ARCHIVOS, MEMORIA, HISTORIA

por Cátedra

Entre las décadas de 1960 y 1980, la mayor parte de los países de América Latina vivieron la experiencia de gobiernos dictatoriales. En muchos casos esas dictaduras tenían un presidente civil y una aparente formalidad institucional que intentaban encubrir el ejercicio directo del poder por parte del aparato militar, que era el que efectivamente tomaba las decisiones fundamentales. La aplicación de sus políticas implicaba un alto grado de violencia ejercida contra los sectores populares.
Las desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, detenciones de los opositores políticos y desplazamiento de poblaciones fueron las formas represivas que marcaron la época. La respuesta popular fue, entre otras, la insurgencia armada.

Argentina formó parte de esa experiencia. Como ocurrió en la mayor parte de los países suramericanos los sectores militares ejercieron directamente el poder, apoyados por grupos civiles que conformaron su andamiaje institucional, todos ellos en defensa de los grandes núcleos del poder económico, beneficiarios directos de los sistemas dictatoriales.

En Argentina se instauró una larga dictadura iniciada en 1966 que fue interrumpida transitoriamente en el período 1973-1976. Las luchas populares que se desarrollaron (acciones guerrilleras, insurrecciones populares, luchas sindicales) tuvieron como consecuencia la convocatoria a elecciones libres en 1973 por primera vez desde 1955, con el resultado de gobiernos inestables en un contexto de violencia que las limitaciones políticas de los sectores protagónicos no pudieron superar. Esa fue precisamente una de las diferencias entre el proceso político argentino y el que se vivió en los países limítrofes en los que las dictaduras duraron un promedio de veinte años. Las luchas populares argentinas lograron interrumpir, en forma parcial, esa etapa dictatorial que vivieron, con continuidad, el resto de los países del extremo sur de América.

La dictadura argentina de 1976-1983 no se comprende si no se analiza la dictadura que la precedió. El período histórico 1966-1983 debe ser considerado en conjunto. Tampoco se lo comprende si no se tienen en cuenta los niveles de violencia aplicados por las oligarquías gobernantes y las fuerzas militares en otras etapas de la historia. Si bien hay un contexto internacional que determina que en cierta época la mayor parte de los países de América Latina fuesen sometidos a regímenes dictatoriales que aplicaban políticas similares, también hubo una experiencia nacional que posibilitó que en Argentina la última dictadura alcanzara los niveles de violencia con los que se manifestó.

La llamada Conquista del Desierto en el siglo XIX, la Semana Trágica de 1919, las huelgas patagónicas de 1921, el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, los fusilamientos de junio de 1956, la aplicación del Plan CONINTES entre 1958-1961, entre otros hechos de violencia, fueron los antecedentes de la represión desarrollada en el período 1966-1983.

La dictadura instaurada entre los años 1966-1973 además de las torturas y ejecuciones sumarias utilizó el método de la desaparición forzada de personas. En la mayoría de los casos, las desapariciones que se registran fueron consecuencia de la muerte de los detenidos durante las torturas, pero también hubo casos de desapariciones decididas en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inteligencia del Ejército sobre acciones guerrilleras que afectaron a esa fuerza. Esa práctica se extendió a partir de 1974 y se generalizó en forma sistemática con la dictadura de 1976-1983.

Hubo un marco ideológico que posibilitó los niveles de violencia que se alcanzaron. Si durante las últimas décadas del siglo XIX quienes formaban parte de los sectores sociales dominantes integraban la oficialidad del Ejército y conocían en qué oportunidades debían defender sus intereses sectoriales, con el acceso de las clases medias e incluso de sectores de la baja clase media a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, fue necesario crear un componente ideológico que diera cohesión a la actividad represiva posibilitando la ejecución de hechos aberrantes como los que se cometieron. Porque ejecutar, torturar o hacer desaparecer personas no era defender la patria sino cometer delitos penados por las leyes vigentes, que rompían incluso con las prácticas que se habían establecido durante las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, en las que la vida no era un valor, ya que se fusilaba a oficiales prisioneros, pero si se respetaba la dignidad de las personas. Para que actos como los que cometieron las dictaduras pudiesen tener alguna relación con la función de las fuerzas armadas fue necesario crear doctrinas que justificasen la represión. Esa doctrina fue el anticomunismo, que en su versión argentina se complementó con el antiperonismo. Tuvo su mayor sistematización con el remplazo de las doctrinas de defensa nacional por la Doctrina de la Seguridad Nacional que se incorporó en los manuales de las fuerzas armadas. El enemigo no era ya un posible agresor externo que afectase nuestra soberanía, el enemigo era la propia población, era el enemigo interno. Las fronteras no eran ya geográficas sino ideológicas.

Los militares franceses, a partir de su experiencia contra las luchas anticolonialistas de Indochina y Argelia, fueron los primeros que intentaron sistematizar su práctica contrainsurgente. La llamaron “La guerra moderna”. Una representación del ejército francés se instaló en Argentina desde los años 50, en plena guerra por la independencia de Argelia. En su labor como instructores y en los cursos que desarrollaron en el territorio de Francia y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, los oficiales franceses proporcionaron los primeros elementos en la elaboración de las doctrinas contrainsurgentes. La prioridad fue la inteligencia para lo cual debía obtenerse información mediante la tortura. Durante la aplicación del Plan CONINTES, siguiendo esas enseñanzas francesas, se dividió el territorio del país en zonas al frente de las cuales estaba un jefe del Ejército. Se aplicó la tortura y esa división fue un antecedente de la división territorial del país en zonas, subzonas y áreas que estableció la dictadura durante el período 1976-1983.

Los gobiernos de Estados Unidos, con la excepción del presidente Carter, apoyaron abiertamente a las dictaduras. Aportaron a las doctrinas contrainsurgentes elementos tácticos y técnicos fundamentales como las tácticas de localización y traslado de tropas mediante helicópteros o armamentos específicos para la guerra en la selva o en el monte como los fusiles M 16. Se basaron en la experiencia francesa que fueron perfeccionando durante la guerra de Vietnam. Apoyaron a las fuerzas armadas argentinas instruyendo a centenares de oficiales y suboficiales en la Escuela de las Américas.

En ese contexto histórico-ideológico las fuerzas armadas argentinas desarrollaron una represión sin precedentes durante la dictadura de 1976-1983. Todo el aparato del Estado estuvo en función de la represión clandestina, que violaba incluso la propia legislación represiva que la dictadura había instaurado. Impuso, en su legalidad dictatorial, la pena de muerte pero no la aplicó en ninguna oportunidad. Practicó como método el de la desaparición forzada de personas con miles de ejecuciones clandestinas. Se constituyó así el Estado terrorista. Según los testimonios existentes documentó burocráticamente esa represión dejando constancia de las declaraciones de los prisioneros extraídas bajo tortura y el destino de los detenidos-desaparecidos.

En su última etapa, la dictadura argentina dictó un decreto que ordenaba la destrucción de la documentación relacionada con los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Igual medida dispuso el comandante en jefe del Ejército con la documentación relacionada con la lucha contra la subversión. Es posible que esa documentación no se haya destruido, sino que haya sido substraída del poder del Estado, pero lo cierto es que todavía no la conocemos. Es probable que, teniendo en cuenta las características que adoptó la represión, que fue descentralizada aunque respondiendo a un plan general, dividida por armas y zonas, existan varias fuentes documentales. El Ejército ejecutó la represión de forma descentralizada a través de sus cuatro Cuerpos y el Comando de Institutos Militares pero tenía una centralización informativa que era el Batallón de Inteligencia 601; seguramente la mayor parte de la información fue centralizada en esa unidad.

En los últimos años se ha encontrado valiosa documentación relacionada con la represión que fue elaborada por las policías provinciales, la más importante de las cuales, por su contenido y su sistematización, es la que llevó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que reúne la información construida a través de su propio ámbito de actuación y la que le era remitida por otros servicios de inteligencia que operaban en el ámbito de lo que se llamaba comunidad informativa. Estos archivos no se limitan a las actividades represivas de las últimas dictaduras; algunos comienzan en la década de 1930 y se extienden hasta los 90, ya en plena etapa de vigencia del sistema constitucional. Seguramente la omisión de destrucción de la documentación policial contrainsurgente por parte de las policías provinciales se debió a que consideraban normal ese tipo de actividades ilegales. También existe información indirecta sobre la represión en la documentación de las fuerzas armadas y de seguridad que se ha conservado.

El libro que se publica, Argentina 1976-1983.Patrimonio documental incorporado al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, constituye una muestra de la documentación existente referida a la historia argentina reciente. Se trata de veintinueve fondos documentales pertenecientes a dieciocho archivos algunos de los cuales fueron elaborados por los propios organismos encargados de la represión como los policiales, o por el Estado en sus intentos de acción reparadora como el de la CONADEP, los formados por las organizaciones de derechos humanos en su incesante lucha por la justicia y otros por personas que desarrollaron una actividad similar.

El programa de la UNESCO Memoria del Mundo tiene como finalidad preservar y difundir los documentos significativos que son patrimonio histórico de la humanidad. Por iniciativa y coordinación del Archivo Nacional de la Memoria los fondos documentales que se presentan en este libro fueron incorporados al Registro Memoria del Mundo en el año 2007. Se encuentran identificados como Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativos al período 1976-1983. Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de Estado.

La reconstrucción de la historia argentina reciente presenta dificultades dado el carácter clandestino e ilegal de la represión y también por la clandestinidad de las organizaciones armadas que se le opusieron. Los organismos de derechos humanos en su ejemplar lucha contra la dictadura contribuyeron a crear una memoria contrapuesta a la que intentó crear esa dictadura. Dieron otra valoración a la historia reciente que hoy es compartida por la mayor parte de la sociedad. También, en esa lucha, elaboraron y recopilaron documentos. El Estado desde 2003 contribuyó a afianzar esa memoria y también localizó documentación de la represión poniéndola a disposición de la Justicia. El conjunto de
la documentación, incorporado por la UNESCO a su Registro Memoria del Mundo, además de comprometer a los dieciocho archivos que tienen en su poder los veintinueve fondos documentales a su preservación y difusión, constituye un material indispensable para reconstruir el período que es, seguramente, el más trágico de la historia argentina.

Buenos Aires, febrero de 2013
Dr. Ramón Torres Molina
Presidente del Archivo Nacional de la Memoria

(Prólogo al libro Argentina 1976-1983. Patrimonio documental incorporado al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, Buenos Aires, Archivo Nacional de la Memoria, 2013).

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