POLÍTICA PARLAMENTARIA

por Cátedra

I – DERECHOS HUMANOS.

• Pedido de Interpelación al ministro del Interior.

• Represión en General Mosconi, provincia de Salta

• Restituir cargos a los profesores mayores de 70 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (proyecto de declaración)

• Ampliación de plazos para la presentación de solicitudes de indemnización emergentes de la ley 24.411 (proyecto de ley)

• Despido de 39 trabajadores chilenos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima (proyecto de declaración)

• Derecho a la verdad sobre delitos de lesa humanidad e instrucción de Juicios de la Verdad (proyecto de ley)

• Desaparición forzada de personas (proyecto de ley)

• Indemnización para las personas detenidas por razones políticas a disposición de juzgadores federales (proyecto de ley)

• Pedido de interpelación al Ministro del Interior (proyecto de resolución)

• Condena a la represión de Gendarmería en General Mosconi (proyecto de declaración)

Pedido de interpelación al ministro del Interior.

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: ratifico una vez más las dificultades que se advierten para la concurrencia de los señores ministros a esta Cámara. Específicamente, me voy a referir a lo convenido en la última reunión de la Comisión de Seguridad Interior, en la que se acordó que el señor ministro del Interior concurriría a la primera reunión que dicha comisión llevara a cabo, en conjunto con la Comisión de Labor Parlamentaria, para considerar los gravísimos sucesos que están ocurriendo en el Departamento de General San Martín, provincia de Salta.

El ministro no concurrió a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada hoy, tal como había sido el compromiso asumido en la Comisión de Seguridad Interior. En virtud de ese compromiso no se consideraron proyectos de resolución por los que se solicitaba su interpelación, pero a pesar de ello el ministro no concurrió a la Comisión de Labor Parlamentaria.

Se nos dijo en la reunión de hoy que iba a concurrir la semana próxima, pero hace unos minutos el presidente de la Comisión de Seguridad Interior me acaba de informar que el señor ministro del Interior no va a estar en la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles. Es así que la reunión se va postergando en forma indefinida.

De una vez por todas los funcionarios del Poder Ejecutivo no sólo deben comparecer para dar satisfacción al derecho de la Cámara de recibir las explicaciones necesarias ante los gravísimos problemas que existen en el país, sino también para ejercer el derecho que tienen de concurrir a esta Cámara para explicar lo que está ocurriendo.

Parecería que se tomara como una sanción resolver la interpelación de un ministro, y ello no es así. Se trata del normal funcionamiento del Congreso, que en determinadas circunstancias cita a los ministros para que den explicaciones sobre ciertos temas.

Por su parte, los ministros, por sí mismos, pueden comparecer de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.

Intervención en la sesión del 4 /07/01

Represión en General Mosconi, Provincia de Salta.

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: en primer lugar, voy a hacer algunas aclaraciones de tipo general y después formularé mis preguntas al señor ministro.
Producidos estos acontecimientos, un grupo integrado por cuatro diputados nacionales nos trasladamos a Salta, y otro de tres legisladores fue a General Mosconi; lo hicimos antes de que fuese el ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación. Entendemos que nuestra presencia contribuyó a distender el conflicto, que en el momento que llegamos era muy grave.

La zona de General Mosconi cuenta con recursos de todo tipo, es una de las regiones más ricas del país. El problema de esa localidad no radica solamente en la privatización de YPF, como parece desprenderse del informe del señor ministro, porque es una zona que combina la riqueza del subsuelo-gas y petróleo-con las posibilidades que se brindan con cultivos de todo tipo. En consecuencia, es una zona totalmente desaprovechada desde el punto de vista de sus potencialidades económicas, o bien las riquezas que puede producir están totalmente mal distribuidas. Eso da lugar a los conflictos que vivimos.

Fíjense que los habitantes de General Mosconi, que es una zona que produce gas, no tienen gas natural y de allí sale un gasoducto que llega hasta Chile. Es decir que se lleva el gas a Chile y no se utiliza en la propia zona.

Otro aspecto que considero necesario recalcar es que si se afirma la presencia de factores externos al conflicto o de personas que vienen de otros países, lo que ocurres es que además de deslegitimarse el conflicto social, que es muy real, no se tiene una correcta apreciación del problema que se vive. Si el conflicto es de tipo social, una es la solución a la cual se puede arribar, pero si el problema es artificial, creado por personas que vienen de otros países, la solución es otra.

En este sentido coincido totalmente con el informe del señor ministro. Lo he podido apreciar en General Mosconi, pero creo que los análisis políticos nos indican que el problema no surge de la presencia en el lugar de personas de Brasil, Colombia o Perú.

Podría desarrollar extensamente el tema de Colombia, pero sólo haré una breve mención. El simple análisis político lleva a la conclusión de que el estado actual de las FARC en Colombia torna inverosímil su participación en un conflicto de este tipo. Eso se puede analizar con toda claridad, pero además el representante de las FARC en el cono sur que ha citado el señor ministro me ha mandado un carta personal, que difundimos, donde manifiesta que no tiene absolutamente ninguna participación en los hechos de General Mosconi ni en los conflictos sociales del país.

Otra aclaración que quiero formular es que creo que el señor ministro se equivoca cuando afirma que los organismos de seguridad no pueden desarrollar tareas de inteligencia a menos que tenga una orden judicial. De acuerdo con la ley de seguridad interior, quienes no pueden realizar tareas de inteligencia interna son las fuerzas armadas. Pero una de las funciones de los organismos de seguridad, entre otras cosas, consiste precisamente en realizar tareas de inteligencia, incluso sin requerimiento judicial. Esa es, entre otras, la función de la SIDE, que debe prevenir y analizar todos estos acontecimientos que se viven en el país.
Quisiera formular algunas preguntas al señor ministro. En primer lugar, deseo saber si conoce el número de proyectiles y los calibres, de acuerdo con las correspondientes pericias, que fueron extraídos de los gendarmes heridos.

Hago esta aclaración por las informaciones que hablan de proyectiles calibre 22. Como complemento de esta pregunta, quiero saber si la gendarmería usa habitualmente, o usó en el lugar, fusiles M-16. A simple vista el calibre de un fusil M-16 y el de un arma calibre 22 pueden llegar a confundirse, pero resulta inverosímil-de acuerdo con lo que nos informan abundantes medios- que con armas de calibre 22, desde una distancia de 200, 300 o 350 metros- incluso el diario “El Tribuno” de Salta llega a decir 400 metros-, se pueda lograr un tiro efectivo, como aparentemente se ha producido. Con armas calibre 22, que son las que se usan para tiro al blanco- que además son especiales y muy caras-, sí se puede lograr puntería a cierta distancia, pero es imposible lograrla desde el monte desde donde aparentemente se hicieron los disparos hasta el lugar donde se encontraba Gendarmería.

Por otro lado, quiero saber si existen planes elaborados por le Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente o por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa- que se constituyeron en el lugar- para tratar de resolver parcialmente la situación que se vive en el departamento de General San Martín.

Asimismo, me gustaría saber si el Poder Ejecutivo tiene prevista alguna medida política para resolver no ya la situación de los presos que se encuentran en Salta o en Jujuy sino la de las dos mil o dos mil quinientas personas que como consecuencia del conflicto social están procesadas; no están detenidas pero sí procesadas.

Finalmente, quisiera preguntar al señor ministro si nos puede dar mayores precisiones sobre la hipótesis de que algunos grupos podrían estar actuando en el lugar. Hasta ahora está referida exclusivamente a los dos gendarmes, y es muy difícil explicar por qué razón no se ha detenido a algún francotirador o a alguna persona que hacía este tipo de disparos, cuando hubiera sido muy fácil cercar el monte, lugar del que aparentemente provenían los disparos.

Sr. Ministro del Interior: En todo caso esa apreciación, acerca de “lo fácil” que era, la puede determinar el juez, que llamará a los responsables de la Gendarmería y les preguntará por qué no los detuvieron. El conocimiento que nosotros tenemos es que dentro de ese lugar hay viviendas, a las que se ingresa por algunos senderos, pero para quien no sabe cual es la forma de circular dentro del monte, esa no es tarea fácil; pero sí es un blanco fácil para pretender entrar en un momento en el que se estaba en un enfrentamiento armado.

Sr. Torres Molina: Normalmente se suele hacer un cerco…

Sr. Ministro del Interior: Eso fue imposible. Podríamos traer todos los gráficos y mostrarles cómo actuó la Gendarmería y cómo fue imposible actuar de esa manera.

Pero insisto en lo siguiente: quien ha dado la orden no ha sido el Ministerio del Interior; no ha sido la Secretaría de Seguridad Interior. La Gendarmería ha actuado siguiendo la orden judicial. Por lo tanto, el responsable de todos los operativos es el juez que ha ordenado qué hacer y cómo operar. Creo que esto es lo que tenemos que tener absolutamente claro.

Sr. Torres Molina: Si me permite, señor ministro, quiero decir que disiento con esa apreciación. Lo que puede hacer el juez es resolver que se abra una ruta, pero de ninguna manera puede decidir cómo se ejecuta esa acción. De ningún modo un juez puede ordenar medidas tácticas que desconoce. El cerco bien se pudo haber hecho con los helicópteros con que cuenta la Gendarmería.

Yo simplemente quería marcar mis diferencias con esa apreciación porque la ejecución es responsabilidad de la Gendarmería.

Sr. Ministro del Interior: De acuerdo con la información, no se pudo operar de esa manera. Hay un hecho cierto: la Gendarmería no tenía previsto que iba a haber una reacción como la que hubo o un ataque armado como el que sucedió. Esto es un hecho cierto.

En cuanto al problema de la responsabilidad que puede caber al jefe de este operativo, la Justicia será quien determine al respecto, y la fuerza analizará luego todo el accionar de los responsables que estuvieron presentes. Hemos buscado que este problema no se extendiese, que hubiese en la zona la mayor cantidad de hombres posibles. Hay algo que nadie me preguntó y que yo no señalé: el accionar de la Gendarmería entre las 9 y 30 y las 12 y 15 fue con pistolas lanza gases y balas de goma. Después de haber tenido doce bajas, recién apareció un grupo con armas de fuego. Esa es la razón por la que fueron un blanco permanente en los primeros momentos, donde la policía actuaba para despejar la ruta con los elementos que se utilizan frente a situaciones conflictivas de esta naturaleza; nunca lo hace con armas de fuego, porque estas se utilizan solamente frente a una agresión con este tipo de armamento.

¿Cuál era la otra pregunta que formuló?

Sr. Torres Molina: Hay varias preguntas que no me respondió.

En primer lugar, quiero conocer cuáles fueron los proyectiles extraídos de los heridos de Gendarmería y si se pudo determinar el calibre mediante las pericias.

Sr. Ministro del Interior: Las pericias las tiene el juez.

Sr. Torres Molina- ¿Conoce cuántos proyectiles se extrajeron?

Sr. Ministro del Interior- Lo desconozco, señor diputado.

Sr. Torres Molina- ¿La Gendarmería utilizó en esa oportunidad o utiliza habitualmente fusiles M-16?

Sr. Ministro del Interior- No, señor diputado.

Sr. Torres Molina- ¿Existen planes aprobados, en marcha o en ejecución, por parte de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa o el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente para hacer frente a la situación social del lugar ?

Sr. Ministro del Interior- Señalé a la Sra. Diputada Falbo que están elaborando diversos planes al respecto.

Sr. Torres Molina- ¿El poder Ejecutivo prevé tomar alguna medida de tipo político para resolver la situación de los presos de Jujuy y Salta y la de los dos mil o dos mil quinientos procesados como consecuencia del conflicto social?

Sr. Ministro del Interior- El Poder Ejecutivo no puede alterar la acción de los jueces.

Sr. Torres Molina- Yo estoy preguntando sobre medidas políticas. Me refiero a si, por ejemplo, el Poder Ejecutivo prevé realizar una amnistía. Puede responder en forma negativa.

Sr. Ministro del Interior- No puedo responder, porque mientras el juez esté actuando, sería un atropello de parte del Poder Ejecutivo interferir en la acción de la Justicia.

Sr. Torres Molina- Esa no es la función de la amnistía, históricamente se ha usado en otro sentido; simplemente le recuerdo la revolución radical de 1905. Me refiero a las amnistías que se aplicaron durante el proceso o a la que permitió la libertad del senador Leandro N. Alem en esa época. La respuesta está en línea con lo que usted dice: no hay ninguna medida política prevista para solucionar los problemas de este tipo.

Sr. Ministro del Interior- Así es.

Sr. Torres Molina- La última pregunta que no respondió es si hay alguna hipótesis o si puede brindar mayor precisión sobre quiénes pudieron haber intervenido en estos hechos haciendo puntería contra la Gendarmería, más allá de los gendarmes que se mencionaron. ¿Existe algún análisis por parte del Poder Ejecutivo en ese sentido?

Sr. Ministro del Interior- El análisis de quiénes han estado actuando en apoyo a todo este tipo de manifestaciones proviene de algunas expresiones políticas conocidas, como la Corriente Clasista y Combativa. Este es uno de los elementos fundamentales que ha prestado todo su apoyo a este tipo de manifestaciones y que permanentemente viene reclamando por la libertad de los detenidos en estos episodios de Salta.-

Sr. Torres Molina- Permítame que haga algún aporte a las tareas de inteligencia que están faltando al Poder Ejecutivo, con las siguientes apreciaciones.

La Corriente Clasista y Combativa tiene escasísima incidencia en el lugar. Sí participan el Partido Obrero y el MST, pero todo indica que no tienen ninguna participación en hechos violentos por las características que desde su posición política mantienen en forma permanente.
La Corriente Clasista y Combativa ha cortado caminos y rutas en muchos lugares, como en Jujuy o en el caso de la ruta Nº 3, sin dar lugar a ningún muerto. Es decir que ha sido muy cuidadosa en los cortes de ruta que ha hecho . Esto lo digo como un aporte a los análisis de inteligencia que evidentemente están faltando al Poder Ejecutivo.

Sr. Ministro del Interior- No se trata de eso, señor diputado. Usted me está diciendo cuáles son los elementos que hay, y yo he manifestado quiénes han exteriorizado sus conductas solidarias. La precisión de estos hechos….

Sr. Torres Molina- Yo también he manifestado mi conducta solidaria con los reprimidos en General Mosconi, al igual que diversos organismos de derechos humanos y un gran núcleo de diputados nacionales.

Sr. Ministro del Interior- Creo que frente a lo que son las decisiones del juez, vivimos en un estado de derecho o lo subvertimos. Aquí hace falta que definamos si queremos vivir en un estado de derecho , si queremos respetar nuestra Constitución y nuestras leyes o si, por el contrario, tenemos una actitud que, tal como lo han expresado varios dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa, justifica la lucha armada . Esto lo han dicho en algunos programas de televisión, y se ha hecho referencia al uso de la violencia y de la fuerza, tal como lo ha expresado el dirigente sindical de los empleados municipales de Jujuy, el señor Santillán. Nosotros lo hemos denunciado desde el Ministerio del Interior porque hace una apología del delito, y no tengo ningún inconveniente en denunciar a todos aquellos que se manifiestan de esa manera, porque el que quiere utilizar la fuerza de las armas y de la violencia está tratando de destruir el sistema democrático. No vamos a permitir la destrucción de esta democracia, que nos costó demasiados sacrificios y muertes.

Por lo tanto, no vamos a tolerar la posición de algunos aventureros, porque el daño que se hace sobre la sociedad argentina es irreparable.

Sr. Torres Molina- Se sigue equivocando, señor ministro, en los análisis de inteligencia…..

Sr. Ministro del Interior- Puede ser.

Sr. Torres Molina-….porque no tengo por qué interpretar el pensamiento del señor Santillán, pero lo que ha dicho ha sido en un sentido histórico referido a los cambios sociales.

Sr. Ministro del Interior- Creo que hemos escuchado dos programas distintos.

Sr. Torres Molina- Fíjese cuál ha sido la práctica en los cortes de camino. Creo que ustedes están analizando erróneamente la situación.

Intervención en la reunión de Comisión de Seguridad Interior
y Labor Parlamentaria con el Ministro del Interior, 10/07/01

Restituir cargos a los profesores mayores de 70 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados

Declara:

Que vería con agrado que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional La Plata revea su decisión de separar de sus cargos a los Profesores que han excedido la edad de setenta años.

Fundamentos

Señor Presidente:

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ha resuelto, de acuerdo con el Estatuto de la Universidad, separar de sus cargos a siete Profesores que han cumplido los setenta años de edad. La disposición estatutaria establece que el Consejo Académico deberá decidir antes de finalizar las sesiones de cada año sobre la situación de los docentes que alcancen sesenta y cinco años de edad. La actividad docente, de acuerdo al estatuto, puede ser prorrogada por resolución del Consejo Académico por lo que resulta injustificado que se disponga un cese generalizado de profesores por el solo hecho de exceder cierta edad. En algunos casos los concursos fueron resueltos cuando ya los profesores afectados por la resolución habían cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Hace poco tiempo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires adoptó idéntica resolución y el rechazo que tal decisión produjo en los centros científicos del país y del exterior motivó que los profesores separados de sus cargos fueran reincorporados a sus tareas docentes.

El mismo hecho se repite ahora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata con los profesores que están en condiciones de brindar los conocimientos que han adquiridos en años de investigación, por lo que solicitamos de la H. Cámara la aprobación del presente proyecto de declaración.

Presentado el 8/3/ 00
Exp. 478 – D-00

Ampliación de plazos para la presentación de solicitudes de indemnización emergentes de la ley 24.411

Proyecto de Ley

Artículo 1º: Amplíase a dos (2) años el plazo para la presentación de la solicitud de la indemnización emergente de la ley 24.043 a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 2º: Amplíase a cinco (5) años el plazo para la presentación de la solicitud de la indemnización emergente de la ley 24.411.

Artículo 3º: Modifícase el artículo 1º de la ley 24.043 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decisión de éste, o que siendo civiles hubieren sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de la esta ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial, con motivo de los hechos contemplados en la presente”.

Artículo 4º: Modifícase el artículo 2º de la ley 24.411 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Tendrán derecho a percibir igual indemnización que la establecida en el artículo 1º los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar en el período comprendido entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983.”

Fundamentos

Sr. Presidente:
El proyecto que se somete a la consideración del Congreso tiende a resolver diferentes problemas suscitados en la aplicación de las leyes 24.043 y 24.411 de indemnización a los presos políticos y de indemnizaciones por desaparición forzada de personas y homicidios ocasionados por la represión.
Al finalizar la última dictadura militar varias personas iniciaron juicios por indemnización por daños y perjuicios con motivo de las detenciones ilegales. En algunos casos, teniendo en cuenta las normas del Código Civil, la justicia consideró que las acciones promovidas se encontraban prescriptas, fallos que en definitiva fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 250:676; 251:270; 269:51). Contra esas decisiones se promovieron las correspondientes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con motivo de esas presentaciones el Poder Ejecutivo Nacional mediante Mensaje Nº 1484 del 3 de agosto de 1990 ingresado al Senado de la Nación propició la sanción de una ley que indemnizara a las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo que hubiesen iniciado juicios con anterioridad al 10 de diciembre de 1985, aún cuando la acción haya sido declarada prescripta.

El Poder Ejecutivo en su Mensaje al Congreso sostenía:

” Un pequeño número de estos actores presentaron sus reclamos ante la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en virtud del artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por vuestra Honorabilidad mediante ley nº 23.054 y que entró en vigor para el país el 5 de septiembre de 1984.

“En sus presentaciones escritas ante la Comisión Interamericana y en la audiencia que se celebrara el 11 de mayo de 1990, el Gobierno de la República Argentina reiteró las razones jurídicas, tanto de derecho interno como de derecho internacional, que fundamentan la inadmisibilidad y la improcedencia de los reclamos formulados en esa sede. También señaló que los perjuicios sufridos por los peticionarios, y muy especialmente las circunstancias en que ellos fueron causados, motivan el dolor, la solidaridad y la comprensión del Gobierno.

“En ocasión de la ya aludida audiencia, el GOBIERNO ARGENTINO expresó que no obstante que las normas aplicables a los casos allí planteados llevaran al rechazo de las pretensiones de los peticionarios, por imperio del instituto de la prescripción, reconocido en el artículo 46 (1) (b) de la Convención Americana, el PODER EJECUTIVO NACIONAL había adoptado la decisión política de propiciar, agotada la vía jurídica del campo de los derechos subjetivos, la sanción de una ley especial que contemple y dé satisfacción, por razones de equidad, a quienes no pudieron recibir una sentencia favorable por haber reclamado tardíamente sus derechos.

“Sólo Vuestra Honorabilidad, como representantes del pueblo y las provincias, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Nacional, puede dar solución a los reclamantes ante la Comisión Interamericana y también a aquellos que, si bien no presentaron su reclamo en sede internacional, se encuentran en iguales condiciones fácticas.
“Es en este orden de ideas que, implementando el decreto nº 798 de 26 de abril de 1990, la Comisión ad hoc que dicha norma constituye elaboró el proyecto de ley que hoy someto a vuestra consideración.

“Debe señalarse que existe una perentoria urgencia en la sanción de una norma como la que se propone pues ella se inscribe en la reparación de las consecuencias de un pasado del que pueblo y Gobierno somos acreedores. Sólo restituyendo la equidad en la solución de cuestiones pendientes, como la que trata este proyecto de ley, podemos asumir cabalmente la tremenda lección que estos hechos luctuosos nos han legado y prepararnos para un futuro sin desencuentros”.

La demora en el Congreso en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo motivó la sanción del decreto de necesidad y urgencia 70/91 del 10/1/91 (B.O. 16/1/91), que estableció un régimen indemnizatorio similar al propuesto por el proyecto.

Encontrándose vigente este decreto el Congreso sancionó la ley 24.043 (B.O. 2/1/92) que amplió el proyecto original del Poder Ejecutivo estableciéndose indemnizaciones a todas las personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo y a los civiles juzgados por los tribunales militares.

El artículo 6 de la ley fijaba el plazo de ciento ochenta días para la presentación de la solicitud de indemnización. Ese plazo fue ampliado por las leyes 24.436 (B.O. 19/1/95) y 24.906 (B.O. 19/12/97). Esta última ley amplió por ciento ochenta días a partir de su vigencia el plazo previsto por el artículo 6º de la ley 24.043, venciendo el plazo el 9/9/98.

La ley 24.043 fue reglamentada por el decreto 1023/92 (B.O. 29/692) con las modificaciones introducidas por el decreto 205/97 (B.O 17/3/97).

En octubre de 1992, al resolver la incompatibilidad de las normas de impunidad sancionadas por nuestro país con la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de san José de Costa Rica), la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos estableció que el estado argentino debía indemnizar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos o a sus familiares. En el punto segundo del informe se establece:

“…recomendar al gobierno de la República Argentina que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el párrafo precedente”.

Como consecuencia de esa resolución se sancionó la ley 24.411 (B.O.3/1/95) por la que se disponen indemnizaciones por medio de sus causahabientes a las personas que se encuentren en situación de desaparición forzada y a los causahabientes “de toda persona que hubiere fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier otro grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83.”

Esta ley fue complementada por la ley 24.823 (B.O. 28/5/97).
La ley 24.499 (B.O. 13/7/95) prorrogó el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 12/7/00.

Las solicitudes de indemnizaciones presentadas hasta el 9 de marzo de 2000 son las siguientes:

Solicitudes por desaparecidos………….5.998
Subsidios por fallecidos………………….1.402
Total ……………………………………………7.400

La ley 24.411 fue reglamentada por decreto 403/95 (B.O.4/9/95).

La interpretación sobre el vencimiento del plazo para presentar solicitud correspondiente a la indemnización establecida por ley 24.043 ha dado lugar a serias dificultades. La Subsecretaría de Derechos Humanos interpretó erróneamente que el plazo para presentar la solicitud vencía el 17 de septiembre de 1998, cuando en realidad vencía el 9 de septiembre de 1998. La Subsecretaría en forma oficial informó que el plazo vencía el 17 de septiembre. Por ejemplo, en la publicación oficial de la Subsecretaría, la revista Queselea Nº 2, mayo de 1998, p.29 se dice:

“El 17 de septiembre de 1998 vencerá el plazo para efectuar la presentación de solicitudes para acogerse al beneficio dispuesto por la ley 24.043, prorrogada por la ley 24.906”.

En base a esa interpretación la Subsecretaría de Derechos Humanos cerró el libro de ingresos de expedientes el 17 de septiembre, firmando el acta los representantes de la Unidad de Auditoría Interna, de la Sindicatura General de la Nación y el Coordinador de la Unidad de trabajo de la ley 24.043.

Pero cuando los organismos competentes del Ministerio del Interior y en la actualidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debieron dictaminar rechazaron por extemporáneas todas las solicitudes de indemnización presentadas después del 9 de septiembre pero antes del 18 de septiembre.

La información errónea dada por la Subsecretaría de Derechos Humanos deja sin indemnización las solicitudes que fueron presentadas de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El proyecto de ley que se somete a la consideración del Congreso tiende a resolver los problemas indicados estableciendo un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes.

Se amplía también el plazo para la presentación de las solicitudes de indemnización establecido por ley 24.411 por cuanto el número presentado hasta ahora no guarda relación con la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura.
Sin dudas en zonas rurales o lejanas de los principales centros urbanos se ignora la existencia de la ley y de los trámites que deben hacerse para percibir la indemnización.

Las leyes 24.043 y 24.411 establecieron como fecha límite para los hechos que puedan dar lugar al reconocimiento de las indemnizaciones el 10 de diciembre de 1983. El decreto 1023/91 estableció que la indemnización fijada por la ley 24.043 procedería por hechos ocurridos a partir del 6 de noviembre de 1974.

Una ley posterior, la nº 25.192, estableció indemnizaciones para los familiares de las personas fusiladas entre los días 9 y 12 de junio de 1956.

Varios hechos de nuestra historia política reciente que tienen similitud con los que son reconocidos por las leyes 24.043 y 24.411 según sus reglamentaciones e interpretaciones jurisprudenciales, quedan al margen de su reconocimiento histórico. Por ello se propone en el presente proyecto modificar las leyes 23.043 y 24.411 tomando como fecha desde la cual corresponden las indemnizaciones el 16 de junio de 1955, día en el que fue bombardeada la Plaza de Mayo.

Solicitamos por todo ello la aprobación del presente proyecto de ley.

Presentado el 27/4/00
Exp. 2210 D-00

Despido de 39 trabajadores chilenos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima.

Proyecto de Declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

Declara:
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su preocupación por la falta de solución al pedido de reincorporación de treinta y nueve trabajadores de nacionalidad chilena despedidos por Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima (Y.C.R.T.S.A.)

Fundamentos

Señor presidente:

Como consecuencia de la política privatizadora que se desarrolló en el país, la empresa Y.C.R.T.S.A. que sucedió a Yacimientos Carboníferos Fiscales en la explotación del mineral de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, procedió a despedir a treinta y nueve trabajadores con el objetivo de lograr mayor rentabilidad para la empresa.

Los despidos afectaron a personal altamente calificado, con veinte a veinticinco años de antigüedad, de nacionalidad chilena, por lo que podría tratarse de un acto de discriminación y fueron dispuestos en noviembre de 1997.

En el pliego de Bases y Condiciones del Contrato de Usufructo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio que rige las relaciones de la empresa adjudicataria con el Estado se estableció que la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. no podía despedir al personal que trabajaba en Y.C.F. sin justa causa, a pesar de lo cual la empresa procedió al despido de los treinta nueve trabajadores chilenos. Como consecuencia del conflicto gremial planteado, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, resolvió por disposición Nº 584 del 5 de diciembre de 1997 la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Con posterioridad, por acta del 16 de diciembre de 1997, la empresa Y.C.R.T.S.A. se comprometió a asegurar la continuidad laboral de los trabajadores despedidos “en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 3/75 vigente y la inserción laboral de los restantes con subcontratistas o empresas con las que se vincule a tal fin”.

Los trabajadores despedidos, pese al tiempo transcurrido y a las gestiones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado, no han sido reincorporados a la empresa. Continúan trabajando en el mineral a través de empresa contratista, pero han perdido todos los derechos derivados de su antigüedad.

Presentado el 18/5/00
Exp. 2829 D-00

Derecho a la verdad sobre delitos de lesa humanidad e instrucción
de Juicios de la Verdad

Proyecto de Ley

Artículo 1º: Derecho a la Verdad. Declarase el derecho de la sociedad argentina a conocer la verdad sobre los delitos de lesa humanidad ocurridos en territorio argentino o en otros países que afectaron a personas de nacionalidad argentina.

Artículo 2º: Juicio de la Verdad. Para el esclarecimiento de la verdad se instruirán los correspondientes Juicios de la Verdad.

Artículo 3º: Competencia. Serán competentes para entender en los Juicios de la Verdad las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en materia penal.

Artículo 4º: Delegación. Las Cámaras Federales de Apelaciones podrán delegar en uno o más de los jueces que la integran el cumplimiento de las medidas de prueba que dispongan.

Artículo 5º: Audiencias. Las audiencias que se celebren serán públicas.

Artículo 6º: Norma supletoria. En la instrucción del Juicio de la Verdad será de aplicación el Código Procesal Penal de la Nación.

Artículo 7º: Requerimiento de la Instrucción. Podrán requerir la instrucción del Juicio de la Verdad el Ministerio Público Fiscal, las víctimas de los delitos de lesa humanidad o sus familiares, o los organismos de Derechos Humanos, los que podrán solicitar la adopción de las medidas de prueba que puedan conducir al esclarecimiento de los hechos. La Cámara podrá actuar de oficio cuando lo estime pertinente.

Artículo 8º: Informe. Cuando la Cámara considere agotada la investigación correspondiente a una persona, un grupo de personas, un centro ilegal de detención o una zona geográfica, elaborará un informe dando a conocer los antecedentes y las conclusiones.

Artículo 9º: Vigencia. A partir de la vigencia de la presente ley todo juicio de la verdad o acción judicial que tienda al esclarecimiento de la verdad será remitido a la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda, la que continuará con la investigación. Esta norma no es de aplicación a los juicios en trámite en los que exista imputación penal.

Artículo 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

Señor Presidente:

En el informe 28/92 dado a publicidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se consideraba que las leyes 23.492 (B.O. 28/12/86), 23.521 (B.O. 9/6/97) y el decreto 1.002/89 (B.O. 10/10/89) resultaban incompatibles con normas de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establecía, en el punto tercero, la necesidad de que el gobierno argentino adoptase las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.

Esa resolución era concordante con la sentencia que con anterioridad había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez, en el que dejó establecido con relación a la desaparición forzada de personas el siguiente principio:

“El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de las personas desaparecidas. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez. Sentencia del 29 de Julio de 1988, Secretaría de la Corte, Costa Rica, 1988, p.74).

La formación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), dispuesta por el Gobierno Nacional el 5 de diciembre de 1983 por decreto Nº187/83 (B.O. 19/12/83), tuvo como objetivo contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se habían producido en el país y sus investigaciones fueron utilizadas en las causas Nº13/85 y 44/85 seguidas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires contra las Juntas Militares y el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en otras causas que se instruyeron en distintos lugares del país.

En los considerandos del decreto de creación de la CONADEP se decía:

“Que, con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse ese interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles de personas, sin que esa intervención interfiera en la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o penar estos hechos, o sea los jueces.
“Que, en consecuencia, se considera apropiado integrar una comisión nacional, de la que formen parte personalidades caracterizadas por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país, para determinar lo sucedido con las personas desaparecidas.”

A la CONADEP le siguieron, en otros países, las siguientes comisiones:

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en Chile; Comisión de la Verdad, en el Salvador; Comisión Investigadora de la muerte de los periodistas en Uchuraccay, en Perú; Comisión Investigadora de los penales, en Perú; Comisión Nacional de Desaparecidos, en Bolivia; Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. También se crearon comisiones no oficiales en Bolivia, Brasil y Paraguay. En Sudáfrica se ha creado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que incluye una amnistía condicionada a la confesión de las violaciones a los derechos humanos y a la veracidad de la declaración.

Frente al reclamo judicial del derecho a la verdad la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Lapacó” rechazó el ejercicio de ese derecho en la causa penal.

Dijo la Corte en esa oportunidad:

“Que dado que las diligencias de investigación tienen por finalidad comprobar la existencia de un hecho punible y descubrir a los autores (art. 178 Cod. de Procedimientos en lo Criminal), no resulta admisible su realización en el estado actual de la presente causa, al haberse agotado su objeto procesal. La realización de las medidas requeridas implicarían la reapertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividad jurisdiccional contra quienes han sido sobreseídos definitivamente por las conductas que dieron lugar a la formación de la presente causa, por lo que no se advierte el objeto del solicitado diligenciamiento, dado que carecería de toda virtualidad la acumulación de prueba de cargo sin un sujeto pasivo contra el cual pudiera hacerse valer.” (C.S.J.N. 13/8/98, L.L. 1998, F, p.365).

En cambio en el caso Urteaga la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la verdad en una acción de habeas data.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido expresamente el derecho a la verdad. En el informe 1/99 referido a El Salvador dijo la Comisión:

” El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(I), 8 (I), 25 y 13 de la Convención.

“…las interpretaciones emitidas por la Corte en el caso Castillo Paez (CIDH, caso Castillo Paez, sentencia del 3 de noviembre de 1997, párrafo 86) y en otros relacionados a las obligaciones genéricas del artículo 1 (I) permiten concluir que el “derecho a la verdad” surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables”

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se ha referido al derecho a la verdad, estableciendo que constituye una obligación del estado poner fin al estado de ignorancia e incertidumbre en que se encuentran los familiares de las víctimas. (Theo Van Boven, Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas, “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”; Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 451 período de sesiones, Tema 4 del programa provisional, E/ CN 4 Sub. 2/1993/8, 2 de julio de 1993)

Nuestro país ha reconocido ese derecho a la verdad en el caso 12059 que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se comprometió a instruir los Juicios de la Verdad a través de las Cámaras Federales de Apelaciones en el ámbito de su competencia. En el acuerdo de solución amistosa al que se llegó en ese caso quedó establecido:

” 1- Derecho a la Verdad: El Gobierno Argentino acepta y garantiza el derecho a la verdad que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. Es una obligación de medios, no de resultados, que se mantiene en tanto no se alcancen los resultados, en forma imprescriptible. Particularmente acuerdan este derecho en relación a la desaparición de Alejandra Lapacó.

” 2- Competencia Exclusiva a las Cámaras Federales: El Gobierno Argentino gestionará la normativa para que las Cámaras Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de todo el país, tengan competencia exclusiva en todos los casos de averiguación de la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, con la única excepción de las causas por secuestro de menores y sustracción de identidad que continuarán según su estado.

” 3- Fiscales Especiales Coadyuvantes: El gobierno argentino gestionará ante el Ministerio Público Fiscal que destine un cuerpo de fiscales ad hoc – por lo menos dos- para que actúen en forma coadyuvante sin desplazar a los naturales, en todas las causas de averiguación de verdad y destino final de personas desaparecidas, a fin de que se alcance una especialización en la búsqueda e interpretación de los datos y una mejor centralización y circulación de información entre las causas dispersas.
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” 4- Suspensión de la acción: La actora congela su acción internacional mientras se cumpla el acuerdo.”

Este acuerdo fue firmado el 15 de noviembre de 1999. En cumplimiento de ese compromiso contraído por el Estado Argentino se presenta ante esta Cámara el presente proyecto de ley.

Distintas Cámaras Federales de Apelaciones del país, como las de La Plata y Bahía Blanca, iniciaron Juicios de la Verdad que están contribuyendo al esclarecimiento de nuestro pasado reciente. Contrariamente con lo que ocurre con otro tipo de delitos, en las violaciones a los derechos humanos en las que existe responsabilidad del estado, el transcurso del tiempo ha permitido la acumulación de nuevas pruebas como documentos que eran desconocidos o nuevos testimonios recogidos por la Justicia. Esto ha permitido un importante avance en relación a las investigaciones efectuadas por la CONADEP y los juicios que se sustanciaron en la década del 80.

Las Cámaras que instruyen los Juicios de la Verdad han tenido serios inconvenientes en su tarea, por cuanto no existen normas específicas referidas a la competencia y normas de procedimiento que deben ser aplicadas.

El proyecto que se somete a la consideración del Congreso establece la competencia de las Cámaras Federales de Apelaciones para entender en los Juicios de la Verdad.

El proyecto no hace otra cosa que reconocer el derecho ya existente de la sociedad a conocer lo ocurrido en nuestro país como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. A esas violaciones a los derechos humanos se las denomina, en el proyecto, delitos de lesa humanidad, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, aprobada por ley 24.584. Se establece la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación en lo que sea pertinente para la instrucción de los Juicios de la Verdad. Se da solución así a problemas de procedimiento y competencia que han sido planteados, dificultando el avance de los juicios.

Solicitamos de la Honorable Cámara, por todo lo expuesto, la aprobación del presente proyecto de ley.

Presentado el 7/9/00
Exp. 5584 D-00

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Desaparición forzada de personas

Proyecto de Ley

Artículo 1º: Incorpórase como artículo 142 ter del Código Penal el siguiente:

“Artículo 142 ter: Se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años e inhabilitación especial absoluta y perpetua, al agente del estado, o persona o grupo de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, que privasen ilegítimamente de su libertad a una o más personas o separen compulsivamente a un menor de su familia de origen, seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o a informar sobre el paradero de la persona.

“Si transcurre más de un mes desde la privación de la libertad sin que se conozca el paradero de la persona privada de su libertad o sin que se restituya al menor a su familia, la pena será de veinticinco años de prisión o reclusión.

“Si resultare la muerte de la persona ofendida la pena será de prisión o reclusión perpetua.

“Podrá reducirse la pena aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, a la persona que habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada o alteración de la identidad de un menor, contribuyan a la aparición con vida de la víctima o a la restitución del menor a su familia o suministren información que permita el esclarecimiento del hecho.

“La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga no estarán sujetas a prescripción.”

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

Señor Presidente:

La desaparición forzada de personas se constituyó en una práctica sistemática en los países de América Latina a partir de la década del `60 contra los disidentes políticos, alcanzándose el mayor número de víctimas en Argentina y Guatemala. Esta práctica sistemática motivó la reacción de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que crearon órganos o instrumentos legales destinados a prevenir la desaparición de personas.

En Naciones Unidas, teniendo en cuenta la situación argentina, se creó en 1980 el grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que debía llamarse “Grupo de Trabajo Especial sobre la Desaparición en la Argentina”, al que la diplomacia de la dictadura logró cambiar su nombre.

En la Organización de Estados Americanos se aceptó la iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adoptar una Convención Interamericana dirigida a prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, resolviendo la Asamblea General invitar a los estados miembros a que presentaran sus observaciones a esa iniciativa antes del 30 de junio de 1988. De esta discusión, en la que se consultó a organizaciones no gubernamentales, surgió el proyecto que posteriormente fue aprobado por la vigésimo cuarta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1992 y sometido a la ratificación de los estados.

Nuestro país por ley 24.556 (B.O. 18/10/95) aprobó la convención, a la que se le otorgó jerarquía constitucional por ley 24.820 (B.O. 29/5/97) de acuerdo al procedimiento establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución.

Esa Convención establece la obligación de los estados de prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, conducta que en la actualidad esta penada por varias normas, (privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio, incumplimiento de los deberes de funcionario público) pero no en forma específica en un tipo penal autónomo que contemple ese hecho tan complejo que afecta distintos bienes jurídicos.

El proyecto que se somete a la consideración del Congreso da cumplimiento al compromiso contraído por el estado argentino por el artículo 1, inciso b de la Convención que establece la obligación de los estados de sancionar en el ámbito de su jurisdicción “a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de la comisión del mismo”.

Se define la desaparición forzada de personas tal como lo hace la Convención y agrega el tipo penal de “desaparición forzada de menores” (contemplado parcialmente por el artículo 146 del Código Penal referido a la sustracción de menores de diez años) y se establecen penas acordes con la gravedad del delito y el sistema de nuestro código.

El proyecto considera que la prolongación de la desaparición en el tiempo debe agravar la pena. Transcurrido un mes sin que se conozca el paradero de la persona o sin que se restituya al menor a su familia se establece, para los autores del delito, la pena de veinticinco años de prisión o reclusión. Se acepta la figura del “colaborador” o “arrepentido” y la imprescriptibilidad del delito tal como lo admite y exige la Convención.

El proyecto se diferencia de otros proyectos presentados en cuanto tipifica específicamente el delito de desaparición forzada de menores.

Es lógico que así se haga en un país en el que desaparecieron menores, cuya búsqueda continúa, constituyendo esas desapariciones una particularidad de la represión que se vivió en Argentina, a la cual el Estado debe dar una adecuada respuesta.

Abuelas de Plaza de Mayo ha recibido unas doscientas veinte denuncias por menores desaparecidos. A esa cifra deben sumarse unos treinta casos que fueron denunciados ante la CONADEP, no registrados con anterioridad por Abuelas de Plaza de Mayo. De esa denuncia se han podido esclarecer sesenta casos, entre ellos nueve casos de menores asesinados o que no alcanzaron a nacer.

Este grave problema argentino llevó a la genética a elaborar el concepto de “abuelismo”, es decir reemplazar en las pruebas hemogéneticas los datos de los padres desaparecidos por los de sus familiares directos. Se pudieron efectuar así pruebas de H.L.A., de A.D.N. nuclear y A.D.N. mitocondrial, entre otras pruebas genéticas, que pueden dar la certeza de la identidad de menores que fueron separados de su familia al producirse la desaparición de sus padres, o que nacieron durante la detención ilegal de su madre.

La desaparición forzada de menores fue específicamente considerada en el Coloquio de Buenos Aires reunido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales entre los días 10 a 13 de octubre de 1988. El Coloquio tenía como finalidad redactar un anteproyecto de Convención Internacional para la prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, que en su artículo II preveía específicamente la desaparición de menores.

La Convención sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por Ley 23.849 (B.O. 22/10/90) a la que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución otorgó jerarquía constitucional, reconoció en sus artículos 7 y 8 el derecho a la identidad, en lo que la doctrina ha denominado las “cláusulas argentinas”, que contempla, entre otras cosas, la sustitución de identidad consecuencia de la desaparición forzada de menores.

En forma indirecta la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas también se refiere a la desaparición de menores al establecer en su artículo 12 la obligación de los Estados de colaborar en la búsqueda, localización y restitución de menores trasladados de un estado a otro como consecuencia de la desaparición de sus padres.

El estado argentino ha adoptado medidas tendientes a esclarecer la desaparición de menores, colaborando con la labor que desarrolla la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Se sancionaron así las leyes 23.511 (B.O. 10/7/87) de Creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la ley 25.066 (B.O.14/1/99) que creó el Fondo de Reparación Histórica para la localización y restitución de los niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina.

La Ley 24.410 (B.O. 2/1/95) también modificó el capítulo correspondiente al Código Penal agregando como bien jurídico el de la identidad, aumentando las penas que correspondían a los delitos de suspensión o suposición del estado civil, falsificación de documento público destinado a acreditar identidad y sustracción de menores.

En el ámbito del Ministerio del Interior, por Disposición 1328/92 de la Subsecretaría de Derechos Humanos se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la que después tuvo nueva reglamentación por la Resolución 1392/98, cuyo objetivo es la búsqueda de los niños desaparecidos.

Estos antecedentes plantean al estado argentino la exigencia de tipificar en forma específica la desaparición forzada de menores.

Presentado el 25/10/00
Exp. 6884 D-00

Indemnización para las personas detenidas por razones políticas a disposición de juzgadores federales

Proyecto de Ley

Artículo 1º) Agréguese como inciso c al artículo 2º de la Ley 24.043 el siguiente:

“c) Haber estado detenido por razones políticas a disposición de juzgados federales y sometido al régimen de detención previsto por los decretos 1209/76, 780/79 y 929/80, o haber sido detenido por aplicación de la Ley 20.840 o en causa penal en la que otras personas hayan sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo.”

Artículo 2º) Las personas comprendidas en la presente Ley podrán solicitar la indemnización en el plazo de un año a contar desde su entrada en vigencia.

Fundamentos

La Ley 24.043 dispuso indemnizar a las personas que estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983 o que, siendo civiles, fueron privados de su libertad por actos emanados de tribunales militares.

La Ley fue interpretada con amplitud por la autoridad administrativa y por la justicia considerando comprendidos hechos no contemplados expresamente por la Ley como la detención dispuesta por autoridades militares, o en centros clandestinos de detención, o conscriptos sometidos a tribunales militares.

En esos casos se tuvo en cuenta la arbitrariedad de la detención en virtud de la ilegitimidad de la autoridad que la ordenaba.

Pero fueron excluidos, en las resoluciones administrativas y judiciales, las personas que fueron detenidas y /o procesadas por órdenes de jueces de facto en causas de naturaleza política que no fueron puestas simultáneamente a disposición del Poder Ejecutivo, como ocurrió en la mayoría de los casos de las personas detenidas, por lo que se cometió una verdadera injusticia.

En muchos casos, personas procesadas en una misma causa fueron algunas puestas a disposición del Poder Ejecutivo y otras no. Estuvieron sometidas al mismo régimen carcelario violatorio de los derechos humanos. A los primeros se les reconoció la indemnización prevista por la ley 24.043. A quienes no estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo se les negó esa indemnización.

Con motivo de esa irregularidad personas que estuvieron comprendidas en esa situación efectuaron la correspondiente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que dio lugar al informe 73/00 correspondiente al caso 11.784 en el que se declaró que, por ausencia de normas que expresamente contemplen la situación de las personas detenidas por razones políticas que no fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo o sometidas a tribunales militares no se había violado el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) que consagra el derecho de igualdad ante la ley.

Esa injusticia es la que se pretende reparar mediante el presente proyecto de ley.

Según el informe proporcionado por el Estado Argentino en el caso 11.784 la indemnización fue negada en unos 600 casos ya que se trataba de personas que habían estado detenidas exclusivamente a disposición del Poder Judicial o parcialmente denegado en algunos casos.

Estas personas serían las que estarían comprendidas en la presente ley, respetándose así la exigencia de indemnización que surge como consecuencia de las violaciones a las obligaciones internacionales del estado.

Para definir el carácter político de la detención distinguida con toda claridad por la doctrina y los tratados internacionales (que comprende también los llamados delitos conexos, cometidos con una finalidad política) se ha tomado como criterio ejemplificativo a las personas que estuvieron detenidas a disposición de un juez federal sometidas al régimen de detención previsto por los decretos 1209/76, 780/79 y 929/80 que se tomaron en cuenta en la ley 23.070 para la conmutación de penas o el hecho de que personas procesadas en la misma causa hayan sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo o que se les haya imputado la comisión de los delitos contemplados por la ley 20.840.

Presentado el 9/5/01
Exp. 2519 D- 01

Pedido de Interpelación al Ministro del Interior

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve:

Convocar según lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados al Señor Ministro del Interior para que de las explicaciones e informe sobre la represión a los conflictos sociales y la situación en la Provincia de Salta.

Fundamentos:

Varios muertos, decenas de heridos, personas encarceladas y más de dos mil procesados son las consecuencias de la represión que efectuó el gobierno nacional, con la colaboración de gobiernos provinciales, para enfrentar a los conflictos sociales.

No hay una política que tienda a resolver o atenuar la grave situación social que se vive en el país, con un alto índice de desocupación, bajos salarios, exclusión de importantes sectores sociales y violencia institucional generalizada.

Las movilizaciones que efectúan los desocupados, trabajadores, productores agropecuarios, pequeños y medianos empresarios son violentamente reprimidas y solo en algunos casos se logra que las autoridades responsables otorguen a las personas que se movilizan algunos planes “trabajar”.

Así ha ocurrido en Corrientes, Neuquen, Río Negro, Tierra del Fuego, La Rioja, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y ciudad de Buenos Aires entre otros lugares, o con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, cuando se han manifestado en reclamo de sus legítimos derechos.

Cinco muertos ha provocado la represión del actual gobierno a los conflictos sociales. Unas dos mil quinientas personas se encuentran procesadas por participar en movilizaciones. Varias personas se encuentran detenidas.

En una de las causas que se instruye en la Provincia de Salta, el Juez Federal ha considerado que las personas que reclaman por derechos consagrados en la constitución cometen el delito de “sedición”.

La gravedad de la situación hace necesaria la presencia del señor Ministro del Interior en la Cámara de Diputados para dar las explicaciones e informes previstos por el artículo 71 de la Constitución Nacional.

Presentado el 19/06/01
Exp. 3763 D-01

Condena a la represión de Gendarmería en General Mosconi

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Declara:

Su más enérgica condena a la represión efectuada por Gendarmería Nacional contra los pobladores de General Mosconi, Provincia de Salta, que cortaban la ruta N° 34 reclamando aumentos salariales para los trabajadores de la construcción, que ocasionó dos muertes y su solidaridad con el pueblo de Salta que se moviliza en defensa de sus derechos.

Fundamentos:

Dos personas muertas y unos cincuenta heridos, incluyendo al personal de la Gendarmería Nacional, han sido las consecuencias de la violenta represión que se ejerció contra los pobladores de General Mosconi, Provincia de Salta, que cortaban la Ruta Nacional N° 34 en demanda de mejoras salariales.

Dos nuevos muertos que se suman a otra persona muerta, también como consecuencia de la represión en noviembre de 2000, en la misma zona en conflicto.
Entre mayo y noviembre de 2000 se produjeron sucesivos cortes en la Ruta N° 34 en reclamo de planes “Trabajar” y de la ejecución de nuevas obras públicas en una provincia que tiene altos índices de desempleo y una acentuada desigualdad en la distribución de los ingresos.

Según las propias cifras oficiales brindadas por el INDEC más de la mitad de la población de Salta se encuentra por debajo de la línea de pobreza y un 17,6 % son indigentes, es decir, unas 600.000 personas se encuentran con ingresos menores a 490 pesos mensuales por hogar de cuatro personas y unas 190.000 personas reciben menos de 240 pesos por hogar.

Frente a esa deuda social, que en el caso de General Mosconi es consecuencia directa de la privatización de Y.P.F., el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Salta responden con represión.

Nos encontramos entonces frente a la crisis del modelo de exclusión, creador de realidades sociales como la de Salta, que exigen un total cambio en el rumbo de las políticas nacionales que toman en cuenta los intereses de los acreedores externos y no las demandas sociales de un pueblo que, como el de Salta, se moviliza en defensa de sus derechos.

Presentado el 19/06/01
Exp. 3764 D-01

II- ASUNTOS CONSTITUCIONALES

• Impugnación de diplomas.

• Decretos de necesidad y Urgencia.

• Protección de la base de datos y fuentes de información periodística.

• Delegación de facultades al Poder Ejecutivo

• Ley de Equilibrio Fiscal

• Condena a la detención de personas por repartir volantes con críticas al intendente de Chamical, provincia de La Rioja (proyecto de declaración)

• Situación institucional del Municipio de Colón (proyecto de resolución)

Impugnación de diplomas.

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: nos encontramos ante un procedimiento parlamentario sin antecedentes en la historia constitucional argentina y de indudable trascendencia institucional, a través del cual la Cámara de Diputados debe resolver sobre la incorporación o no de un diputado electo impugnado por considerárselo autor de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Contra el diploma del diputado electo por Tucumán se presentaron distintas impugnaciones de parte de diputados en ejercicio, electos y organismos de derechos humanos. En este sentido, el artículo 64 de la Constitución establece que cada Cámara es juez de la elección, derechos y títulos de sus miembros, y el artículo 66 señala que la Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desórdenes de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno. Como consecuencia de estas normas, cada Cámara tiene un poder disciplinario sobre sus miembros que se manifiesta en las siguientes facultades señaladas por Joaquín V. González en 1897, en su Manual de la Constitución Argentina. Se trata de facultades de corrección por desórdenes de conducta en el ejercicio de sus funciones; de remoción, por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, como sería el caso de incapacidad -son hechos ajenos a la conducta del legislador- y, finalmente, Joaquín V. González reconoce que la Cámara tiene poder de exclusión, referido a conductas que a su juicio considere disvaliosas.

González Calderón habla de indignidad, que es el principio que ha sido recogido por el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y que lo ha designado como inhabilidad moral.

Refiriéndose a la exclusión, Bidart Campos dice en su Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino, 1991, Tomo II, página 90- que mientras la remoción requiere inhabilidad, la exclusión queda librada a la discreción de la Cámara, pero siempre, como todo ejercicio de competencia por los órganos de poder, en forma razonable y no arbitraria.

Si observamos la Constitución de los Estados Unidos, vemos que en la Sección V se establece que cada Cámara será juez en la elección, los desempeños y calificaciones de sus propios miembros. También señala que puede sancionar a sus miembros por desórdenes de conducta y, con la concurrencia de las dos terceras partes, expulsar a un miembro. Sobre la base de la atribución para calificar a sus miembros, en ciertas oportunidades el Congreso de los Estados Unidos impidió el ingreso de representantes o senadores electos.

En 1928 el Senado se negó a incorporar a un senador elector por Illinois, porque la aceptación de sumas para la promoción de su candidatura constituía un acto contrario a la sana política, perjudicial para la dignidad del Senado y peligrosa para la perpetuidad del gobierno libre.

Esa resolución puede consultarse en los anales del Congreso de los Estados Unidos correspondientes a 1928.

Nuestros antecedentes constitucionales, como por ejemplo el proyecto de Constitución federal de 1813, el proyecto de la comisión oficial del mismo año y la Constitución de 1819 –que no llegó a entrar en vigencia , se basaron en el texto norteamericano.

Asimismo, el artículo 32 de la Constitución de 1826 dice que cada sala será privativamente juez para calificar la elección de sus miembros y el artículo 38 dispone que puede igualmente cada sala corregir a cualquiera de sus miembros con igual número de votos –dos tercios por desórdenes de conducta, de sus funciones, o removerlo por su inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.

Además, si comparamos los artículos 46 y 47 del proyecto de Alberdi, que disponen respectivamente que cada Cámara es juez de la elección de sus miembros y que la Cámara reprime su inconducta con penas discrecionales y hasta puede excluir a un miembro de su seno, observamos que el texto constitucional vigente también se basa en la Constitución de 1826 y en el proyecto de Alberdi. En consecuencia, nuestro sistema constitucional es más amplio que el establecido por la Constitución de los Estados Unidos.

Si de acuerdo con sus facultades constitucionales las cámaras pueden excluir por indignidad a uno de sus miembros, por aplicación de los mismos principios constitucionales puede no incorporar por indignidad a un diputado electo. ES una de las formas de exclusión previstas por la Constitución. Según nuestro idioma, excluir significa, entre otras acepciones, rechazar, descartar o negar la posibilidad de algo.

¿Cuáles han sido las causales por las que se ha impugnado el diploma del diputado electo por Tucumán? En las impugnaciones se le ha atribuido ser el responsable de la desaparición de centenares de personas y también falsedad ideológica en sus declaraciones patrimoniales.

Estos hechos se encuentran plenamente probados por medio de la documentación reunida en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Si tomamos en cuenta los hechos más graves, o sea, las violaciones a los derechos humanos, podremos apreciar que en la Subsecretaría de Derechos Humanos se registra su responsabilidad por los siguientes hechos, computando desaparecidos y muertos: en la subzona 32, desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1977, 477 personas desaparecidas o muertas; en la zona IV, como segundo jefe del Comando de Institutos Militares, desde diciembre de 1977 hasta diciembre de 1979, 67 personas desaparecidas o muertas; en la zona III, desde febrero de 1980 hasta noviembre de ese mismo año, cuatro personas desaparecidas o muertas; finalmente, en la zona I, como comandante del Primer Cuerpo de Ejército, desde diciembre de 1980 hasta noviembre de 1981, seis personas desaparecidas o muertas. Según los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos, esto hace un total de .554 personas muertas, asesinadas o desaparecidas en zonas bajo la responsabilidad del diputado electo por Tucumán.

En la cárcel de Rawson compartí la prisión con algunos pocos sobrevivientes de los centros ilegales de detención de Tucumán. Ellos reconocen la presencia del señor diputado electo por Tucumán en esos centros ilegales de detención, en la famosa escuelita de Famaillá. El diputado electo por Tucumán era señor de las vidas y de las muertes de las personas detenidas ilegalmente. Esos testimonios no han sido agregados al informe de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento pero de todas maneras son irrelevantes para establecer la responsabilidad del diputado electo por Tucumán.

La doctrina penal ha elaborado la teoría de la autoría mediata siguiendo la tesis de Roxin y diversos fallos judiciales han aceptado la existencia de esa responsabilidad penal cuya autoría deriva del ejercicio del poder a través de un aparato organizado.

Dice Roxin: “Una organización de este tipo desarrolla, justamente, una vida que es independiente de la cambiante composición de sus miembros. Ella funciona sin estar referida a la persona individual de sus conductores. Digamos que funciona automáticamente. Sólo es preciso tener a la vista el caso para nada inventado de que en un régimen dictatorial la conducción organiza un aparato para la eliminación de personas indeseables o determinados grupos de personas.” (Autoría y dominio del hecho en derecho penal, Madrid 1998)

De la misma manera, complementando este desarrollo de la doctrina alemana, Wessels expresa: “Autor mediato es el que comete el hecho punible por medio de otra persona…, o sea realiza el tipo legal de un delito comisivo doloso de modo tal que al llevar a cabo la acción típica deja que actúe para él un intermediario en la forma de un instrumento humano. Para expresar este criterio en forma figurada diremos que el autor mediato utiliza para cometer un hecho propio manos ajenas. Son características de la autoría mediata la posición subordinada del intermediario por razones de hecho y jurídicas y el rol dominante del mandante que comprende correctamente la situación de hecho y tiene en sus manos el suceso total en virtud de su voluntad dirigida completamente a la realización del plan.” (Wessels, Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, 1980, página 159.)

Para el Tribunal Supremo Alemán “existe autoría mediata a través de un aparato organizado de poder cuando media fungibilidad de ejecutor y una estructura organizada y jerárquica que revele el funcionamiento criminal de la organización, pues sobre la base de estos criterios puede justificarse el dominio del hecho que tienen los directivos de la organización sobre la realización de los delitos perpetrados por ejecutores inmediatos” (sentencia del 26 de julio de 1994, “La Ley”, suplemento de jurisprudencia penal, 23 de diciembre de 1999).

La autoría mediata fue aceptada en la causa número 13 que juzgó a los comandantes en jefe de las dictaduras militares, y fue aceptada también en los votos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la misma causa, aun cuando esa sentencia cambió los fundamentos que había dado la Cámara Federal que intervino originariamente en el juzgamiento de estos hechos.

Entonces el diputado electo por Tucumán resulta autor mediato de esas desapariciones y homicidios por aplicación de la teoría de la autoría mediata aceptada por la jurisprudencia argentina.

A todo ello se agrega que el Congreso aprobó por ley 24.556 y posteriormente dio jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cuyo artículo 3° establece que la desaparición de personas es un delito permanente, que no concluye hasta que no se esclarezca el destino de las personas desaparecidas.

En consecuencia, el diputado electo por Tucumán, en virtud de principios constitucionales, sigue cometiendo el delito de desaparición forzada de personas.

Ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento el diputado electo por Tucumán no ejerció su defensa en forma personal, como tampoco lo hizo ante el plenario de esta Cámara; sí presentó escritos firmados en forma personal y a través de sus abogados. En ninguno de ellos, ni en la defensa que públicamente hace en los medios de prensa para justificar su ingreso a esta Cámara, va al fondo del tema. El diputado electo por Tucumán nunca nos dice que no existieron desapariciones de personas en Tucumán. Utiliza en su defensa, en sus escritos o en sus argumentaciones periodísticas, fundamentos de tipo formal, y a veces nos habla de la existencia de una guerra, como si en una guerra no existieran leyes y tampoco derechos, como el derecho a la vida o a la integridad personal.

Con el permiso de la Presidencia daré lectura a un análisis referido a la lucha contrainsurgente en Tucumán. Dice así: “Quebrado en la ciudad, barrido de su periferia industrial, cercado en los cañaverales, perseguido en el monte sin abastecimiento, el Ejército Revolucionario del Pueblo estaba derrotado. De esta manera fue entendido por su jefatura que a partir de San Gabriel comienza la desmovilización de los contingentes hacia Córdoba y Buenos Aires. Entre el 15 y 16 de octubre de 1975 se realizó el plenario de la compañía del monte y allí se resolvió desconcentrar los pocos efectivos que quedaban. Allí se terminó su capacidad de lucha. En adelante, la campaña fue una persecución del subversivo que huye o que está escondido o perdido. El 20 de octubre de 1975 tropas de la Quinta Brigada conjuntamente con fuerzas de seguridad derrotaron al Ejército Revolucionario del Pueblo en la batalla de Tucumán, logrando un éxito militar que significó el principio del fin.”

El párrafo que he leído pertenece a un folleto que tengo sobre mi banca, que se llama Tucumán: el hecho histórico, y aparece firmado por el general Vilas (página 12).

En este folleto, que lleva el mismo título pero que hace otro análisis, porque el que he citado analiza tres combates que tuvieron lugar en Tucumán, mientras que éste hace un análisis de los dispositivos tácticos contrainsurgentes, vuelve a decir el general Vilas: “La lucha empezó un 9 de febrero de 1975 y todo terminó un 25 de octubre de 1975, ocho meses y quince días, en el combate de San Gabriel. Los subversivos dispersos se trasladaron al campamento “Niño Perdido” y resolvieron desconcentrar los pocos subversivos que quedaban. Allí se terminó su capacidad de lucha. En adelante la campaña fue una persecución del subversivo que huye o que está escondido o perdido.”

En este mismo folleto se transcribe un artículo de la revista Somos de setiembre de 1977, que dice lo siguiente en la página 6: “El 18 de diciembre de 1975, diez meses después de la puesta en marcha del Operativo Independencia, el general Acdel Edgardo Vilas abandonaba Tucumán. Asumía el comando de la lucha y la gobernación de la provincia el general Antonio Domingo Bussi. Poco después, Bussi le decía a Vilas por teléfono: ‘General, usted no me ha dejado nada. Lo ha hecho todo.’ Ese día las cifras eran estas: 312 guerrilleros muertos y 322 entre heridos y detenidos. Total: 634 bajas. Una victoria absoluta que le costó al Ejército 24 muertos y 10 heridos graves y que escribió también el nombre de los héroes condecorados, entre lágrimas, por el presidente Videla.”

Entonces cabe preguntarse, ante estos hechos, en qué guerra participó el diputado electo por Tucumán. No se metió en los montes tucumanos porque la guerrilla estaba derrotada; las grandes batallas del general fueron contra los cañeros tucumanos, contra los trabajadores azucareros, contra las mujeres embarazadas, contra el pueblo tucumano.

De ninguna manera el diputado electo por Tucumán participó en una guerra que haya tenido lugar en el monte tucumano.

Por otro lado, a veces la historia nos presenta ciertas paradojas y hoy nos encontramos frente a una de ellas. La Convención Constituyente que reformó la Carta Magna en 1994, en la reunión 12 que se produjo entre el 19 y 20 de junio de ese año, votó por aclamación el artículo 36 que habla de la protección del orden constitucional. No existen constancias en el Diario de Sesiones sobre votos negativos con respecto a este artículo.

Con posterioridad, en la reunión 22 llevada a cabo el 2 de agosto de 1994, se aprobó la jerarquía constitucional que tienen los tratados sobre derechos humanos, (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional). En ese caso, existe constancia del voto negativo del diputado electo por Tucumán.

En consecuencia, la paradoja de la historia que se presenta ahora es que un texto constitucional aprobado por una convención constituyente, de cuyas deliberaciones participó el diputado electo por Tucumán, es el que nos permite fundamentar hoy su no incorporación a esta Honorable Cámara. Digo esto porque de acuerdo con esos principios constitucionales ningún torturador ni genocida puede ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación. (Aplausos.)

Sesión del 10/05/00

Decretos de Necesidad y Urgencia

Sr. TORRES MOLINA.- En la Convención Constituyente de 1994, el entonces bloque del Frente Grande me encargó la fundamentación de nuestra posición contraria a la autorización al Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.

Sostuvimos esa posición por cuanto existía una deformación del sistema institucional argentino mediante la cual el presidencialismo exacerbado de nuestra Constitución se acentuaba con esta práctica de usurpar funciones que eran propias del Poder Legislativo.

Entiendo que frente a esa práctica que deforma el equilibrio de los poderes y que se sigue manteniendo, lo correcto hubiera sido corregir esta práctica de sanción indiscriminada de decretos de necesidad y urgencia para que cuando efectivamente se produjera una situación de emergencia la jurisprudencia los aceptara, tal como lo hizo en la época en que moderadamente se sancionaban este tipo de decretos.

Sin embargo, la incorporación en el texto constitucional de esta facultad ha mantenido esta deformación y este desequilibrio de poderes. Sigo sosteniendo la misma posición que mantuve en la Convención Constituyente, cuando hace más de dos años presenté un proyecto por el que se reglamentaban las funciones de la Comisión Bicameral Permanente y cuando presenté un proyecto de juicio político contra el anterior presidente de la Nación por el reiterado dictado de decretos de necesidad y urgencia, usurpando funciones propias de esta Cámara.

Entiendo que los cambios que se producen entre oposición y oficialismo con esos cambios alternativos, según uno ocupe una u otra posición, degradan el sistema político y generan el descreimiento del pueblo en las instituciones de la República. Por ello sigo sosteniendo la misma posición teórica y doctrinaria que he sostenido durante los últimos años.
En lo que respecta a los dictámenes que estamos considerando, quisiera hacer las siguientes salvedades. En primer lugar, coincido y creo que es un adelanto muy importante que se considere que la aprobación o no de los decretos de necesidad y urgencia no sigue el trámite de una ley. Esto es lo que Quiroga Lavié llama decisiones legislativas, que tienen otra naturaleza jurídica y que, en consecuencia, no pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo.
Esta admisión es un avance en el proyecto que alguna vez tuvo orden del día. A ese proyecto puedo hacerle observaciones de tipo general ya que contiene cláusulas superfluas que repiten disposiciones de la Constitución Nacional.

No es de buena técnica legislativa repetir lo que ya está establecido en la Constitución Nacional. De todas maneras puede aceptarse porque si bien desde el punto de vista sistemático no es aconsejable, tampoco tiene desde esa óptica normas que contradigan la Constitución.

Lo que quiero plantear con toda claridad es mi disidencia en cuanto a la aprobación ficta de un decreto de necesidad y urgencia. En este sentido creo que hay una objeción de tipo constitucional que no puede ser suplida mediante una ley, ya que el artículo 82 expresamente excluye la sanción ficta o tácita de la ley.

En el proyecto de juicio político al anterior presidente que aparece en el Trámite Parlamentario Nº 41 de 1999 había escrito -y sigo sosteniendo el mismo criterio-, siguiendo el texto constitucional lo siguiente: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. En consecuencia tal como lo sostiene Quiroga Lavié la prohibición expresa de la aprobación tácita implica por derivación racional lógica, el rechazo ficto de la medida”. Esto es una derivación estrictamente lógica de naturaleza constitucional que no podría ser suplida o modificada en virtud de una ley.

Por otro lado entiendo que un decreto de necesidad y urgencia tiene la misma naturaleza jurídica de una ley, por lo que su ratificación debe ser producto de la voluntad de ambas Cámaras. La no aprobación de una de las Cámaras implica la desaprobación de tal decreto.

Así lo sostuve en el artículo 8° del proyecto que reglamentaba la Comisión Bicameral Permanente en el cual decía: “La no aprobación por una de las Cámaras deberá entenderse como la no ratificación de un decreto de necesidad y urgencia”. En caso de que se mantenga una posición así, que creo que tiene una posición contraria a ésta, que entiendo puede ser considerada inconstitucional, voy a mantener la disidencia sobre esos puntos.

Reunión de Comisión
de Asuntos Constitucionales
del 28/06/00

Protección de la base de datos y fuentes de información periodística.

Sr. Torres Molina: Señor presidente: propongo que al final del artículo se agregue un párrafo que diga: “En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas”.

Esta propuesta se funda en la protección constitucional que tienen los medios de prensa, y el objetivo es el de dejar claramente establecido que las cláusulas de esta ley no tendrán aplicación respecto de los medios de prensa.
El artículo 14 de la Constitución establece el derecho de publicar las ideas sin censura previa. El artículo 32 prohíbe al Congreso de la Nación dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, es decir la libertad de expresión. El artículo 43 que estamos reglamentando expresamente protege las fuentes de información periodística. El artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica dice que no se puede restringir la libertad de expresión por ningún medio indirecto, y también esos principios aparecen en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estas normas de contenido constitucional han definido a la libertad de prensa como una libertad estratégica protegida por la Constitución y que está sujeta a responsabilidades ulteriores.

En consecuencia, los errores que pueda cometer la prensa en sus afirmaciones tienen el camino de la rectificación a través de los propios códigos o normas de ética de los medios periodísticos; mediante el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta consagrado en el Pacto San José de Costa Rica; a través de las querellas por calumnias e injurias que pueda iniciar la persona que se siente afectada por las afirmaciones de la prensa y, finalmente, por las acciones de daños y perjuicios que puedan promoverse contra la prensa; pero eso a partir de las responsabilidades posteriores a las comunicaciones que pueda efectuar el medio de prensa.

En definitiva, queremos con este agregado dejar claramente establecido que la norma en debate no se aplica a los medios de prensa.

Sesión del 14/09/00

Delegación de facultades al Poder Ejecutivo

Sr Torres Molina: Señor presidente: el artículo 29 de la Constitución es originario de nuestra historia constitucional. No tiene antecedentes en el derecho constitucional comparado. Y hay otras constituciones, como la del Paraguay, que lo han tomado de nuestra Carta Magna.

Las facultades extraordinarias empezaron a ser sistematizadas en nuestro derecho constitucional provincial en el año 1820 en la provincia de Buenos Aires, donde primero al gobierno de Ramos Mejía y después al de Martín Rodríguez se le otorgaron facultades extraordinarias, que en ese momento fueron llamadas “lleno de facultades”. Posteriormente, esta práctica se incrementó durante el primer gobierno de Rosas en 1829, y en su segundo gobierno, en 1835, se le otorgó la suma del poder público, que implicaba el ejercicio de los tres poderes del Estado.

En la primera mitad del siglo XIX, en mayor o menor medida, todas las provincias argentinas otorgaron a sus gobernadores facultades extraordinarias. Muchas de ellas cuestionaron en determinadas etapas de su historia esas facultades que las legislaturas habían otorgado.

Los sistemas parlamentarios suelen conceder facultades legislativas a los gobiernos o poderes ejecutivos. Es lógico que así ocurra en los sistemas parlamentarios, puesto que el gobierno o Poder Ejecutivo es creación del Parlamento, que mediante el voto de censura puede modificar su composición.

Ello no ocurre en los sistemas presidencialistas, donde se establece una clara división de poderes. El artículo 29 de nuestra Constitución Nacional ha querido remarcar esa división de poderes, propia de un sistema presidencialista como el nuestro.

La reforma constitucional de 1994 proclamó dentro de sus objetivos el de atenuar el sistema presidencialista. Sin embargo, esos objetivos fueron desvirtuados cuando se reconocieron constitucionalmente ciertas prácticas que otorgaban facultades legislativas al Poder Ejecutivo o se reconocieron facultades legislativas que el propio Poder Ejecutivo se había arrogado.

En determinadas oportunidades el Congreso le había otorgado delegaciones legislativas no consagradas expresamente en nuestro texto constitucional, y el Poder Ejecutivo se había arrogado la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia y de promulgar parcialmente leyes. Estos aspectos no estaban contemplados en forma específica en nuestra Constitución.

Entonces, del juego del artículo 29 de nuestra Constitución, que prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas, del inciso 3 del artículo 99, que prohíbe como principio que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas, y del artículo 76, que también prohíbe como principio otorgar al Poder Ejecutivo delegaciones legislativas, surgen las restricciones para que el Poder Ejecutivo ejerza ese tipo de facultades, que en todos los casos -en virtud de estas normas constitucionales- deben ser interpretadas en forma restrictiva.

Cuando el presidente de la Nación informó la profundización de las políticas neoliberales que predominan en el país e indicó que reclamaba para ello facultades especiales utilizó una terminología que no está contemplada en nuestras leyes ni en la Constitución Nacional.

Los intérpretes del señor presidente salieron a aclarar que se trataba de las delegaciones legislativas previstas en el artículo 76 de la Carta Magna, porque las facultades especiales no existen. Pero si analizamos con detenimiento las facultades que se le pretenden otorgar al Poder Ejecutivo a través del proyecto en tratamiento, observaremos que el Parlamento le estaría otorgando leyes de autorización, plenos poderes o lo que nuestra historia constitucional ha reconocido como facultades extraordinarias.

La Corte Suprema ha tenido la oportunidad de precisar en varias ocasiones el significado de las delegaciones legislativas. Por ejemplo, en el caso Delfino, resuelto en junio de 1927, la Corte estableció: “…el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es ese un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento de la integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado implícitamente por ésta en el artículo 29.

“Existe una distinción fundamental entre la delegación para poder hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquella. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido.” Fallos, tomo 148, página 430.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en el caso Prattico en 1960, según Fallos, tomo 247, página 345.

En diciembre de 1993, en el caso Cocchia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio la siguiente definición: “Distinto es el supuesto de lo que es posible denominar delegación impropia -por oposición a la antes indicada delegación en sentido estricto, donde existe una verdadera transferencia de competencia- la que ocurre cuando el legislador encomienda al Ejecutivo la determinación de aspectos relativos a la aplicación concreta de la ley, según el juicio de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que realizará el poder administrador. No existe aquí transferencia alguna de competencia. El legislador define la materia que quiere regular, la estructura y sistematiza, expresa su voluntad, que es la voluntad soberana del pueblo, en un régimen en sí mismo completo y terminado, pero cuya aplicación concreta -normalmente en aspectos parciales- relativa a tiempo y materia, o a otras circunstancias, queda reservada a la decisión del Poder Ejecutivo que, en nuestro caso es, junto al Legislativo y el Judicial, gobierno de la Nación Argentina.” (“La Ley, 1997, D, página 1.066) A esta delegación la Corte la denomina como “impropia”. En este fallo la minoría de la Corte se opuso por considerar inconstitucional a las delegaciones legislativas, ya que entendió que eso rompía el principio de división de los poderes.

Ese debate que se dio en torno a la jurisprudencia y a la doctrina constitucional existía en 1994, cuando se modificó la Constitución Nacional.

Entonces, frente a las admisiones por parte de la mayoría de la Corte de lo que era la delegación impropia, y ante la posición minoritaria que negaba la posibilidad de esa delegación, la Convención Constituyente resolvió aceptar la delegación impropia mediante la incorporación del artículo 76.

Es decir que dadas las bases de la delegación, el Poder Ejecutivo podría complementar con decretos delegados los principios que en forma indelegable este Congreso debe fijar a través de una ley.

Voy a citar lo que escribí en un artículo que fue publicado en La Ley, 1997, tomo D, página 1.066, titulado “El ejercicio de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo”. Allí expreso lo siguiente: “Si el decreto delegado es complementario de la ley sancionada por el Congreso con bases previamente establecidas, no es posible, en el marco de la Constitución, derogar leyes mediante delegaciones legislativas ya que en este caso se estaría transfiriendo al Poder Ejecutivo competencias que son propias del Legislativo. Derogar una ley, como sancionarla, es atribución propia del Congreso, y la exigencia de ‘bases de la delegación’ del texto constitucional, que presupone un objeto de la ley claramente determinado, resulta incompatible con la indeterminación que significa autorizar al Poder Ejecutivo a derogar leyes”.

Dado que el proyecto en tratamiento, entre otras cosas, autoriza al Poder Ejecutivo a derogar leyes, estamos transfiriéndole la facultad de legislar; en consecuencia, nos encontramos en presencia no de delegaciones legislativas autorizadas por el artículo 76 de la Constitución sino de facultades extraordinarias.

En los últimos días hemos asistido a un golpe de mercado. Los dueños del poder se han abalanzado sobre la Argentina pidiendo más flexibilización laboral, más desregulación, más medidas económicas que acentúen las políticas neoliberales. Con el pedido de facultades extraordinarias que se nos hace, también asistimos a un golpe institucional.

Frente a un golpe de mercado y un golpe institucional podemos recordar las palabras que monseñor Jaime de Nevares expresara en la Convención Constituyente cuando se oponía a la inclusión de las delegaciones legislativas o la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que por supuesto es mucho más limitada que las atribuciones que ahora se nos pide que deleguemos. Dijo lo siguiente: “Asistimos a los funerales de la República”. Pero vamos a resistir, señor presidente. (Aplausos.)

Sesión del 25/03/01

Ley de Equilibrio Fiscal

Sr. Torres Molina: Señor presidente: voy a referirme a los aspectos constitucionales que llevaron al dictado del decreto de necesidad y urgencia 896/01.

Al dictar un decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo ha reiterado la práctica negativa que se adquirió en la década del 90, al reemplazar la voluntad del Congreso a través de la sanción de este tipo de normas.

Esta reiterada actitud del Poder Ejecutivo demuestra el fracaso de la reforma constitucional de 1994, en cuanto pretendió limitar y controlar la sanción de tales decretos. Sin embargo, el actual Poder Ejecutivo ha persistido en esa negativa práctica en forma alarmante. Cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia se afectan las facultades propias de este Congreso y se vulnera el principio que establece el inciso 3° del artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ese inciso determina que el Poder Ejecutivo solamente puede sancionar este tipo de normas cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.

En la actualidad, no existe imposibilidad alguna de que el Congreso sancione leyes. Por lo tanto, los decretos de necesidad y urgencia son inconstitucionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al declarar la inconstitucionalidad del decreto 770/96, estableció las condiciones mediante las cuales el Poder Ejecutivo puede sancionar decretos de necesidad y urgencia. En esa oportunidad, dijo la Corte: “Por lo tanto, para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legalmente las facultades legislativas que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de algunas de estas dos circunstancias: primero, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurre en caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidieran su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal, o segundo, que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de la sanción de las leyes.”

Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado el 19 de agosto de 1999, que puede ser consultado en el “Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo” de la revista “La Ley”, de fecha 14 de febrero de 2000.

Ninguno de los supuestos exigidos por la Corte para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia existe en la actualidad. Exigiendo la sanción de las leyes la voluntad concurrente de ambas Cámaras y estando el decreto de necesidad y urgencia sujeto a la aprobación del Congreso, la manifestación de una sola de las Cámaras -en forma contraria al decreto de necesidad y urgencia que ha sido dictado- hace que dicho decreto pierda vigencia, más allá de la inconstitucionalidad que el Poder Judicial pueda declarar.

Cualquiera sea la forma en que la Cámara se expresa en contra de un decreto de necesidad y urgencia -ya sea a través de un proyecto de resolución o de un proyecto de ley-, esa manifestación de voluntad, que puede no tener la misma naturaleza jurídica de una ley, hace que el decreto de necesidad y urgencia pierda vigencia. Por lo tanto, cuando esta Cámara apruebe el artículo 18 del proyecto y sea derogado el decreto 896/2001, más allá de cualquier resolución que tome el Senado -e incluso antes de ello- el decreto de necesidad y urgencia perderá vigencia, a lo que debemos sumar la posibilidad de que cualquier particular solicite que se declare su inconstitucionalidad.

Veamos a continuación qué se discute en el resto del proyecto que estamos considerando, si más ajuste o menos ajuste. En cualquiera de ambos casos, y al margen de las modificaciones que la Cámara pudiere introducir a esta iniciativa, las consecuencias serán más recesión, más depresión, más exclusión social y más desocupación.

Por las razones expuestas, adelanto nuestro voto negativo al proyecto de ley en consideración.

Sesión del 20 /06/01

Condena a la detención de personas por repartir volantes con críticas al intendente de Chamical, provincia de La Rioja

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Declara:

Su condena por la detención de personas que repartieron volantes con críticas al Intendente de la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. Tales hechos violan las garantías establecidas por la Constitución.

Fundamentos

Sr. Presidente:

En la última semana se produjeron detenciones dispuestas por la autoridad policial en la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. Fueron privadas de su libertad varias personas, entre ellas un ex concejal del partido justicialista, que repartieron volantes con críticas al Intendente, y también una persona que se acercó al gobernador de la Provincia con un sobre conteniendo una petición. La acusación para proceder a esas detenciones fue la de distribución de “volantes o impresos de cualquier índole … en los que se ataque el honor y la dignidad de los funcionarios públicos o hieran sus sentimientos”, contravención reprimida por el artículo 45 inciso a) del Código de Faltas sancionado durante la última dictadura militar.
Hechos de esta naturaleza son incompatibles con el estado de derecho y resultan violatorios de las garantías constitucionales. Merecen por todo ello la condena de esta Cámara de Diputados.

Presentado el15/11/00
Exp. 7357 D-00
Situación institucional del municipio de Colón

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos competentes, requiriendo previamente información a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, informe:

1° – Razones por las cuales continúa en el cargo el Intendente Municipal de Colón, Provincia de Buenos Aires, quien ha sido condenado a la pena de tres años de prisión.

2° – Si las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires han efectuado alguna denuncia penal con motivo de la continuación en el cargo del Intendente de Colón en violación a las normas vigentes.

Fundamentos

Señor Presidente:

El artículo 5° de la Constitución Nacional establece como obligación de las Provincias la de asegurar el régimen municipal. Es una de las condiciones para que el Gobierno Federal garantice a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Ello implica por parte de las provincias el cumplimiento de sus propias leyes, que deben asegurar el régimen municipal.

El Intendente Municipal de la ciudad de Colón fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, con fecha 9 de junio de 1999, en la causa N° 2515, a la pena de tres años de prisión por delito penado por la ley 23.771, es decir, por evasión de impuestos. La Cámara Nacional de Casación Penal con fecha 7 de septiembre de 1999 declaró inadmisible y mal concedido el recurso interpuesto ante esa Cámara y finalmente el 9 de noviembre de 2000 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió:

“El recurso extraordinario cuya denegación originó esta queja no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada. Por ello se desestima la queja. Intímese a la recurrente para que dentro del quinto día efectúe el depósito que dispone el art. 286 C.P.C.C. en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Hágase y archívese.”

Es decir, la sentencia se encuentra firme.

La situación expuesta está expresamente contemplada por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires cuyo artículo 248 dice que imputándose al intendente la comisión de un delito corresponde su suspensión preventiva de pleno derecho y que producida la sentencia firme condenatoria también procede su destitución de pleno derecho .
Nos encontramos, por lo expuesto, con el caso de un intendente que asumió su cargo cuando ya existía una condena no firme (por lo que debió haber sido suspendido preventivamente) y que continúa en funciones cuando procede su destitución de pleno derecho.

La gravedad institucional que se deriva de lo expuesto justifica la intervención de esta Cámara con fundamento en el artículo 5° de la Constitución Nacional.

Presentado el 6/2/01
Exp. 8015 D- 01

III- LEGISLACIÓN PENA

• Derogación de las normas de competencia y procedimiento para el juzgamiento de los delitos de atentado contra el orden constitucional y vida democrática.

• Derogación de la ley del dos por uno.

• Dictamen en minoría sobre facultades policiales.

• Facultades de la Policía y Fuerzas de Seguridad.

Derogación de las normas de competencia y procedimiento para el juzgamiento de los delitos de atentado contra el orden constitucional y vida democrática

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: la ley 23.077, cuya modificación se propone, fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de agosto de 1984. En su Título I derogó disposiciones de facto y estableció nuevos tipos penales referidos a actos que atenten contra el orden constitucional. Sustituyó, en el Capítulo I del Título X del Libro Segundo del Código Penal, la expresión “rebelión” por “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”, aumentando las penas correspondientes al bien jurídico protegido.
En el Título II estableció, mediante setenta y tres artículos, las normas de procedimiento y competencia para el juzgamiento de los delitos contemplados en el Título I.
El proyecto sometido a la consideración de la Honorable Cámara deroga las normas de procedimiento y autoriza a las personas que fueron juzgadas en virtud de esas normas procesales a que interpongan un recurso ante un tribunal superior no contemplado en esa ley.
En el mensaje que acompañó al proyecto que se convirtiera en ley 23.077 –contenido en la página 1.098 del Diario de Sesiones del 2 y 3 de febrero de 1984-, el Poder Ejecutivo proponía normas de procedimiento basadas en el Código Procesal Penal de Córdoba y establecía la vigencia expresa de artículos de ese código.
El Poder Ejecutivo advertía en su mensaje acerca de los inconvenientes derivados de la aplicación de un procedimiento especial para un determinado tipo de delitos, y decía que ello obedecía a razones de urgencia, -a que se debía contar con normas de procedimiento y competencia de protección del orden constitucional -, pero que la legislación que se aprobara debería ser corregida en el futuro.
En aquella ocasión, el dictamen de mayoría siguió los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo. El dictamen de minoría, con fundamentos que comparto, decía: “Para el juzgamiento de los delitos previstos en el artículo 200 bis y los comprendidos en el Título X del Libro Segundo del Código Penal, será competente el juez federal con jurisdicción en el lugar del hecho. Al efecto se aplicará el procedimiento ordinario que rige en este fuero”. Es decir que en ese momento la minoría de la Cámara era contraria al procedimiento especial que establecía el proyecto. Cabe aclarar que procedimientos especiales de estas características han sido criticados por nuestra doctrina y también por la doctrina extranjera.
El dictamen de mayoría también tenía su justificación lógica. En ese momento nos regía el Código de Procedimientos en materia Penal, que establecía un procedimiento escrito. Entonces, para delitos de tal gravedad –como los que se contemplaban en el proyecto de ley que en esa ocasión se discutía, es decir, delitos de atentado al orden constitucional- se incorporó un procedimiento oral no contemplado por la legislación vigente, con los principios de celeridad, continuidad e inmediación.
Al discutir la norma, el Senado eliminó la remisión al Código Procesal Penal de Córdoba, incorporando normas procesales basadas en ese Código, y que fueron aceptadas por la Cámara de Diputados.
El artículo 87 de la ley 23.077 estableció que la sentencia sólo era recurrible por la vía del artículo 14 de la ley 48, es decir, por el recurso extraordinario.
Ese artículo es el que ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el que ha motivado la presentación de este proyecto de ley.
La primera observación que formula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al procedimiento que establecía la ley 23.077, fue efectuada en el caso Maqueda, en el que se elaboró el informe 1794, caso 11.086, del 9 de febrero de 1994, en el que se decía que el Estado argentino había violado, entre otros compromisos internacionales, el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior, previsto en el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
Con anterioridad a la sanción de la ley 23.077, ya el Congreso había aprobado, por ley 23.054, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificado por el Poder Ejecutivo el 5 de septiembre de 1984. En consecuencia, la ley 23.077 debió haber establecido una forma de revisión de los procesos por medio de un órgano superior, distinto al del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ya que por su naturaleza restringida este recurso no garantiza la doble instancia.
Inicialmente, el Estado argentino, en el caso Maqueda, no cumplió con las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, la mencionada comisión llevó el caso a la Corte Interamericana, y en los fundamentos de su presentación decía que en ese caso se habían violado los siguientes derechos: el de ser oído por un tribunal imparcial, artículo 8°, inciso 1); el derecho a la presunción de inocencia, artículo 8°, inciso 2); y el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, artículo 8°.2.h, juntamente con las garantías judiciales del artículo 25. Todo esto en relación con la obligación genérica de respetar las libertades reconocidas en la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.1.
La comisión también sostenía lo siguiente en la presentación efectuada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Declarar que el Estado argentino debe decretar la libertad de Guillermo Maqueda por la vía del indulto o conmutación de penas; que debe reparar e indemnizar adecuadamente a Guillermo Maqueda por el grave daño material, así como moral, sufrido como consecuencia de las violaciones de los derechos protegidos por la convención; que el Estado argentino está obligado a establecer un mecanismo ordinario que garantice la doble instancia en el procedimiento establecido por la ley 23.077, con el fin de lograr la compatibilidad de dicha norma con la Convención Americana, de acuerdo a lo establecido en su artículo 2°”.
Presentado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado conmutó la pena y el condenado recuperó la libertad mediante el procedimiento de solución amistosa, previsto por el artículo 48, inciso 1.f) del pacto. Esta conmutación de la pena fue decidida por el anterior Poder Ejecutivo.
La Corte Interamericana dijo en su oportunidad: “Considerando que la cuestión central en el caso es la violación del derecho a la libertad del señor Maqueda y que ese derecho ha sido restituido mediante el acuerdo al que han llegado las partes, la Corte estima que éste no viola la letra y el espíritu de la Convención Americana. Aunque en la demanda de la Comisión presentada ante la Corte se citan otros derechos consagrados en la Convención, así como mecanismos y disposiciones de derecho interno, éstos han sido planteados en relación con el derecho a la libertad.
“No obstante ello, la Corte, teniendo presente la responsabilidad que le incumbe de proteger los derechos humanos, se reserva la facultad de reabrir y continuar la tramitación del caso si hubiere en el futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.”
Si bien está la causa general de La Tablada, también están las causas de personas que participaron en los hechos de La Tablada y que fueron juzgados en forma individual. Uno de ellos es la mencionada causa Maqueda. En otra causa, Abella, caso 11.137, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a publicidad en el mes de octubre de 1997 el informe 55/97, constatando la violación de los siguientes derechos: derecho a la vida: nueve personas víctimas de homicidio; derecho a la integridad personal: veinte personas torturadas; derecho a recurrir un fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior; y derecho a un recurso sencillo y efectivo.
Constatadas esas violaciones al Pacto, la Comisión hace las siguientes recomendaciones: “…que proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989, y analizados en este informe, con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables de las violaciones a los derechos humanos mencionadas en las conclusiones expuestas supra ‘VII’.
“Que en cumplimiento de sus obligaciones previstas en los artículos 2 y 8.2 h de la Convención Americana, adopte las medidas necesarias con arreglo a sus procedimientos constitucionales a fin de hacer plenamente efectiva, en lo sucesivo, la garantía judicial del derecho de apelación a las personas procesadas bajo la ley 23.077.
“Que, en virtud de las violaciones de la Convención Americana arriba expuestas, adopte las medidas más apropiadas para reparar a las víctimas o a sus familiares el daño sufrido por las personas individualizadas en el párrafo 436 (A) y 436 (B).”
En cuanto al primer punto, la investigación de los homicidios y torturas ha llevado a la reapertura de las causas que se instruyeron por esos delitos. El Estado estaría dando cumplimiento así a este aspecto de la recomendación.
Respecto del segundo punto, la garantía de la doble instancia se cumpliría con la derogación del procedimiento especial establecido para los delitos de atentado al orden constitucional.
Sobre el tercer punto, cuando se habla de reparación y lo que se debe reparar es la situación de las personas detenidas por un procedimiento que ha sido observado, la reparación consiste en la libertad. Ello es así interpretando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Comisión Interamericana, así como de los principios surgidos del caso Maqueda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado argentino adoptar determinadas medidas. Entonces, ha surgido en este debate la interpretación de la palabra recomendación. Si nos atenemos a la etimología castellana de la palabra, evidentemente no sería una resolución que nos obligue a algo, pero si interpretamos la palabra recomendación de acuerdo con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de nuestros propios tribunales, veremos que recomendar implica una obligación por parte del Estado argentino dar cumplimiento a lo resuelto por la Comisión.
¿De dónde surge la obligatoriedad de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana? El artículo 51, inciso 2), del Pacto dice expresamente: “La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado deberá tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.”
El Estado tiene el derecho a no aceptar las recomendaciones que hace la Comisión y llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según lo establece el artículo 51 del Pacto, pero si no lo hace en el plazo de tres meses es porque acepta esas recomendaciones y entonces debe cumplirlas.
Además, en forma complementaria a las normas del Pacto de San José de Costa Rica, encontramos los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Tratados, que establece la buena fe de los Estados en el cumplimiento de los compromisos internacionales que contraen y además, que el Estado no puede invocar normas de derecho interno para no cumplir con esos tratados.
En el informe 93/96, caso 11.430 referido a México, en su resolución del 15 de octubre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó establecidos estos principios al decir: “Todos los órganos de los Estados Partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel interno”.
Si observamos la jurisprudencia de nuestros tribunales, en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Giroldi, resuelto el 7 de abril de 1995, vemos que la Corte resolvió: “Que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –considerando 5 ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente en las condiciones de su vigencia, esto es tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.”
“De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cf. Arts. 75 de la Constitución Nacional y 62 y 64 de la Convención Americana y artículo 2°, ley 23.054)”. Este párrafo está extraído de “Jurisprudencia Argentina”, 1995, Tomo III, página 571.
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Bramajo, en su fallo del 12 de setiembre de 1992, publicado en “La ley”, 1996, Tomo E, página 409, estableció: “Que la ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’ (artículo 75, inciso 22, párrafo 2°) esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales para su interpretación y aplicación”.
Continúa diciendo la Corte en ese fallo: “De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos constitucionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”.
La obligatoriedad de las resoluciones de la Comisión ha sido admitida por la mayor parte de la doctrina que ha estudiado los temas del derecho internacional de los derechos humanos referidos al sistema interamericano.
El proyecto en consideración fue presentado en junio de 1998 y reproducido en el actual período parlamentario. Con posterioridad a la presentación original, el Poder Ejecutivo de ese entonces, con fecha 21 de septiembre de 1998 y como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, envió un mensaje y proyecto de ley que tuvo entrada en esta Cámara, por el que se modificaban las normas de competencia establecidas por la ley 23.077, permitiendo la doble instancia. Este proyecto está registrado en la página 7.008 del Trámite Parlamentario número 141.
Según este proyecto, los delitos de atentado al orden constitucional serían juzgados por el tribunal oral y no por la Cámara Federal, como establecía la ley vigente. Además, a las personas que no tuvieran derecho a recurrir el fallo ante una instancia superior, las autorizaba, como lo hace el proyecto original en consideración, a usar el recurso de casación.
En el último párrafo del mensaje del Poder Ejecutivo de ese entonces se leía: “La aplicación de las normas procesales a las causas ya sustanciadas, no afecta el principio de irretroactividad de la ley, pues beneficia y resguarda el derecho de defensa de los procesados”.
Haciendo un análisis del proyecto del Poder Ejecutivo, la Procuración General de la Corte, en su informe anual de 1999, página 142, consideraba conveniente derogar el Título II, sobre normas procesales de la ley 23.077, tal como lo propone el proyecto en consideración.
De haberse aprobado el proyecto originario, que tiene dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, recuperando la persona detenida su condición de procesado, hubiese correspondido la aplicación la ley 24.390, sobre duración y cómputo de la prisión preventiva. Entonces, se aplicaría el dos por uno y también las correspondientes normas sobre excarcelación.
La mayoría ha transformado un recurso que era de casación en un recurso de revisión. Admite para este recurso las mismas causales que posibilitan que se interponga el recurso de casación.
En consecuencia, de acuerdo con la normativa propuesta, podrá interponerse el recurso de revisión en los supuestos establecidos expresamente para ese recurso y, además, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y de las normas procesales o constitucionales que afectan el derecho constitucional de defensa en juicio.
Este último supuesto es el que podría ser considerado por la Cámara de Casación mediante el recurso de revisión, que se podría interponer de aprobarse el proyecto en consideración.
De la actuación de la Cámara de Casación depende o no la resolución del conflicto. Esto pudo haberlo hecho la Cámara. Sin embargo, el proyecto en consideración, con las modificaciones que se han incorporado al proyecto original, deriva la solución del tema planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Cámara de Casación.
La naturaleza de los hechos no condiciona la aplicación de la ley. Las dictaduras condicionan la aplicación de la ley o no la aplican. La fuerza de la democracia reside en la incondicional aplicación de la ley. Tal es lo que debe cumplir esta Cámara con el proyecto en consideración; es decir, cumplir con los compromisos internacionales contraídos por el Estado argentino y con la Constitución Nacional. (Aplausos)

Intervención en la sesión del 14/9/00

Derogación de la ley del dos por uno

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: en 1994 se sancionó la ley 24.390, que fue considerada como reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica. Fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de noviembre de ese año y lleva por título “Plazos de la prisión preventiva”.
Por esta ley se incorporó un nuevo sistema de cómputo de la pena a partir del cumplimiento de los dos años de detención sin sentencia. Se sancionó en una época de transición entre el procedimiento escrito y el oral en el Código Procesal Penal de la Nación. Se promueve su reforma con fundamentos que responden a erróneos criterios de política criminal en la creencia de que el aumento de penas –en este caso, la derogación del dos por uno- puede contribuir a la solución del problema de inseguridad que vive el país.
La demanda de seguridad que se manifiesta en mayores penas debe ser interpretada por el legislador para dar las soluciones que correspondan a esa demanda; pero el problema de seguridad no se relaciona con las mayores penas. Cuando interviene el derecho penal es porque ya se ha cometido el delito. El Código Penal no disuade la comisión de los delitos. Desde el año 1983 el Código Penal ha sufrido unas cuarenta reformas, la mayoría de las cuales han aumentado las penas.
Tampoco solucionamos el problema de la inseguridad con el aumento de las penas, si tomamos en cuenta el escaso número de personas que cometen delitos y son juzgadas. Según todos los estudios que se hacen, esa cifra sería menor al 3 por ciento. De tal forma que el 97 por ciento de las personas que cometen delitos no son alcanzadas por el sistema penal. Según datos del INDEC –que pueden ser consultados en el Anuario Estadístico correspondiente al año 2000-, en 1999 se cometieron en todo el país 1.043.000 delitos. Si tomamos en cuenta lo que los criminólogos llaman la “cifra negra” del delito, o sea, el número de delitos que no son denunciados, el estudio efectuado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia muestra que esa “cifra negra” representa las dos terceras partes de los delitos que se cometen. Esto quiere decir que estas dos terceras partes no se denuncian y únicamente sale a la luz un tercio de los delitos que se cometen.
En función de estos datos, llegamos a la conclusión de que en el año 1999 se cometieron en el país más de tres millones de delitos; sin embargo, ese mismo año se dictaron en todo el país 13.263 sentencias condenatorias. Esto da una idea de la desproporción entre delitos y sentencias condenatorias.
El delito se relaciona con la situación social; no con la pobreza sino con la exclusión social, que desintegra los lazos de pertenencia a la sociedad y que da lugar a una delincuencia anómica que se caracteriza por un alto grado de violencia.
Hay una correlación en el mediano y largo plazo entre las condiciones sociales, que llevan a la exclusión social, y el número de delitos que se cometen.
Si observamos los datos que proporciona el INDEC, la incidencia de la pobreza y de la indigencia en el gran Buenos Aires es la siguiente. En octubre de 1999, existía un 18,9 por ciento de hogares por debajo de la línea de pobreza. En mayo de 2000, esa cifra aumenta al 21,1 por ciento y en octubre de ese mismo año experimenta un pequeño descenso, llegando al 20,8 por ciento.
Los mismos datos relacionados con la línea de indigencia nos demuestran que en octubre de 1999 el 6,7 por ciento de la población se encontraba por debajo de esa línea. En mayo de 2000 esa cifra llega al 7,5 por ciento y en octubre de ese mismo año aumenta al 7,7 por ciento.
Esto implica que por debajo de la línea de pobreza existe un conjunto de 738 mil hogares en los que quedan comprendidas 3.466.000 personas. De ese conjunto, 198 mil hogares se encuentran, a su vez, por debajo de la línea de indigencia, lo que supone 921 mil personas indigentes.
Estos datos corresponden al gran Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Los porcentajes serían mucho mayores si únicamente tomáramos en cuenta los distritos del gran Buenos Aires, con exclusión de la ciudad de Buenos Aires.
Si las provincias tuviesen un sistema adecuado de administración de justicia y los delitos se juzgasen con celeridad, no estaríamos discutiendo la derogación del sistema del dos por uno, porque no sería necesaria su aplicación.
Donde no hay celeridad –eso es lo que precisamente estamos discutiendo con esta derogación del dos por uno es en los procesos que se sustancian en la provincia de Buenos Aires, cuyo sistema penal se encuentra desbordado por el alto número de causas que no se resuelven, o que se resuelven con lentitud.
Como en el resto del país, el delito en la provincia de Buenos Aires ha crecido en forma alarmante. Los datos del Departamento de Estadísticas de la Procuración de la Corte bonaerense nos permiten observar la evolución del delito. Sólo mencionaré algunos ejemplos, haciendo referencia exclusivamente a los delitos que son denunciados.
En 1991 en la provincia de Buenos Aires se denunciaron 226.600 delitos. En 1997 esa cifra aumentó a 3.999.638 delitos.
Si analizamos el gráfico elaborado por la Procuración de la Corte, sobre las causas iniciadas en materia penal en los últimos años, veremos que la curva de aumento del delito evoluciona entre los años 1991 y 1997 en forma casi vertical.
Tomando exclusivamente los datos de las causas que llegan a la Suprema Corte bonaerense observamos que ésta tiene a su consideración cerca de cinco mil causas penales que corresponden al anterior procedimiento escrito que regía en la provincia de Buenos Aires.
En 1999 se dictaron solamente 400 sentencias en materia penal. Esto nos da una idea de la desproporción, lo que llevó a decir a la Corte, en un informe del año 2000, lo siguiente: “La acumulación de expedientes en este tribunal, diferencia entre los que entran y los que salen, seguirá produciéndose hasta llegar a niveles inusitados.” A ello se agrega que en poco más de dos años la Cámara de Casación Penal bonaerense tiene unas 5 mil causas para resolver. Esto nos demuestra un desborde de las causas penales en la provincia de Buenos Aires, lo que ha llevado a la crisis del sistema penal que hay en ese estado.
Si observamos los datos de la población que se encuentra detenida en la provincia de Buenos Aires vemos que según el informe proporcionado por la Dirección del Registro de Internos de la Jefatura del Servicio Penitenciario correspondiente al 17 de noviembre de 2000 en dicha provincia existen 12.278 personas procesadas y 1.552 penadas, lo que significa un 81,95 por ciento de procesados en el primer caso y únicamente un 10,36 por ciento de penados. A ello debe agregarse que ese día existían en las comisarías 5.200 personas detenidas, cifra que en la actualidad aumentó a 5.500. Por supuesto que estas personas no tienen condena alguna.
Los porcentajes de condenados en relación con los procesados en los últimos años en la provincia de Buenos Aires demuestran un alarmante crecimiento de la cantidad de personas detenidas sin condena firme. Por ejemplo, en 1990 el 29,7 por ciento de las personas que estaban detenidas en la provincia de Buenos Aires eran condenadas. La cifra se mantuvo en 1991, aumentando al 33,8 por ciento en 1992 y empezando a disminuir a partir de ese año. En 1996 el número de personas condenadas en relación con la totalidad de las detenidas en la provincia de Buenos Aires era del 21,9 por ciento; en 1997, del 15,8 por ciento, y en 1998, del 11,8 por ciento. Estos son datos del Servicio Penitenciario y de la Dirección Provincial de Estadística y Planificación General de dicha provincia.
El proyecto en consideración suprime el doble cómputo cuando el tiempo de prisión preventiva supera los dos años. Ese cómputo constituía una errónea interpretación del Pacto de San José de Costa Rica. El proyecto establece plazos y fija las condiciones para que proceda el cese de la prisión preventiva y al incorporar la ley 24.390 al Código Procesal Penal de la Nación supera el debate acerca de la constitucionalidad de normas procesales que deberían ser aplicadas por las provincias.
El Pacto de San José de Costa Rica establece el siguiente principio: toda persona que no tenga sentencia firme en un plazo razonable debe recuperar su libertad. Es una norma con jerarquía constitucional que es operativa y que debe ser aplicada en todo el país, esté reglamentada o no por las normas procesales de las provincias. Se respeta así el federalismo al posibilitarse a las provincias su reglamentación. Y también se contempla la cláusula federal del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 28, inciso 2, obliga a las autoridades competentes -en este caso, las provincias autónomas- a adoptar las disposiciones del caso para respetar los principios que surgen del Pacto.
¿Cómo se aplica la norma en consideración? Transcurridos dos años sin sentencia del tribunal, plazo que puede ser prorrogado por otro año más, corresponde el cese de la prisión preventiva, para lo cual se aplican las normas sobre la excarcelación. Pero si el proceso continúa sin sentencia firme, aunque tenga una primera sentencia, también corresponde el cese de la prisión preventiva transcurrido un plazo razonable, que debe tomar en cuenta la naturaleza de la causa. Esto no lo dice la ley, pero es de estricta aplicación por el Pacto de San José de Costa Rica.
La ley, una vez vigente, no se aplica a las personas que ya hayan alcanzado los dos años de prisión preventiva sin sentencia firme. En este caso continuaría aplicándose la ley del dos por uno, por ser la ley penal más benigna.
Con esta reforma estamos resolviendo algo que sistematiza las penas que establece el Código Penal, pero de ninguna manera estamos solucionando el problema de inseguridad que padece el país, que obedece a causas profundas y requiere otro tipo de medidas. (Aplausos.)

Presentado el 6/2/01 Exp. 8.015-D.-01

Dictamen en minoría sobre facultades policiales

Persistiendo en erróneos criterios sobre política criminal los proyectos en consideración modifican el Código de Procedimientos en Materia Penal en lo relativo a las atribuciones de los funcionarios de la policía o fuerzas de seguridad con el objetivo de hacer frente al incremento de los delitos que se observan en el país.
Mediante la reforma que se propone se autoriza a los funcionarios policiales o de seguridad a efectuar requisas personales o de vehículos sin orden judicial, a efectuar secuestros y a interrogar al sospechoso, en caso de flagrancia, en lugar del hecho para recibir “noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de la investigación”
El proyecto originario enviado por el Poder Ejecutivo ha sido ampliado en el dictámen de mayoría otorgándose facultades a la Policía Feral y fuerzas de seguridad que pueden afectar las libertades públicas.
Nuestra sociedad registra un alarmante aumento de los delitos y para hacer frente a esa inseguridad se recurre a medidas que pueden ser efectistas, que incluso pueden tener el respaldo de gran parte de la población, pero que no solucionarán la inseguridad que se vive. Al contrario, ciertas medidas como las que establecen los proyectos considerados contribuyen a agravar el problema que se quiere enfrentar. En los últimos años el Congreso de la Nación ha aumentado considerablemente la pena que corresponde a determinados delitos y varias provincias han restringido las normas sobre excarcelación. Estas medidas, no han llevado a la disminución del número de delitos, porque el aumento de las penas, o la modificación de las normas procesales no combaten el delito, actúan después que el delito ha sido cometido. En algunos casos, al contrario, pueden hacer mas graves los delitos que se cometen. Se atiende de esta manera a los efectos y no a las causas que llevan al delito.
Las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo en su proyecto son admitidas en casos de urgencia por la mayor parte de la jurisprudencia cuando efectivamente nos encontramos ante la comisión de un hecho delictuoso.
Por razones de urgencia se ha aceptado también el valor de requisas y secuestros efectuados por la autoridad policial y otras fuerzas de seguridad cuando efectivamente se estaba en presencia de un delito. Pero generalizar las requisas a automotores y personas es atentar contra la libertad de quienes viven en el país.
Por todo ello y demás razones que se expondrán en oportunidad de su tratamiento en el recinto, se considera que las normas vigentes del Código Procesal en Materia Penal de la Nación no deben ser modificadas, aconsejándose el rechazo de los proyectos sometidos a consideración de esta Comisión.

Comisión de Legislación Penal y Derechos Humanos y Garantías
29/05/01

Facultades de la Policía y Fuerzas de Seguridad

Sr. Torres Molina: Señor presidente: el alarmante incremento del delito que se registra en nuestro país ha llevado sin ninguna duda al Poder Ejecutivo y a los señores diputados –que han elaborado iniciativas que estamos tratando en esta sesión- a considerar que esa ola delictiva que se vive puede tener solución mediante la modificación de las leyes.
Desde 1983 esta Cámara ha sancionado cerca de cuarenta leyes por las que se incrementaron las penas. Ha derogado la ley del dos por uno y ahora en ella se propone la modificación del Código de Procedimientos en materia penal con la idea que se va a corregir la grave situación de inseguridad que se vive en nuestro país.
Sin embargo, estas modificaciones responden a erróneos criterios de política criminal. Cuando dentro de algunos meses volvamos a discutir el tema de la legislación procesal penal veremos que la inseguridad habrá aumentado y que no habremos solucionado el problema. Este es un problema que no se va a superar en la medida en que no se elabore un plan integral en materia de seguridad.
En noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo envió un proyecto mediante el cual se modificaban tres artículos del Código Procesal Penal de la Nación. Esas modificaciones consistían principalmente en autorizar allanamientos y requisas urgentes, en interrogar al sospechoso en el lugar del hecho y en inspeccionar o requisar vehículos y personas.
El proyecto contenido en el dictamen de mayoría que estamos considerando amplía las facultades que originariamente fueron previstas por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el nuevo texto que se propone para el artículo 184 se autoriza a la autoridad policial o de seguridad a efectuar secuestros en caso de urgencia, el plazo de incomunicación se extiende de seis a diez horas, y se autoriza el interrogatorio al sospechoso detenido in fraganti. Asimismo, lo que era considerado como grave incumplimiento por parte de los funcionarios de seguridad o policiales, de no dar lectura a los derechos y garantías, se transforma en incumplimiento.
Por otra parte, según el nuevo texto que se propone para el artículo 186, lo que el Código Penal vigente denomina “actos de prevención” se transforma en “actuaciones de prevención”. A la vez, se prorroga de tres a cinco días el plazo para la remisión de las actuaciones al juez o al fiscal según corresponda , plazo que puede prorrogarse por otros cinco días.
Con estas modificaciones nos encontramos en presencia no de simples actuaciones policiales sino de un sumario de prevención, o de un presumario, que posteriormente será girado al fiscal o al juez.
Además, en el proyecto contenido en el dictamen de mayoría se propone agregar el artículo 230 bis, que autoriza la requisa de personas o vehículos en la vía pública. Esto puede llegar a afectar derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación, el derecho a la intimidad o el derecho a la no violación del domicilio para aquellos autores o jueces que consideran que el vehículo es una prolongación del domicilio y le son aplicables las mismas normas legales.
En condiciones normales, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no merecería objeciones jurídicas, pero sí las merece teniendo en cuenta la realidad en que se lo pretende aplicar.
Parte de las modificaciones propuestas son admitidas jurisprudencialmente en casos extraordinarios, pero ahora se transforman en facultades ordinarias de la Policía.
Otras modificaciones forman parte de un debate constitucional; por ejemplo, si el vehículo forma parte o no del domicilio. Este debate no puede ser solucionado o resuelto mediante la ley que se pretende sancionar. El debate constitucional va a mantenerse, y los jueces que consideran inconstitucional la requisa del vehículo sin orden judicial van a seguir considerando esa inconstitucionalidad.
Modificaciones como las que autorizan operativos públicos de control, revisando a las personas, los objetos que lleven o sus vehículos, pueden afectar las garantías constitucionales de los habitantes de nuestro país. En casos de urgencia, en casos razonables, las medidas que proponía el Poder Ejecutivo eran autorizadas jurisprudencialmente convalidadas y no daban lugar a nulidades. Por ejemplo, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –estamos refiriéndonos a la requisa de automotores-, criterio que se va a mantener mientras perdure su actual composición, se estableció lo siguiente: “Es necesario diferenciar la inspección de una casa, de un negocio, etcétera, respecto de los cuales la orden judicial puede ser rápidamente obtenida, y la requisa de un vehículo, barco o tren, a cuyo respecto no es factible obtenerlo porque el rodado puede ser prontamente sacado de la jurisdicción o localidad en la que aquella debe ser obtenida.
“La legalidad de la requisa depende de que el oficial actuante tenga razonable o probable causa para creer que el transporte detenido llevaba mercadería proveniente de un hecho ilícito.” Fallo de la Corte Suprema de Justicia del 11 de noviembre de 1988, publicado en La Ley, año 1999, tomo B, página 284.
Eso también fue reconocido por la Cámara de Casación Penal, que en uno de sus fallos expresó lo siguiente: “Si la actividad policial se limitó a la intercepción de un vehículo, y posteriormente se procedió a su requisa y la consecuente detención de sus ocupantes, previa orden del juez federal competente, una vez promovida la consulta pertinente la medida goza de entera validez, pues se encuentra fuera de discusión las facultades del magistrado de disponerla en forma motivada.” Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, 10 de junio de 1999, publicado en La Ley en 2000, tomo D, página 332.
En el mismo sentido podríamos citar fallos de la Cámara de Mendoza, Sala A, del 7 de enero de 1998, publicado en La Ley de 1998, tomo G, página 142, o de la Cámara Federal de San Martín, Sala 2, del 26 de junio de 1998, publicado en La Ley en 1999, tomo C, página 3.
El proyecto en consideración es una manifestación de una política criminal que responde a los requerimientos de la ley y el orden, es decir, a la ideología de la seguridad ciudadana. Para esa ideología el aumento del delito que se observa en nuestra sociedad se combate con mayores penas, limitaciones a la excarcelación, más policías y más cárceles. Esta política es la que ha fracasado en nuestro país.
Si tomáramos en cuenta algunos ejemplos podríamos advertir que en 1993, cuando se transformó el Comando Radioeléctrico en Patrulla Urbana, se dijo que en la provincia de Buenos Aires se iba a solucionar el ya grave problema del delito. Luego, en 1998 se encargó a la Gendarmería la custodia de objetivos que podrían sufrir atentados; se nos dijo que se tomaba esa decisión para liberar a la policía de esa tarea y para combatir al delito. En 1999 se decidió darle participación a la Gendarmería y a la Prefectura en el control de las calles de la ciudad de Buenos Aires.
Al respecto, tendríamos que tener en cuenta que nuestro país tiene uno de los más altos índices de policías y de integrantes de las fuerzas de seguridad por habitante.
“El Día”, de la ciudad de La Plata, el 27 de abril de 1997 publicó un artículo en el que efectúa un análisis en relación con las inversiones realizadas en la Policía de la provincia de Buenos Aires a lo largo de cinco años. De allí surgen los siguientes datos: se compraron 2.406 patrulleros, 14 mil pistolas, y otros elementos que no voy a mencionar, con una inversión de 190 millones de pesos. Esto es lo que se gastó durante ese período para equipar a la policía en armamentos y equipos.
Un informe de la Fundación Mediterránea publicado por el diario “Página 12” el 29 de julio de 1997 indica la siguiente relación en cuanto a la cantidad de agentes de fuerzas de seguridad de la Argentina y otros países. De ahí se desprende que, cada mil habitantes, la Argentina tiene en promedio 6,89 agentes; los Estados Unidos, 3,2; España, 3,04; el Reino Unido, 3,42; Polonia, 2,91; Canadá, 2,76; Australia, 2,28; Israel, 3,44; Italia, 3,47, y Ucrania –el único país que nos supera-, 8,08 policías por cada mil habitantes.
En los debates realizados en la Comisión de Legislación Penal he señalado que el proyecto del Poder Ejecutivo no sería objetable si fuese aplicado en un contexto distinto al que demuestra la realidad que viven las policías y fuerzas de seguridad de nuestro país. Si la situación de la Argentina fuera diferente, esa iniciativa contaría con mi voto afirmativo; pero la realidad del país es otra.
No estamos en presencia de fuerzas policiales y de seguridad ajenas a la violencia policial ni somos como aquellos países europeos caracterizados por el respeto a las libertades de los ciudadanos.
El informe sobre los derechos humanos en la Argentina que recientemente ha publicado el Centro de Estudios Legales y Sociales contiene, entre otras, las siguientes consideraciones referidas a la actuación de la Policía Federal Argentina durante el año 2000. Daré lectura de una serie de casos que son violatorios de los derechos humanos.
Dice así: “El 19 de abril, la brutal represión policial contra distintos sindicatos que se habían reunido frente al Congreso Nacional en protesta por la reforma de las leyes laborales, terminó con cincuenta personas heridas, alguna de ellas de bala -como el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia, Julio Piumato-; otras golpeadas con las culatas de las armas, e inclusive un policía armado con una navaja hirió al sindicalista Carlos Hernández.
“El 2 de julio, dos agentes de la Policía Federal vestidos de civil interceptaron a un hombre que se trasladaba en camioneta y lo ejecutaron de un tiro en la nuca a treinta centímetros de distancia. Este hecho ocurrió en la capital de la provincia de Jujuy, y antes de notificar al juez, comunicaron la muerte a la prensa intentando hacer pasar a la víctima por un narcotraficante, colocándole cocaína y un arma para simular un enfrentamiento. Dos días después, el juez ordenó la detención de dos oficiales y ocho suboficiales de la Policía Federal.
“Funcionarios de la Policía Federal también fueron denunciados por hechos de tortura. En mayo fue allanada la comisaría 16 ante la denuncia de torturas y la constatación de golpes y lesiones internas de una persona que había permanecido detenida en la comisaría durante el fin de semana a la espera de ser indagada por el juez.
“El 25 de marzo, miembros de la comisaría 40 fueron denunciados por torturas contra Mariano Barrientos, detenido luego de un procedimiento de desalojo del inmueble que ocupaba.” Eso puede leerse en el capítulo II, página 78 del citado informe.
También en la página 79 de ese informe se lee: “La práctica de fraguar operativos policiales, colocando pruebas falsas a inmigrantes de países limítrofes o personas de pocos recursos motivó que la Procuración General de la Nación emitiera en el mes de mayo una nota previniendo a los fiscales sobre la posibilidad de que estuvieran investigando delitos inventados a inocentes. El CELS ya había analizado y denunciado la utilización de esos patrones policiales para mostrar la eficacia en el accionar o como instrumento de represalia, venganza o ajuste de cuentas por parte de la Policía. El 27 de junio la Procuración General creó una comisión especial para investigar este tipo de hechos. Aprovechando el cambio de milenio el jefe de la Policía Federal había minimizado esta novedad calificando la invención de sumarios como una práctica del siglo pasado.”
En el día de ayer se ha recibido el informe de los fiscales que integraron la Comisión, que nos dicen que en cincuenta y dos hechos comprobaron que los operativos policiales fraguaron delitos. Esta no es una investigación que hicieron sobre la totalidad de las causas que existen en la ciudad de Buenos Aires. Como nos dijeron en la comisión lo hicieron sobre la base de cien hechos de los cuales tuvieron conocimiento, descartaron los restantes y éstos son los que verificaron plenamente que se habían fraguado los procedimientos policiales. Pero yo creo que es lamentable que se hagan estadísticas tomando en cuenta la cantidad de delitos que se denuncian en la ciudad de Buenos Aires y decir que son solamente cincuenta y dos, ya que aunque sea uno solo el que se fragüe o una sola tortura la que se infrinja a los detenidos son hechos gravísimos. Aclaremos que estas estadísticas han tomado en cuenta la cantidad de delitos que se denuncian y no las sentencias que se dictan o los hechos en los que se identifica a los autores.
Si tomamos las sentencias, digamos del año 1999, veremos que en la ciudad de Buenos Aires se dictaron dos mil quinientas sentencias. Entonces la proporción en todo caso habría que hacerla sobre la base de estas dos mil quinientas sentencias.
En los últimos años varias provincias establecieron normas que restringen la excarcelación. Como consecuencia de esas normas y de la mayor actividad policial se ha registrado en particular en la provincia de Buenos Aires el incremento de las personas detenidas.
Por un decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires del 28 de mayo nos enteramos de que en el último año hubo un 35 por ciento más de detenidos en dicha provincia que en el año anterior. En consecuencia, se ha declarado la emergencia carcelaria. Y si bien se habían construido en los últimos años varias cárceles, lo mismo que en la jurisdicción federal, y a pesar de la restricción de las normas de excarcelación y el aumento de las penas, y de haberse otorgado a la Policía de la provincia de Buenos Aires normas similares a las que ahora son propuestas para la jurisdicción federal, el índice delictivo ha aumentado en la provincia de Buenos Aires, es decir que no estamos en el camino acertado para resolver los problemas de seguridad que tiene el país.
¿Cuáles son los motivos por los que se le quitaron atribuciones tanto a la Policía Federal como a la de la provincia de Buenos Aires? Hace décadas la Policía Federal incorporaba en los sumarios lo que llamaba declaraciones espontáneas, es decir declaraciones que muchas veces se hacían sin la firma del que declaraba, eran tomadas como presunciones y servían para condenar sobre la base de esa prueba, unida seguramente a otras, a las personas que se habían detenido.
La policía de la provincia de Buenos Aires tuvo durante muchísimo tiempo la facultad de tomar declaración indagatoria. Hace décadas el método para obtener esas indagatorias era la aplicación de la picana eléctrica en forma generalizada.
Esta práctica de aplicación de la picana eléctrica se ha superado a partir de 1983 con el restablecimiento de la democracia, pero subsisten también otros métodos de malos tratos a los detenidos o torturas, bajo la forma de lo que se llama el “submarino seco”. Eso se continúa aplicando en las policías del país.
Muchas veces los malos tratos que la policía comete contra las personas detenidas aparecen encubiertos bajo el delito de resistencia y atentado a la autoridad. Entonces, las lesiones que presentan las personas, que son constatadas por los médicos, son atribuidas a una presunta resistencia de la persona en el momento de la detención, cuando en realidad se trata en muchos casos de malos tratos que aplica el personal policial.
Hay también una ineficacia notable en el sistema penal, que torna irrelevantes los cambios en la legislación procesal para modificar la situación de inseguridad que se vive.
En primer lugar, si consideramos la cifra negra de la que nos hablan los criminólogos, observamos que solamente se denuncia el 30 por ciento de los delitos que se cometen. El porcentaje depende de las jurisdicciones, pero el 80 por ciento termina con sus autores ignorados.
Tomando las estadísticas del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Carcelaria correspondientes al año 1999, que aparecen discriminadas por provincias no las voy a citar a todas , se observa que en ese año se cometieron 312 mil delitos en la provincia de Buenos Aires, dictándose 3.408 sentencias condenatorias, lo que da un porcentaje del 1,09.
En la ciudad de Buenos Aires se cometieron 191.755 delitos, dictándose 2.513 sentencias condenatorias, siendo el porcentaje de 1,31. El ejemplo extremo lo tendría la provincia de Santiago del Estero, que presenta el 0,14 por ciento de sentencias condenatorias.
Si tomamos en cuenta las reformas que han sido propuestas en el dictamen de mayoría, podemos observar el siguiente peligro: cuanto mayores son las facultades que se otorgan a la policía y mayor intervención tiene en el sumario de prevención, en el presumario o en algún otro sumario, existe mayor impunidad por los errores que se cometen en las actuaciones que se labran y que deben ser hechas normalmente por jueces o por fiscales.
La reforma en consideración no soluciona el problema de la violencia; contribuye a su reproducción.
En 1985 se modificó el viejo Código Procesal Penal de la Nación y se sancionó la ley 23.465. A continuación voy a dar lectura de la opinión de un procesalista en relación con la facultad de interrogar que en esa oportunidad se pretendía otorgar a la Policía, y que ahora figura en el proyecto que estamos debatiendo. Aquella opinión decía lo siguiente: “Reconozco la sana intención y los altos propósitos de su autor, sinceramente preocupado por los problemas de la administración de Justicia, de la libertad, del respeto a la dignidad de las personas. No puedo dejar de señalar, sin embargo, que el Código de Procedimientos en Materia Penal de la Capital Federal está siendo asediado por múltiples reformas legislativas parciales, que se incorporan como parches a una estructura orgánica, como es la de un código. En algunos casos, por razones de urgencia reconocida, fue atendible, como la ley que sancionamos para modificar el sistema de excarcelación con el objeto de humanizar el procedimiento.”
Más adelante el procesalista dice lo siguiente: “El motivo principal de la reforma es el problema de la declaración indagatoria con el propósito, sano y positivo, de rodearla de mayores garantías. Pero ocurre que con la modificación propuesta al inciso 8) del artículo 184, en vez de ir para adelante vamos hacia atrás, porque en el sistema que tiene estatuido el Código de Procedimientos de la Capital Federal no está autorizado –como sucede en otros códigos que la policía tome declaración al imputado.”
La opinión prosigue así: “Sin embargo, es cierto que en la práctica no sucede siempre así, habida cuenta de que los funcionarios policiales, basándose en una mala y errónea interpretación del artículo 184, inciso 8), reciben del imputado lo que se ha dado en llamar ‘declaración espontánea’. Pero ello nada tiene de declaración desde el punto de vista formal y nada suele tener de espontánea. Entonces, lo que no podemos hacer es reconocerle validez legal como declaración o información sumaria, según aquí se propone.”
Luego sostiene lo siguiente: “Legalizar esta situación sería no sólo delegar funciones estrictamente judiciales, sino también justificar un medio ilegal para obtener pruebas de cargo, contrariando el sistema del código.”
La opinión continúa: “Por lo expuesto solicito, señor presidente y señores senadores, que no incorporemos este texto que significará un retroceso, cuando el propósito que debe guiarnos es realizar un avance.”
Para culminar el procesalista se expresó así: “Desde una perspectiva personal debo decir que lamento que introduzcamos reformas parciales cuando aun quedan otras pendientes. En esta forma aprobamos ley tras ley para corregir unos pocos artículos, por importantes que sean, en lugar de aguardar o afrontar la reforma integral y sistemática.”
El procesalista que estoy citando ocupa en la actualidad la Presidencia de la Nación.
Estamos legislando en forma parcial y no sistemática, introduciendo reformas que muchas veces son aceptadas por la jurisprudencia, pero que consideradas expresamente o ampliadas, como en este caso, significan dar apoyo y tolerar la violencia policial que existe en el país. En definitiva, se pretende aprobar una norma que no solucionará los problemas de seguridad que se viven en el país. (Aplausos.)

Intervención en la sesión del 30/5/01

IV- POLÍTICA INTERNACIONAL

• Política exterior argentina

• Amenazas sufridas por trabajadores de la Casa del Migrante de Tecún Umán de la República de Guatemala. (proyecto de declaración)

• Pedido de informes sobre la posición del representante argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas al votar contra Cuba por violaciones a los derechos humanos (proyecto de resolución)

• Restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Irak (proyecto de declaración)

• Pedido de extradición de las personas detenidas en Panamá acusadas de haber preparado actos para atentar contra el presidente de Cuba, Fidel Castro (proyecto de declaración)

• Pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe sobre el estado de las Relaciones con Cuba (proyecto de resolución)

• Condena al bombardeo de Estados Unidos y del Reino Unido contra Irak (proyecto de declaración)

• Rechazo al voto del delegado argentino contra Cuba.

• Condena a las prácticas de tiro que realiza la Armada de Estados Unidos en la isla de Vieques, Puerto Rico (proyecto de declaración)

Política exterior argentina
Sr. Torres Molina.- Agradezco ante todo la presencia del señor ministro y pido disculpas porque plantearé temas de distinta índole.
En primer lugar cabe decir que creo que ha sido importante la aclaración que hizo el señor ministro con relación a Colombia porque de la descripción que hizo el único diputado que observó el ejercicio “Cabaña 2000”, el presidente de la comisión, surgía claramente que a pesar de los nombres que se le daba a ese operativo, podía constituirse en un operativo destinado a la participación en Colombia. Además hay una información periodística sobre un futuro ejercicio en Misiones durante el mes de enero; la información periodística abiertamente dice que es un ensayo sobre la participación en Colombia. Por eso creo que es importante la aclaración que hizo el señor ministro en cuanto a que no es una política de la Cancillería ni del Ejecutivo destinada a la participación ni al apoyo del plan Colombia. En relación con esto quería preguntarle al señor ministro sobre la base de qué el Poder Ejecutivo autoriza el ingreso de tropas extranjeras al país, cuando no tuvo la correspondiente autorización del Congreso, a pesar de haber ingresado el proyecto de ley que así lo autorizaba.
El segundo tema se relaciona con el Mercosur. En este sentido quisiera saber si el señor ministro no cree que diversos hechos políticos y de defensa deterioran -además de la difícil relación económica que existe hoy en el Mercosur- la relación del Mercosur, especialmente con Brasil. En particular el voto argentino en el comité de derechos humanos de Naciones Unidas con relación a Cuba. Cabe decir que un importante número de diputados de la Alianza manifestamos nuestra diferencia respecto a esa decisión y presentamos un pedido de informes y un proyecto de declaración manifestando nuestra diferencia con ese voto. Quisiera saber por qué no han participado las fuerzas Brasil en este operativo “Cabaña 2000”. Entendemos que su no participación deteriora lo que el señor ministro plantea como estrategia defensiva común. Participan todos los países de Sudamérica con excepción de Colombia, Venezuela y Brasil. Da la casualidad que Venezuela y Brasil son los países que tienen una posición clara en contra del plan Colombia.

Quiero plantear un tercer tema referido a si la Cancillería analiza el conflicto que existe con Puerto Rico, en relación con la isla de Vieques. Digo esto porque la isla ha sido un lugar de prácticas militares y hace varios años la Armada Argentina participó en ellas. Entonces, si se hace ese seguimiento, deseo conocer si se ha considerado la inconveniencia de una eventual participación de la Armada Argentina en la isla de Vieques, dada la situación que ha planteado la población de Puerto Rico en relación con estas islas.
En cuarto lugar, quiero saber si el señor ministro conoce la razón, aunque el tema viene del gobierno anterior, por la cual la Convención Contra Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, que fue aprobada por el Congreso, no ha sido firmada ni ratificada por la Argentina. Se da la irregularidad de que el Congreso aprobó una ley pero que no fue firmada ni ratificada por Cancillería o por el gobierno Argentino.
También quiero plantear un quinto tema. Deseo conocer si en la Cancillería argentina existe documentación relativa a la intervención argentina en América Central en el año 1980, y si la ha analizado, en caso de que existiese. Además, deseo que el señor ministro confirme si embajadores que en la actualidad se desempeñan en Naciones Unidas y en Cuba cumplieron funciones en Panamá y Costa Rica en el año 1980.
Para finalizar, quiero saber si la Cancillería ha considerado el replanteo de las relaciones diplomáticas o comerciales con Irak, teniendo en cuenta que los países de la OTAN que participaron en la guerra del Golfo mantienen relaciones diplomáticas mientras que nuestra sede está cerrada. Además, las Naciones Unidas han autorizado el intercambio comercial de petróleo por alimentos y Argentina exporta alimentos a través de terceros países, perdiendo ingresos en esa exportación indirecta a Irak.
Entonces, quiero saber si se está haciendo un replanteo en las relaciones diplomáticas y comerciales que llevaría a un mejor aprovechamiento de esas exportaciones que la Argentina hace en forma indirecta.
Si el señor ministro me permite, mi pregunta concreta con respecto a Puerto Rico fue si la Cancillería está siguiendo el conflicto de la isla de Vieques. En caso afirmativo, me gustaría saber si lo está haciendo con la visión de la no participación, ya que si intervenimos podríamos involucrarnos en un conflicto con la población de Puerto Rico.

Reunión de Comisión de Relaciones de Exteriores y Culto, 10/10/00

Amenazas sufridas por trabajadores de la Casa del Migrante de Tecún Umán de la República de Guatemala.

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Declara

Su preocupación por las amenazas y los actos intimidatorios sufridos por trabajadores de la Casa del Migrante de Tecún Umán en la hermana República de Guatemala, instando al gobierno guatemalteco a garantizar su seguridad y a investigar y esclarecer la autoría de tales actos.

Fundamentos

En diciembre de 1996 se rubricaron en Guatemala los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra civil de treinta años caracterizada por el terrorismo de Estado, el genocidio y la migración forzada de los que fue víctima el pueblo guatemalteco y en particular su población maya.
Los acuerdos de paz hicieron posible el restablecimiento de las garantías constitucionales básicas, pero los crímenes perpetrados durante la guerra civil quedaron impunes. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada por acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, realizó una investigación y un análisis pormenorizado de las violaciones a los derechos humanos, cuyas conclusiones hizo públicas el 25 de febrero de 1999 con el nombre de Guatemala, Memoria del Silencio en un acto patrocinado por la representación de las Naciones Unidas.
Sin embargo, de los muchos casos concretos denunciados en ese informe, en muy pocos las autoridades guatemaltecas han asumido su responsabilidad disponiendo el juzgamiento de los culpables. Uno de esos pocos casos es el asesinato masivo, por fuerzas militares, de más de 300 personas en diciembre de 1982 en la localidad de Las Dos Erres, en el departamento del Petén. Recién en los pasados días, el 17 de marzo de 2000, oficiales integrantes de la patrulla del ejército que perpetrara la masacre debieron presentarse a prestar testimonio ante el Juez sobre esta acción terrorista. Y éste es uno de los contados casos en los que el poder judicial se ha visto motivado a intervenir.
La impunidad hizo posible la continuidad de actos de violencia e intimidación cometidos por personas vinculadas al aparato estatal. Víctimas frecuentes de estos atentados son militantes de los derechos humanos, cuyo empeño en lograr el total esclarecimiento de los hechos resulta doblemente meritorio en atención a los obstáculos institucionales con los que se enfrenta.
En el curso de los tres primeros meses del presente año 2000, los trabajadores de la Casa del Migrante de Tecún Umán y de la Oficina de los Derechos Humanos de la misma localidad, en el departamento de San Marcos, han sido objeto de intimidaciones y amenazas, que fueron denunciadas por la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG). Cabe destacar que la migración interna y al exterior de vastos sectores de la población rural es una de las consecuencias más dramáticas de la guerra civil y sobre todo de la represión en las zonas rurales de Guatemala. Los integrantes de MENAMIG, entre ellos los de la Casa del Migrante de Tecún Umán, realizan tareas de acompañamiento y apoyo a la población migrante, que se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo.
La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, (MENAMIG), que respalda estas denuncias, está integrada por las siguientes entidades:
• Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD)
• Asociación de Apoyo Integral (ASI)
• Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
• Capacitación y Desarrollo (CADECO)
• Catholic Relief Services (CRS)
• Casa del Migrante de la Pastoral de la Movilidad Humana
• Casa del Migrante de Tecún Umán
• Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)
• Consultores Sociales/Movimiento Tzuk kimpop (CONSOC/MTP)
• Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)
• Centro de Atención al Migrante (CAM)
• Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)
• Consejo de Investigación para Centroamérica (CIDECA9
• Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE)
• Escuela de Historia (DIGI/USAC)
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Sede Guatemala (FLACSO)
• Oficina Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG)
• Programa de Atención a Trabajadores Agrícolas Temporeros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Procuraduría dde los Derechos Humanos/Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante (PDH)
• Programa de Atención a Trabajadores Agrícolas Temporeros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
• Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración (STM)
Ante la situación expuesta resulta urgente el apoyo de las instituciones democráticas del continente para afianzar la continuidad de las tareas que desarrollan las organizaciones de derechos humanos y protectoras de la población migrante en Guatemala.
Presentado el 29/3/00
Exp. 1338 D-00

Pedido de informes sobre la posición del representante argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas al votar contra Cuba por violaciones a los derechos humanos.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:

1- Razones que llevaron al representante argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a votar la propuesta del gobierno Checo en contra de la República de Cuba por violaciones a los derechos humanos.
2- Si el referido voto implica un alineamiento automático del gobierno Argentino con la política exterior norteamericana.
3- Si el representante del gobierno Argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió instrucciones de la Cancillería para acordar con el representante del gobierno de Brasil el cambio de su voto de abstención por un voto en contra del gobierno de Cuba.
4- Si el representante del gobierno Argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió instrucciones de la Cancillería para acordar con el representante del gobierno de México el cambio de su voto tradicional de apoyo al gobierno de Cuba por una abstención.
5- Si el representante del gobierno Argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió instrucciones para votar en forma conjunta con el representante de Chile.
6- Si el Poder Ejecutivo no considera que actitudes como la adoptada en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contribuyen a aislar la política exterior argentina de la política exterior de los países latinoamericanos y del Caribe.
7- Si el Poder Ejecutivo no considera que los países integrantes del MERCOSUR tendrían que tener una política exterior conjunta ante los organismos internacionales.

Fundamentos
El 18 de abril del presente año el representante del gobierno argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó la propuesta presentada por el gobierno checo que considera que en la República de Cuba se violan los derechos humanos. La Comisión está integrada por 53 países y el resultado de la votación fue de 21 votos a favor de la propuesta, 18 en contra y 14 abstenciones. Los países de América Latina y el Caribe votaron de la siguiente forma:
En contra de Cuba: Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina.
Se abstuvieron: México, Brasil, Colombia y Ecuador.
A favor de Cuba: Venezuela y Perú.

El voto argentino mantiene continuidad con la política sostenida en la última década en la que el gobierno argentino votó sistemáticamente en contra de Cuba. A esa continuidad se le agregaría ahora la labor diplomática que habría desarrollado la Cancillería Argentina tendiente a modificar el voto de Brasil y de México.
La continuidad de la política exterior argentina en relación a Cuba puede llevar a su aislamiento de los restantes países del continente y en particular de los países del MERCOSUR, con quienes tendría que adoptar una política exterior común ante los organismos internacionales.
Para aclarar la posición del gobierno argentino presentaremos el presente pedido de informes.

Presentado el 25/04/00
Exp. 2080 D-00

Restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Irak

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional restableciera las relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Irak.

Fundamentos

Señor Presidente:

El 14 de abril de 1995 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su resolución 986, ante la grave situación sanitaria y nutricional de la población civil iraquí y la necesidad de proveer sus necesidades humanitarias. La grave situación fue reconocida por el Consejo como la consecuencia de un régimen de sanciones riguroso proyectado para la eliminación por Iraq del armamento de destrucción masiva. En consecuencia, la resolución 986 autorizó la venta de petróleo iraquí y de productos derivados del petróleo hasta una suma no superior a 1.000 millones de dólares cada noventa días, con sujeción a condiciones de contratación de proveedores de productos a importar por Iraq y de distribución interna de los mismos supervisadas por el Consejo de Seguridad a través de la Oficina del Programa Humanitario de Iraq.
Se llamó a ese programa “petróleo por alimentos”(y luego medicamentos y otros materiales y suministros básicos). De los U$S 4.000 millones anuales por venta de petróleo autorizados a Iraq se pasará a fines de 1999 a 11.000 millones. El Poder Ejecutivo aprobó la resolución 986 “oil for food”, sin intervención del Congreso de la Nación, por decreto 582 del 31 de mayo de 1996. Los fondos provenientes de esa exportación de petróleo quedaron bloqueados en una cuenta de garantía, asentada en el Banco Nacional de Francia, destinada al pago de los proveedores de Iraq.
Superadas las objeciones de Iraq al reafirmarse el compromiso de debido respeto a su soberanía e integridad territorial por parte de la comunidad internacional y satisfecha la exigencia de que la distribución de suministros “Programa Humanitario Interinstitucional de las Naciones Unidas” en tres provincias iraquíes norteñas se efectuara en el nombre del Gobierno del Iraq, entró en vigor la referida resolución 986 de 1995 con fecha 10 de diciembre de 1996. La misma fue complementada por otra resolución -la 1111 de 1997- del Consejo de Seguridad, para su ampliación y mejoramiento.
Del examen y evaluación general sobre la aplicación, entre diciembre de 1996 y noviembre de 1998, del Programa Humanitario para Iraq, presentado el 28 de abril de 1999 por el Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad, se desprenden observaciones, conclusiones y recomendaciones que dan fundamento al presente proyecto de declaración.
Previamente al informe general de abril del 99, el Secretario General había presentado un primer informe en noviembre de 1997, cuando estaba por finalizar la segunda etapa (semestral) del programa. Allí se recomendaba al Consejo de Seguridad propender a un aumento de los ingresos autorizados a Iraq por venta de petróleo para financiar necesidades humanitarias prioritarias, subrayando la insuficiencia de los suministros así financiados hasta ese momento, advirtiendo que una auténtica mejora del estado nutricional de los iraquíes también dependía de la inversión en otros sectores de infraestructura sanitaria y, especialmente, de la producción de energía eléctrica.
El 4 de diciembre de 1997 por resolución 1143, el Consejo de Seguridad se hizo eco de estas recomendaciones y manifestó su disposición al aumento de recursos originados en un incremento de la exportación de petróleo iraquí y sus derivados, para mejorar la puesta en práctica del Programa Humanitario.
Un segundo informe previo y complementario fue presentado por el Secretario General el 1 de febrero de 1998, en pleno desarrollo de la etapa III del Programa Humanitario (diciembre/97 a mayo/98). En él se reafirmaban tres componentes para mejorar la situación nutricional de la población iraquí: mayor ingesta de calorías por día con la incorporación de proteínas animales; institución de un programa de nutrición para niños, mujeres embarazadas y madres lactantes; más apoyo a la producción local de otros alimentos disponibles.
Se advertía sobre el deterioro de las instalaciones sanitarias, de la red de agua y sobre todo del sector de la electricidad, alertándose sobre la urgencia de ejecutar proyectos de infraestructura y rehabilitación de la generación y distribución de energía eléctrica, cuyo costo superaba el alcance del financiamiento para el Programa Humanitario.
Sólo para el mejoramiento de la ayuda sanitaria y alimentaria necesitada por Irak, los 1.320 millones de dólares asignados para cada una de las tres primeras etapas (un año y medio) del programa debían transformase en 3.436 millones solamente para la IV etapa que comenzaría a mediados de 1998. Para ello, el valor de las exportaciones de petróleo por parte de Iraq debía alcanzar los 5.200 millones para cubrir las deducciones implícitas en costos operativos de exportación y otros.
El 20 de febrero de 1998 (resolución 1153) el Consejo de Seguridad accedió a elevar el límite de ingresos por venta de petróleo a 5.256 millones por un período de seis meses entre junio y noviembre de 1998 (etapa IV). Asimismo, ante las dificultades para que Iraq pudiese exportar petróleo y sus derivados por esa suma, accedió a autorizar la importación de equipos que permitiera a Iraq cumplir con aquella meta. La suma total asignada a la aplicación de la IV etapa del plan, destinada a un mejoramiento de la distribución de ayuda humanitaria fue de 3.100 millones de dólares, cifra que incluía 300 millones para repuestos y equipos para la industria petrolífera. Es decir que para la ayuda humanitaria quedarían 2.800 millones de dólares.
El Secretario General adelanta en su informe final de abril de 1999 que “lamentablemente no se pudo lograr la mayoría de los objetivos del plan de mejoramiento de la distribución debido, fundamentalmente, a una reducción sustancial de los ingresos percibidos durante la etapa IV”. Al generarse sólo 3.027 millones de dólares por venta de petróleo debido a una caída sustancial del precio del petróleo crudo iraquí y a la destrucción de la industria petrolífera e infraestructura de apoyo provocada por la guerra, una vez deducidos los derechos de uso de oleoductos y otras asignaciones previstas en la resolución 986 de 1995 habían quedado únicamente 1.900 millones para el Programa Humanitario, 300 de los cuales se reservaban para repuestos y equipo petrolífero. O sea, la suma resultante para la ayuda humanitaria se redujo a 1.600 millones de dólares en lugar de los 2.800 millones previstos.
Como se vio, a cada una de las tres primeras etapas del programa humanitario se le había asignado una financiación de 1.320 millones. Lo cual sumado a los 1.900 millones de la IV etapa, hicieron un total de 5.860 millones para las cuatro primeras etapas (1996-1998): cifra un poco mayor al valor total de la venta de petróleo que hubiera sido necesaria para el financiamiento exclusivo de la IV etapa.
En marzo de 1998, un grupo de expertos de las Naciones Unidas determinó la necesidad de invertir unos 1.200 millones de dólares para que Iraq pudiese alcanzar un nivel de tres millones de barriles diarios de petróleo crudo, pero el Consejo de Seguridad aprobó en junio de 1998 la importación por parte de Iraq de piezas y equipo hasta un total de 300 millones. Resultado:
en diciembre de 1998 el Secretario General informaba que “la capacidad de Iraq de producir y exportar petróleo había seguido empeorando… a una tasa negativa anual estimada entre 4 y 8%.
Consecuencia: al ritmo de 1,9 millones de barriles por día (frente a los 3,5 millones barriles por día usuales antes de la guerra) para alcanzar los 5.200 millones por venta de petróleo necesarios para financiar cada período semestral del plan humanitario, cada barril debió haber valido 15,4 dólares, mientras que durante la etapa V (diciembre 1998/mayo de 1999) un barril valía en promedio unos 10 dólares.
El Secretario General de la ONU señalaba en su informe de abril de 1999 que a pesar de que las piezas de repuesto y equipo petrolífero no siempre se encuentran disponibles en el mercado y que, al fabricarse contra pedido, suelen tener plazos de entrega largos, el Comité del Consejo de Seguridad demoraba la aprobación de solicitudes para su importación enviadas por el Director Ejecutivo del Programa de la ONU para Iraq.
A su vez, la inacción frente a la propuesta, en febrero de 1999, sobre la necesidad de adoptar un nuevo sistema para adelantar fondos correspondientes a los alimentos adquiridos y destinados a ciertas zonas prioritarias en el centro y sur de Iraq, presentada por el Director Ejecutivo arriba mencionado, suscitaría la siguiente opinión del Secretario General de la ONU a fines de abril del 99: “Es lamentable que el Comité del Consejo de Seguridad no haya podido adoptar medida alguna sobre esta propuesta, que ha tenido ante sí desde febrero. Entre tanto se plantean dificultades muy graves…; ello ha obligado a aplazar la financiación de solicitudes aprobadas respecto de contratos (de importación) para esas regiones…”.
Una síntesis de las observaciones con que el Secretario General finalizó su informe del 28 de abril de 1999 nos dice que:
1. El Programa Humanitario de Iraq se financia en su totalidad con la venta del petróleo iraquí, lo cual es absolutamente insuficiente.

2. El Programa como “medida transitoria” (res. 986/95 del Consejo de Seguridad) no puede atender todas las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, ni lo tiene como objetivo, ni menos aún puede restablecer la infraestructura económica y social de Iraq.

3. Es necesario el establecimiento de una financiación adicional mediante fuentes bilaterales o multilaterales, superior a los límites establecidos por el Consejo de Seguridad, especialmente para la importación de piezas de repuesto y equipo para la industria petrolera.

4. No pudo lograrse el pleno cumplimiento de los objetivos del Programa Humanitario ampliado (res. 1153/1998) debido a la insuficiencia de ingresos por la endeble situación de la industria petrolera iraquí, la desarticulación de la infraestructura de apoyo y la baja de los precios del petróleo.

5. A pesar del aumento de los precios del petróleo durante la V etapa del programa (diciembre 97-junio 98) no se habría de alcanzar la meta de 5.200 millones de dólares cada 180 días provenientes de las exportaciones petrolíferas de Iraq, ya que la autorización de esta mayor venta semestral adoptada por el Consejo de Seguridad en 1998 -respecto de los 2.000 millones autorizados durante 1996/7- tiene un mero valor simbólico si no se proveen los medios tecnológicos para generar esas exportaciones.

6. La situación humanitaria del Iraq reviste una gravedad tal que, aunque pudiera alcanzarse el nivel de los 5.200 millones de dólares para financiar cada etapa semestral del programa, ese importe sería insuficiente para atender todas las necesidades humanitarias del pueblo iraquí.

Finalmente, el Secretario General, al concluir que el Programa Humanitario establecido por la resolución 986/1995 mostraba resultados positivos para el pueblo iraquí, reclamaba al Consejo de Seguridad “despolitizarlo” y colocarlo al margen de otras actividades del régimen de sanciones.
Respecto a la situación de las relaciones económico-comerciales de la Argentina con Iraq, se pueden hacer las siguientes observaciones:

1. Existe un convenio comercial entre el Gobierno de la República Argentina y la República de Irak que entró en vigencia en marzo de 1981.

2. En el marco de dicho convenio, tuvieron lugar dos reuniones de una Comisión Mixta, la primera en Bagdad en 1981 y la segunda en Buenos Aires en 1988.

3. Durante los quince años que fueron de 1984 a 1998, la balanza comercial bilateral fue favorable a la Argentina, salvo en el año 1992 y durante los años 1993, 1994 y 1995 se interrumpió todo intercambio. Los años de mayor intercambio fueron: 1990 con unos 12.400.000 de dólares netos favorables a la Argentina, producto de exportaciones a Iraq y ninguna importación y el de 1998 con 13.160.000 de dólares en la misma condición.

4. La exportación a Iraq de carnes argentinas desde 1984 tuvo su valor más alto en 1990 (7.295.000 de dólares) y luego desapareció completamente. Lo mismo ocurrió con la exportación de productos lácteos, grasas y aceite animal y vegetal, tabaco y algodón. Otros productos agropecuarios como legumbres, tubérculos, forrajes, pieles y cueros no se exportan a Iraq desde 1986. En cambio, desde 1996, la Argentina ha exportado cantidades crecientes de cereales (trigo, maíz, cebada y soja), además de exportaciones marginales y esporádicas de medicinas, sustancias químicas y cerámicos. Las cifras más importantes de importaciones provenientes de Iraq ocurrieron en 1991 (fundiciones de hierro y acero) y en 1996 (filamentos sintéticos), pero entre ambas apenas sumaron los 186.000 dólares.

5. Desde 1996 toda operación comercial en el marco del plan “petróleo por comida” debe ser aprobada por el Comité de Sanciones de la ONU, para lo cual la Argentina debe presentar la solicitud y la posterior notificación del envío a través de la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, a diferencia de los países que tienen representación diplomática en Iraq que pueden gestionar las operaciones directamente ante el Director Ejecutivo del Programa de la ONU para Iraq con sede en Bagdad.

Las relaciones diplomáticas con Irak han seguido la siguiente evolución:

1. En la década de 1980 la Argentina mantenía relaciones diplomáticas con Iraq aunque el comercio bilateral era reducido.

2. Luego que el 2 de agosto de 1990 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la resolución 660 y posteriormente 661 con una variedad de sanciones contra Iraq creando el Comité de Sanciones, Argentina participó en 1991 en la fuerza multinacional que intervino en la guerra del Golfo. A partir de ese momento la relación bilateral Argentina-Iraq se redujo a niveles mínimos y de hecho se encuentran suspendidas las relaciones diplomáticas desde que Iraq cerró su embajada en Buenos Aires en octubre de 1993 luego de que la Argentina cerrara la suya en Bagdad en septiembre de 1992.

3. En junio de 1995 integrantes de la Cámara de Comercio argentino-iraquí viajaron a Iraq y en mayo/ junio de 1998 el Subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales, presidió una delegación comercial (Surte S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Compañía Continental S.A. y Aceitera Gral. Deheza S.A.).

4. En noviembre de 1998 Argentina participó en la Feria de Bagdad con un stand institucional.

5. En junio de 1999, el Vice-Canciller de Iraq visitó nuestro país.

El Poder Ejecutivo por decreto 1560 del 13 de agosto de 1990 aprobó su adhesión a la resolución 661 del Consejo de Seguridad del 6 de agosto de 1990 que impide a todos los Estados actividades tendientes a la importación de cualquier producto desde Iraq y la exportación desde esos Estados hacia Iraq, a excepción de suministros de uso médico y, en circunstancias humanitarias, de alimentos. Luego otra resolución agregó nuevos materiales o suministros para necesidades esenciales de la población civil.
Hoy Argentina está exportando con alguna continuidad a Iraq, bajo el programa “petróleo por comida” y generalmente a través de terceros Estados, sólo tres productos: soja, tubos o “caños sin costura” y algunos fármacos. Otros productos como lácteos y equipamiento hospitalario se exportan por triangulación a través de terceros países (Rusia, Líbano, Egipto, Chipre, Emiratos Arabes Unidos) con la elevación de costos que ello implica. Argentina, que exportaba hasta 1991 carnes, aceites, algodón, tabaco, caucho industrializado, cuero y fibras sintéticas, ya no lo hace. Asimismo, está en condiciones de exportar directamente productos que Iraq está adquiriendo en otros mercados, como los aceites comestibles, trigo, arroz, leche en polvo y legumbres.
Al ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad y ocupar la Vicepresidencia del Comité de Sanciones a Iraq, nuestro país tiene una posición favorable para mejorar las relaciones comerciales con Iraq y expresar su solidaridad con la población civil iraquí en la mejor tradición de una política exterior soberana. Se podrían cumplir así dos objetivos.
Mientras la Argentina carece de representación diplomática en Iraq, el Reino Unido, cuya fuerza aérea participó en la postguerra del Golfo en ataques a objetivos en territorio iraquí junto con la fuerza aérea de los EE.UU., mantiene una representación diplomática. Otros estados de la Unión Europea y/o miembros de la OTAN como los Países Bajos, Francia, Italia, España, Grecia, Portugal, y Noruega, también hacen lo propio (la mayoría tienen embajadas y el resto encargados de negocios en Bagdad), igual que Turquía, Japón, Cuba, Venezuela, República Checa, Polonia y Malasia, a pesar de tener posiciones distintas respecto del voto sobre sanciones al Iraq en el seno de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad.

Presentado el 4/05/00
Exp. 2436 D-00

Extradición de las personas detenidas en Panamá acusadas de haber preparado actos para atentar contra el presidente
de Cuba, Fidel Castro.

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Declara:

Que solicita al gobierno de Panamá que las personas detenidas en ese país con motivo de haber cometido actos preparatorios para atentar contra la vida del Presidente de la hermana República de Cuba comandante Fidel Castro, sean extraditadas a los países que los reclaman para ser juzgadas por actos de terrorismo.

Fundamentos

Señor Presidente:

Con motivo de realizarse en la ciudad de Panamá la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos se intentó a atentar contra la vida del Presidente Fidel Castro. Una de las personas integrantes del grupo se había fugado de las cárceles de Venezuela donde estaba siendo juzgada por el atentado en 1976 contra el avión de Cubana de Aviación en el que se introdujeron cargas explosivas en las proximidades del aeropuerto de Barbados, cuya explosión causó la muerte de 73 personas, entre ellas 54 cubanos que pertenecían a los equipos de esgrima. Esta misma persona fue el autor intelectual de los atentados con explosivos que se hicieron en dos hoteles de La Habana que ocasionaron la muerte de un turista italiano.
La comunidad internacional en forma reiterada ha condenado los actos de terrorismo y los tratados de extradición que se firmaron entre los distintos países incluyen la llamada “cláusula belga” que expresamente contempla la extradición de los autores de actos de terrorismo y no considera a estos delitos como delitos políticos.
Constituyendo el atentado contra el avión de Cubana de Aviación uno de los más graves atentados terroristas que ocurrieron en nuestro continente, similar a los atentados contra la Embajada de Israel y a la AMIA en nuestro país, el juzgamiento de estos delitos interesa al conjunto de los Estados que condenan hechos de esta naturaleza, por lo que solicitamos a ésta Cámara la aprobación del presente proyecto de declaración.

Presentado el 29/11/00
Exp. 7656 D-00

Pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores de la Nación para que informe sobre el estado de las Relaciones con Cuba

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve:

Citar al Señor Canciller para dar explicaciones e informar sobre la posición argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a Cuba y estado de las relaciones con ese país , conforme a lo establecido por el art. 71 de la Constitución Nacional.

Fundamentos

Señor Presidente:
En el año 2000 la Argentina votó en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal como lo había impulsado el gobierno norteamericano. El Poder Ejecutivo continuó así con la política exterior llevada adelante desde la década del noventa, que el pueblo argentino esperaba que fuera rectificada.

En la resolución votada, se consideró que Cuba violaba los derechos humanos. Este argumento sirve a los Estados Unidos para continuar el ilegal bloqueo y la política de agresión que mantiene desde hace décadas contra el hermano pueblo de Cuba.
Con esa decisión la Cancillería argentina se aisló de la posición que sostuvieron la mayor parte de los países latinoamericanos que se abstuvieron de votar o votaron en contra de la posición norteamericana (Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Méjico). Tampoco promovió la Cancillería argentina el voto común de los países del MERCOSUR.
Este año el representante argentino ante la Comisión de Derechos Humanos debe volver a considerar la propuesta impulsada por los Estados Unidos en contra de Cuba.
Ese voto está precedido por la reunión que sostuvo el Canciller argentino con autoridades de los Estados Unidos, en la que se habría tratado la situación de Cuba, y por la decisión de la Cancillería de hacer permanecer en forma indefinida en nuestro país al embajador que nos representa en ese país.
Como el mantenimiento de una política exterior como la actual contribuye al aislamiento de Argentina de los restantes países de América Latina y el Caribe y pone en serio riesgo las normales relaciones con el gobierno de Cuba, con el cual el pueblo argentino ha expresado en forma permanente su solidaridad, consideramos necesario que el Señor Canciller concurra a esta Cámara a dar las correspondientes explicaciones tal como lo establece el art. 71 de la Constitución Nacional.

Presentado el 1/3/01
Exp. 2034 D-01

Condena al bombardeo de Estados Unidos y del Reino Unido contra Irak

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Declara:

Su condena al bombardeo que aviones de los Estados Unidos y del Reino Unido efectuaron contra Irak el día 16 de febrero de 2001.

Fundamentos

Señor Presidente:
El día 16 de febrero de este año, veinticuatro aviones F 15, F 16 y F 18 pertenecientes a los Estados Unidos y al Reino Unido bombardearon el territorio de Irak. Esta nueva agresión se agrega a los ataques que periódicamente éstos países efectúan contra un país soberano desde la finalización de la Guerra del Golfo en 1991 agravando la situación de crisis que se vive en la región.
Desde 1991 y al margen de las resoluciones de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y sus aliados británicos y franceses establecieron dos zonas de exclusión en Irak, ubicadas al sur del paralelo 33, a pocos kilómetros de Bagdad, y al norte del paralelo 36, con la prohibición, para los aviones de Irak, de volar en su propio territorio. La prohibición de los vuelos es supervisada por Estados Unidos y el Reino Unido y, en algunos casos, por Francia.
Irak en defensa de su soberanía ha rechazado esa zona de exclusión impuesta en su propio territorio.
Actos de agresión como el que condena este Proyecto de Declaración son violatorios de las normas del derecho internacional y se realizan en contra de los intentos que se efectúan en Naciones Unidas para superar la crisis existente en el Golfo Pérsico.

Presentado el 1/3/01
Exp. 6036 D-01

Rechazo al voto del delegado argentino contra Cuba.

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara:

Su rechazo al voto del delegado argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que siguiendo las instrucciones de la Cancillería se ha manifestado una vez mas en contra de la República de Cuba.

Fundamentos

Señor Presidente:

Una vez más el delegado argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siguiendo las instrucciones de la Cancillería y tal como se había adelantado, ha votado en contra de la hermana República de Cuba.
El gobierno argentino continúa apartándose así de una tradición de la política exterior argentina que fue de solidaridad con los pueblos de América Latina y del Caribe y que tuvo sus manifestaciones más activas durante los gobiernos de Yrigoyen y Perón. Continúa también subordinando la política exterior argentina a la política norteamericana.
La condena de Naciones Unidas le sirve de pretexto a los Estados Unidos para continuar manteniendo el bloqueo unilateral que dispuso en contra de la República de Cuba que afecta su economía pero no la dignidad de su pueblo que en forma ejemplar ha defendido la soberanía del país.
Con este voto el gobierno se ha apartado de la voluntad del pueblo argentino que ha manifestado en forma permanente su solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba. Ha desconocido la expresa voluntad de unos cincuenta Diputados Nacionales que firmaron una declaración de solidaridad con el pueblo de Cuba y adhirieron con su presencia a un acto de apoyo a Cuba que se efectuó en el salón auditorio de la Cámara de Diputados.
Se aparta también el gobierno argentino con esta decisión de una política exterior común con los países del Mercosur con los que habría que fortalecer y replantear las políticas de integración en defensa de la soberanía de nuestros países, y de solidaridad con los países de América Latina y el Caribe.

Presentado el 18/04/01
Exp. 1918 D- 01

Condena a las prácticas de tiro que realiza la Armada de Estados Unidos en la isla de Vieques, Puerto Rico

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputado de la Nación

Declara:

Su condena a las nuevas prácticas de tiro que realiza la Armada de los Estados Unidos en la isla puertorriqueña de Vieques y su solidaridad con las personas detenidas por oponerse a esas prácticas.

Fundamentos

Señor Presidente:

Los Estados Unidos han utilizado la isla puertorriqueña de Vieques como campo de entrenamiento para bombardeos aéreos y navales desde la Segunda Guerra Mundial.
Ello ha ocasionado graves daños ecológicos en la zona afectando la salud de población. La economía de la isla se ha visto también devastada como consecuencia de esas acciones de los Estados Unidos.
La muerte de un guardia civil puertorriqueño como consecuencia de las prácticas de tiro dio origen a un amplio movimiento opuesto a la utilización de la isla de Vieques por parte de la Armada estadounidense llegándose a ocupar con campamentos la zona de las prácticas, en un amplio movimiento de resistencia civil.
Como consecuencia de esa lucha los Estados Unidos decidieron suspender los ejercicios de tiro en forma transitoria, los que ahora se han reanudado, procediéndose a la detención de personas que se oponen a estas prácticas.
Solicitamos por todo ello la aprobación por parte de la Cámara del presente proyecto de declaración.

Presentado el 8/8/01
Exp. 5020 D-01

V –DEFENSA

• Dictamen en minoría sobre el ingreso de tropas extranjeras.

• Cuestión de privilegio: ingreso de tropas al país

• Pedido de informes sobre la Escuela de Náutica General Manuel Belgrano (proyecto de resolución)

• Ingreso de tropas extranjeras sin autorización del Congreso para la realización del Ejercicio Cabañas 2000 (proyecto de resolución)

• Mantenimiento de las actividades del Escuadrón de Apoyo Operativo de Chamical, provincia de La Rioja (proyecto de declaración)

• Pedido de informes sobre el estado de salud del personal de las Fuerzas Armadas que formó parte de las fuerzas de paz en Yugoslavia (proyecto de resolución)

• Interpelación la Ministro de Economía por la venta ilegal de material bélico (proyecto de resolución)

• Interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa por el ingreso de tropas extranjeras y la aprobación de acuerdos sin la intervención del Congreso (proyecto de resolución)

Dictamen en minoría sobre el ingreso de tropas extranjeras.

Honorable Cámara:

Las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto, al considerar el Mensaje y el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, creen necesario no autorizar el ingreso de las tropas extranjeras para la realización del Ejercicio Cabañas 2001 por las razones que se exponen a continuación.
El Poder Ejecutivo solicita autorización, según lo dispuesto por el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, para el ingreso al territorio nacional de tropas extranjeras para participar en el Ejercicio Cabañas 2001.
En los fundamentos del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se afirma que el Ejercicio Cabañas 2001 tiene como objetivo reforzar la cooperación entre fuerzas armadas nacionales y extranjeras en operaciones de mantenimiento de paz. Se dice textualmente en los fundamentos: “El ejercicio desarrolla las tareas que tienen lugar durante una operación de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. El propósito apunta al entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales.”
En el informe ampliatorio enviado por el Secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, que fuera solicitado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se reitera que el objetivo del ejercicio es el de adiestrar a los participantes en la ejecución de operaciones de mantenimiento de la paz: “Los objetivos tácticos consistirán en la práctica de tareas rutinarias de las operaciones de mantenimiento de la paz, como por ejemplo operaciones desde un puesto de control; ocupación y vigilancia de un puesto de observación; localización, reconocimiento y demarcación de campos minados; selección de zonas de aterrizajes de helicópteros; informe de incidente; escolta de columnas motorizadas; distribución de alimentos; ayuda humanitaria; desarmes, desmovilización y rehabilitación de excombatientes y otras tareas relacionadas.”
La financiación del ejercicio estará a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, como también lo estuvo en el ejercicio Cabañas 2000.
La descripción de los objetivos del ejercicio Cabañas 2001 y la información que pudo recogerse sobre el ejercicio Cabañas 2000 que se efectuó en Córdoba en agosto del pasado año nos pone en presencia de un ensayo de intervención de una fuerza interamericana en Colombia, tal como se promueve en el Plan Colombia, que ahora ha pasado a llamarse Iniciativa Andina. Ello contradice los objetivos de la política exterior argentina y su tradición histórica de no intervenir en los conflictos internos de otros países. Nos coloca también frente a un potencial conflicto con otros países de la región como Venezuela, Ecuador y Panamá, que forman parte de las previsiones estratégicas de la Iniciativa Andina.
Solicitamos en consecuencia la no aprobación del proyecto de ley por el que se autoriza a fuerzas extranjeras a ingresar al país para efectuar el ejercicio Cabañas 2001, dando curso favorable al dictamen que antecede.

Comisión de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto, 25/06/01
O.D. Nº 2.652
Cuestión de Privilegio: Ingreso de Tropas al País

Sr. Torres Molina.- Señor presidente: en el día de ayer la ciudad de Salta parecía un territorio ocupado. Fuerzas militares, portando sus uniformes y sus armas, se alojaron en los hoteles de la ciudad.
Se trata de las fuerzas norteamericanas que están realizando el ejercicio “Cabañas 2001”, sin autorización de este Congreso de la Nación.
Decisiones como ésta del Poder Ejecutivo, autorizando el ingreso de fuerzas extranjeras para efectuar el operativo “Cabañas 2001”, reiteran una conducta que vulnera lo establecido en los incisos 22 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, porque existen acuerdos en materia de seguridad y de defensa que son desconocidos por este Congreso.
El 25 de julio de este año el Poder Ejecutivo remitió a este Congreso un pedido de autorización para que ingresaran al país fuerzas norteamericanas. Se trataba de cien infantes de marina convocados para efectuar el ejercicio “Fluvial V”.
El proyecto ingresó en esta Cámara el 26 de julio, pidiéndose autorización para ejecutar ese ejercicio entre los días 23 de julio y 10 de agosto. O sea que el ejercicio militar ya había comenzado y los infantes norteamericanos ya se habían desplegado cuando el Poder Ejecutivo –desconociendo las facultades propias de este Congreso- remitió el proyecto pidiendo la autorización del caso.
Ese ejercicio se realizó en el río Paraná, en el más total de los secretos, sin que trascendiera a la prensa. Los infantes de marina norteamericanos entraron y se fueron del país, sin que este Congreso haya autorizado la presencia de esas tropas.
Ahora están nuevamente en nuestro país tropas norteamericanas y de otros países para efectuar el ejercicio “Cabañas 2001”.
Con relación a ese tema se publicó el Orden del Día N° 2.652, que no ha sido tratado por la Cámara. He suscripto un dictamen de minoría, oponiéndome al ingreso de estas fuerzas, sin que el asunto hubiese tenido el tratamiento que correspondía por parte de la Cámara. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses y de otros países se encuentran en territorio argentino.
El ejercicio Cabañas 2001, tal como lo fue el ejercicio Cabañas 2000 –que se efectuó el año pasado entre agosto y septiembre en la provincia de Córdoba , constituye un ensayo de la intervención de una fuerza interamericana en el conflicto de Colombia.
En consecuencia, atañe a las relaciones exteriores de nuestro país, coloca la paz de la región ante un serio riesgo y también afecta potencialmente nuestras relaciones con Ecuador, Venezuela y Panamá, que constituyen objetivos de la política exterior norteamericana en el denominado Plan Colombia, que ahora se llama Iniciativa Andina.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo para solicitar la autorización del ingreso de estas fuerzas no informaba sobre el número de personas pertenecientes a fuerzas militares extranjeras que entrarían al país. Un informe ampliatorio del secretario de Asuntos Militares dice que debían ingresar al país 240 integrantes del ejército norteamericano, 40 de Bolivia, 45 de Brasil, 45 de Chile, 40 de Ecuador, 40 de Paraguay, 45 de Perú y 45 de Uruguay. Significativamente, no figuran fuerzas militares de Venezuela o de Colombia, que son países afectados por el Plan Colombia.
En el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando la autorización para el ingreso de estas tropas a nuestro territorio, se decía que el propósito apuntaba al entrenamiento de las fuerzas armadas de la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales.
En el informe ampliatorio del secretario de Asuntos Militares, se dice que es una misión de paz en un país figurado. Los informes brindados y el conocimiento periodístico sobre el ejercicio Cabañas 2000, permiten establecer con toda claridad el verdadero significado de esta operación, que es un ensayo de participación en conflictos como el que ahora se está desarrollando en Colombia.
El inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional no ha sido incorporado en forma casual a nuestra Carta Magna, sino que responde a una historia muy particular del país. Proviene del inciso 4° del artículo 70 del proyecto de Alberdi, que fue incorporado al texto originario de la Constitución de 1853 como inciso 25 del artículo 54, transformándose en el inciso 25 del artículo 67 en la reforma constitucional de 1860.
La reforma constitucional de 1949 le hizo un agregado, que exceptuaba de la autorización que debía dar el Congreso a las tropas que ingresaren en virtud de razones de cortesía internacional. En este caso, se estipula que basta con la autorización del Poder Ejecutivo.
Este principio constitucional fue tomado de la constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 131 recogió la experiencia histórica que en ese momento vivía el reino de España. También la recogió nuestro país, porque la ocupación francesa que fue consecuencia de la autorización dada por el rey de España en 1807 para el ingreso de tropas al lugar, y posteriormente para su paso a Portugal , provocó la ocupación del territorio español por parte de franceses. Se trata de antecedentes en que nos basamos para desarrollar nuestras guerras de la independencia.
Las Constituciones de la monarquía española…
Sr. Presidente.- La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido su término y le solicita que redondee su exposición.
Sr. Torres Molina.- Sí, señor presidente, pero estoy planteando problemas institucionales de mucha gravedad. Por eso le solicito…
Sr. Presidente.- Precisamente por eso la Presidencia le ha permitido que se extienda en su tiempo; ahora le pide que redondee su exposición.
Sr. Torres Molina.- Decía que las sucesivas Constituciones de la monarquía española sostenían que podían ingresar al país fuerzas extranjeras siempre que contasen con la autorización de las cortes españolas.
Entonces, en nuestro país se están aplicando de manera deformada los principios de la Constitución de 1949, porque no se trata de tropas que entran por razones de cortesía como podría ser un desfile, sino de tropas que llegan para realizar ejercicios militares y que debieron ser autorizadas expresamente por el Congreso de la Nación, tal como lo establece nuestro texto constitucional.
En la Memoria del Ejército Argentino de 1992/1999, publicación del Estado Mayor General del Ejército Argentino, en la página 95 hay un informe sobre los ejercicios combinados realizados en los últimos años en nuestro país con tropas extranjeras, que son los siguientes:
En 1995, ejercicio Apoyo Humanitario, entre el 15 y el 29 de junio, con miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos; ejercicio Fuerzas Unidas en agosto de 1995 en la Escuela Superior de Guerra, con la participación de cincuenta integrantes de los ejércitos de Brasil, Paraguay, Uruguay y doce representantes de otros países del continente.
En 1996, Operación Cruz del Sur, con miembros de las fuerzas armadas de Brasil y observadores de Uruguay, Paraguay y Chile. En 1997, ejercicios Fuerzas Unidas en Brasil desde el 18 al 30 de agosto. Participaron ejércitos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.
Ejercicio Cabaña 97, en Panamá, entre el 3 y el 17 de octubre de 1997. Participaron los ejércitos de Argentina, con un jefe, tres oficiales, dieciocho suboficiales, treinta soldados y efectivos de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.
Ejercicio Operación Cruz del Sur entre el 6 y el 17 de octubre de 1997. Participaron los ejércitos de Argentina y Brasil con dos mil cuatrocientos efectivos, siendo observadores Uruguay, Paraguay y Chile.
Ejercicio Operación Ceibo en Fray Bentos, Uruguay, entre el 9 y el 13 de junio de 1997. Participaron los ejércitos de Argentina y Uruguay, con novecientos efectivos, siendo observadores Brasil, Paraguay y Chile.
En 1998…

Sr. Presidente La Presidencia solicita encarecidamente al orador que redondee su exposición porque su término está bastante excedido.
Sr. Torres Molina.- Señor presidente: reitero que voy a tratar de resumir, pero los temas que estoy planteando…
Sr. Presidente .- La Presidencia le recuerda que el reglamento es uno solo y que tendrá oportunidad de plantear la cuestión de fondo si la Cámara acepta su tratamiento.
Sr. Torres Molina.- Señor presidente: no estoy planteando únicamente el tema del ejercicio Cabañas 2001
Sr. Presidente .- Usted ha planteado una cuestión de privilegio y este tipo de cuestiones cuentan con un término de cinco minutos, pero usted ya lleva doce minutos de exposición. Por eso le reitero que resuma su discurso.
Sr. Torres Molina.- Año 1998: Ejercicio Fuerzas Unidas, en Paraguay, entre el 13 y el 25 de julio. Participaron los ejércitos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
Operación Ceibo 98, en Gualeguaychú, Entre Ríos, del 10 al 14 de julio de 1998. Participaron ochenta y tres efectivos del ejército argentino y doscientos sesenta y dos del ejército uruguayo.
Ejercicio Cabañas 98, en Campamento Santiago, San Juan de Puerto Rico, del 27 de julio al 25 de agosto de 1998. Participaron sesenta y tres efectivos del ejército argentino.
Ejercicio Operación Cruz del Sur 98, en campo Avalos, provincia de Corrientes, del 3 al 6 de noviembre del citado año; participaron ejércitos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Ejercicio Combinado de Fuerzas Especiales, Isla Grande de Tierra del Fuego, del 24 de julio al 28 de agosto de 1998; participaron setenta efectivos del Ejército argentino, diecisiete de la Fuerza Aérea y siete de los Estados Unidos.
De los ejercicios que no se incluyen en la memoria del Ejército argentino podemos citar los siguientes: el año pasado el Ejercicio Cabañas 2000, entre el 15 y 21 de septiembre en la provincia de Córdoba, y el Fluvial IV en el río Paraná, en el que intervinieron ciento veinte infantes de la Marina estadounidense y doscientos cincuenta infantes de la Marina de nuestro país. En el año 2001, la Base Aérea Villa Reynolds, provincia de San Luis, del 17 al 27 de abril; participaron siete aviones de combate F 16 pertenecientes a los Estados Unidos.
Según la planilla Resumen de Ejercicios Combinados a Ejecutarse durante el año 2001, elaborada por la Jefatura III operaciones del Estado Mayor del Ejército se planificaron los siguientes ejercicios combinados, que no cuentan con autorización del Congreso: Dynamic Response 2001, entre ejércitos de la OTAN y de la Argentina, en Albania, llevado a cabo en el mes de mayo; Ejercicio Elefante Corajudo, entre ejércitos de la OTAN y la Argentina, a llevarse a cabo en Bosnia del 25 al 29 de septiembre; Ejercicio Fuerzas Unidas, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, realizado en Ecuador el 18 de junio…
Sr. Presidente .- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición porque su actitud refleja cierta falta de consideración.
Sr. Torres Molina.- Todos los ejercicios que estoy mencionando no cuentan con la autorización del Congreso. El señor presidente se dará cuenta de la gravedad institucional de la situación que estoy planteando. Por lo tanto, sugiero que consulte con la Cámara acerca de la posibilidad de que se me extienda el término para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente .- No corresponde que consulte con la Cámara, señor diputado, porque el reglamento es uno solo y todos debemos ceñirnos a él. No me pregunte acerca de la trascendencia del tema porque no es atribución de la Presidencia determinarla. Mi atribución es hacer cumplir el reglamento y ya le he permitido que se excediera en el uso de la palabra. No me obligue a caer en una situación enojosa que no deseo.
Sr. Bravo.- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente .- La Presidencia no puede otorgarle el uso de la palabra porque las cuestiones de privilegio no se discuten, señor diputado. Luego, con todo gusto se la concederá.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Torres Molina.- Señor presidente: tengo varios ejemplos para poner en conocimiento de la Cámara, como todas las salidas de fuerzas argentinas en misiones de paz, que tampoco fueron autorizadas por el Congreso. En nuestra Constitución no se hace ninguna diferenciación con respecto a la salida de tropas del país; obviamente, en el texto constitucional de 1853 no se previó este tipo de salida de tropas.
Además de todos los ejemplos que he mencionado existen acuerdos firmados y aplicados que tampoco han sido considerados por esta Cámara.
El 10 de octubre de 2000, en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la que participó el señor canciller, le pregunté sobre el Ejercicio Cabañas 2000, es decir, cómo habían entrado fuerzas sin la debida autorización del Congreso de la Nación, y la respuesta fue que una norma del Poder Ejecutivo facilitó ese ingreso. Cometí el error de no profundizar preguntando cuál era esa norma, pues supuse que se trataba de decretos secretos o de necesidad y urgencia. Pero en realidad se trata de acuerdos que no han sido considerados por el Congreso de la Nación, acuerdos desconocidos, que quizá no están clasificados como secretos pero que lo son porque los desconocemos.
Por uno de esos acuerdos se crea el Grupo de Trabajo Bilateral sobre Defensa de la Argentina y los Estados Unidos de América, que fue suscripto el 15 de noviembre de 1999. Otros que se refieren a cartas reversales han sido publicados en el Boletín Oficial aparecen redactados en inglés pues fueron remitidos por el embajador norteamericano y luego están traducidos y firmados por el canciller argentino , y permitieron el ingreso de tropas argentinas al ejercicio Cabañas 2000 y al ejercicio que se desarrolló en Villa Reynolds. En este sentido también se han vulnerado las facultades del Poder Legislativo, que es el que debe aprobar esos tratados.
Sr. Presidente .- La Presidencia solicita al señor diputado por Buenos Aires que se circunscriba a plantear la cuestión de privilegio y no ingrese al fondo de la cuestión.
Sr. Torres Molina.- Ya finalizo, señor presidente.
Estos tratados, que están en vigencia y fueron publicados en el Boletín Oficial, entre otras cosas establecen la inmunidad diplomática de las tropas extranjeras que ingresan al país y las exceptúan de las jurisdicciones penal, civil y administrativa.
Por lo expuesto, sostengo que se han afectado las facultades del Congreso de la Nación en cuanto a la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la aprobación de los tratados internacionales, todo lo cual ha afectado nuestra soberanía.
Solicito que esta cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sesión del 22/08/01

Pedido de informes sobre la Escuela de Náutica General Manuel Belgrano.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:

1. Si se ha resuelto trasladar la Escuela de Náutica General Manuel Belgrano al lugar que anteriormente ocupaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
2. Si se ha reducido en los últimos años el número de Cadetes que cursan estudios en la Escuela.
3. Qué previsiones han efectuado las autoridades competentes ante la imposibilidad de un importante número de Cadetes de pagar las cuotas mensuales que se exigen para cursar los estudios.
4. Si las autoridades competentes no consideran un acto discriminatorio haber cambiado al abanderado de la Escuela nativo de la hermana República del Perú.
5. Razones que llevaron a la venta del buque escuela de la Escuela Nacional de Náutica “Piloto Alsina”.
6. Si ha sido previsto el reemplazo del buque “Piloto Alsina”, destinado a la práctica de los cadetes, con la adquisición de otro buque escuela.
7. Si existe por parte de las autoridades competentes una política dirigida al cierre de la Escuela Nacional de Náutica.
8. En caso de que se haya decidido el traslado de la Escuela de Náutica General Manuel Belgrano, qué destino está previsto para el predio que actualmente ocupa.

Fundamentos

Señor Presidente:

La Escuela Nacional de Náutica General Manuel Belgrano tiene como misión formar a los oficiales de la Marina Mercante para tripular buques cargueros, petroleros, graneleros, portacontenedores, frigoríficos, pesqueros, factorías, cruceros de pasajeros, etc., de bandera argentina o extranjera. Es una escuela pública arancelada, dependiendo de la Secretaría de Transportes como autoridad supervisora y de la Armada Argentina como autoridad para la administración y ejecución del Sistema Educativo de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante, que incluye a la Escuela Nacional de Náutica (Decreto 572/94).
A lo largo de su historia la Escuela de Náutica dependió de distintas autoridades. En el año 1900, al crearse el Ministerio de Marina, la Escuela Nacional de Pilotos, que así se llamaba entonces, pasó a depender de ese Ministerio. En 1946 se inauguró el edificio que hoy ocupa y desde entonces se llamó Escuela Nacional de Náutica. La ley 14.071 en su artículo 14 estableció: “La Escuela Nacional de Náutica General Belgrano continuará dependiendo, como hasta el presente, de la Prefectura Nacional Marítima, transfiriéndose a la misma sus elementos, edificios, personal, material didáctico y partidas de fondos que administra directamente”.
En el año 1955, la Escuela Nacional de Náutica pasó a depender, igual que la Prefectura, de la Armada, situación ésta que, con modificaciones, se ha mantenido hasta la actualidad.
La escuela de Náutica fue fundada por Manuel Belgrano en 1799. Mitre escribe sobre la fundación de la Escuela:

“Por el mismo tiempo se estableció la Escuela Náutica, promovida por el mismo Belgrano, bajo las bases que suministró don Felix Azara, anunciándose por carteles públicos su establecimiento con fecha 3 de abril, y su instalación tuvo lugar el 28 de noviembre del mismo año. Asignáronse mil pesos anuales a su director y seiscientos al segundo, con la condición de que no debían percibir sus sueldos hasta la aprobación real; obteniendo las cátedras por oposición el ingeniero geógrafo don Pedro Cerviño y el agrimensor del Virreinato don Juan Alsina, siendo Azara uno de los examinadores.” (Mitre Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, Buenos Aires, EUDEBA 1967, Tº 1, p.102).

Desde entonces, con algunas interrupciones, la Escuela de Náutica formó a los oficiales de la Marina Mercante que también, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, forman parte de la Reserva Naval Argentina.
Después de la Segunda Guerra Mundial la Marina Mercante Argentina llegó a tener el tercer tonelaje entre las marinas mercantes de todos los países. Era tripulado por los oficiales egresados de la Escuela Nacional de Náutica.
Aun cuando en la actualidad esa Marina Mercante ha sido desmantelada, la formación de los marinos mercantes constituye un objetivo estratégico de la Nación para el momento en que recuperemos nuestra propia capacidad de decisión como estado soberano, con una política activa en el comercio exterior en defensa de los intereses nacionales.
Entendiéndolo así el Congreso de la Nación votó una partida especial en el presupuesto de tres millones de pesos para la Escuela de Náutica que fue vetada por el Poder Ejecutivo, insistiendo el Congreso en su sanción por dos tercios de sus votos (artículo 73 de la ley 24.938). Esa partida, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias fijadas por el Poder Ejecutivo, no llegó a la escuela por “falta de créditos disponibles” según informó el Secretario de Planeamiento y Reconversión del Ministerio de Defensa de la Nación al Defensor del Pueblo(Actuación 01185/98 caratulada “Defensor del Pueblo de la Nación sobre presunta desaparición de la Escuela Manuel Belgrano”).
Como consecuencia del incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de lo dispuesto por el artículo 75 de la ley 24.938 el Defensor del Pueblo de la Nación en uso de sus atribuciones resolvió: “Recomendar al Secretario de Planeamiento y Reconversión del Ministerio de Defensa de la Nación la adopción de las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento del artículo 73 de la ley 24.938” (Resolución Nº 00662/99).
Ese incumplimiento incrementó las dificultades que se observaron en los últimos años en el funcionamiento de la Escuela que la han colocado en la actualidad en una difícil situación.
Durante catorce años la Escuela Nacional de Náutica utilizó como buque escuela el “Piloto Alsina”. Por resolución del jefe del Estado Mayor General de la Armada del 30 de Agosto de 1994 se resolvió: “Pasar al Buque Escuela A.R.A. “Piloto Alsina” de la condición de Alistamiento III (Unidad en Actividad) a la condición de Alistamiento V (Unidad en Reserva), con fecha 1 de septiembre de 1994, a los efectos de su posterior radiación y venta, ingresando el producido al Programa 220 Formación y Capacitación Naval, Subprograma 804 Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante y Reserva Naval”. El buque fue comprado por una empresa privada y se encuentra actualmente en navegación pero no se asignó a las prácticas de navegación de los cadetes de la Escuela Nacional de Naútica otro buque que lo reemplace.
Se han observado también en los últimos años dificultades por parte de las familias de varios de los cadetes para el pago mensual de la cuota que se les exige habiendo disminuido la cantidad de cadetes que cursan estudios en la Escuela Nacional de Náutica.
La situación en la Escuela Nacional de Náutica se agravaría si se resolviera trasladar la escuela de Náutica al lugar en el que funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),como lo indican ciertas informaciones, lugar al que ya ha sido trasladada la Escuela Nacional Fluvial. Las connotaciones negativas del lugar, centro ilegal de detención en el período 76/83, hacen inadecuado que funcione allí un lugar de formación de nuestros marinos mercantes en una escuela fundada por Manuel Belgrano.
Teniendo en cuenta el funcionamiento del centro ilegal de detención en la ESMA en la causa que se instruye ante el Juzgado Federal Nº 7 Secretaría Nº 13 por los delitos de sustracción de menores se dictó una medida que prohibe “innovar en la situación física y jurídica del inmueble donde funciona actualmente la Escuela de Mecánica de la Armada” (Resolución del 30 de enero de 1998, Expediente Nº 10.326).
Cualquier traslado que se dispusiese sería contrario a esa resolución.
Pero lo realmente trágico sería que se utilizase un lugar que fue destinado para hacer desaparecer personas a hacer desaparecer una escuela fundada por Belgrano.
Solicitamos por todo ello que los señores diputados nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.

Presentado el 5/04/00
Exp. 1567 D-00

Ingreso de tropas extranjeras sin autorización del Congreso para la realización del Ejercicio Cabañas 2000.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:

1º) Razones por las cuales el Poder Ejecutivo no ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 75 inciso 28 de la Constitución referido al ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional para participar en el Ejercicio Cabañas 2000.

2º) Si en el Ejercicio Cabañas 2000 se ha tenido en cuenta como hipótesis de conflicto la posible participación argentina en el Plan Colombia.

3º) Razones por las que no han participado en el Ejercicio las Fuerzas Armadas de Brasil y Venezuela.

Fundamentos

Sr. Presidente:
El 27 de abril de 2000 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley solicitando autorización para que ingresaran al país tropas de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. El proyecto ingresó en la Cámara de Senadores que le dio su aprobación y fue girado a ésta Cámara en la que tuvo ingreso el 5 de julio de 2000. Tuvo dictamen favorable en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no alcanzó a ser tratado por la Comisión de Defensa.
No existe en consecuencia una ley que autorice el ingreso de tropas extranjeras al país, tal como lo exige la Constitución. Sin embargo, al momento de presentarse este pedido de informes, las tropas extranjeras se encuentran en el país realizando el Ejercicio Cabañas 2000.
No se ha cumplido con la Constitución y se han afectado facultades que son propias del Congreso.
En el Mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Congreso solicitando se autorizara el ingreso de tropas extranjeras, se informaba sobre los objetivos del Ejercicio:

“En particular, el Ejercicio Cabañas 2000 es un ejercicio en el terreno basado en una operación de mantenimiento de la paz. El ejercicio desarrolla treinta y tres (33) tareas que tienen lugar durante una operación de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. El propósito apunta al entrenamiento de las Fuerzas Armadas en la región en un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales.”

La lectura de esos objetivos y la descripción periodística que se hace del Ejercicio (Clarín, 19 de septiembre de 2000, p.11) permiten relacionar estos ejercicios combinados con el plan Colombia. La información periodística nos dice que participan en él 400 “boinas verdes” norteamericanos y que es financiado por los Estados Unidos. A ello se agrega que en el ejercicio combinado no participan tropas de Brasil ni de Venezuela, países éstos que han tenido una clara posición en contra de la intervención norteamericana en Colombia.
Por las razones expuestas solicito de la Excma. Cámara la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 20/9/00
Exp. 5986 D-00

Mantenimiento de las actividades del Escuadrón de Apoyo Operativo
de Chamical, provincia de La Rioja.

Proyecto de Declaración

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Declara:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional mantenga en actividad al Escuadrón de Apoyo Operativo de Chamical, Provincia de La Rioja.

Fundamentos

Sr. Presidente: En 1948 se estableció en la ciudad de Chamical, Provincia de La Rioja una base perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina que originariamente se llamó Base de Bombardeo y Tiro y que después tuvo otras funciones y denominaciones. Allí se realizaron importantes tareas de investigación aeroespacial.
Una resolución del Ministerio de Defensa del 22 de Noviembre de 1996 dispuso la desactivación gradual y total de lo que en ese momento era el Destacamento Aeronáutico Militar Chamical, lo que redujo su estructura orgánica y de personal. Se llamó desde entonces Escuadrón de Apoyo Operativo.
En la actualidad 97 personas desempeñan sus tareas en el Escuadrón (46 militares y 51 civiles).
La población de Chamical ha reclamado el mantenimiento de la base que puede cumplir una tarea de apoyo operativo a los institutos de la Fuerza Aérea. Cuenta con una pista de aterrizaje que es única en los llanos de La Rioja que tiene, por esa razón, importancia estratégica. Funciona también en el Escuadrón, en forma provisoria, la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica “Monseñor Enrique Angelelli”. Todo ello plantea la necesidad de mantener en actividad al Escuadrón de Apoyo Operativo de Chamical. Pero también con una visión estratégica de las necesidades de defensa nacional, la Base podría retomar las tareas de investigación aeroespacial que llevó adelante durante varios años.
La Base de Chamical no es uno de los inmuebles innecesarios para el servicio de las Fuerzas Armadas que pueden ser vendidos según lo establecido por la Ley 24.948.
Las tierras que ocupa fueron expropiadas para construir allí una base de la Fuerza Aérea y darle otro destino puede crear responsabilidades civiles al Estado Nacional.
Solicito por ello la aprobación del presente proyecto de declaración.

Presentado el 20/09/00
Exp. 5987 D-00

Pedido de informes sobre el estado de salud del personal de las Fuerzas Armadas que formó parte de las fuerzas de paz en Yugoslavia.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Resuelve

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, por intermedio de los Organismos que corresponda, informe lo siguiente:

1) Si se han efectuado controles al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad que formaron parte de la fuerza de paz de Naciones Unidas en territorio de Yugoslavia para verificar si pudo haber sido afectado por la contaminación producida por el uranio de los proyectiles de la OTAN.

2) Si se han tomado medidas de prevención contra la posible contaminación de las fuerzas de paz que deban intervenir en la zona, o en otra zona afectada por la radiación.

Fundamentos

Señor Presidente: Diversos países europeos que participaron en la fuerza de paz en Yugoslavia están investigando la posible contaminación de las tropas como consecuencia de la utilización de Uranio empobrecido y de Uranio 236.
Según informe proporcionado por la OTAN durante los setenta y ocho días de bombardeo contra Yugoslavia se dispararon mas de treinta y un mil proyectiles que contenían uranio empobrecido. El uranio empobrecido tiene menor radiación que el uranio enriquecido que se utiliza para fabricar materiales nucleares y se lo emplea en los proyectiles para lograr una mayor penetración en los blindados enemigos. El Uranio 236 cuya presencia en la zona de conflicto constató el Instituto Federal Suizo de Tecnología es diez veces más radioactivo que el uranio empobrecido.
La utilización de este material radioactivo parece explicar los casos de leucemia y otras enfermedades observadas en los militares de España, Italia, Portugal, Bélgica y Francia.
Fuerzas del Ejército Argentino y de la Gendarmería Nacional ingresaron en cumplimiento de tareas de paz en la zona contaminada por los bombardeos de la OTAN. Aunque ese ingreso fue posterior a la guerra, la presencia de materiales radioactivos puede constituir un riego para la salud y la vida de las tropas si no se toman las debidas precauciones

Presentado el 1/03/01
Exp. 0035 D- 01

Interpelación la Ministro de Economía por la venta ilegal
de material bélico.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Convocar según lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados al Señor Ministro de Economía para que de las explicaciones e informe sobre la venta de material bélico autorizado por los decretos del Poder Ejecutivo 1697/91 , 2283/91 y 103/95 con destino supuesto a Panamá y Venezuela, pero que fue entregado a Croacia y Ecuador y que fueron firmados por el Ministro.

Fundamentos
La investigación judicial que se lleva adelante en la causa Nº 1577/95 que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 esta esclareciendo hechos de indudable repercusión pública que comprometen la responsabilidad penal de funcionarios del anterior gobierno y afectan la política exterior argentina.
La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador involucra a funcionarios de Fabricaciones Militares y miembros del Poder Ejecutivo del anterior gobierno responsables de la sanción de los decretos Nº 1697/91 , 2283/91 y 103/95 que autorizaron esa venta de material bélico. Con esos decretos se adoptó la práctica de sancionar decretos “marcos” por los que se autorizaba la venta en forma genérica, que se efectuaba en sucesivas entregas que facilitaban el desvío del material a su destino real y no al que se invocaba en los decretos.
Por decreto Nº 1097/85 se creó la Comisión de Coordinación de Políticas de Exportación de Material Bélico, que después fue ampliado por decreto Nº 603/92, que estaba integrado por representantes de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía y Obras y Servicios Públicos que debía coordinar y asesorar al Poder Ejecutivo en lo relativo a la explotación de material bélico o material sensitivo y bélico según el decreto de 1992.
Por recomendación de esa Comisión y con la firma del Ministro de Economía y Servicios Públicos se sancionaron los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95. Estos decretos fueron dados a publicidad por el Poder Ejecutivo por decreto 472/96 con la totalidad de los decretos referidos a la venta de armas y explosivos sancionados a partir de diciembre de 1983 y se encuentran publicados en el boletín oficial el 6 de mayo de 1996.
En los considerandos de los tres decretos se afirma que el Ministerio de Economía comparte la propuesta que autoriza la venta del material bélico.
Los dos primeros decretos están referidos a la venta de armas y otro material bélico a Panamá.
En el momento en que se firmaron los decretos Panamá no tenía ejército. Tradicionalmente había tenido una Guardia Nacional que se había transformado, poco antes de la invasión norteamericana, en Fuerzas de Defensa que se asemejaban a un Ejército. Pero la invasión norteamericana de diciembre de 1989 disolvió las Fuerzas de Defensa creando la Fuerza Pública integrada por la Policía Nacional, el Servicio de Protección Presidencial y el Servicio Aéreo Nacional que se componía de aproximadamente 14.000 efectivos.
A esa Fuerza Pública, de naturaleza policial, se le entregan- según los decretos- material bélico suficiente para formar varias brigadas de ejército en un contexto político que no podía ser ignorado por los firmantes de los decretos.
Los 44.875 fusiles automáticos con un cargador incorporado y con cinco complementarios por fusil, que constituye el armamento de un soldado de infantería, armas pesadas, granadas, bayonetas, pistolas ametralladoras, minas terrestres antipersonales, cohetes y misiles antitanques alcanzan para armar un ejército como el Argentino y son de muy difícil utilización por parte de una fuerza policial.
¿Con que finalidad una policía desmilitarizada de unos 11.000 hombres podría utilizar las armas que según los decretos se le enviarían?. Si se relaciona el tipo y cantidad de armas con supuesto destino a la Fuerza Pública panameña puede deducirse:
a) Que los 35.800 FAL (fusil automático liviano) y los 6.875 FSL (fusil semiautomático liviano) con 35.700.000 cartuchos calibre 7,62 NATO, 34.250 bayonetas para FAL y 183.500 cargadores adicionales para FAL, FSL y FAP (fusil automático pesado) más 39.500 PAM (pistolas ametralladoras) constituyen armas de guerra “livianas” – los fusiles también son llamados “de asalto”- aptas para la defensa terrestre de posiciones, combate en localidades o asaltos de infantería en terreno abierto y combate cuerpo a cuerpo, en la guerra convencional, guerrillera o contrainsurgente. Alguna de éstas armas son utilizadas por fuerzas de seguridad en las fronteras o en la protección de obras públicas estratégicas o medios de comunicación o transporte.
b) Si bien pistolas ametralladoras son utilizadas por los policías, los fusiles FAL resultan inadecuados para acciones preventivas o represivas contra la delincuencia. Los calibres de uso policial – según lo señalan los especialistas- deben reunir los siguientes requisitos: suficiente penetración sin ser excesiva; producir lesiones para inmovilizar al delincuente pero sin causarle la muerte; suficiente alcance en exteriores pero que permita su empleo en lugares cerrados o con muchas personas. Estas condiciones no las reúnen los fusiles.
c) Los 5.500 cascos de acero modelo NATO solo pueden ser utilizados por cuerpos de elite policial y son adecuados para protección en operaciones abiertas contra bandas criminales o disturbios violentos. Pero difícilmente los comandos así equipados superen el 15 % del total de efectivos policiales. La cantidad de cascos tipo NATO autorizados por el decreto resultan excesivos para la Fuerza Pública Panameña.
d) Las bayonetas no forman parte del armamento usual policial. Un comando policial podría utilizar un cuchillo arrojable, pero la bayoneta representa al arma de infantería.

Se autoriza el envió -según los decretos- de las siguientes armas pesadas y municiones que no tienen relación alguna con fuerzas policiales.

a) 500.000 cartuchos calibre 12,7 con bala trazante “T”: munición para una ametralladora pesada de defensa aérea del mismo calibre, muy eficaz contra helicópteros artillados o para hacer fuego hasta las mayores distancias visibles para tiro superficie/superficie -1.500 a 2.000 metros- contra posiciones fortificadas de infantería o artillería y cuyo tiro antiaéreo o terrestre es guiado de día, y más aún en la noche, por las trazadoras luminosas.
b) 188 morteros para apoyo de la infantería y con análogo poder destructivo que las piezas de artillería pero de alcance menor. Cantidades: 63 calibre 120 mm y el resto de 81 mm de menor poder, más 23.750 proyectiles para morteros 120 mm y 18.750 proyectiles para morteros de 81 mm; total 42.500 proyectiles.
c) 3.450 minas terrestres antipersonales (prohibidas por recientes convenciones internacionales) y 2.300 minas terrestres antitanques de uso exclusivamente militar.
d) 54.000 granadas de mano explosivas y 10.000 granadas de mano de hostigamiento – total 64.000- para combate de infantería a corta distancia (rara vez empleadas por fuerzas de seguridad militarizadas o cuerpos de elite policiales en operaciones especiales).
e) 15.750 granadas para FAL para ser lanzadas a la máxima distancia de contacto en el combate de infantería o contra vehículos de poco blindaje y de uso exclusivo para militar.
f) 3.100 cargas huecas de ingenieros de combate – “zapadores”- para voladuras de puentes, fortificaciones, pequeñas represas, destrucción de obstáculos antitanques, etc.
g) 800 cohetes Pampero “superficie-superficie” de 105 mm (poder destructivo similar a un cañon Otto Melara de 105 mm), transportables y lanzables por el helicóptero Bell UH-1H del ejército argentino o similar, siendo su finalidad destruir la artillería adversaria y desarticular los movimientos de tropas y vehículos enemigos.
h) 200 misiles antitanques hologuiados con 6 cajas de mando electrónico y su correspondiente simulador para entrenamiento de soldados pero no de policías.

Es decir que no podría existir ningún error con relación a que el destino del material bélico no era Panamá.
El decreto 103/95 que autorizó el envío de armas y municiones a Panamá permitió su desvío a Ecuador. Las armas están en Ecuador y los compradores reclaman por su mal funcionamiento.
La venta ilegal de armas y municiones ha afectado las relaciones exteriores argentinas.
Con relación a Croacia se entregaron armas a un país a pesar del embargo decretado por Naciones Unidas. Las armas que llegaron a Ecuador afectaron nuestras relaciones con Perú que sostenía en ese momento un conflicto con Ecuador. Los decretos fueron firmados por el actual Ministro de Economía, circunstancia esta que justifica su presencia en la Cámara para brindar las correspondientes explicaciones.

Presentado el 3 /05/01
Exp.2344 D -01

Interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa por el ingreso de tropas extranjeras y la aprobación de acuerdos sin la intervención del Congreso.

Proyecto de Resolucion

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

Resuelve

Convocar según lo dispuesto por el artículo 71º de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados a los Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa para que den las explicaciones e informes sobre el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de tropas argentinas al exterior y la aprobación de acuerdos en materia de Defensa y Seguridad sin la intervención del Congreso.

Fundamentos
Señor Presidente:Entre el 23 de julio y el 10 de agosto de este año se efectuó en el Río Paraná el ejercicio Fluvial V en el que participaron cien infantes de marina de los Estados Unidos. Las tropas extranjeras ingresaron al territorio argentino sin autorización del Congreso, tal como lo establece el artículo 75º, inciso 28 de la Constitución Nacional.
Se encuentran ya en territorio nacional al presentarse este proyecto de
resolución doscientos cuarenta integrantes del Ejército de los Estados Unidos –además de integrantes de los ejércitos de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay- para participar en el Ejercicio Cabañas 2001, que han ingresado al país, también en este caso, sin contar con la autorización del Congreso.
El Poder Ejecutivo reitera así una conducta contraria a la Constitución que ya se manifestó éste año cuando ingresaron al país siete aviones de combate F16 para efectuar ejercicios combinados en la Base Aérea de Villa Reynolds, provincia de San Luis.
En el año 2000 también se efectuó el Ejercicio Cabañas 2000 entre el 15 de agosto y 21 de septiembre en la Provincia de Córdoba, sin autorización del Congreso.
El Ejercicio Cabañas 2000 y el Ejercicio Cabañas 2001 por la descripción que se hizo de los mismos y por los objetivos que se plantean constituyen un ensayo para la participación de una fuerza multinacional en Colombia, tal como se propone en el Plan Colombia, que ahora se ha denominado Iniciativa Andina. Este tipo de Ejercicios contradice la tradicional política argentina de solidaridad con los países de nuestro continente, pone en serio riesgo la paz en nuestra región y potencialmente nos coloca en conflicto con países hermanos como Ecuador, Venezuela y Panamá, objetivos de la Iniciativa Andina y de la política exterior norteamericana.
En forma sistemática en los últimos años, el Poder Ejecutivo ha prescindido de la autorización del Congreso para que ingresen al país tropas extranjeras o salgan al exterior tropas argentinas.
Entre otros se efectuaron los siguientes ejercicios combinados en los últimos años, según la Memoria del Ejército Argentino, 1992-1999, publicación del Estado Mayor General del Ejército Argentino, página 95.

Año 1995
– Ejercicio Apoyo Humanitario, entre el 15 y 29 de junio , con miembros de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
– Ejercicio Fuerzas Unidas, en Agosto de 1995 en la Escuela Superior de Guerra, con la participación de 50 integrantes de los Ejércitos del Brasil, Paraguay y Uruguay y 12 representantes de otros países del continente.

Año 1996
– Operación Cruz del Sur, con miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil, y observadores de Uruguay, Paraguay y Chile.
Año 1997
– Ejercicio Fuerzas Unidas, en Brasil, desde el 18 al 30 de agosto de 1997. Participaron ejércitos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos.
– Ejercicio Cabañas 97, en Panamá, del 3 al 17 de octubre de 1997. Participaron los ejércitos de Argentina –con 1 Jefe, 3 oficiales, 18 suboficiales y 30 soldados-, de Bolivia, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos.
– Ejercicio Operación Cruz del Sur, desde el 6 al 17 de Octubre de 1997. Participaron los Ejércitos de Argentina y Brasil con 2400 efectivos, siendo observadores: Uruguay, Paraguay y Chile.
– Ejercicio Operación Ceibo, en Fray Bentos, Uruguay desde el 9 al 13 de junio de 1997. Participaron los Ejércitos de Argentina y Uruguay con 900 efectivos, siendo observadores Brasil, Paraguay y Chile.
Año 1998
– Ejercicio Fuerzas Unidas 98, en Paraguay desde el 13 al 25 de julio de 1998. Participaron los Ejércitos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos.
– Operación Ceibo 98, en Gualeguaychú, Entre Ríos, desde el 10 al 14 de julio de 1998. Participaron 83 efectivos del Ejército Argentino y 262 del Ejército Uruguayo.
– Ejercicio Cabañas 98, en Campamento Santiago, San Juan de Puerto Rico, desde el 27 de julio al 25 de agosto de 1998. Participaron 63 efectivos del Ejército Argentino.
– Ejercicio Operación Cruz del sur 98, en Campo Gral. Avalos, Corrientes, desde el 3 al 6 de noviembre de 1998. Participaron Ejércitos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
– Ejercicio Combinado de Fuerzas Especiales, Isla Grande de Tierra del Fuego, del 24 de julio al 28 de agosto de 1998. Participaron 70 efectivos del Ejército Argentino, 17 de la Fuerza Aérea y 7 de los Estados Unidos.
Año 2000
– Ejercicio Cabañas 2000, entre el 15 de agosto al 21 de septiembre del 2000, en la provincia de Córdoba.
– Fluvial IV en el Río Paraná. Intervinieron 120 infantes de marina estadounidenses y 250 infantes de marina de nuestro país.

Año 2001

– Base Aérea Villa Reynolds, provincia de San Luis, del 17 al 27 de abril del corriente año. Participaron 7 aviones de combate F16.

Según la Planilla Resumen de Ejercicios combinados a ejecutarse durante el año 2001 de la Jefatura III – Operaciones del Estado Mayor del Ejército, se planificó para el presente año los siguientes ejercicios combinados, ninguno de los cuales cuenta con autorización del Congreso:

– DYNAMIC RESPONSE 2001, ejercicios combinados entre Ejércitos OTAN y el Ejército Argentino en Albania, en mayo de 2001.
– Ejercicio ELEFANTE CORAJUDO, con los Ejércitos de la OTAN y la Argentina, a llevarse a cabo en Bosnia, del 25 al 29 de septiembre de 2001.
– Ejercicio FUERZAS UNIDAS, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, EEUU, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en Ecuador, el 18 de junio del 2001.
– Ejercicio CABAÑAS, ya analizado.
– Ejercicio ESPERIA, con la participación de los países Europa, África y Argentina, en Italia, entre febrero y diciembre del 2001.
– Ejercicio CRUZ DEL SUR, con la participación de Argentina y Brasil, en Argentina, en noviembre del 2001.
– Ejercicio OPERACIÓN SACI, con la participación de Argentina y Brasil, en Brasil, en noviembre del 2001.
– Ejercicio NUEVOS HORIZONTES, con la participación de Argentina, EEUU y Paraguay, en Paraguay, en junio del 2001
– Ejercicio CEIBO, con la participación de Argentina y Uruguay, en Uruguay, en agosto del 2001.
– Ejercicio IGUAZU II, con la participación de Argentina y Brasil, en Foz Iguazú – Brasil, entre agosto o septiembre del 2001.
– Ejercicio TENIENTE CORONEL JUANA AZURDUY, con la participación de Argentina y Bolivia, en Salta, en octubre del 2001.

El poder Ejecutivo tampoco ha considerado necesario requerir la autorización del Congreso para enviar tropas en misiones de paz al exterior.
El libro Blanco de la Defensa Nacional publicado por el Ministerio de Defensa en marzo de 1991 informa que el despliegue de fuerzas de paz argentinas en el momento de la publicación era de 762 efectivos, 485 de las Fuerzas Armadas y 277 de la gendarmería.
El periódico Tiempo Militar del 5 de julio del 2001 contiene un informe sobre las fuerzas de la gendarmería en misiones de paz que se encuentran en Haití, Guatemala, Ruanda, Angola, Líbano, Croacia, Bosnia-Herzegovina e Indonesia.
Entre 1992 y 1998 participaron en misiones de paz 10.642 efectivos del Ejército Argentino.
En algunos casos se trata de observadores militares o asesores por lo que no se requeriría autorización del Congreso, pero como casos significativos pueden mencionarse los siguientes:
Hasta 1998 habían participado 6544 efectivos en misiones de paz en Croacia, 3171 en Chipre, 634 en Irak-Kuwait y 80 en Medio Oriente.
Desde 1983 únicamente se autorizó por Ley la salida de fuerzas argentinas para participar en el conflicto del Golfo Pérsico (Ley 23.904, B.O. 13/12/91) y el ingreso de tropas de Brasil para participar en el ejercicio Cruz del Sur (Ley 24.717, B.O. 15 de octubre de 1996).
La situación descripta, abiertamente violatoria de la Constitución se agrava por la existencia de una diplomacia paralela que firma tratados en materia de defensa que no son sometidos a la consideración del Congreso. Por ejemplo, el 15 de noviembre de 1999 se firmó entre el Ministro de Defensa de la República Argentina y el Secretario de Defensa del los Estados Unidos un acuerdo por el que se creó el Grupo de Trabajo Bilateral sobre defensa Argentina – Estados Unidos que tiene como objetivo institucionalizar un proceso de consultas regulares en asuntos relacionados con la defensa, incluyendo la cooperación militar.
También bajo la forma de notas reversarles se han aprobado verdaderos tratados firmados por el Canciller y el Embajador norteamericano no considerados por el Congreso, que permiten el ingreso de tropas norteamericanas, sin la autorización del Congreso y a las que se les otorga inmunidad diplomática que excluye a las tropas norteamericanas de la jurisdicción penal, civil y administrativa.
Así se hizo en el Ejercicio Cabañas 2000 según acuerdo que está publicado en el Boletín Oficial del 31/7/2000 y con el Ejercicio Operacional F16, que está publicado en el Boletín Oficial del 14/4/2001.
También existen acuerdos en materia de defensa y seguridad con Chile del 8 de noviembre de 1995, Bolivia del 19 de noviembre de 1996 y Paraguay del 18 de junio de 1997. Todo ello es violatorio del artículo 75º, inciso 22 de la Constitución Nacional.
La sistemática violación por parte del Poder Ejecutivo de las facultades del Congreso en materia de Defensa y Relaciones Exteriores que comprometen la soberanía de la Nación justifican la citación de los señores Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores para dar las correspondientes explicaciones e informes según lo dispuesto por el artículo 71º de la Constitución Nacional.

Presentado el 2/08/01
Exp. 4876 D-01

VI- ECONOMÍA

• La nueva convertibilidad

• Proyectos alternativos a las políticas económicas neoliberales.

• Pedido de informes sobre el ejercicio de la sindicatura de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el expediente de Pedido de Liquidación Forzosa de Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada (proyecto de resolución)

• Pedido de informes sobre el Fondo Nacional del Tabaco (proyecto de resolución)

• Pedido de informes sobre la resolución 90/2001 referente al cobro de las primas de seguros (proyecto de resolución)

La nueva convertibilidad

Sr. Torres Molina- Sr. presidente: El Poder Ejecutivo ha enviado a este Congreso un proyecto que propone establecer una relación de un peso igual al promedio de un dólar y un euro. El proyecto también establece que la ley entrará en vigencia cuando el euro alcance el valor del dólar.
La moneda constituye uno de los elementos constitutivos de un Estado nacional. La Asamblea Constituyente de 1813 dispuso en su sesión del 13 de abril la acuñación de moneda con los símbolos patrios en reemplazo de la moneda que se utilizaba hasta ese momento con los símbolos del rey. Ese hecho fue tomado como un signo de la soberanía de nuestro Estado, que aún no había declarado su independencia pero se encaminaba así a constituirse en un Estado verdaderamente soberano.
También en el Congreso Constituyente de 1824-1827 se discutió sobre el significado de la moneda como uno de los elementos esenciales de un Estado nacional. Puede destacarse en ese Congreso la posición de Juan José Paso, secretario de la Junta y secretario del Congreso de Tucumán en el que se declaró la Independencia, que recalcaba que era una facultad exclusiva del Estado nacional la acuñación de la moneda o la emisión de papel moneda y se oponía a la disgregación de ese derecho que en ese momento ejercía la Casa de Moneda de la provincia de La Rioja al acuñar sus propias monedas de oro y de plata.
La convertibilidad o las cajas de conversión son propias de Estados coloniales, de sistemas coloniales, de países coloniales, pero no de un Estado soberano. El respaldo a la moneda de un país lo da hoy su economía, el conjunto de bienes y servicios que produce. Ya se ha superado el patrón oro de otras épocas. Cuando la moneda de un país está respaldada por las monedas de otros países, como ocurre en la Argentina, ese país está renunciando a su propia política monetaria y cambiaria, es decir, a uno de los elementos que definen la soberanía de un Estado independiente.
En 1991 se estableció la paridad del peso con el dólar uno a uno. Eso implicó una sobrevaluación del peso ya que el dólar aumentó su valor con relación a otras monedas y arrastró al peso como si tuviésemos una economía igual a la norteamericana.
El incremento del valor del dólar fue producto de la alta productividad de la economía norteamericana. La productividad de la economía argentina fue mucho menor y se vio forzada a manejarse con una moneda sobrevaluada. Esto encareció nuestras exportaciones al mismo tiempo que facilitó las importaciones que compiten con la producción local en el mercado interno.
Con el proyecto en discusión la sobrevaluación adicional futura sería menor, ya que la influencia del incremento del valor dólar, que se supone que continuará en el futuro, se reducirá a una parte de la influencia que tiene en el actual régimen de convertibilidad.
Pero al mantenerse el régimen de convertibilidad, el Estado argentino seguirá renunciando a tener una política monetaria y cambiaria propia, ya que el peso continuará dependiendo del valor de otras monedas y no de la economía del país.
La transitoria revaluación del euro hasta alcanzar el dólar tampoco es segura, por lo que no sabemos si la reforma propuesta entrará alguna vez en vigencia.
La ley de convertibilidad, en su anterior versión o con la reforma que se propone, tiene una prioridad: garantizar un tipo de cambio que permita al Estado pagar los intereses de la deuda externa. No se trata de una política económica que dé prioridad a las exportaciones y limite las importaciones. Se nos dice: “hay que pagar la deuda”.
El país carece de objetivos estratégicos. Sus gobernantes no los definen, y entonces estos objetivos los fijan los dueños del poder, los organismos financieros internacionales, las corporaciones transnacionales. Esos objetivos nos convierten en un país que produce y exporta para pagar la deuda externa.
Frente a esa realidad queremos una estrategia que nos defina como un país soberano que replantee, en conjunto con los restantes estados latinoamericanos, su deuda externa, que maneje su política cambiaria y monetaria y que salga de la convertibilidad con una moneda conjunta de los países del Mercosur.
Porque defendemos una moneda propia, que equivale a defender la soberanía del país, y porque no compartimos la convertibilidad, el bloque del Frente para el Cambio, solicita autorización para abstenerse en la votación. (Aplausos)

Sesión del 2/05/01

Proyectos alternativos a las políticas económicas neoliberales.
Sr. Torres Molina.- Señor presidente: estamos reunidos hoy en un día histórico para el país, no por esta sesión en sí –que desde ya es importante , sino por lo que está ocurriendo en la calle.
En las distintas ciudades y pueblos de la patria se han movilizado las centrales sindicales, los grupos políticos y las organizaciones sociales, expresando con toda claridad su oposición a la política dominante.
Se ha producido –aunque no se ha advertido el Cordobazo de esta década. Aunque no se advierta, la política económica predominante está quebrada y muerta, aunque la mantengan durante un corto tiempo. Esta política ha sido totalmente cuestionada por el pueblo argentino y carece de legitimidad.
Había un economista liberal, partidario de la aplicación de las economías de mercado, que hacía una tipología del desarrollo económico de los países. Muchas veces fue citado, y nos hablaba de los países desarrollados, de los subdesarrollados, de Japón y de la Argentina.
Japón es un país sin recursos naturales, con el producto bruto interno que todos conocemos. Lo que los economistas no se pueden explicar es la situación en la que se encuentra la Argentina, por lo que surgen distintos comentarios. ¿Los gobernantes no saben gobernar? ¿No saben aplicar políticas? ¿No saben lo que hacen?
La realidad es diferente. Los gobernantes saben muy bien lo que hacen, y las políticas que aplican. Hablan a favor de los grandes intereses internacionales y de los grandes sectores del poder extranjero. No gobiernan a favor de los intereses permanentes de la Nación ni defienden los intereses del pueblo. Son conscientes de la política que aplican.
En consecuencia, frente a esas políticas que han puesto en práctica, hubiésemos deseado considerar estos treinta y seis proyectos para reactivar la economía, promover la demanda, combatir la recesión, defender los intereses conculcados al pueblo y, en definitiva, defender la soberanía de la Nación.
Todo eso no ha sido posible, pero paradójicamente el escaso número de diputados que estamos reunidos, sin ninguna duda representamos los intereses del pueblo y la voluntad expresada en las calles de la Nación.
En los últimos tiempos ha existido en forma sucesiva un golpe de mercado. Frente a ese golpe los gobernantes han capitulado y han tomado las medidas que pretendían los dueños del poder.
Ese golpe de mercado se complementa con otra propuesta: la de un golpe institucional. ¿Cuál es ese golpe institucional?: la postergación de las elecciones. Digo esto porque a partir del 10 de diciembre no habrá más Senado y tendremos media Cámara de Diputados. En consecuencia, de imponerse esos proyectos, se acentuará la intención que tiene el Poder Ejecutivo de reemplazar al Parlamento, a fin de gobernar a través de los decretos de necesidad y urgencia y de la delegación legislativa.
Con ese tipo de propuestas veríamos vulnerados los derechos del pueblo argentino. De todos modos, el pueblo en las calles de la Patria es la mejor garantía de que esta política va a cambiar. (Aplausos.)

Sesión del 31/07/01

Pedido de informes sobre el ejercicio de la sindicatura de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el expediente de Pedido de Liquidación Forzosa de Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos competentes informe:

1º) Si la Superintendencia de Seguros de la Nación en el ejercicio de la sindicatura en el expediente caratulado “Superintendencia de Seguros de la Nación c/Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada s/Pedido de Liquidación Forzosa” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 177, inciso 2º de la ley 24.522 referente a la descripción e inventario de los bienes.

2º) Razones por las cuales no se ha dispuesto la venta de los automotores pertenecientes a Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada, teniendo en cuenta que el transcurso del tiempo los deteriora y desvaloriza.

3º) Si se ha dado cumplimiento a la tasación de todos los bienes de Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada según lo establecido por el artículo 205 de la ley 24.522.

4º) Razones por las cuales en la mayoría de los casos los bienes de Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada que han sido vendidos no lo fueron por la subasta pública.

5º) Estado actual de los juicios penales que se instruyen contra las personas que fueron directivos de Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada.

Fundamentos
Señor Presidente: Hasta el año 1996 funcionó con sede central en la ciudad de Pergamino la Cooperativa Pergamino Seguros Limitada que desarrolló sus actividades en distintos lugares del país.
Las irregularidades del funcionamiento de la Cooperativa y su situación deficitaria motivaron que se dispusiese su liquidación, la que se encuentra en trámite ante la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de Pergamino, expediente “Superintendencia de Seguros de la Nación c/Pergamino Cooperativa de Seguros Limitada s/Pedido de Liquidación Forzosa” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3.
La Cooperativa poseía bienes en Pergamino, ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Temperley, Arrecifes, Salto, Chacabuco, La Plata, Río Cuarto, Rosario, Córdoba y Campana.
En el proceso de liquidación de la Cooperativa no se habrían tomado las medidas adecuadas para controlar y conservar los bienes muebles propiedad de la Cooperativa y en la venta de los inmuebles se optó, en la mayoría de los casos, por la enajenación de los mismos sin recurrir al remate público, procedimiento autorizado por la ley, pero que tal vez no ha sido el mas adecuado para alcanzar el valor de mercado de los inmuebles, tal como lo exige la ley.
Como existe un importante número de acreedores cuyas deudas deben pagarse con la venta de los bienes que pertenecieron a Pergamino Seguros, y la conservación y venta de los bienes muebles, de los automotores y de los inmuebles es responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que ejerce en la liquidación de la Cooperativa las funciones de Síndico, es que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional el informe correspondiente.

Presentado el 1/11/00
Exp. 7028 D- 00

Pedido de informes sobre el Fondo Nacional del Tabaco.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:

1. Si las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo han verificado irregularidades en la utilización de los recursos que son remitidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a la Unidad Provincial de coordinación del Fondo Especial del Tabaco de la Provincia de Catamarca, que depende de la Secretaria de Desarrollo Rural de esa provincia.

2. Si el Poder Ejecutivo Nacional efectúa algún control sobre la utilización de los recursos que se remiten a las provincias según lo dispuesto por las leyes.

3. Si el Estado Nacional ha tomado intervención en los juicios que por malversación de los recursos que pertenecen al Fondo Especial del Tabaco se instruyen ante la Justicia Provincial de Catamarca y ante el Juzgado Federal con competencia en esa provincia.

4. Si se ha comprobado la responsabilidad de funcionarios nacionales y/o provinciales en el delito de malversación de caudales públicos dándole un destino indebido a los recursos pertenecientes al Fondo Especial del Tabaco.

5. Si en la expropiación de un inmueble por parte de la Municipalidad de Valle Viejo, Provincia de Catamarca, se utilizaron recursos pertenecientes al Fondo Especial del Tabaco.

Fundamentos

Sr. Presidente: La Ley 19.800, con sus modificatorias y normas complementarias, estableció un régimen de promoción de la producción tabacalera que se realiza en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.
Por la misma norma se creó el Fondo Especial del Tabaco, cuya financiación se basa en el gravamen del 7% sobre el precio total de venta al público de los cigarrillos fabricados y vendidos en el país, a lo que se agregan otras fuentes complementarias (art 23).
Los fondos recaudados tienen por objeto “atender los problemas críticos económicos y sociales de las áreas tabacaleras que se caracterizan por el régimen de la tierra con predominio del minifundio” y “atender las tareas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la producción tabacalera” mediante “la obtención, multiplicación y distribución de semillas selectas; incremento de la tecnología tabacalera” y otras medidas (art. 27).
La Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es el órgano de aplicación que administra los recursos del Fondo Especial del Tabaco, distribuyendo los fondos recaudados entre las provincias productoras.
Los recursos provenientes del Fondo Especial del Tabaco deben ser “administrados por cada provincia, de conformidad con sus modalidades de comercialización, por los organismos que cada una de ellas determine, debiendo rendir cuentas al órgano de aplicación” (art. 31). Estos fondos no forman parte de la coparticipación federal en la que están integradas las provincias, ni resultan de la Ley de Presupuesto provincial, sino que se trata de “recursos de afectación específica” provenientes del Tesoro Nacional.
En la provincia de Catamarca es la Subsecretaría de Desarrollo Rural provincial el órgano responsable de recibir los fondos y aplicarlos a los fines específicos contemplados en la Ley, para beneficio de los productores tabacaleros y con el fin de la transformación productiva del sector.
Desde hace ya varios años, la aplicación de estos fondos en Catamarca ha dado lugar a diferentes presentaciones judiciales. Diversos sectores de la producción han cuestionado la administración de los recursos girados por la Nación, denunciando que los mismos son derivados a otros fines y no los específicamente previstos por la ley.
Diversas organizaciones de productores han alertado sobre lo que entienden es un abandono del sector, determinando un descenso de las áreas sembradas y cosechadas. Existe un proceso de endeudamiento y quiebras entre los productores, que ha eclosionado en situaciones conflictivas como el corte de rutas.
En medio de esas demandas, se señala la ausencia de inversiones dirigidas a la modernización del sector, situación que no debería presentarse al existir un fondo destinado específicamente a ese fin, el cual se materializa en transferencias que han sido efectivamente realizadas desde la Nación a la Provincia.
En presentaciones realizadas ante la Fiscalía Federal de Catamarca se habla de fondos nacionales remitidos específicamente para proyectos no ejecutados y en otro caso de la adquisición de un inmueble perteneciente a la empresa SILCA SACIFA por parte de la Municipalidad de Valle Viejo con fines ajenos a la producción tabacalera, que habría sido concretada con el empleo de fondos provenientes del Fondo Especial del Tabaco.
Tales denuncias hablan de carencias graves reiteradas en la rendición de cuentas por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Provincia de Catamarca, responsable de la asignación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco a través de la Unidad de Coordinación Provincial.
De ahí el presente pedido de informes, destinado a determinar cuál es el control que desde la Nación se ejerce en cuanto a la aplicación de los medios de este Fondo tan importante para los fines del desarrollo productivo regional.

Presentado el 24/04/01
Exp. 2106 D- 01

Pedido de informes sobre la resolución 90/2001 referente al cobro de las primas de seguros.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de los organismos competentes informe:
1) Razones por las cuales el Ministerio de Economía ha sancionado la resolución 90/2001 que crea un monopolio bancario y de entidades especializadas en cobranzas para el cobro de las primas de los seguros, excluyendo de esta actividad a los productores asesores de seguro.
2) Si se ha considerado si la transferencia de ingresos del sector seguros a la actividad bancaria puede significar un mayor costo a los asegurados.
3) Si se ha tomado en cuenta la cantidad de personas que quedarían
desocupadas como consecuencia de la resolución 90/2001.
4) Si el Poder Ejecutivo no consideran que la resolución 90/2001 es contraria a la ley 22.440 y a normas constitucionales

Fundamentos

Señor Presidente: El Ministro de Economía ha dictado la resolución 90/2001 (B.O. 11/5/01) por la cual se establece que en lo sucesivo el cobro de las primas de seguros deberá hacerse por medio de entidades bancarias o de entidades especializadas en cobranzas, modificando así la legislación vigente.
Dice el Ministro de Economía en los considerandos de la resolución:

“Que con relación a la cobranza de los premios, y con el mismo propósito de estimular la transparencia, el control interno y la fiscalización estatal, y desalentar la comisión de fraudes, a los que se suman los objetivos de bancarización de la economía y combate de la evasión fiscal, resulta oportuno introducir ciertas modificaciones a la Resolución 429/2000 del Ministerio de Economía, de modo tal que los pagos se efectúen exclusivamente por los sistemas de cobranzas habilitados”.

Esta resolución contradice la ley 24.440 (B.O. 18/2/81) que reglamenta la actividad de los productores asesores de seguros matriculados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación que los autoriza a cobrar las primas de los seguros según se establece en su artículo 10, inciso f.
Es decir, que el Ministerio de Economía mediante una resolución está modificando una ley, transfiriendo los ingresos del sector seguros al sector financiero afectando así a veintidós mil productores de seguros y a unos cuarenta y cuatro mil personas que ven peligrar su fuente de trabajo.
Los asesores productores de seguros desempeñan una actividad de promoción de la actividad aseguradora reglamentada por la ley 24.440 que les exige, entre otras cosas:

a) inscribirse en el “Registro de productores asesores de seguros” que lleva la Superintendencia de Seguros de la Nación
b) acreditar sus conocimientos mediante examen.
c) mantenerse actualizados mediante cursos.
d) llevar los libros de “Registro de operaciones de seguros y Registro de cobranzas y rendiciones”.

La resolución 90/2001 interfiere en esa actividad aseguradora limitando la competencia de los asesores productores de seguros y afecta el trabajo del personal que se ocupa de la cobranza. También dificulta la actividad de las Pequeñas y Medianas Empresas eliminando el efecto del cheque cancelatorio de pago diferido cuya utilización se ha extendido en el sector.
Solicitamos, por todo lo expuesto, la aprobación del presente pedido de informes.

Presentado el 4/07/01
Exp.4212 D-01

VII- HOMENAJES

• Homenaje al presidente Arturo Humberto Illia al cumplirse el centenario de su nacimiento (proyecto de resolución)

• Homenaje a Andrés Framini, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, fallecido el 9 de mayo de 2001 (proyecto de resolución)

Homenaje al presidente Arturo Humberto Illia al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Rendir homenaje al Presidente Arturo Humberto Illia al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Fundamentos

El 4 de agosto de 1900, hace cien años, nació en Pergamino el doctor Arturo Humberto Illia quién ejerció la Presidencia de la Nación desde el 12 de octubre de 1963 hasta que fue derrocado por el golpe de estado del 28 de junio de 1966.
Radicado en Cruz del Eje, ejerció su profesión de médico en el norte de la Provincia de Córdoba y en el sur de la Provincia de La Rioja, zonas en que aún se recuerda al médico que solo pedía un sulky para que lo llevasen a ver al enfermo que se encontraba en un rancho a varias leguas de distancia de la ciudad en que vivía. Su único bien material fue la casa que le entregó el pueblo de Cruz del Eje, adquirida mediante una colecta que hicieron los habitantes de su ciudad.
Elegido Presidente, su primera decisión fue anular los contratos petroleros firmados a partir de 1958 que comprometían la soberanía de la Nación. Esa misma defensa de la soberanía lo llevó a proyectar una ley de medicamentos que afectaba los intereses de los grandes laboratorios, siendo ese uno de los hechos que provocaron su caída.
Pertenecía a la misma escuela cívica de Hipólito Yrigoyen y Elpidio González y toda su acción estuvo dirigida al bien del país y de su pueblo, actuando permanentemente con desprendimiento de los bienes materiales. Al término de su gobierno había vendido el viejo automóvil que tenía para hacer frente a sus gastos como Presidente y al culminar su gestión presidencial era más pobre de lo que ya era al asumir.
Derrocado por el golpe de estado, participó como cualquier obrero o estudiante en las movilizaciones de protesta contra la dictadura y varias veces fue llevado detenido, como un ciudadano más, a las seccionales policiales.
En la ciudad de Pergamino se conserva hoy su casa natal, en la que viven dos de sus hermanos.
Al rendirle este homenaje, la Cámara de Diputados reconoce en el Presidente Arturo Humberto Illia a un patriota que no se apartó en su acción del camino que le marcaba la Constitución y las leyes, constituyendo un ejemplo de conducta para las nuevas generaciones.

Presentado el 2/08/00
Exp.4625 D-00

Homenaje a Andrés Framini, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, fallecido el 9 de mayo de 2001.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Rendir homenaje a Andrés Framini, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, fallecido el 9 de mayo de 2001.

Fundamentos

Andrés Framini fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 18 de marzo de 1962. Esas elecciones fueron anuladas a los pocos días y la provincia intervenida. Los dueños del poder no podían permitir que un auténtico dirigente obrero gobernara la provincia de Buenos Aires.
Su vida estuvo consagrada a la defensa de los derechos del pueblo. Secretario General de la Asociación Obrera Textil quedó a cargo de la CGT, junto con Oscar Natalini, cuando se produjo el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955.
Convocó en noviembre de ese año- pese a la represión que se dirigía contra el pueblo- a la huelga general en repudio al gobierno que avasallaba los derechos conquistados durante una década. Esa huelga fue el punto de partida de la resistencia peronista.
Después de la anulación de las elecciones de 1962 promovió, junto a John William Cooke, lo que se llamó el “giro a la izquierda del peronismo”.
Años más tarde -en 1975- fundó el Partido Peronista Auténtico.
Andres Framini sobrevivió a las cárceles y a la represión y se constituyó en un ejemplo de conducta para todos los sectores políticos. A los 87 años continuaba impulsando formas de organización que contribuyeran a dar una salida a la crisis argentina. La muerte lo encontró en esa actividad.
Fue el gobernador de la Provincia de Buenos Aires más importante del siglo XX, aún cuando no llegó a gobernar.

Presentado el 15/05/01
Exp.2747 D-01

VIII- DECLARACIONES DE INTERÉS PARLAMENTARIO

• Declaración de Interés Parlamentario del Foro Nacional sobre Empleo y Desarrollo Social, organizado por la Comisión de Políticas de Empleo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y del II Seminario Internacional “Globalización, Mercado de trabajo y Políticas de Empleo”, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, la Comisión de Trabajo de la Legislatura Veracruzana y la Comisión de Políticas de Empleo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (proyecto de resolución)

• Declaración de Interés Parlamentario del Congreso Nacional de Sociología Jurídica, convocado por el Instituto de Cultura Jurídica, Secretaría de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad nacional de La Plata, las Cátedras de Introducción a la Sociología I, II y III, de Sociología jurídica I y II y el Centro de Estudiantes de Derecho (proyecto de resolución)

• Declaración de Interés Parlamentario del Segundo Encuentro Sanmartiniano “San Martín y Artigas, Soberanía y Justicia Social” organizado por el Congreso Anfictiónico Bolivariano de Argentina (proyecto de resolución)

• Declaración de Interés Parlamentario de las III Jornadas Académicas sobre “El Rol del Estado en el nuevo siglo”, organizadas por el Centro Universitario Regional Junín (proyecto de resolución

Declaración de Interés Parlamentario del Foro Nacional sobre Empleo y Desarrollo Social, organizado por la Comisión de Políticas de Empleo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y del II Seminario Internacional “Globalización, Mercado de trabajo y Políticas de Empleo”, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, la Comisión de Trabajo de la Legislatura Veracruzana y la Comisión de Políticas de Empleo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Declarar de interés parlamentario al “Foro Internacional sobre Empleo y Desarrollo Social” que se realizará en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el día 22 de Mayo de 2000, organizado por la Comisión de Políticas de Empleo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y al II Seminario Internacional “Globalización, Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo”, que se realizará en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz – México, los días 29 y 30 de Junio de 2000, organizado por la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, la Comisión de Trabajo de la Legislatura Veracruzana y la Comisión de Políticas de Empleo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, contando con el auspicio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México y de la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz.

Fundamentos

Sr. Presidente: El desempleo es uno de los problemas más graves que enfrentan los países latinoamericanos. Los altos índices de desocupación que se registran han incrementado las diferencias existentes entre los sectores de la población con altos niveles de ingresos y la mayoría de la población empobrecida sometida a la marginación. A ello se le agrega el fenómeno de la exclusión social con todo tipo de consecuencias negativas para nuestros países.
En nuestro país el desempleo abierto que se registra llegó a triplicarse en la última década y el subempleo precarizado continúa en aumento, mientras que un segmento de trabajadores padece sobreempleo al prolongarse la jornada legal de ocho horas hasta el límite de la resistencia psico-física.
Por otra parte las relaciones laborales informales, impiden al trabajador acceder a los beneficios sociales, retrotrayendo las condiciones de trabajo a las que existían en el siglo XIX.
La implementación de políticas y planes que permitan construir una realidad más justa para la población de América Latina requiere de la participación de distintos sectores sociales y una acción activa del Estado, objetivos éstos planteados por la Comisión de Políticas de Empleo de la Provincia de Buenos Aires al organizar las reuniones que se solicita sean declaradas de interés parlamentario.

Presentado el 9/05/00
Exp. 2520 D-00

Declaración de Interés Parlamentario del Congreso Nacional de Sociología Jurídica, convocado por el Instituto de Cultura Jurídica, Secretaría de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad nacional de La Plata, las Cátedras de Introducción a la Sociología I, II y III, de Sociología jurídica I y II y el Centro de Estudiantes de Derecho.

Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Declarar de interés parlamentario al “Congreso Nacional de Sociología Jurídica” que se realizará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, los días 2, 3 y 4 de Noviembre de 2000, convocado por el Instituto de Cultura Jurídica, Secretaría de Investigación Científica de esa Facultad, las Cátedras de Introducción a la Sociología I, II y III, de Sociología Jurídica I y II y el Centro de Estudiantes de Derecho de la misma Facultad.

Fundamentos

Sr. Presidente: Entre el 2 y el 4 de noviembre del corriente año se realizará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata el Congreso Nacional de Sociología Jurídica.
El tema del Congreso es “La sociología jurídica en la Argentina y su relación con las distintas ramas del Derecho: la situación actual y las posibilidades en el siglo XXI”. Se trata de la discusión de los problemas de la sociedad actual y la adecuación del Derecho a las necesidades sociales imperantes. Con el Congreso se proyecta forjar un ámbito a nivel nacional, en el que los participantes puedan debatir y generalizar experiencias sobre los fenómenos sociales y su relación con el Derecho. Han confirmado su participación destacados profesionales de varios países latinoamericanos.
Entre los temas a abordar por las comisiones y talleres del Congreso se encuentran el de la función de las profesiones jurídicas en relación con las necesidades sociales y las expectativas socio-jurídicas, el modelo de la abogacía moderna y el de la abogacía tradicional, el Derecho en la estructura social actual, rol de la legislación entre la sociedad y la economía, marginalidad, discriminación, género, minorías, la aldea global y el Estado, sociología de la familia, el derecho en la vida cotidiana, niñez y adolescencia, funcionamiento del sistema judicial y acceso a la justicia, modos alternativos de resolución de conflictos, legislación laboral, innovaciones institucionales frente a la reforma del Estado, investigación universitaria, sistemas de becas y manejo de la justicia en los medios masivos de comunicación.
En consideración a las contribuciones que estas deliberaciones pueden aportar al desarrollo de la sociología jurídica en la Argentina, solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación de este proyecto de resolución.

Presentado el 12/07/00
Exp. 4957 D-00

Declaración de Interés Parlamentario del Segundo Encuentro Sanmartiniano “San Martín y Artigas, Soberanía y Justicia Social” organizado por el Congreso Anfictiónico Bolivariano de Argentina.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Declarar de Interés Parlamentario el Segundo Encuentro Sanmartiniano “San Martín y Artigas, Soberanía y Justicia Social”, que se realizará en la ciudad de Córdoba los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2000, organizado por el Congreso Anfictiónico Bolivariano de Argentina.

Fundamentos

Sr. Presidente: Este año se cumplen dos aniversarios de gran significación histórica para los países americanos y en especial para los del Río de la Plata: el sesquicentenario de las muertes de José de San Martín (17 de agosto) y de José Artigas (23 de setiembre).
Tomando como referencia la lucha que esos forjadores de nuestras nacionalidades desenvolvieron por la independencia, la libertad y la justicia para nuestros pueblos, un conjunto de entidades, agrupadas en el Congreso Anfictiónico Bolivariano de América Latina y el Caribe, ha programado un Encuentro a realizarse en la ciudad de Córdoba bajo las ideas motrices de la Soberanía y la Justicia Social.
La idea es retomar el ejemplo y el mensaje de San Martín y Artigas en esta etapa en la que los países de nuestra América se ven acosados por una ofensiva recolonizadora impulsada fundamentalmente por fuerzas económicas mundiales que, en el proceso de su expansión, destruyen tanto las economías locales como las estructuras de protección social que son el cimiento de la integración de nuestros pueblos.
En el Encuentro, a realizarse entre los días 10 y 12 de noviembre del corriente año, se debatirán temas propios de esta problemática, buscando incentivar el espíritu de solidaridad, patriotismo y unidad en la región del Cono Sur. A la vez el Encuentro servirá para preparar la participación de los representantes de la región en el IV Congreso Anfictiónico Bolivariano y del Caribe, proyectado para el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires.
Por los fundamentos expuestos solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de resolución..

Presentado el 24/07/00
Exp. 4485 D-00

Declaración de Interés Parlamentario de las III Jornadas Académicas sobre “El Rol del Estado en el nuevo siglo”, organizadas por el Centro Universitario Regional Junín.

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve:

Declarar de Interés Parlamentario las Jornadas Académicas sobre “El Medio Ambiente en relación con el Desarrollo, la Economía, el Derecho y la Política” que se realizarán en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 1999, organizadas por el Centro Universitario Regional de Junín – UNLP – UBA y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

Fundamentos

Sr. Presidente: En la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, más de ciento setenta y ocho gobiernos aprobaron el Programa 21, un programa de acción para el desarrollo sostenible a escala mundial. Su primer principio habla de los seres humanos frente a la preocupación por el desarrollo sostenible, por ello se remarca el derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza.
El hacer frente a estos problemas, no puede ser responsabilidad sólo de los gobiernos nacionales, sino que estas cuestiones ambientales deben tratarse y debatirse con la participación de toda la comunidad.
Las Segundas Jornadas Académicas del Centro Univeristario Regional de Junín, tienen justamente el objetivo de convocar a los distintos sectores para generar un ámbito de opiniones que pueda resultar enriquecedor como punto de partida para la planificación de políticas públicas en el desarrollo sostenible en el orden municipal, regional y provincial.
Es importante también, instalar el tema a través de la Educación, como un elemento vital para paliar la crisis del medio ambiente planetario, creando un espacio para construir una red de información que contemple: medio ambiente – población – desarrollo.
Por los fundamentos expuestos solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.

Presentado el 2/08/01
Exp. 4876 D-01

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