Historia Constitucional Argentina

Cátedra II de Historia Constitucional. Profesor Títular Ramón Torres Molina. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata

Mes: octubre, 2012

PRESUNCION DE INOCENCIA Y EXCARCELACION

(Por Ramón Torres Molina) El artículo 18 de la Constitución Nacional establece, a contrario sensu, la presunción de inocencia de toda persona sometida a proceso. No se puede imponer una pena sin previa declaración de culpabilidad fundada en ley anterior al hecho del proceso. Las declaraciones y pactos internacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional) consagran expresamente esa presunción de inocencia (artículo 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14, inciso 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Leer el resto de esta entrada »

POLÍTICA LEGISLATIVA PARA UN PAÍS SOBERANO

.

Prólogo.

La presente publicación reúne los proyectos de ley, de resolución y de declaración que presenté ante la Cámara de Diputados de la Nación en el periodo parlamentario 1997-1999. Se han incorporado también los discursos sobre la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y sobre la aprobación del Tratado sobre Hielos Continentales Patagónicos e intervenciones en la Comisión de Defensa referidas a la venta ilegal de armas y a la política de defensa sostenida por el Poder Ejecutivo. Leer el resto de esta entrada »

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA: UN FRACASO CONSTITUCIONAL

(Por Ramón Torres Molina): Cuando se convocó a la Convención Constituyente para que reformara la constitución en 1994 se fijó entre sus objetivos el de limitar el poder presidencial. Para ello, entre otras reformas y teniendo en cuenta una de las mayores deformaciones de nuestro sistema institucional, se intentó limitar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo continuase con la sanción incontrolada de decretos de necesidad y urgencia como lo habían hecho entre 1989-1994.

El artículo 29 de la Constitución Nacional, tomando en cuenta la experiencia histórica argentina, prohibió al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar al Presidente de la Nación y a los gobernadores de las provincias “facultades extraordinarias” o la “suma del poder público”, que entre otras cosas, impide al poder ejecutivo asumir funciones legislativas, salvo las expresamente contempladas en la Constitución como colegislador.
Leer el resto de esta entrada »