DOCUMENTOS SECRETOS DEL ESTADO TERRORISTA

por Cátedra

(Por Ramón Torres Molina): La documentación que se publica se encuentra agregada a la causa 13/84 caratulada “Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”, en la cual fueron juzgados, en 1985, los integrantes de las tres primeras juntas militares que desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 gobernaron el país. Copia de ella, en soporte digital, forma parte de los fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria.

En 1975, en la última etapa del gobierno constitucional, se dictaron normas secretas que tenían como finalidad reglamentar la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en lo que se consideraba la ‘lucha contra la subversión”. Se creó el Consejo de Seguridad Interna y se establecieron los medios para subordinar a las policías y fuerzas penitenciarias provinciales al control operacional de las Fuerzas Armadas, a las que se encomendó la ejecución de las operaciones dirigidas a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Con estas normas, se generalizaban las prácticas represivas que se habían aplicado en la provincia de Tucumán a partir de enero de 1975 para hacer frente a la guerrilla rural que se había establecido en la zona. El Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto que “el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Esa decisión tuvo como consecuencia el establecimiento de campos de concentración (“la escuelita de Famaillá”) y el sistemático y generalizado método de hacer desaparecer a personas, antecedente del terrorismo de Estado que se generalizó para todo el país a partir del 24 de marzo de 1976.

Durante el siglo XX, el ejército argentino había participado en acciones represivas contra la población con el saldo de centenares de muertos.

Entre 1958 y 1961, se sistematizaron esas experiencias con la implementación del Plan Conintes que dividió el país en zonas de seguridad y puso a cada una de ellas bajo el control de un jefe militar. Se aplicó, en forma sistemática, la tortura con la finalidad de obtener información. Se retomaba así la experiencia que el ejército francés había recogido en las guerras coloniales de Indochina y Argelia y que, posteriormente, los norteamericanos perfeccionaron en la guerra de Vietnam. Para la aplicación de esta doctrina contrainsurgente, el ejército francés instaló una delegación permanente en nuestro país. Se dejaban de lado así las hipótesis de conflicto que preveían un enfrentamiento armado con países limítrofes. Las fronteras dejaron de ser geográficas y se transformaron en ideológicas. El enemigo era el enemigo interno, la propia población. Era la plena vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75 (lucha contra la subversión) fue emitida en octubre de 1975 para poner en ejecución la directiva 1/75 del Consejo de Defensa. Establecía el marco de colaboración de la Armada y de la Fuerza Aérea y la subordinación operacional de las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Establecía zonas para operar por orden de prioridad. La prioridad uno era Tucumán. Consideraba que el “accionar subversivo” debía disminuir significativamente a fines de 1975, transformarse en un problema policial a fines de 1976, para finalmente aniquilar los elementos residuales en 1977. Se crearon cuatro comandos de zona, coincidentes con la jurisdicción de cada uno de los Comandos de Cuerpo y otro en la guarnición de Campo de Mayo.
La directiva 404 está acompañada por diez anexos, algunos de los cuales tienen sus correspondientes apéndices. El más importante de los anexos es el primero, referido a Inteligencia, en el que se hace un análisis de lo que llama “guerra revolucionaria marxista”.

Los análisis de inteligencia no parten de la realidad nacional, sino de la confrontación este-oeste. Se trata de una concepción conspirativa de la historia en la que las realidades nacionales son expresión del conflicto existente durante la Guerra Fría y las acciones que se desarrollan dependen de decisiones que se toman en el exterior. Se traza una particular interpretación de las organizaciones Montoneros y PRT-ERP, en la que se advierte el acceso a documentos de estas organizaciones.

El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), de febrero de 1976, es la planificación del golpe de Estado que se consumó el 24 de marzo de 1976. Consta de quince anexos, algunos de ellos con apéndices. Se establecen los mecanismos para la detención de los integrantes del gobierno nacional y de personas consideradas peligrosas y la ocupación de lugares estratégicos. Se prevé el establecimiento de “lugares para la reunión de detenidos”, que estarían incomunicados y a disposición de la Junta de Comandantes Generales. No se establecían expresamente los métodos que caracterizaron la dictadura como las torturas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, pero la organización de los lugares de reunión de detenidos (campos de concentración y exterminio), la incomunicación de los detenidos y la eliminación de toda posible intervención de la justicia eran los mecanismos que hicieron posible la implantación del terrorismo de Estado.

Como complemento, se publican también los decretos secretos sancionados por el gobierno constitucional en 1975 que, con una errónea interpretación de la realidad, posibilitaron la organización de las Fuerzas Armadas para intervenir militarmente contra la población y usurpar el poder del Estado.

Esta documentación se da a conocer como una contribución al esclarecimiento de una de las más dramáticas etapas de la historia de nuestro país.

Buenos Aires, abril de 2012

Ramón Torres Molina
-Presidente del Archivo Nacional de la Memoria.

(Prólogo al libro Documentos del Estado Terrorista, Buenos Aires, Archivo Nacional de la Memoria, 2013)

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