, como psíquica y moral, se habrían puesto en práctica en lugares especiales de detención donde las personas fueron llevadas para interrogatorios y que se conocen como ‘chupaderos’, e inclusive, en algunos casos, en los propios centros carcelarios del país. Estos procedimientos de tortura se prolongaron en muchas ocasiones hasta por varios meses en forma continua, en las llamadas sesiones para interrogatorios. Entre esas modalidades, analizadas y escogidas por la Comisión de los muchos testimonios que obran en su poder, figuran las siguientes:
”a ) Golpizas brutales en perjuicio de los detenidos, que han significado en muchas ocasiones quebraduras de huesos y la invalidez parcial; en el caso de mujeres embarazadas la provocación del aborto, y también, según determinadas alegaciones, han coadyuvado a la muerte de algunas personas. Este tipo de palizas han sido proporcionadas con diferentes clases de armas, con los puños, con patadas y con instrumentos metálicos, de goma, de madera o de otra índole. Hay denuncias que refieren casos en que la vejiga ha sido reventada y han sido quebrados el esternón y las costillas o se han producido lesiones internas;
”b) El confinamiento en celdas de castigo, por varias semanas, de los detenidos, por motivos triviales, en condiciones de aislamiento desesperante y con la aplicación de baños de agua fría;
”c) La sujeción de los detenidos, maniatados con cadenas, entre otros lugares en los espaldares de camas y en los asientos de los aviones o de los vehículos en los que han sido trasladados de un lugar a otro, haciéndolos objeto, en esas condiciones, de toda clase de golpes e improperios;
“d) Simulacros de fusilamiento y en algunos casos el fusilamiento de detenidos en presencia de otros prisioneros, inclusive de parientes, como ha sucedido, entre otras denuncias, en Córdoba, Salta y en el Pabellón de la Muerte en La Plata;
“e) La inmersión mediante la modalidad denominada submarino, consistente en que a la víctima se le introduce por la cabeza, cubierta con una capucha de tela, de manera intermitente, en un recipiente de agua, con el objeto de provocarle asfixia al no poder respirar, y obtener de esa forma declaraciones;
“f) La aplicación de la llamada picana eléctrica, como método generalizado, sujetándose a la víctima a las partes metálicas de la cama a efectos de que reciba elevados voltajes de electricidad, entre otras zonas del cuerpo, en la cabeza, las sienes, la boca, las manos, las piernas, los pies, los senos y en los órganos genitales, con el complemento de mojarles el cuerpo para que se faciliten los impactos de las descargas eléctricas. De acuerdo con las denuncias, en algunos casos de la aplicación de la picana se mantiene un médico al lado de la víctima para que controle la situación de la misma como consecuencia de los shocks que se van produciendo durante la sesión de tortura.
”g) La quemadura de los detenidos con cigarrillos en distintas partes del cuerpo, hasta dejarlos cubiertos de llagas ulcerosas;
“h) La aplicación a los detenidos de alfileres y otros instrumentos punzantes en las uñas de las manos y los pies;
“i) Las amenazas o consumación de violaciones tanto de mujeres como de hombres;
“j) El acorralamiento de los prisioneros con perros bravos entrenados por los captores, hasta llegar al borde del desgarramiento;
”k) El mantenimiento de los detenidos encapuchados por varias semanas acostados y atados de pies y manos mientras reciben golpes;
”l ) La suspensión de los detenidos, amarrados o esposados de las manos y sujetos por barras metálicas o de madera u otros artefactos del techo, manteniéndoles los pies a pocos centímetros del suelo, el que se cubre con pedazos de vidrio. También casos en que las víctimas son colgadas de las manos o de los pies produciéndoles fracturas de la cadera o de otras partes del cuerpo;
”m) El mantenimiento de los detenidos por prolongadas horas completamente parados;
”n) El procedimiento de requisas de los presos, que se lleva a cabo en forma minuciosa y con abusos en todas partes del cuerpo, produciendo la consiguiente humillación;
”o) La aplicación de drogas a los detenidos, o de suero e inyecciones como consecuencia de las prolongadas torturas cuando han perdido el conocimiento;
”p) La aplicación del llamado cubo, consistente en la inmersión prolongada de los pies en agua bien fría y luego en agua caliente.”
(Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina, Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1980. Págs. 217-219.)
Aunque ya en los años 70 se habían logrado métodos que permitían determinar la aplicación de corriente eléctrica aun cuando no quedaran lesiones en el cuerpo, la aplicación generalizada de la picana eléctrica sólo pudo ser controlada a partir del restablecimiento del orden constitucional.
En la actualidad, la tortura con corriente eléctrica puede ser fácilmente detectada, pero todavía se registran denuncias por torturas con picana eléctrica.
Actualmente la aplicación de la tortura constituye uno de los graves problemas que enfrenta la vigencia de los derechos humanos en el país. Se continúa golpeando a las personas detenidas y se encubren las lesiones con supuesta “resistencia a la autoridad” en el momento de la detención. Se ha generalizado la aplicación del “submarino seco”.
La legislación penal argentina ha seguido esta evolución. El Código Penal sancionado en 1921 sancionaba con la pena de un mes a un año de prisión las “severidades, vejaciones o apremios ilegales” (artículo 143, inciso 5º). Esta norma estuvo vigente desde el 24/4/22 hasta el 17/10/58. No se concebía la tortura como apareció en 1930.
El Proyecto Peco de 1941 ya establecía la pena de 8 años de prisión por la aplicación de tormentos. Decía Peco en los fundamentos de su proyecto:
“A las personas alcanzadas por el artículo 169 se les priva de libertad en la zona legalmente establecida, pero gozan de una zona de libertad personal legítimamente amparada, que no se puede franquear sin atraer la sanción legal. Tales menoscabos a la libertad personal van desde la indebida incomunicación hasta los tormentos, erigidos estos últimos en circunstancias calificativas de agravación. A partir de la Independencia, el derecho público interno avecinda normas humanas y científicas para expulsar la crueldad en las penas y los tormentos en los sistemas procesales de esclarecer el delito o cumplir la pena. Desde el Estatuto Provisional de Santa Fe en 1819 hasta las modernas Constituciones provinciales, culminando con la Constitución Nacional, todos velan por la salvaguardia de las personas privadas de libertad. Teniendo en cuenta la tradición nacional el proyecto trae sanciones enérgicas para proveer a la tutela penal de los detenidos.” (Peco, José. Proyecto de Código Penal. Instituto de Altos Estudios Jurídicos. UNLP. La Plata. 1942. Pág. 713.)
En el año 1958 se incorporó al Código Penal el artículo 144 ter, que preveía la pena de 3 a 10 años de prisión por la aplicación de tormentos, que llegaba hasta 15 años de prisión si el torturado era un “perseguido político”. Este artículo estuvo vigente hasta el 6/11/84.
La ley 23.097 sancionada en 1984, tipifica el delito de la tortura, superando la terminología anterior sobre “tormentos”, y lo define como tormentos físicos o sufrimientos psíquicos, cuando estos tengan gravedad suficiente (artículo 144 ter, del Código Penal). Mediante esta ley, el delito de tortura se convirtió en un delito grave, quedando equiparado en su pena al delito de homicidio. También se incluyeron formas culposas que hacen responsable al funcionario encargado de la repartición si su negligencia hizo posible que se cometiere el delito de tortura (artículo 144 quinquies).
Posteriormente Argentina aprobó por ley 23.338 la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que había sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984. Entre las obligaciones contraídas por el Estado argentino, al ratificar la Convención, se encuentra la de tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” (artículo 2º, inciso 1). Se reconoce, también, el principio de jurisdicción universal (artículo 5º, inciso 2).
Para el control de los compromisos contraídos por los Estados, la Comisión crea el Comité contra la Tortura, encargado de examinar las denuncias que se le formulen.
La Convención Constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional a la Convención contra la Tortura (artículo 75, inciso 22).
Las denuncias efectuadas por las personas detenidas en la Alcaldía de Melincué, están referidas a hechos que merecen la condena de nuestra sociedad, contemplados por la ley penal y que, de comprobarse, comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Solicitamos por ello la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 13/8/98 Exp. 5.037-D.-98.

Reconocimiento por la presentación del informe “Guatemala. Memoria del Silencio” sobre derechos humanos.

Proyecto de declaración.
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su satisfacción por la presentación del informe Guatemala. Memoria del Silencio elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que constituye una contribución a la vigencia de los derechos humanos y a la paz en los países de América latina y el Caribe.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

El 23 de junio se 1994 se creó, mediante el Acuerdo de Oslo firmado por el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que tenía como finalidad efectuar un análisis de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en Guatemala desde 1962.
El 25 de febrero de 1999 la Comisión hizo público el documento Guatemala. Memoria del Silencio que contiene las conclusiones y recomendaciones del extenso informe de la Comisión, que fue declarado público por el representante de las Naciones Unidas que asistió al acto en el que se entregó el informe al gobierno de Guatemala y a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
El documento Guatemala. Memoria del Silencio hace un análisis de las circunstancias históricas en las que se produjo el enfrentamiento armado en el país considerando que “fenómenos coincidentes como la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinan en un sentido profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento armado” (Guatemala…, p. 19).
Analiza también la influencia de la guerra fría en el conflicto armado, la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional por parte de la fuerzas armadas de Guatemala y la intervención de los Estados Unidos en la promoción de la violencia.
Considera que, de acuerdo a las investigaciones efectuadas por la propia Comisión y a investigaciones de organizaciones de derechos humanos el número de muertos y desaparecidos llega a los doscientos mil. La investigación de la Comisión determina que el Estado de Guatemala es responsable del 93 % de las violaciones a los derechos humanos y la guerrilla del 3 %.
La Comisión considera que en Guatemala existió un genocidio, de acuerdo a la definición del delito adoptada por las Naciones Unidas en distintos documentos, que afectó a la población guatemalteca de origen maya.
En las Conclusiones la Comisión considera que debe rescatarse la memoria de las víctimas, establecerse un sistema de reparación para las poblaciones afectadas, reconocerse jurídicamente la ausencia por desaparición forzada y practicarse una política activa de exhumaciones. Propone la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos que Guatemala aún no ha ratificado, la democratización del sistema político y la depuración del ejército.
El informe fue precedido por el documento “Guatemala Nunca Más” elaborado por el grupo de trabajo perteneciente al Arzobispado de Guatemala. Después de presentado el “Nunca Más” el obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi Conedera fue asesinado.
“Guatemala. Memoria del Silencio” es una contribución a la vigencia de los derechos humanos y a la paz en los países de América Latina y el Caribe.

Presentado el 4/3/99. Exp. 357-D.-99.

Traslado ilegal de niño cubano.

Proyecto de declaración.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su condena a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retener en ese país a través del Servicio de Naturalización e Inmigración al menor Elian González Brotóns, trasladado ilegalmente de Cuba, en contra de la voluntad de su padre y abuelos.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
El presidente de la Asamblea Nacional de la República de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada, ha enviado una carta a todos los parlamentarios del mundo informando sobre la situación del menor de cinco años de edad, Elian González Brotóns, retenido ilegalmente por las autoridades norteamericanas. Igual actitud ha tomado el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Felipe Pérez Roque, con los ciento sesenta ministros de Relaciones Exteriores de los países con los que Cuba mantiene relaciones diplomáticas.
El hecho del que se informa en la carta ha tenido amplia repercusión periodística, ha deteriorado aún más las relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos y constituye otra manifestación de las constantes agresiones de los Estados Unidos contra el hermano pueblo de Cuba.
Los Estados Unidos han sancionado una ley violatoria de los convenios migratorios ratificados con Cuba, que promueven la inmigración ilegal. Para ello se utilizan lanchas rápidas que ingresan a aguas jurisdiccionales cubanas para trasladar personas en forma ilegal, cobrando a cada una de ellas entre ocho y diez mil dólares por el traslado a los Estados Unidos. La inseguridad de las embarcaciones ha ocasionado varios naufragios de los que ha dado cuenta la información periodística.
Los convenios vigentes entre Estados Unidos y Cuba establecen que debe devolverse a Cuba todo inmigrante ilegal cubano que sea sorprendido por las autoridades norteamericanas en aguas de ese país. A su vez los Estados Unidos conceden a los ciudadanos cubanos un número limitado de visas anuales para trasladarse legalmente al país. Pero una ley estadounidense violatoria de los convenios, que a su vez contradice los principios establecidos por las leyes de inmigración de los Estados Unidos, establece que a todo ciudadano cubano que llegue al territorio de los Estados Unidos se le otorgará un permiso de residencia y se le conseguirá trabajo. De esa forma, si el inmigrante ilegal es encontrado en el agua las autoridades lo devuelven a Cuba. Si ya se encuentra en el territorio se le permite permanecer en él.
En cambio, en el caso de inmigrantes ilegales pertenecientes a otros países se los expulsa de los Estados Unidos. Se promueve así la inmigración ilegal cubana.
Con relación al caso del menor ilegalmente retenido por las autoridades estadounidenses, el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Cuba informa:
“El pasado día 22 del mes de noviembre, unidades auxiliares de nuestras Tropas de Guardafronteras detectaron en aguas jurisdiccionales una lancha que trasladaba hacia la Florida a un grupo de personas. Siendo infructuosos los intentos de persuadirlos de desistir de su proceder, y en correspondencia con la proverbial línea de conducta que se sigue en estos casos de no hacer ningún uso de fuerza o intimidación para evitar accidentes, se decidió escoltarlos hasta las aguas internacionales, comunicando de inmediato por los canales establecidos mediante fax y télex a los servicios de guardacostas norteamericanos que patrullan los mares adyacentes a Cuba, la presencia y características de dicha embarcación que navegaba en dirección a la Florida “con un grupo de alrededor de 13 personas, incluyendo menores, por la costa norte de la provincia de Matanzas con la intención de emigrar de forma ilegal hacia territorio de los Estados Unidos.”
“Días después, el 25 de noviembre, se tuvo conocimiento de que guardacostas de los Estados Unidos habían rescatado en aguas próximas a la Florida a tres sobrevivientes del naufragio de la nave, entre los que se encontraba el menor de cinco años de edad, Elian González Brotóns.”
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba informa a los ministros de Relaciones Exteriores:
“El padre de este menor se dirigió a nuestro Ministerio solicitando que se iniciaran de inmediato los trámites de reclamación de su hijo. A este pedido se une el de sus abuelos, tanto matemos como paternos, también residentes en Cuba, para que Elian sea reintegrado a su familia sin dilación.
”En correspondencia con ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba presentó dos notas verbales con fecha 27 de noviembre a la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba y al Departamento de Estado de Estados Unidos de América en Washington. A la segunda nota se le anexó una carta del padre del menor reclamando su devolución.
’’Hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna del gobierno de los Estados Unidos de América sobre la reclamación.”
Nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención sobre Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22). En sus artículos 7 y 8 consagra el derecho a la identidad que la doctrina internacional llama las “cláusulas argentinas” porque fueron incorporadas a la Convención por la acción de expertos argentinos como un medio que posibilite la restitución de menores desaparecidos como consecuencia de la represión a sus legítimas familias. En esos artículos se establece el derecho de los niños a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares”.
El artículo 9 establece que “los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos”.
Estos principios definen la política que debe defender el Estado argentino en lo referente al derecho a la identidad.
Entonces, un país en el que se ha denunciado que doscientos sesenta menores fueron separados de sus familias y que para resolver ese grave problema ha sancionado la ley 23.511 de creación del Banco de Datos Genético, se han agravado las penas por los delitos de sustracción de menores y supresión y suposición del estado civil y de la identidad por ley 24.410 y sancionado la ley 25.066 de Reparación Histórica en la que se reconoce la acción de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo a favor de la recuperación de la identidad de los menores desaparecidos, no puede permanecer ajeno al conflicto planteado entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba. Debe apoyar la digna actitud del Estado cubano y condenar la retención del menor que efectúan las autoridades norteamericanas.
Presentado el 9/12/99. Exp. 6.528-D.-

VI- ECONOMIA

□ Pedido de informes sobre la participación de funcionarios en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (proyecto de resolución)

Pedido de informes sobre la participación de funcionarios en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informe sobre los siguientes puntos:
Iº- Si el Estado argentino participa de las discusiones organizadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el tratamiento de un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones.
2º – Si se han dado a los funcionarios que participan en las reuniones, instrucciones para intervenir en esas discusiones.
3º – Si han sido considerados los peligros que representa el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones para nuestra soberanía nacional.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:

El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) que se discute desde mayo de 1995, en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), reunirá por primera vez en un tratado internacional, tres temas fundamentales para las inversiones internacionales: la protección de las inversiones, la liberalización de las inversiones y la solución de las controversias surgidas entre los inversores y los países que las reciban.
Nuestro país asiste a través de la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en calidad de “observador”, a las reuniones de los expertos comisionados por los países desarrollados para la discusión y elaboración de este tratado. En enero de 1997 los principios de un acuerdo fueron aceptados en un primer texto declarado “confidencial”, analizado en mayo por los ministros de la OCDE, pasado a comisión por divergencias, y mantenido en un nivel “confidencial”.
Con la finalidad de proteger a las empresas que inviertan fuera de sus fronteras, el AMI establecería algunos de estos principios: prohibición a los Estados para tratar a los inversores extranjeros de manera más rigurosa que a los nacionales; que les impongan algún porcentaje de empleados y trabajadores nacionales; que los obliguen a instalar sedes sociales en los países donde inviertan; que los obliguen a invertir en investigación y desarrollo; que deban proveerse de insumos en el mercado local, etc.
El Acuerdo prohíbe también que, en caso de privatizaciones, haya diferencias de tratamiento en función de la nacionalidad de los inversores. Y se prevé una indemnización cuando el inversor sufriera una pérdida o lucro cesante por una “discriminación”. El inversor afectado podría, en este caso, hacer su planteo ante un tribunal nacional o una instancia internacional, o un tribunal supranacional ad hoc.
Luego de haber eliminado las barreras comerciales, las empresas transnacionales desean suprimir los obstáculos a las inversiones para acelerar el proceso de globalización de las economías. La OCDE considera que la mundialización de las inversiones no sólo es un proceso inevitable, sino rentable: permitirá, según ellos, mayor eficacia en la economía y los intercambios de tecnología.
Pero la globalización propugnada en este Acuerdo tal como lo conocemos hoy, es un proceso organizado en beneficio de las grandes corporaciones, que buscan destruir los sistemas nacionales en su propio beneficio: así, por ejemplo, las empresas inversoras podrán hacer competir los países entre sí para ver cuáles son los “menos problemáticos” en materia de leyes sociales, laborales, ambientales, etc., para decidir sus inversiones.
Se podría decir que las empresas transnacionales estarían tratando de convertirse en entidades superiores a los Estados. Después de las privatizaciones de los servicios públicos y la irrupción de la noción de “productividad” asociada al “rendimiento” de la administración pública, no sería impensable que se pretenda transformar a los Estados en sociedades privadas, pasibles de juicios y sanciones en el caso de que los habitantes ejerzan derechos constitucionales, como el de huelga, o los Congresos nacionales sancionen leyes impositivas, o de cualquier naturaleza que pudieran ser consideradas “discriminatorias” u “obstáculos para la libertad de comercio”.
Es por esta y otras razones, que los diputados del Parlamento Europeo han votado, por una aplastante mayoría de 437 votos contra 8 y 62 abstenciones, un pedido a los 15 Estados de la Unión Europea para que no aprueben este proyecto de Acuerdo. Los diputados europeos consideran que “el Acuerdo refleja solamente los intereses de las empresas multinacionales”, y exigen que ningún acuerdo sea firmado por los gobiernos, antes que un estudio independiente demuestre que las reglas que proponen sean compatibles con la legislación existente sobre el medio ambiente, las leyes sociales y laborales, y sobre la propiedad intelectual y la defensa de la identidad cultural, en vigor en la Unión Europea.
El avasallamiento al principio de la soberanía nacional y la reducción de los Estados a meros administradores de un orden mundial globalmente impuesto por inversores supranacionales, nos obligan a alertar al Poder Ejecutivo nacional sobre la trascendencia e importancia de las negociaciones en curso, teniendo en cuenta que el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no vaciló en afirmar que “este Acuerdo será la constitución de una economía mundial unificada”.

Presentado el 3/4/98- Expediente 1.714-D.-98.

VII-HOMENAJES.

-Homenaje al diputado nacional doctor Rodolfo Ortega Peña, al cumplirse 25 años de su asesinato por un comando de la “Triple A ” (proyecto de resolución).
-Colocación de una placa recordatoria en homenaje al doctor Rodolfo Ortega Peña (proyecto de resolución)

Homenaje al diputado nacional Dr. Rodolfo Ortega Peña al cumplirse 25 años de su asesinato por un comando de la “Triple A”.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Iº- Rendir homenaje al diputado nacional Dr. Rodolfo Ortega Peña, al cumplirse 25 años de su asesinato por un comando de la “Triple A”.
2º- Destacar la trayectoria del Dr. Ortega Peña por su actuación como diputado de la Nación, como historiador y profesor universitario y por su lucha permanente en defensa de los intereses populares y la dignidad nacional.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
Hace 25 años, el 31 de julio de 1974, en un atentado realizado por la “Triple A”, caía asesinado en la esquina de Carlos Pellegrini y Arenales de esta ciudad de Buenos Aires el Dr. Rodolfo Ortega Peña, una de las voces más lúcidas comprometida con la resistencia de los sectores populares de la época al autoritarismo que comenzaba a gestarse al amparo del poder en nuestro país.
Nacido el 12 de septiembre de 1935, abogado y licenciado en filosofía, Rodolfo Ortega Peña ocupaba en el momento de su asesinato el cargo de diputado nacional al que había accedido al ser electo como integrante del Frente Justicialista de Liberación.
En su accionar como diputado en esta Honorable Cámara había constituido un unipersonal “Bloque de Base” desde el cual estuvo permanentemente al servicio de los sectores populares.
Pero además, su compromiso militante como diputado lo llevaba más allá del recinto, a cualquier sitio donde su presencia fuera requerida en defensa de los intereses populares.
Desde su juramento asumió su diputación convencido de que las transformaciones sociales por las que había votado la mayoría del pueblo argentino eran un compromiso que debía cumplirse y que debían ser realizadas en el estricto marco de las libertades democráticas y el respeto por la ley y la Constitución Nacional.
Por lo tanto, concibió a su banca como un instrumento para el cambio, para la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro pueblo. La ejerció con absoluta responsabilidad y con la especial dedicación de quien debe cumplir un mandato estricto del cual debería rendir cuentas al pueblo.
Más de doscientos proyectos de ley, de declaración y de resolución, una activa intervención en los debates parlamentarios y una constante presencia en los conflictos y movilizaciones sociales caracterizaron su actividad como diputado proyectándolo como una figura de dimensión política nacional.
Rodolfo Ortega Peña desde que recibió su título de abogado, a los 20 años de edad, se caracterizó por su permanente defensa de los presos políticos, sin distinciones políticas, en una generosa y abnegada tarea que lo convirtió en un claro precursor de la lucha por los derechos humanos en nuestro país.
Como parte de su compromiso con el pueblo trabajador ejerció también activamente su profesión como abogado laboralista de diversos sindicatos, comisiones internas y grupos de base.
La historia argentina fue otra de sus grandes pasiones. Fue coautor de doce libros de historia argentina y de más de un centenar de artículos y estudios sobre temas de política, filosofía y derecho.
Fue, además, director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de historia argentina en dicha facultad y profesor titular de historia del derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Como codirector de la revista “Militancia” durante los años 73 y 74 analizó con toda lucidez los graves conflictos políticos que se producían en el país que llevaron a la ruptura del orden constitucional y el establecimiento de la dictadura.
Fue, también, una de las personas que acompañaron al teniente general Perón en su regreso al país el 17 de noviembre de 1972.
Su personalidad y actuación fue reconocida por las distintas fuerzas políticas en la sesión de la Cámara de Diputados del Iº de agosto de 1974, en la que se rindió homenaje.
Una víctima de la dictadura, muerto como consecuencia de los golpes recibidos en la cárcel de Rawson, el diputado de la Unión Cívica Radical Mario Amaya dijo en esa oportunidad: “…Hoy venimos aquí a rendir homenaje a Ortega Peña: su muerte es un llamado de atención a este Parlamento, que le plantea el ineludible deber, la profunda responsabilidad, de enrolarse sin vacilación en la causa de la liberación nacional y social, en la lucha de los pueblos por su liberación y contra la dependencia. Ortega Peña fue uno de los más lúcidos militantes, y puso en cada una de sus intervenciones, en cada uno de sus escritos, la claridad y definición necesarias para la defensa y la concientización de nuestro pueblo…”.
El diputado de la Juventud Peronista Miguel Zavala Rodríguez, muerto también por la dictadura en diciembre de 1976, dijo al rendirle homenaje: “… Al recordar a Ortega Peña tenemos que preguntamos qué motivos determinaron que fuera asesinado en forma tan vil y despiadada. El motivo fundamental de este hecho es que Ortega Peña permanentemente, en toda su actuación pública, demostró su compromiso con la clase trabajadora y con los intereses del pueblo y de la Nación.
’’Como historiador supo rescatar del seno de nuestra historia a todos los caudillos populares, a todos aquellos que habían luchado por nuestra Independencia, para forjar nuestra nacionalidad. Ortega Peña volcó todas estas enseñanza a través de sus caracterizaciones sobre Felipe Varela, sobre los caudillos montoneros y sobre el compañero peronista asesinado Felipe Valiese. Sabíamos de su compromiso en horas negras de nuestra patria, donde la persecución, la tortura y el crimen fueron cosas cotidianas…. Ortega Peña supo con valentía asumir la defensa de los presos políticos, tal como ocurrió en el caso del compañero Maestre, secuestrado y asesinado y en el caso de los compañeros masacrados en Trelew trasladándose al lugar de los hechos a fin de denunciar la situación…”.
El diputado del Partido Intransigente Rafael Marino expresó: “…Se acalló una voz en este recinto con la cual se podría o no discrepar. Pero era una voz auténtica que respondía a una autenticidad de nuestro pueblo. Por abajo están corriendo y sucediendo cosas: a fuerza de haber hablado con él puedo entender este misterio de cómo un hombre como él que amaba la vida sabía despreciar la muerte. El sabía que estaba condenado. Que tenía fecha más o menos precisa. Todos nosotros somos testigos de su valor, de su decisión, de su propósito nacional y universal, de su actitud por luchar en la búsqueda de un mundo nuevo sin explotados ni oprimidos…”.
El diputado Héctor Sandler de la Alianza Popular Revolucionaria dijo: “Ortega Peña gustaba leer y escribir historia. En el día de ayer ha completado una página de su propia historia, y de esta página concreta que ha escrito Ortega Peña hay que extraer la singularidad, la originalidad de este crimen político. Ortega Peña se manifestó acá sencillamente, y no puede decirse que haya sido muerto por sus teorías, ni siquiera por su labor en el recinto, por eficaz, sino jugándose el pellejo frente a tribunales adversos de la dictadura y una policía que era fiel a esa dictadura… Ortega Peña hacía la experiencia todos los días. Recibía los conflictos en su despacho y desde él salía al lugar del conflicto, sea el que fuere. Estaba en su revista y en la cátedra, pero sustancialmente estaba en la calle, quizás acompañando a un grupo de estudiantes o a un grupo de trabajadores, tratando a los marginados y procurando poner sus intangibles fueros constitucionalmente protegidos frente a policías prepotentes o a matones que llevaban armas que él no tenía.
’’Esta conducta, este poner los fueros de manifiesto al servicio de las causas justas en concreto, no en abstracto -si hubiera sido en abstracto todavía estaría sano y salvo en su biblioteca escribiendo enjundiosos estudios, por lo que la vida no la habría perdido- se reflejaba en otro gran personaje que es el pueblo de la República. Es el pueblo que estaba mirando a Qrtega Peña cómo actuaba, es elnpueblo que tenía en su conducta concreta el pensamiento, que es la palanca de la liberación…. Siento un profundo orgullo por la forma en que Ortega Peña ha escrito la última línea de la historia de su vida: con su muerte entregando todo lo que podía entregar.”
Por lo expuesto considero que constituye una obligación de esta Cámara rendir homenaje al doctor Rodolfo Ortega Peña, Diputado de la Nación, brillante intelectual y un hombre profundamente comprometido con su pueblo, por el que dio la vida.

Presentado el 4/8/99. Exp. 4.146-D.-99.

Colocación de una placa recordatoria en homenaje al doctor Rodolfo Ortega Peña.

Proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1° – Colocar una placa recordatoria en homenaje al doctor Rodolfo Ortega Peña en el cantero central que lleva su nombre, ubicado entre las calles Carlos Pellegrini, Arenales, Juncal y Cerrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2º – La placa mencionada tendrá el siguiente texto:
Aquí fue asesinado el Diputado Nacional Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974.
Reafirmemos, como homenaje a su memoria, nuestra convicción de lucha inclaudicable por la democracia, la libertad y la dignidad del pueblo argentino.
Homenaje de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
31 de Julio de 1999.
3º- La Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados gestionará ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la correspondiente autorización para la colocación de la placa.
4o – Los gastos que demande el cumplimiento de esta resolución serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.

FUNDAMENTOS.

Señor presidente:
Hace 25 años, el doctor Rodolfo Ortega Peña siendo diputado nacional fue asesinado por un comando de la “Triple A” el 31 de julio de 1974 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Se pretendió acallar con ese crimen la voz de un joven legislador que desde su juramento había puesto su banca al servicio de los sectores populares y de la dignidad nacional.
Ya con anterioridad a su ingreso a esta Honorable Cámara de Diputados el doctor Ortega Peña se había destacado por su brillante trayectoria intelectual como coautor de doce libros de historia que hoy son considerados expresión de una importante corriente del pensamiento histórico popular en nuestro país.
Tuvo una intensa actividad como defensor de presos políticos donde colocó su profesión al servicio de los perseguidos sin distinciones políticas en una época trágica signada por el autoritarismo y el terror desarrollados al amparo del poder.
Su compromiso militante que lo llevó a perder la vida en defensa de la democracia y la libertad, y la tragedia desatada por el terrorismo de Estado en los años posteriores a su asesinato, hacen necesario mantener vivo su ejemplo en el presente y frente a las generaciones futuras.
Pretendemos que la placa que estamos proponiendo en nombre de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación sea centralmente un homenaje a un miembro de esta Cámara que supo ser consecuente con el mandato popular hasta ofrendar su vida. Pero que además sirva de recordatorio para nosotros, para nuestros hijos y para todos los vecinos de esta ciudad, de aquella dura etapa de intolerancia y horror en que nuestra sociedad paralizada se fue acostumbrando a la sucesión atroz de hechos criminales, como el asesinato del doctor Ortega Peña, que posibilitaron el posterior asalto al poder y la instalación de esa intolerancia terrorista como política de Estado.

Presentado el 4/8/99. Exp. 4

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