DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

por Cátedra

Por Ramón Torres Molina: A partir de 1983 cuando se restableció el sistema constitucional en nuestro país, se aprobaron y ratificaron un conjunto de convenios sobre derechos humanos que tienen una incidencia directa en la substanciación de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Pero la incidencia la tiene ahora, no la tuvo en el momento de la ratificación de esos tratados.

Al ratificarse, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se hicieron expresas reservas y declaraciones interpretativas con la finalidad explícita de que estos tratados no fueran aplicados a los juicios que en esos momentos se estaban desarrollando o iniciando en el país. Si se observan las sentencias de la causa 13 –la causa a los comandantes en jefe de la dictadura–, o la causa Camps, se verá que no hay referencias a los tratados de derechos humanos salvo en la causa Camps, en donde el fallo de la Corte aplica la ley de obediencia debida –que considera constitucional–, y hace mención a la Convención contra la tortura pero a través del artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados, en relación con el cual el Estado no podía desentenderse de esos principios aún cuando la convención no estuviese vigente en el orden internacional.

En los viejos juicios por violaciones a los derechos humanos de hace veinte años se contaba con el Código Penal y con la Constitución, pero no con los tratados de derechos humanos, aún cuando el Estado ya los había ratificado, al menos a parte de ellos. Sería muy interesante hacer un análisis ideológico de las sentencias que dictaron la Corte y las Cámaras, puesto que están impregnadas por la doctrina de la seguridad nacional y las doctrinas contrainsurgentes. Lo más elemental: no advierten el alto desarrollo de las doctrinas contrainsurgentes y su influencia sobre el conjunto de la sociedad y hacen que se la tome como algo normal. Pero cuando se habla de “subversión” se está utilizando un concepto propio de la doctrina de la seguridad nacional. Las sentencias llaman “fuerzas legales” a aquellas fuerzas que habían usurpado el poder político. Llaman “fuerzas legales”, por ejemplo, a las que operaban en 1970 –“las fuerzas legales frente a la subversión”– porque las sentencias se remiten a los antecedentes de lo que se debió juzgar en el juicio a los comandantes y en el juicio Camps. Hablan de “delincuentes subversivos”, de “terrorismo subversivo” y, aún más, en la causa Camps hay una frase que resume toda esta presencia de la doctrina de la seguridad nacional: “Como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en el proceso seguido al Tte. General Videla y otros, lo que se juzga no son los fines sino el método empleado”.

Nuestro país, con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y posteriormente con los decretos de indultos, tomó la misma posición que habían tomado otros estados en la transición a la democracia: consagró la impunidad. Con la diferencia de que en Argentina ese proceso de impunidad llevó siete años hasta la sanción de los indultos, mientras que en otros países la posición se tomó al inicio de las transiciones. Y si hubiésemos pretendido en todos estos años, antes de 1992, la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos –los principios del derecho internacional de los derechos humanos– a los juicios que se habían substanciado hasta ese momento, hubiera ocurrido lo que se ha señalado: nos hubieran dicho “las leyes han modificado a los tratados”, por la prelación que se mantenía antes del fallo ‘Ekmekdjian c/ Sofovich’ de 1992 con relación a ley y a los tratados. La ley posterior derogaba los principios de los tratados.

Cuando se consagra la impunidad en nuestro país, en particular cuando se sancionó la ley de Obediencia Debida y la Corte la consideró constitucional, mientras la causa Camps se encontraba en trámite en la propia Corte por los recursos extraordinarios que se habían interpuesto, efectuamos las primeras denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos casos fueron presentados en forma simultánea en esa época: el caso Consuelo Herrera, que es la que le da nombre a la resolución final que tomó la Comisión, y el caso Isabella Valenzi. En los dos se denunció la violación al Pacto de San José de Costa Rica y otros instrumentos internacionales.

Como consecuencia de esas denuncias, la Comisión Interamericana publicó en 1992 el informe 28/92 que condenaba la impunidad en nuestro país, y el informe siguiente, 29/92, que también condenaba la impunidad en Uruguay. El informe sobre Argentina decía:

“ 1°) Concluye que las Leyes Nº 23.492 y Nº 23.521 y el decreto número 1002/89 , son incompatibles con el artículo XVIII ( Derecho de Justicia) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“ 2°) Recomienda que gobierno de Argentina que otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones a que se refiere el párrafo precedente.

“ 3°) Recomienda al Gobierno de Argentino la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurrida durante la pasada dictadura militar.

“4°) Disponer la publicación del presente informe.”

Mientras desde el punto de vista del derecho interno argentino estaba establecida la impunidad y la aparente imposibilidad de revisar esa impunidad (porque cuando la Corte Suprema dicta el fallo “Ekdmekdjian contra Sofovich” que da otra interpretación, la impunidad ya estaba establecida) aparece, pocos meses después, en octubre, esta resolución del sistema interamericano que obliga al Estado a revisar sus decisiones.

Aquí hay un largo proceso en el que el Estado trata de desviar el cumplimiento de los tratados internacionales y en definitiva discutir qué significan estos tratados, que implicancias tienen. Su cumplimiento significa juzgar a los responsables por las violaciones a los derechos humanos. Se trata de un largo proceso que ha culminado favorablemente con la sanción de la ley de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la consideración por parte de los órganos de justicia de la constitucionalidad de esta ley y con las decisiones que se han tomado al reabrirse los procesos por violaciones a los derechos humanos.

En aquel momento, desde el punto de vista del derecho interno, estaba consagrada la impunidad y las decisiones que se fueron adoptando, por ejemplo en lo que respecta al derecho de réplica o al principio de libertad de expresión, como fue el fallo “Ekmekdjian con Sofovich” u otros que vinieron posteriormente, no tuvieron incidencia real en los temas de derechos humanos porque estaba consagrada la impunidad. Entonces ha sido la aplicación de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que permitió revertir la impunidad.

Otro hecho fundamental fue la decisión de Convención Constituyente de 1994 que dio jerarquía constitucional a los once instrumentos de Derechos Humanos que menciona y también posibilita la incorporación de otros tratados, con jerarquía constitucional, mediante el procedimiento que establece. Esto es lo que ha ocurrido con dos tratados fundamentales para revertir la impunidad como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. Normas que han sido aplicadas en los juicios que están en trámite en nuestro país.

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional tiene dos principios. La primera cláusula, dice que “en las condiciones de su vigencia”, los tratados tienen jerarquía constitucional. ¿Qué interpretó la Corte? Algo que, posteriormente, en los juicios por violaciones a los derechos humanos tiene una incidencia notable: el acatamiento de la jurisprudencia internacional tal como la aplican los órganos de derechos humanos en el ámbito internacional. Y la otra cláusula, aquella que la doctrina señala como juicio de comprobación, “no deroga artículo alguno de la primera parte de esta Constitución”. En ese sentido, toda la documentación correspondiente a la época de la sanción de esta cláusula, la incorporación de esta cláusula en el debate de la Convención Constituyente en el propio recinto, sin que tuviera dictámenes previos de ninguna comisión, indican que fue incorporado para satisfacer las presiones de los propietarios de medios de comunicación para impedir (con este principio no se deroga la primera parte de la Constitución) la aplicación del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta que establece el Pacto de San José de Costa Rica. Estos principios y el Derecho Internacional de los derechos humanos nos dieron fallos como “Arancibia Clavel” y “Simón” entre otros, que revierten la impunidad en Argentina.

Previamente, en el fallo “Massera” de 1999 –cuando se investigaba el plan sistemático de desaparición de niños, que se sigue investigando–, a pesar de que no se necesitaba recurrir a la imprescriptibilidad porque por aplicación de la Convención Interamericana sobre desaparición de personas el delito se seguía cometiendo, tanto por principios del derecho penal como por principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Cámara Federal estableció que estos delitos, además de estar cometiéndose en ese momento, eran delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles.

Así, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha definido, a través de los tratados y a través de la jurisprudencia, el concepto de delito de lesa humanidad y, por consiguiente, su imprescriptibilidad.

Quiero destacar los aportes de Abuelas de Plaza de Mayo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los voy a enumerar:

1°) La incorporación en la Convención sobre Derechos del Niño del derecho a la identidad, artículos 7 y 8 de la Convención.

2°) La denuncia contra la impunidad que dio lugar al informe 28/92 que permitió en su desarrollo revertir la impunidad, el ejercicio del derecho de la verdad y llevarnos a la situación en que nos encontramos en la actualidad.

El primer caso argentino que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un caso planteado por Abuelas de Plaza de Mayo relacionado con la guarda de niños, que era el caso Tolosa-Reggiardo.

En la denuncia por plan sistemático de desaparición de menores efectuada por Abuelas de Plaza de Mayo se estableció el carácter de delitos de lesa humanidad de los hechos denunciados que eran, por lo tanto, imprescriptibles.

Abuelas, basándose entre otras cosas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, planteó, también, la inconstitucionalidad de los indultos. Fue el primer planteo que se hizo por parte de un organismo de derechos humanos, que fue resuelto en forma favorable por el juez en su momento, y por las Cámaras con posterioridad.

(Tercer Coloquio Interdisciplinario Las Violaciones a los Derechos Humanos frente a los derechos a la verdad e identidad. Organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y la Procuración General de la Nación, Buenos Aires, 17 y 18 de octubre de 2005. Publicado en Violaciones a los Derechos Humanos frente a los derechos a la Verdad e Identidad, Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo, 2005).

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