DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA: UN FRACASO CONSTITUCIONAL

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): Cuando se convocó a la Convención Constituyente para que reformara la constitución en 1994 se fijó entre sus objetivos el de limitar el poder presidencial. Para ello, entre otras reformas y teniendo en cuenta una de las mayores deformaciones de nuestro sistema institucional, se intentó limitar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo continuase con la sanción incontrolada de decretos de necesidad y urgencia como lo habían hecho entre 1989-1994.

El artículo 29 de la Constitución Nacional, tomando en cuenta la experiencia histórica argentina, prohibió al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar al Presidente de la Nación y a los gobernadores de las provincias “facultades extraordinarias” o la “suma del poder público”, que entre otras cosas, impide al poder ejecutivo asumir funciones legislativas, salvo las expresamente contempladas en la Constitución como colegislador.

La división de poderes, en la que existe un Poder Ejecutivo que administra y un Poder Legislativo que sanciona las leyes (además del Poder Judicial) es propia de los sistemas presidencialistas. Esa estricta división de poderes se diluye en los sistemas parlamentarios donde el Ejecutivo o Gobierno es creación del Poder Legislativo, que lo designa y puede modificarlo mediante el voto de censura. En esos sistemas, el Ejecutivo tiene la facultad de sancionar normas de contenido legislativo que generalmente son llamados decretos leyes. Pero su sanción esta sometida a requisitos que son mucho más estrictos que los que establece nuestro texto constitucional.

Nuestra historia constitucional registra unos veintinueve decretos de necesidad y urgencia sancionados entre 1861 y 1976, incluyendo en esta cifra los decretos sancionados entre 1973-76 que derogaban decretos-leyes del gobierno de facto anterior. En la mayoría de los casos estos decretos fueron sancionados para responder a graves situaciones de crisis.

Por ejemplo durante la Revolución del 80 el Presidente Avellaneda declaró el estado de sitio por decreto, encontrándose en funciones el Congreso, y dispuso el traslado del Gobierno al pueblo de Belgrano. Los decretos fueron considerados y generalmente ratificados por el Congreso.

En el período constitucional 1983-89 se sancionaron doce decretos de necesidad y urgencia, cifra que ya es desproporcionada con relación a la etapa anterior. Pero desde 1989 hasta la Reforma Constitucional de 1994 se sancionaron trescientos treinta y seis, por lo que, prácticamente, se gobernó por decreto.

La vigencia de la Reforma Constitucional pareció poner límites a los abusos del ejecutivo pero ello no fue así. Desde agosto de 1994 hasta el 9 de diciembre de 1999 se sancionaron ciento doce decretos de necesidad y urgencia.

Al asumir las nuevas autoridades en 1999, que representaban partidos políticos que eran críticos con la sanción de decretos de necesidad y urgencia, se suponía que esa práctica que deforma nuestro sistema constitucional iba a ser corregida. Pero el actual gobierno ha sancionado en trece meses treinta decretos de necesidad y urgencia. En su proyección supera los sancionados por el gobierno anterior desde la Reforma de la Constitución.

En definitiva, el Poder Ejecutivo asume atribuciones que son propias del Poder Legislativo alterando así el principio de división de poderes, en contra de toda nuestra tradición institucional.

De acuerdo con la Reforma Constitucional de 1994 el Congreso debe sancionar una ley que reglamente las funciones de la Comisión Bicameral Permanente encargada del control de los actos legislativos del Poder Ejecutivo (decretos de necesidad y urgencia, promulgación parcial de las leyes y delegaciones legislativas). Esa ley no ha podido sancionarse porque la Constitución exige que sea aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara y los bloques mayoritarios no llegan a un acuerdo, cambiando de posición según sean gobierno u oposición.

Las diferencias principales están referidas a los efectos jurídicos del pronunciamiento de una sola de las Cámaras no aprobando el decreto (si pierde vigencia o no) y a la vigencia o no del decreto si el Congreso no lo considera después de transcurrido un plazo que debe fijar la ley.

Mientras tanto se continúa gobernando por decreto violándose así la Constitución.

(Publicado en El Día, La Plata, 13 de enero de 2001).

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