GOBIERNOS DE FACTO

por Cátedra

(Ramón Torres Molina): El estudio de la llamada Revolución Libertadora ha dado lugar a una abundante bibliografía. Se ha estudiado su significado político, su política económica, los hechos militares que llevaron a su triunfo y la resistencia popular que a través de distintas formas de lucha la enfrentó. Los protagonistas de uno y otro bando han escrito sus Memorias. Pero lo que no había sido estudiado en forma sistemática eran sus aspectos institucionales. Esa insuficiencia bibliográfica la supera ahora el estudio de Celso Ramón Lorenzo. La evolución institucional del período es exhaustivamente analizada junto a los hechos que la originaron y la explican.

La Revolución Libertadora tuvo significativas consecuencias posteriores. Aunque su continuidad se rompió con el resultado electoral del 23 de febrero de 1958 los efectos de su política perduraron durante décadas. El mas importante de ellos fue el de la violencia política. El bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 que precedió al golpe de estado, que causó un número mayor de víctimas que el bombardeo de la aviación alemana a Guernica, y los fusilamientos a civiles y militares como respuesta al movimiento revolucionario del 9 y 10 de junio de 1956, abrieron un ciclo que recién se cerró en diciembre de 1983 con la recuperación del sistema constitucional.

La Revolución Libertadora instauró uno de los tantos gobiernos de facto que registra la historia argentina. Esos gobiernos rompieron la continuidad constitucional en casi todos los casos mediante un golpe de estado. El primer antecedente que registra nuestra historia constitucional fue  el gobierno de facto que  implantó Mitre después de la batalla de Pavón, cuando el vicepresidente Pedernera disolvió el gobierno nacional. Los actos de este gobierno fueron convalidados por la Corte Suprema de Justicia, designada por el propio Mitre, que en 1865 resolvió que “el ejercicio  provisional del Poder Ejecutivo había tenido como base el hecho de la revolución triunfante y el asentimiento de los pueblos”[1]. Pero si exceptuamos este antecedente podemos constatar que los gobiernos de facto fueron una expresión de la realidad política argentina del siglo veinte. A partir del 6 de septiembre de 1930, cuando el general Uriburu derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, se vivió bajo gobiernos de facto o con gobiernos civiles amenazados de ser  derrocados por golpes de estado.

Los gobiernos de facto generalmente se llamaron a si mismos como revoluciones. Éstas, que  como los gobiernos de facto rompen la continuidad constitucional, son ilegales pero legítimas. Esa legitimidad surge de las tareas históricas que encaran que son verdaderamente transformadoras. Los golpes de  estado que impusieron  gobiernos de facto, además de ilegales eran ilegítimos; se ejecutaron contra la mayoría de la población, instauraron gobiernos autoritarios o dictaduras y su significado político fue contrarrevolucionario ya que tendían  a revertir un proceso de cambio o impedir que una política transformadora pudiese desarrollarse. Un golpe de estado difícilmente desencadene un proceso revolucionario o transformador, pero hay algunos ejemplos en América Latina que iniciaron profundos cambios sociales. Pero fueron la excepción. En ese contexto el golpe de estado del 4 de junio de 1943 tuvo características propias.

El gobierno de facto establecido en 1930 se llamó a si mismo provisional, afirmó que restablecería la vigencia de la constitución, que consideraba que era violada por el gobierno derrocado, y obtuvo el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la célebre acordada del 10 de septiembre de 1930 la Corte constataba que el gobierno se encontraba “ el posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación”, por lo que debía ser aplicada la doctrina de facto respecto a la validez de sus actos, concluyendo que “el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social.”[2] También afirmaba la Corte que en caso de desconocimiento de las garantías constitucionales ellas serían restablecidas por la justicia. El carácter provisional que asumió el gobierno de Uriburu no le impidió fusilar, establecer en forma sistemática la tortura para los opositores políticos, anular elecciones o proscribir fórmulas presidenciales. Su salida política fue el fraude electoral.

El golpe de estado de 1943 puso fin a los gobiernos minoritarios del fraude. La lucha entre  nacionalistas y liberales (presente en casi todos los golpes de estado del siglo XX en Argentina) dificultó las  definiciones políticas del gobierno militar. La Corte reiteró la acordada de 1930, pero el 17 de octubre de 1945 el gobierno  de facto encontró una salida popular. Como en 1930 el gobierno asumió su carácter provisional fijándose entre otros objetivos el de la restauración del sistema constitucional vulnerado por el fraude electoral.

En 1962 la indecisión de los jefes de las fuerzas armadas y la decisión de la Corte, dio una aparente continuidad constitucional al sistema político, al asumir el cargo de Presidente el Presidente Provisional del Senado, como consecuencia de la detención del Presidente Frondizi por parte de las fuerzas armadas, sin que renunciara a su cargo. Con la disolución del Congreso el gobierno de Guido, instrumento político de las decisiones de las fuerzas armadas, asumió expresamente facultades de facto. Esta etapa se caracterizó por la lucha entre dos bandos militares: azules y colorados. El triunfo de los primeros llevó a una salida electoral con la proscripción del peronismo.

El golpe de estado de junio de 1966 tuvo características diferentes a los anteriores. No se definió como provisional ya que ser proponía mantener el gobierno durante un período indeterminado; las fuerzas armadas actuaron en forma institucional, obedeciendo a sus mandos; removió la Corte Suprema de Justicia designando una corte adicta y estableció, por encima de la Constitución, el Estatuto de la Revolución Argentina, al cual debía subordinarse toda la legislación. Las normas que dictaba se llamaron leyes, en vez de decretos leyes, que era la denominación que se les dio en los anteriores gobiernos de facto. Impuso para las elecciones de 1973 el Estatuto de 1972 que modificó la parte orgánica de la Constitución.

El golpe de estado de 1976 siguió las formas institucionales del golpe de 1966 (estatuto, remoción de la Corte, normas que llamaba leyes, actuación institucional de las fuerzas armadas) pero instauró una dictadura que aplicó el terrorismo de estado. Las consecuencias fueron los miles de desaparecidos, muertos, presos y exiliados.

Los gobiernos de facto que se establecieron en Argentina fueron estudiados por Celso Ramón Lorenzo en su documentada Historia Constitucional Argentina. Ahora nos brinda un exhaustivo estudio de uno de ellos: la Revolución Libertadora. Se trató del golpe de estado que contó con mayor adhesión civil. La sociedad dividida y polarizada entre peronistas y antiperonistas de la etapa 46-55 se mantuvo pero invirtiendo los términos. Al autoritarismo del peronismo contra sus opositores se contrapuso la dictadura de la minoría contra la mayoría de la población, con el acuerdo de la mayor parte de los partidos políticos.

La consigna  de Urquiza ni vencedores ni  vencidos levantada después de Caseros, reactualizada por Lonardi, fue remplazada, al imponerse el sector liberal sobre el nacionalista y remover al presidente, por la abierta represión contra el peronismo, mientras se daban amplias libertades a los partidos políticos que apoyaban al régimen y se promovía su acción. Así fueron proscriptos los partidos Peronista  y Socialista de la Revolución Nacional, intervenidos los sindicatos, creadas las comisiones investigadoras sobre las actividades del gobierno derrocado. Se creó el delito de opinión. Se fusilaron veintisiete personas como consecuencia del levantamiento cívico-militar del 9 y 10 de junio de 1956.

Esta fue la primera vez en que un gobierno de facto removió la Corte Suprema de Justicia. Como los golpes de estado que le precedieron se autodefinió como gobierno provisional, y su objetivo principal fue eliminar al peronismo de la escena política nacional. Derogó por bando o decreto la Constitución de 1949 y, sin atribuciones para ello, convocó a una reforma constitucional. No logró su objetivo pero abrió el camino de la violencia que se mantuvo durante veintiocho años y fue el antecedente que abrió el camino a los golpes de estado que le siguieron.

De distintas formas el pueblo argentino resistió a las dictaduras. Militares y civiles adheridos al radicalismo conspiraron y promovieron levantamientos contra el gobierno de Uriburu y el fraudulento gobierno que lo sustituyó. La resistencia peronista enfrentó a la Revolución Libertadora y al gobierno de Frondizi. Las guerrillas y las insurrecciones populares fueron la respuesta al gobierno de la Revolución Argentina. Las organizaciones de derechos humanos enfrentaron al terrorismo de estado.

Conspirar y levantarse en armas contra un gobierno constitucional siempre fueron delitos penados por el Código Penal. La doctrina de la revolución triunfante, extendida al ámbito penal, eximía del delito a aquellos que triunfaban, aplicando las normas contra quienes eran derrotados. El delito se cometía si se fracasaba. Ello fue así hasta que la doctrina griega difundida en nuestro país por José María Rosa en su revista Línea modificó esa concepción. Los griegos, al término de la dictadura de los coroneles,  procesó a los autores del golpe de estado; el delito fue considerado como traición a la patria. Los autores de los golpes de estado en nuestro país, que instauraron los gobiernos de facto no fueron procesados por el delito de rebelión cuando cesaron en el ejercicio del poder. Pero por aplicación de la doctrina griega, si se procesó, por el delito de rebelión, a los autores del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Cuando un gobierno de facto era remplazado por un gobierno constitucional se discutía sobre la validez y vigencia de sus actos. Los constitucionalistas, en una lamentable actitud, se esforzaban por otorgarle facultades a los gobiernos de facto y a su término, validez a sus actos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar el tema, fue variando sus criterios. En una primera etapa, acorde con el carácter provisional que invocaban los gobernantes, admitía que los gobiernos de facto podía tomar las decisiones estrictamente necesarias para el funcionamiento del estado. Desde 1947 adoptó un criterio amplio, pero en el período 1973-76 solo reconoció validez a los actos que hubiesen tenido efectividad. Generalmente los gobiernos constitucionales ratificaban los decretos leyes de los gobierno de facto. Pero nunca se admitió la validez de las leyes penales salvo que fuesen expresamente  ratificadas.

Pero a partir de la Reforma Constitucional de 1994 los actos de un gobierno de facto son nulos. A sus autores les corresponde la pena de los infames traidores a la patria. Tal lo que establece el artículo 36 de la Constitución, que también consagra el derecho de resistencia que no es otro que el viejo derecho de resistencia a la opresión. Se han legitimado así las luchas populares contra las dictaduras. Y ya no habrá mas constitucionalistas que teoricen sobre las facultades de los gobiernos de facto.

Por todo ello, la obra de Celso Ramón Lorenzo, complementaria de sus estudios anteriores,  constituye un aporte fundamental en el análisis de una etapa histórica que se proyecta hasta la actualidad.

Prólogo al libro de Celso Ramón Lorenzo Una frágil institucionalidad argentina, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2010.


[1] Fallos, 2:127.

[2] Fallos, 158:290.

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