APLICACIÓN DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO ARGENTINO

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina) Entre otros, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagra  dos principios fundamentales. Por el primero se reconoce a la persona como titular de los derechos que son protegidos por los tratados de Derechos Humanos ratificados por  los Estados y por la costumbre internacional. Se superan así las concepciones clásicas del Derecho Internacional que consideraba a éste como el derecho que surgía de las relaciones  entre  estados. El segundo principio establece  la responsabilidad de los estados por las obligaciones que contraen en protección a los Derechos Humanos en el caso que esos derechos sean violados. Ello implica, como en las políticas de integración, la autolimitación de los estados en el ejercicio de su propia soberanía al admitir el control  de los organismos internacionales de  Derechos Humanos de las decisiones adoptadas en el ámbito interno de un país. En caso contrario, esa protección, circunscripta al ámbito de un estado que sistemáticamente viola los Derechos Humanos, tornaría ilusoria la protección de los derechos que se reconocen. Esa autolimitación es producto de una decisión soberana del estado que en Argentina se adoptó al sancionarse la Constitución de 1853, cuyo artículo 99 (artículo 102, a partir de la Reforma de 1860 y 118 actual) reconoció el derecho de gentes y que posteriormente fue complementado con la ratificación de los tratados sobre derechos humanos.

 

                          El derecho de gentes ( law of nations, para el derecho anglosajón) constituye un consenso interestatal cuya aplicación no depende del asentimiento de cada uno de los estados, resultando de aplicación obligatoria. O sea que la soberanía de un estado aparece siempre subordinada a ese consenso. En el caso argentino, al reconocerse constitucionalmente desde 1853 la vigencia del derecho de gentes, su aplicación en el derecho interno argentino deriva a la vez de su propia naturaleza y de una decisión soberana del estado dispuesta  por un congreso constituyente. La cosa juzgada del derecho interno se constituye así en el supuesto procesal que permite el acceso a la jurisdicción internacional (salvo excepciones expresamente contempladas).

 

                 Al restablecerse el sistema constitucional en 1983 Argentina ratificó un conjunto de tratados que tenían una incidencia directa en la legislación interna. Ellos fueron, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)[1], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  su Protocolo Facultativo[2], la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[3], y la Convención sobre los Derechos del Niño[4].

 

               Al ratificar estos tratados el estado argentino, en algunos casos, efectuó reservas y declaraciones interpretativas con la ostensible finalidad  de que no tuviesen aplicación en los juicios que se sustanciaban por violaciones a los derechos humanos en ese momento[5]. Así, al ratificar  la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado dejó constancia que “las obligaciones contraídas en virtud de la Convención solo tendrán efecto en relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento”.

 

              También, al ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, efectuó la siguiente reserva:

 

              “El Gobierno argentino manifiesta que la aplicación del apartado segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional”.

 

               Se trataba, con esta reserva, de impedir la aplicación de principios ya reconocidos por  el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero no legislados expresamente en el derecho interno argentino.

 

              Así fue como los juicios por violaciones a los Derechos Humanos que se sustanciaron antes de la sanción de las normas de impunidad, no aplicaron los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; se aplicó el Código Penal y en lo que correspondía  la Constitución Nacional[6].

 

             En la lectura de las sentencias dictas  por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se advierte la influencia de las doctrinas contrainsurgentes desarrolladas y aplicadas durante las dictaduras militares. Se habla de “subversión”, “fuerzas legales”, llamando así a las fuerzas militares que habían usurpado el poder político, “delincuentes subversivos”, “terrorismo subversivo”. Como síntesis de esta influencia puede señalarse el siguiente fragmento de la sentencia de la causa “Camps”:

 

           “…..como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en el proceso seguido al Teniente General Videla y otros, lo que se juzga no son los fines sino los métodos empleados”[7].

 

             Con tal marco político y doctrinario no es casual  que las sentencias no hayan tomado en cuenta los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que los diferentes órganos de justicia en todas las instancias, con la notable y ejemplar excepción de la Cámara Federal de Bahía Blanca, hayan convalidado las normas de impunidad cuando las mismas fueron dictadas. Solamente en los votos de los doctores Bacqué y Petracchi en la causa 44 se hizo referencia a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sosteniéndose que sus principios eran aplicables en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados, aún cuando la Convención no se encontrase vigente en el orden internacional.

 

                          Con motivo de la sentencia dictada en la causa 44 que aplicó la llamada ley de obediencia debida[8] se efectuaron, en diciembre de 1987, las primeras denuncias contra el estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano por la sanción de las normas de impunidad. Después de un largo y  complejo trámite  la Comisión dio a conocer  el Informe 28/92  que establecía:

 

                         “Primero, que las leyes 23.492, 23.551, y el decreto 1002 de 1989 son incompatibles con los artículos 18, sobre el derecho a la justicia, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 1°, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

                         “Segundo, recomendar al gobierno de la República Argentina que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las violaciones a que se refiere el párrafo precedente.

 

                         “Tercero, recomendar al gobierno argentino la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar.

 

                         “Cuarto, disponer la publicación del presente informe.”

 

                      A partir de ésta resolución, que fue la primer condena a la impunidad en América,  se pudo iniciar, con base legal en los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos una larga lucha para revertir la impunidad.

 

                       Tradicionalmente la Corte Suprema había sostenido lo que en Derecho Internacional se conoce como una posición dualista en la aplicación de los Tratados. Según este criterio para que un tratado pueda tener vigencia en el derecho interno de un país, debe existir  una ley que así lo disponga. Que introduzca en el sistema jurídico interno la norma del derecho internacional.[9] Este criterio recién fue modificado por la Corte en el año 1992 en el fallo “Ekmekdjian c/ Sofovich”que, entre otras cosas, estableció:

 

                      “Que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados- aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980- confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno”.[10]

 

                    Esta sentencia fue dictada con anterioridad al Informe 28/92 de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y por lo tanto, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales vigentes hasta ese momento, los principios que establecía no tendrían incidencia en la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos que habían sido cerrados por aplicación de las normas de impunidad.

 

                   Entonces el estado argentino dilató el cumplimiento de lo resuelto por la Comisión Interamericana, que en definitiva establecía la obligación del Estado Argentino de esclarecer las violaciones a los derechos humanos y la identificación y sanción de sus responsables, tomando medidas importantes como las indemnizaciones a los familiares de desaparecidos y a los detenidos por razones políticas o el reconocimiento de la ausencia por desaparición forzada, pero que  eran resoluciones colaterales a lo indicado en el Informe 28/92.

 

                   Un paso importante en la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno argentino fue la decisión de la Convención Constituyente de 1994 de otorgarle jerarquía constitucional a los once tratados y declaraciones que enumera el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, jerarquía superior a la ley a los tratados y fijar un procedimiento para elevar  a jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos no contemplados expresamente en el texto constitucional por el voto de los dos tercios de los integrantes del Congreso. Quedó superado así el debate entre dualismo y monismo en la interpretación de los tratados, que la Corte en el fallo “Ekmekdjian” había resuelto a favor de la vigencia de los tratados en el derecho interno, aún sin ley reglamentaria, criterio que podía ser modificado por otra interpretación de la misma Corte o por  el cambio en su composición.

 

                Cuando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución establece que los tratados tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia la Corte interpretó que debían aplicarse de acuerdo a la interpretación que les dan los organismos internacionales de control, debiendo acatarse la jurisprudencia internacional.

 

               En el caso “Giroldi” dijo la Corte:

 

               “Que la ya recordada “jerarquía constitucional”de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, parr. 2°), esto es tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por  parte de los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”.

 

                “De ahí que la aludida jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana…”[11]

 

                El  criterio fue mantenido en el caso “Bramajo”[12] , en el que se hizo expresa referencia a la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

 

                 “Que la “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  ha sido establecida por la voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia”( art. 75, inc.22, parr 2º) esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.

 

                   “De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de aquella para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana…”.[13]

 

                     Este último criterio fue atenuado por la Corte Suprema en el caso “Acosta”[14] referido a la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo  la Corte:

 

                       “…si bien, por el principio de buena fe que rige en las actuaciones del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar  los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el dar cumplimiento su contenido, al no tratarse de decisiones vinculantes para el Poder Judicial…”

 

                  Ese criterio limitativo fue reiterado en el caso“Felicetti”.[15]

 

               La atenuación de los principios que la Corte había sostenido con anterioridad, referidos a la aplicación o no de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó en un caso de alta complejidad política, como fue el de  La Tablada,[16]pero en realidad se trató de una interpretación errónea del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 50 del  Pacto establece un procedimiento para la consideración por parte del Estado de la recomendación de la Comisión. En el plazo que se establece,  el Estado o la Comisión pueden llevar el caso ante la Corte y si ello no ocurre, es porque existe conformidad del Estado con la recomendación y debe dar cumplimiento a la misma. Complementariamente, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados obliga a éstos a actuar de buena fe en el cumplimiento de los tratados y  establece la imposibilidad de invocar normas del derecho interno para no cumplir con las obligaciones contraídas, principios estos que son de aplicación para reconocer la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión Interamericana cuando estas no han sido observabas por el estado llevando el caso ante la Corte Interamericana.

 

              En el sentido expuesto, en el Informe 93/96 la Comisión Interamericana expuso:

 

                “Todos los órganos de los Estados Partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel interno”.[17]

 

               La cláusula constitucional que establece que los tratados y declaraciones con jerarquía constitucional no derogan artículo alguno de la primera parte de ésta constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos fue interpretada por la Corte en el sentido de que la Convención Constituyente había efectuado un “juicio de comprobación” entre los tratados mencionados por el artículo 75, inciso 22 y la primera parte de la Constitución.

 

              Dijo la Corte en el sentido expuesto:

 

              “Que el art.75, inc.22, mediante el cual se otorgó jerarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han trascripto, establece, en su última parte que aquellos no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y  garantías por ella reconocidos.

 

              “Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual se han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no producen derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir.”[18]

 

               En realidad, tal juicio de comprobación no fue hecho por la Convención Constituyente y la cláusula, que no se encontraba en los dictámenes de la Comisión de Tratados Internacionales ni de la Comisión de Redacción, fue incorporada en el debate para satisfacer los requerimientos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) contraria al reconocimiento del derecho de rectificación o respuesta.[19]. Pero esta  resolución de la Corte ha dado lugar a una interpretación armónica del bloque constitucional federal y, en consecuencia, a la aplicación de los tratados sin ningún tipo de condicionamiento o limitación.

 

              Este marco legal se fue creando sin que tuviese  incidencia en los juicios por violaciones a los derechos humanos que habían sido cerrados como consecuencia de la vigencia de las normas de impunidad. Es decir, había un avanzado sistema de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que progresivamente se iba imponiendo, pero hasta ese momento no se aplicaba al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad que se habían cometido en el país antes de la restauración del orden constitucional.

 

               Sin relación directa con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Argentina y mientras los juicios se encontraban cerrados, la Corte resolvió, a los efectos de conceder la extradición, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra el derecho de gentes reconocido por el artículo 118 de la Constitución en los casos “Schuammberger” y “Priebke”.[20]

 

                    En el primero de ellos la Corte dijo, sin mencionar expresamente el derecho de gentes,  que la prescripción, cuya declaración  había sido solicitada por la defensa para que no se concediera la extradición, se regia por la ley del país requirente:

 

                     “El agravio se halla en este punto infundado, y por tal razón debe ser desestimado. Ello es así, por una parte porque el art.655, inc. 5º del Cod. de Proced. en Materia Penal, la prescripción de la acción penal o de la pena deberá juzgarse “según las leyes de la Nación requirente”, y por  la otra, porque la existencia de diferencias en el modo de regular la prescripción por las leyes extranjeras, no implica necesariamente que estas soluciones diferentes sean contrarias al orden público criminal de la Nación”[21]

 

                    El Juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata Leopoldo Schiffrin al fundar su voto en la causa “Schuammberger” invocó expresamente el derecho de gentes reconocido por el artículo 118 de la Constitución. La Corte, para conceder la extradición invocó el Código de Procedimientos en Materia Penal; no aplicó el derecho de gentes. Tomó una resolución acorde con los principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos fundada en el derecho interno.

 

                    En cambio, en el caso “Priebke” la Corte aplicó expresamente el artículo 118 de la Constitución, reconociendo la vigencia del derecho de gentes , considerando a los delitos por los que se reclamaba la extradición como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles:

 

                     “Que el hecho de haber dado muerte a setenta y cinco judíos no prisioneros de guerra, ni absueltos, condenados o a disposición del tribunal militar alemán, ni a disposición de la jefatura de policía alemana, de entre los trescientos cincuenta y cinco muertos en las particulares circunstancias del caso, configura prima facie delito de genocidio. Ello así sin mengua de otras posibles calificaciones del hecho que quedarían subsumidas en la de genocidio.

 

                       “Que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados requirente o requerido en el proceso de extradición sino de los principios del jus cogens del derecho internacional.

 

                         “Que en tales condiciones no hay prescripción de los delitos de esa laya y corresponde hacer lugar a la extradición solicitada”.[22]

 

                            El voto concurrente del Juez Bossert resaltó las diferencias entre nuestra Constitución y la de los Estados Unidos. La Constitución Argentina reconoce el  derecho de gentes:

 

                    “…a diferencia de otros sistemas constitucionales como el de los Estados Unidos de América en el que el constituyente le atribuyó al Congreso la facultad de “definir y castigar” las “ofensas contra la ley de las naciones” (artículo I, Sección 8), su par argentino al no conceder similar prerrogativa al Congreso Nacional para esta formulación receptó directamente los postulados del derecho internacional  sobre el tema en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo, resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional – que así integra el orden jurídico general- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 48 ya citado”[23]

                   Interpretando el artículo 118 de la Constitución, Bidart Campos, asimila los delitos contra el derecho de gentes con los crímenes de lesa humanidad.

 

                   “Que en 1853-1860 los delitos contra el derecho de gentes, así denominados en el ex artículo 102, fueran pocos y diferentes a veces de los que hoy se incluyen en esa categoría (equiparables, a nuestro criterio, con la de delitos o crímenes de lesa humanidad), no tiene importancia alguna, porque aquél art. 102 –ahora 118- no enumeró ni definió este tipo de delitos, con lo que la interpretación dinámica de la constitución que tiene señalada la jurisprudencia de la Corte Suprema, y la mejor doctrina, bien permite, y hasta obliga, a tomar en cuenta las valoraciones progresivas que históricamente han ido dando crecimiento a la tipología delictual aludida. Hemos, por ende, de rechazar toda esclerosis interpretativa que ignore o desvirtúe el sentido actual del artículo 118 en el fragmento que estamos comentando.

 

                  “A tono con la mayor tendencia favorable al principio de persecución universal de los crímenes de lesa humanidad, la constitución argentina es un muy buen instrumento para avanzar en este rumbo humanitario”.[24]

 

                Los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en su aplicación en el derecho interno argentino fueron reafirmados con la aprobación y elevación a rango constitucional de la Convención Interamericana sobre  desaparición forzada de personas[25] y de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad[26]. Ambos instrumentos internacionales tuvieron una incidencia directa en el marco legal que permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

 

                 La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas estableció los siguientes principios:

 

–         El delito “será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima” (artículo 3°).

 

–          Personalidad activa y pasiva para el juzgamiento de los delitos. Cuando el estado decide no otorgar una extradición puede aplicar el principio de jurisdicción universal juzgando al autor del delito (artículo 4°).

 

–         La acción penal y la pena son imprescriptibles (artículo 7°).

 

–         Se excluye en todos los casos la jurisdicción militar (artículo 9°).

 

                 La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad  reconoció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido (artículo 1°) y estableció la obligación de los estados de legislar sobre esa imprescriptibilidad y, en caso de que exista la prescripción, de abolirla (artículo 4°).

 

                   En la definición de delito de lesa humanidad la Convención remite a la  dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, del 8 de agosto de 1945, confirmada posteriormente por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.[27]

 

                  El Estatuto considera delito de lesa humanidad “…el asesinato, exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante ella, o las persecuciones basadas en motivos políticos, raciales o religiosos…”[28]

 

                El Estatuto de Roma adoptado por las Naciones Unidas en 1998 que crea la Corte Penal Internacional –al que ha adherido Argentina- también define  los delitos de lesa humanidad. En su artículo 6 da una definición de genocidio  y en su artículo 7 amplia específicamente la enumeración del Estatuto de Nuremberg con relación a los delitos de lesa humanidad mencionando expresamente entre otros actos a la tortura y la desaparición forzada de personas “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”

 

                Entonces, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado argentino al ratificar los tratados sobre derechos humanos y en acatamiento de la jurisprudencia internacional, se sancionó la ley 25.779[29] que declaró la nulidad de las leyes llamadas de punto final[30] y obediencia debida[31],  adecuando la legislación interna a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos La sanción de esta ley permitió  la reapertura de los procesos por violaciones a los derechos humanos.

                Como una consecuencia directa del Informe 28/92 pero con una resolución específica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reconoció el derecho a la verdad al margen de las imputaciones penales que pudiesen ser llevadas adelante. El 15 de noviembre de 1999 el estado argentino por medio de un acuerdo de solución amistosa se comprometió a garantizar el derecho a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar[32]. Este acuerdo, que obligó al estado argentino al reconocimiento del derecho a la verdad, estuvo precedido por la denegatoria a ese derecho por parte de la Corte Suprema en un juicio por privación ilegal de la libertad paralizado como consecuencia de las normas de impunidad[33] y reconocido por el mismo órgano judicial en una acción de habeas data[34]. Las Cámaras Federales de La Plata y Bahía Blanca también habían reconocido el derecho a la verdad al instruir los correspondientes juicios.

 

                   Sobre el derecho a la verdad, que aplica los principios del Derecho Internacional de  los Derechos Humanos, escribió Bidart Campos:

 

                    “El sistema de derechos tal como exige ser abarcado y  protegido en las postrimerías del siglo XX tiene que asumir certeramente un recíproco sistema garantista en el que la víctima del delito ocupe la centralidad. Quiere decir que aunque la percepción penal en el proceso penal no pueda –como en la presente causa- llevarse adelante respecto de determinados delitos y autores, ese mismo proceso penal debe dar por incluidos otros aspectos que, sin enderezarse a sancionar, guardan nexo directo con el denominado “derecho a la verdad”. O sea, a saber que pasó con tal o cual víctima. Por eso, quizá los expertos en derecho procesal, en derecho penal y en criminología habrán de ampliar con holgura el objeto que, en la mayor parte de los casos, se ha tenido y se tiene como propio del proceso penal y de la pretensión que le da impulso”[35].

 

                   Los juicios por la verdad, aún cuando no tienen imputación penal, constituyen un valioso aporte probatorio en la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

 

                    En diciembre de 1996 se efectuó la denuncia por la desaparición de niños durante la dictadura que eludía las normas sobre impunidad entonces vigentes ya que el delito de sustracción de menor no estaba abarcado por las mismas. Se consideraba también que, de acuerdo con los principios del derecho penal, el delito era permanente y se continuaba cometiendo hasta que no se recuperase la identidad del niño que había sido sustraído. Pero también se invocó, en la denuncia, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Específicamente se hizo mención a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra  y de lesa humanidad, no ratificada entonces por Argentina pero invocada como derecho internacional consuetudinario, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Protección de todas las personas sometidas a desaparición forzada de noviembre de 1992[36]. En esta causa, la Cámara Federal reconoció el carácter de delito de lesa humanidad de la desaparición de personas, y en consecuencia su imprescriptibilidad.

                     Dijo la Cámara Federal en una de sus resoluciones:

 

                       “La evolución del derecho –que no es algo cristalizado sino en permanente y dinámico desarrollo- lo cual ocurre particularmente con el derecho internacional, que ha implicado una sensible modificación del panorama jurídico en base al cual debe decidirse el presente caso.

 

                        “Es que, de acuerdo con el derecho internacional público, los hechos imputados, además de ostentar “per se” el carácter de permanentes hasta tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida se ignoren, resultan imprescriptibles por tratarse de delitos contra la humanidad, cualquiera sea la fecha de su comisión.

 

                         “…Sobre el análisis de esas múltiples fuentes debe arribarse a la indispensable conclusión de que la desaparición forzada de personas, en cuyo concepto se inscriben los hechos aquí investigados, constituye un crimen contra la humanidad, como tal imprescriptible, y que esa característica se impone por sobre las normas internas que puedan contener disposiciones contrarias, independientemente de la fecha de su comisión.

 

                          “En nuestra región, la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” considera que esta práctica sistemática constituye un crimen de lesa humanidad, criterio al que innegablemente se pliega el Estado Argentino a través de la ley 24.556, que la aprueba, y de la ley 24.820, que con las mayorías calificadas pertinentes le asigna jerarquía constitucional”[37].

 

                              La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos” en forma concordante con la jurisprudencia que venia elaborando la justicia argentina, estableció la incompatibilidad de las leyes de amnistía por violaciones a los derechos humanos y toda otra norma de impunidad con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dijo la Corte Interamericana:

 

                            “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.[38]

 

                              En el voto concurrente del Juez Cançado Trindade  se lee:

 

                            “…Mientras dichas leyes permanecen en vigor, confórmase una situación continuada de violaciones de las normas pertinentes de los tratados de derechos humanos que vinculan el Estado en cuestión (en el presente caso, los artículos 8 y 25, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 de la Convención).

 

                              “…Siendo así las leyes de autoamnistía, además de ser manifiestamente incompatibles con la Convención Americana, y desprovistas, en consecuencia, de efectos jurídicos, no tienen validez jurídica alguna a la luz de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Son mas bien la fuente (fons et origo) de un acto ilícito internacional: a partir de su propia adopción (tempus commisi delicti ), e independientemente de su aplicación posterior, comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Su vigencia crea per se una situación que afecta de forma continuada derechos inderogables, que pertenecen, como ya lo he señalado, al dominio del jus cogens. Configurada, por la expedición de dichas leyes, la responsabilidad internacional del Estado, encuéntrase éste bajo el deber de hacer cesar tal situación violatoria de los derechos fundamentales de la persona humana (con la pronta derogación de aquellas leyes), así como, en su caso, de reparar las consecuencias de la situación lesiva creada”[39]

 

                           A partir de este fallo, las resoluciones de la justicia argentina deben adecuarse obligatoriamente a esta jurisprudencia internacional.

 

                            En el caso “Arancibia Clavel” dijo la Corte:

 

                           “Que al momento de los hechos, el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad (conf. Fallos: 318: 2148, voto del juez Bossert, considerando 88 y siguientes).

 

                            “Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de esta evolución del derecho internacional de los derechos humanos, puede decirse que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, ha representado únicamente  la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado Nacional como parte de la Comunidad Internacional”[40].

 

                              En éste caso, la Corte consideró al delito de asociación ilícita, organizada para cometer delitos de lesa humanidad, como un delito imprescriptible.   

 

                               De acuerdo con los fundamentos de los votos de los Jueces de la Corte el fallo se fundó en el derecho internacional consuetudinario, la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 118 de la Constitución.

 

                                  Finalmente, en el caso “Simón”, la Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia hizo aplicación directa de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y las recomendaciones de la Comisión constituyen una imprescindible pauta de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.[41]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Profesor Adjunto Ordinario de Historia Constitucional.

 

[1] Ley 23.054, sancionada el 1° de marzo de l984, promulgada el 19/3/84, B.O. 27/3/84.

[2] Ley 23.313, sancionada el 17 de abril de 1986, promulgada el 6/5/86, B.O, 13/5/86.

[3] Ley 23.338, sancionada el 30 de julio de 1986, promulgada el 19/8/86, B.O. ,26/2/87.

[4] Ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, promulgada el 9/10/90, B.O. 19/10/90.

[5] Habitualmente se emplea la expresión “ violaciones a los derechos humanos”, pero se trata en realidad de delitos de lesa humanidad.

[6] Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/ 83 del P.E.N. (causa 13) y Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional (Causa 44).

[7] Fojas 8.802 de la causa 44.

[8] Ley 23.521, sancionada el 4 de junio de 1987, promulgada el 8/6/87, B.O. 9/6/87.

[9] Ver por ejemplo los casos “Sánchez Abelenda”, C.S.J.N., 1/12/88, El Derecho, T° 131, p. 547 y “Ekmekdjian c/ Neustad”, C.S.J.N., 1/12/88,El Derecho, T° 131, p.530.

[10] C.S.J.N., fallo del 27 de julio de 1992,L.L.1992, C. p. 540.

[11] C.S.J.N., fallo del 7 de abril de 1995, L.L. 1995,D, p. 467.

[12] C.S.J.N., fallo del 12 de septiembre de 1996,L.L., 1996, E. p. 408.

[13] En la Convención Constituyente de 1994 interpreté que la cláusula “en las condiciones de su vigencia” se refería a las reservas y declaraciones interpretativas efectuadas y no aprobadas por el Congreso. Ver Obra de la Convención Constituyente. 1994, Buenos Aires, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, 1998, Tº VII, p .6.893.

[14] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 321:3555, 22 de diciembre de 1998.

[15] Corte Suprema de Justicia de la Nación, 21/12/00, L.L., 2001, B, p. 62.

[16] Resoluciones de la Corte en los casos “Acosta” y “Felicetti” citadas.

[17] Caso 11.430 referido a Mexico, resolución del 15 de octubre de 1996.

[18] C.S.J.N., fallo del 26 de diciembre de 1996,L.L.,1997, C, p.143. El mismo criterio se mantuvo en “Chocobar”,C.S.J.N.,27 de diciembre de 1996,L.L., 1997, B, p.240.

[19] En el proyecto de ley por el cual se reconocía el derecho de respuesta presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación el 7 de noviembre de 2001, D, 6838, he dado a conocer la correspondiente documentación.

[20] L.L, 1990, C.p.477, fallo del 20 /3/90 y J.A.1996, I,p 319, fallo del 2/11/ 95.

[21] Fallo citado.

[22]  Caso “Prebke” citado. Sobre la aplicación del derecho de gentes en los casos referidos puede consultarse: Schiffrin Leopoldo, La primacía del derecho internacional sobre el derecho argentino, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1997,p. 115.

[23] “Priebke Erich s/ solicitud de extradición citado.

[24] Bidar Campos Germán, La persecución penal universal de los delitos  de lesa humanidad,

L.L.,23 de agosto de 2000, p.1.

[25] Ley 24.556, sancionada el 13 de septiembre de 1995, promulgada el 11/10/95, B.O. 18/10/95. Con jerarquía constitucional por  ley 24.820, sancionada el 30 de abril de 1977, promulgada en 26/5/ 97, B.O. 29/ 5/ 97.

[26] Ley 24.584 B.O. 25/11/95. Con jerarquía constitucional por ley 25.778 B.O.  3/9/03.

[27] Resoluciones 3, del 13 de febrero de 1946 y 95, del 16 de diciembre de 1946. El texto del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg puede consultarse en: A Decade of American Foreing Policy. Basic Documents, 1941-1949, Washington, Senate of U.S.A., 1950.

[28] Artículo 6º del Estatuto que también defina crímenes contra la paz y crímenes de guerra.

[29] Sancionada el 25/ 7 /03,B.O. 3/ 9/ 2003.

[30] Ley 23.492, B.O. 28/ 12 / 86.

[31] Ley 23.521, B.O. 9/ 6/ 97.

[32] Caso 12.059- Argentina. Carmen Aguilar de Lapacó.

[33] C.S.J.N., 13/ 8 / 98, L.L. 1998, F. p. 365.

[34] C.S.J.N., 15/ 10/ 98, caso “Urteaga”, L.L. 1999, A, p. 212.

[35] Bidart Campos Germán J., La investigación por desaparición forzada de personas en una causa por privación de la libertad, L.L., 1998, E, p.215. Sobre el Derecho a la verdad puede verse también: Bidart Campos Germán J., ¿ Habeas data, o qué?, L.L., 1999, A, p.212 y Gil Domínguez Andrés, La verdad, un derecho emergente, L.L. 1999, A, p.219 . Méndez Juan E, Derecho a la verdad frente a graves violaciones a los derechos humanos, en La aplicación de los tratados… ob.cit.. En el año 1998 presenté a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de creación de una Comisión de la Verdad (Expediente 308-D-98 del 4/3/98. En el año 2.000, en otro proyecto propuse la reglamentación de los Juicios por la Verdad, estableciendo la competencia de las Cámaras Federales para entender en los juicios.  ( Expediente 5.584 del 7/9/00).

[36] La causa, actualmente en trámite, en la que se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de las juntas militares de la dictadura y de otras personas vinculadas a los delitos que se investigan lleva el número 10.326/ 96 y se instruye ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13.

[37] Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Correccional, Sala I, 9/9/99,Exp.30.514, L.L., Suplemento de Jurisprudencia Penal, 25 de febrero de 2000, p. 53.

[38] Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30/1/01, caso Barrios Altos”,L.L.,2002, D., p. 558.

[39] Voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade en el caso “Barrios Altos” citado.

[40] C.S.J.N.,24/ 8/ 2004,L.L., Suplemento de Derecho Constitucional, 13 de octubre de 2004,p.3.

[41] C.S.J.N., 14 / 6/ 05. Recurso de hecho deducido por  privación ilegítima de la libertad, etc, en causa 17.768 interpuesto por la defensa de Julio Héctor Simón en la causa Simón Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad.

 

* PUBLICADO EN ANALES. REVISTA DELA FACULTAD DECIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DELA UNIVERSIDAD NACIONALDELA PLATA Nº 37, LA PLATA, 2007.